Ayelen Waigandt
Desde hace varios años se escucha hablar en el país de la importancia de la transparencia en los actos de gobierno. En ese mismo sentido, va el discurso de gran parte de los integrantes del Congreso Nacional. Sin embargo, los pasos hacia la transparencia legislativa parecen los de un gigante de plomo.
El enmarañado entramado del personal legislativo queda en evidencia a la hora de consultar con cuántos empleados cuenta cada legislador nacional. En la página web del Senado, se publica la información de cada legislador, incluido su personal. No sucede lo mismo en la Cámara de Diputados donde la nómina de trabajadores está disponible, pero sin discriminar a qué funcionario responden.
ANÁLISIS accedió a las nóminas completas de los asesores de los nueve diputados y de los tres senadores entrerrianos.
Allí, se ve que ex funcionarios, ex intendentes y ex legisladores no quedaron sin trabajo, sino que se refugiaron en los despachos del Congreso. También hay asesores “heredados”, de diputados y senadores que ya cumplieron mandato, muchos de los cuales ingresaron con contratos de locación de servicios y, en unos pocos años, pasaron a ser parte de la planta permanente, lo que aparenta ser una práctica usual en el parlamento.
Cada legislador cuenta con un cupo asignado para la contratación de personal, además del cupo que tiene cada bloque. El trabajador puede prestar servicios en el despacho del legislador o en su cuerpo de asesores de comisión. También hay empleados que pertenecen a la Cámara y son pedidos por el diputado como adscriptos al despacho; los monotributistas, engrosan el personal con contratos de locación de servicios.
En el Senado trabajan 5.247 personas: 2.674 de planta permanente, 2.182 de planta transitoria, y 391 contratos de locación. En Diputados, el registro total es de 5.003 entre planta permanente, temporaria y contratos.
(La nota completa en la edición 1112 de la revista ANALISIS del jueves 16 de julio de 2020)
