Por Marcelo Albarenque (*)
Mi hermana no sólo dejó años y salud en el monasterio de Nogoyá. No sólo vivió tormentos inútiles e injustos. También -producto del extremo aislamiento- dejó de recibir información elemental sobre la vida social y política de su país y su provincia; no conoció avances culturales o tecnológicos durante casi 14 años.
Algunos meses después de que saliera del convento -el primero de abril de 2013-, le conté la historia de Claudio “Pocho” Lepratti, más conocido como el “Ángel de la Bicicleta” a partir de la canción interpretada por León Gieco. “Pocho” era un entrerriano que vivía en Rosario, de formación cristiana y fuerte militancia social. Fue vilmente asesinado por balas de la policía de Santa Fe cuando subió al techo del comedor de niños en el cual trabajaba, para pedir a la policía que cesaran los disparos: “Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo”.
En estos días he pensado en el dolor de muchas familias que –como las de “Pocho”- vivieron actos de injusticia con una muerte como resultado. El único daño irreparable y el único dolor insoportable es una muerte injusta.
La oscura saga del convento de Nogoyá no finalizó con una chica muerta, por casualidad. A Silvia le quedaban meses de vida y Roxana -la otra ex carmelita- puso en riesgo su humanidad al escapar “cinematográficamente” como lo definió el –prestigioso- Tribunal de Gualeguay. Tengamos presente que so pretexto de seguridad el convento está rodeado por un muro perimetral de gran altura, coronado por vidrio cortante y cerca electrificada.
En nuestro caso, la condena del Tribunal de Gualeguay es suficiente reparación. Adicionalmente, tiene un fuerte contenido reivindicativo: les reconoce a las denunciantes, con fuerza de verdad judicial, que todo lo que han dicho durante años es verdad y que los argumentos defensivos son lábiles y falsos.
Para que estas situaciones no se repitan hablemos de los responsables detrás de los condenados, los que tenían que hacer y no hicieron.
¿Fue evitable la situación dentro del convento? Sí, ya que fue el resultado -en conjunto- de la conducta ilícita de la condenada, a lo que se agrega la falta de control por parte de quien debe ejercerlo: el obispo diocesano de Paraná, Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari en este caso.
¿Quién establece la responsabilidad del obispo diocesano? El Código de Derecho Canónico en los canones Nº 573 y siguientes, Nº 615 y Nº 628, y las Constituciones del Convento –de 1990- en al menos 12 artículos, que determinan cargas para el obispo.
En 2013, Puiggari fue informado por mi hermana –en una reunión de tres horas- sobre lo que ocurría dentro del convento. A las pocas semanas se volvieron a encontrar y él la invitó a que se retracte. Según la sentencia, la privación ilegítima de la libertad de Roxana inició luego de este encuentro y finalizó cuando ella escapó, en 2016. Lo cual nos permite inferir que –como mínimo- el suplicio de una de las víctimas se hubiera evitado o acortado, con la intervención de la diócesis. Inexplicable e inentendible. Las hermanas de nombre religioso Bernardita y María de Jesús, habían solicitado sin éxito salir del convento antes de 2013. Otras situaciones evitables.
¿Por qué el arzobispo de Paraná abona los honorarios de la condenada? Decidió -una vez más- declarar por escrito. ¿Por qué entonces sostiene que su único interés en el juicio es el esclarecimiento de la verdad o la realización de justicia? ¿No era conveniente en ese caso declarar oralmente y someterse a las preguntas espontáneas de la defensa y la fiscalía, como lo hizo como ejemplo el actual Papa Francisco siendo arzobispo de Buenos Aires y Cardenal Primado de Argentina, el 8 de noviembre de 2010 cuando fue testigo en una causa penal?
El legado de este alto dignatario de la Iglesia de Paraná es un seminario vacío, un convento desprestigiado, un clero desmoralizado –los que no deciden irse de la diócesis o abandonar el ejercicio del ministerio-; casos de abusos a menores por parte del clero –lo cual no es privativo de esta diócesis, para ser justos- y silenciamiento de las víctimas. Su cortesano predilecto –cura- acusado de falso testimonio.
Se lo sugiero una vez más: tal vez sea momento propicio de acogerse al cómodo retiro -digno de un burgués piadoso- que le ofrecerá la institución.
Mientras lo medita –afortunadamente- la justicia de Entre Ríos se convierte una vez más en un faro a nivel nacional al reconocer el daño a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en ámbitos eclesiásticos.
(*) Hermano de una de las ex carmelitas del convento de Nogoyá.
