Antonio Tardelli
Las variantes de izquierda (o lo que fuere) que suscribieron la declaración, que lejos están sin embargo de construir una opción política unificada, han resuelto privatizar en su provecho la causa de los derechos humanos, aún a costa de incurrir en groseras contradicciones. Se apropiaron de ella. Se conciben merecedoras del privilegio. Acaso no sea sino la consecuencia, lógica y desafortunada, de su previa partidización. Los derechos humanos, estatizados durante el ciclo político anterior, son hoy patrimonio exclusivo de una parcialidad dispuesta a adueñarse de lo universal.
En un documento de nueve carillas, probablemente leído solo por los fieles del credo, los convocantes denunciaron a macristas, radicales y peronistas dialoguistas. Únicamente el justicialismo kirchnerista, de entre las fuerzas políticas relevantes, pudo escapar de la ardiente pluma de los escribas. El tenor de la declaración es un renovado síntoma de la desconexión existente entre la movilización social y los procesos políticos: si el pueblo reconociera sus intereses en el diagnóstico sociopolítico de los organizadores, ninguno de aquellos (ni los de Cambiemos ni los peronistas con responsabilidades de gobierno) podría siquiera aproximarse al poder.
Pueden pensarse las cosas, también, en otros términos. La masiva asistencia a los actos por la memoria, a los que concurren simpatizantes de los espacios estigmatizados, certifica un fenómeno conocido. Prueba la existencia de un espejismo: los redactores de los documentos creen que una proclama de tono radical terminará inoculando a la multitud las esmeradas consignas. Algo similar ocurrió con la marcha feminista del 8 de marzo: se apuesta a un convencimiento de cariz mágico. Fantasean: todos quienes aquí están, todos los que a esta marcha vinieron, razonan como nosotros. O sea: nosotros –nuestras ambiciosas consignas– los representamos.
Por desgracia para la revolución, las cosas no funcionan así.
(Más información en la edición gráfica número 1075 de la revista ANALISIS del jueves 5 de abril de 2018)
