Daniel Tirso Fiorotto
(Especial para ANÁLISIS)

Las intoxicaciones masivas con Fosfina que en algunos casos producen una lenta agonía seguida de muerte se registran en varios países de América, y en las últimas semanas provocaron confusión y sorpresa en ámbitos gremiales y gubernamentales del litoral argentino y uruguayo.

Las víctimas: humildes obreros. Los supuestos victimarios: poderosas multinacionales y grandes productores y comerciantes que vigilan más la calidad de los granos que las condiciones en que se desempeñan los trabajadores.

Los productores, comerciantes y transportistas entrerrianos usan este veneno desde hace tiempo y no todos de manera correcta. Lo compran no como Fosfuro de aluminio (la pastilla) ni como Fosfina (el gas que emana), sino por su marca más conocida: Phostoxin.

Lo que las autoridades no explican, y urge esta aclaración: por qué los comercios venden un producto que el propio gobierno prohibió y, en caso de que haya una excepción, por qué no se controla el uso adecuado. ANÁLISIS dio con las normas que prohíben el producto puesto en el banquillo, que en el mundo causa numerosas muertes cada año y no siempre accidentales.

Cualquiera que concurra a una casa de insumos para el agro, sea en Paraná u otras ciudades de esta provincia, y pida un frasco con esa marca se entenderá fácilmente con el comerciante, porque principalmente en maíz, arroz, sorgo y trigo es frecuente la aparición de gorgojos, si los granos pasaron un tiempo en silo. La conservación de miles de toneladas en bolsas, esperando mejores precios, colabora con la infección.

Es que la detección de insectos metidos en los granos generará el rechazo de la carga, en el puerto. De allí que algunos acostumbren, por fuera de la ley, meter pastillas debajo de los granos, en los camiones, para facilitar la expulsión de los bichitos y evitar rebotes, demoras y sobrecostos. Así es que ponen en riesgo la salud y la vida misma de los camioneros y los estibadores del puerto.

¿Cuántos murieron ya?

Profesionales ambientalistas de conocida militancia como la doctora Graciela Gómez sostienen que a muchos camioneros se los obliga a viajar “con un pasajero invisible”, la Fosfina, y aseguran que los vehículos se convierten en una suerte de “cámara de gas”. Pero además Gómez afirma que la fosfina ya fue prohibida, y se usa igual.
Es que a los trabajadores les resulta difícil resistir a un procedimiento naturalizado, aunque ilegal, sin poner en riesgo su empleo.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)