Antonio Tardelli
La Resolución 125 abrió un conflicto entre bandos antagónicos cuya formación no estuvo determinada por concepciones ideológicas. Ya por entonces fue posible advertir cómo, además de ideas diferentes, los bloques en pugna amontonaron intereses disímiles. Permanentemente dio la sensación de que había mucha incongruencia dando vueltas: unos cuantos actores del enfrentamiento compartían más puntos de vista con ciertos adversarios que con algunos compañeros de ruta. Por la dinámica del choque, cada uno de los bloques –oficialismo y oposición, gobierno y campo– resultó heterogéneo. Un año después los grupos se mantienen diversos hacia su interior pero con la curiosidad y el agravante de que a sus enunciados han añadido un impensado fanatismo. No es el futuro de la patria lo que está en juego y así pues es injustificada la crispación, salvo que se esté discutiendo algo más que lo que salta en la superficie.
No debería resignarse el país a un debate en el que todo sea arenga o intento de imposición. Es legítimo aspirar a un intercambio que atienda las razones del otro; en última instancia, que reconozca al otro como parte de un colectivo. La autoritaria identificación con el conjunto, que supone el ninguneo del adversario, resurge con inquietante frecuencia. Es lo que trasluce la Presidenta cuando caracteriza: “El paro del campo no es contra un gobierno, sino contra todo el país”.
Aunque las obligaciones principales se ubican del lado del gobierno, precisamente por su responsabilidad institucional, las posturas sectoriales del campo –y de alguna oposición que acríticamente cabalga sobre su reclamo– ceden a la tentación de asimilarse a las necesidades de la sociedad toda. Después de un año de machacar sobre el carácter unitario de las retenciones no pueden los ruralistas presentar el decreto que coparticipa el 30 por ciento de los derechos de exportación de la soja como un intento presidencial de comprar la conciencia de los gobernadores. La medida del Poder Ejecutivo es, sí, oportunista e insuficiente. Y es también una confesión de torpeza.
¿Hubiera sufrido en el Congreso la derrota de la 125 si de entrada nomás asociaba a los mandatarios de provincia en los beneficios fiscales? Imposible saberlo. Pero el decreto avanza en la dirección correcta (de seguro más por necesidad que por convicción) y el campo yerra cuando se desdice de lo anterior. La política expresa relaciones de fuerza y en consecuencia la parcial coparticipación de recursos debe ser entendida como una medida arrancada al poder central. Es un módico triunfo del interior.
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