Federico Malvasio

En la Legislatura están dispuestos a no retroceder frente al pedido de desafueros. Diputados y senadores son acusados de “desobedecer” al Superior Tribunal de Justicia y prestar acuerdo a pliegos que venían del Consejo de la Magistratura. Mientras se analiza la respuesta a la Justicia, se estudia la posibilidad de llevar el enfrentamiento entre los poderes a niveles inimaginables. Algunos se animan a hablar de juicio político. La interna de Claudia Mizawak y Emilio Castrillón con los demás vocales del alto cuerpo es la otra pata que comulga con la ofensiva que llevarían adelante los legisladores.

“Los desafueros no se los vamos a dar”. Con esa frase se despachó el senador justicialista Héctor Strassera. Horas antes había ingresado al Senado el pedido del juez de Instrucción, Hugo Ríos, para que se quiten los fueros parlamentarios a una lista de legisladores. El caso: el polémico Concurso 25 del Consejo de la Magistratura que derivó en un amparo y en la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de ordenar a la Cámara de Senadores que se abstenga de dar acuerdo a los pliegos de las doctoras Gabriela Teresita Mastaglia y Ana María Celia Stagnaro, pese a la regularidad del proceso, según se entendió tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo.

Lo cierto es que el pedido para que los legisladores, sin beneficios de investidura, se pongan a disposición de los Tribunales por la presunta “desobediencia” a la Justicia, reavivó un conflicto que lleva más de un año y que puede terminar -según se desprende de comentarios en algunos despachos de Casa de Gobierno- en una crisis institucional. En el Poder Legislativo muestran los dientes cuando se les menciona a los vocales del STJ, a quienes les adjudican haberse entrometido en sus atribuciones, violentando lisa y llanamente los procedimientos de designación de magistrados previstos en la Constitución. “Hay mucha bronca”, resumió un legislador que aventuró un “conflicto muy complicado y de varias aristas”.

Primer acto

El personaje que da inicio a esta historia y que propició el punto de partida de un conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo es Mario Alberto Quinteros, hoy vocal suplente en la Sala I de la Cámara II Civil y Comercial de Paraná. El magistrado, postulante a ocupar una titularidad a través del Consejo de la Magistratura, impugnó el Concurso 25 del que participó sin alcanzar el puntaje necesario para pasar a la tercera instancia de entrevistas y así tener la posibilidad de ocupar un lugar en la terna. El paso siguiente de Quinteros fue hacer una presentación al STJ exigiéndole que solicite al Senado que suspenda todo procedimiento tendiente a la eventual designación de magistrados para cubrir las vocalías en las cámaras II y III en lo Civil y Comercial que reconozcan como antecedente el cuestionado concurso. El alto cuerpo dio curso a la medida cautelar y sentó un precedente.

El polémico concurso fue observado en la etapa de prueba de oposición por 15 de los 19 participantes, lo que motivó que el órgano asesor convocara al doctor Atilio Alterini para que analizara los exámenes dados por quienes promovieron la impugnación. Luego, con esa evaluación en mano, el organismo resolvió mejorar las notas en algunos casos, lo que derivó en la aceptación de la queja y, a su vez, a rechazar el planteo.

Para Quinteros, con la resolución del Consejo de la Magistratura (Nº 194) el organismo “actuó con exceso de poder, en violación a los principios de legalidad y debido proceso, con afectación del postulado básico de igualdad entre los concursantes y demostrando clara arbitrariedad”.

Con el patrocinio de la doctora Noemí Berros, el hoy camarista suplente presentó un recurso de apelación jerárquica ante el ex gobernador Jorge Busti. Paso seguido presentó una acción contenciosa administrativa ante el STJ, que inició su curso. “Nosotros tendremos que resolver el caso”, precisó el presidente del STJ, Daniel Carubia, que reveló que el máximo tribunal ya tuvo planteos contra resoluciones del Consejo de la Magistratura, pero que ésta era “la primera vez que se hace lugar a un recurso de un concursante”.

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