Luis María Serroels

Parece mentira que en un país en el que se ha debido luchar y hasta morir para restablecer el imperio de la Constitución y la recuperación y preservación de las instituciones democráticas, donde ejercen un rol fundamental los métodos y procedimientos que permiten transparentar los niveles de representatividad, subsistan picardías que busquen malograr esos sistemas.

En el caso particular de nuestra provincia, gobernada desde hace varios años por primeras minorías, resultantes de la fragmentación del electorado que, no obstante, raramente permitieron diversificar el espectro opositor en la Legislatura, en los últimos años se comenzaron a ensayar sistemas electorales a pesar de su reconocido fracaso en otras jurisdicciones.

La historia empezó a escribirse con los proyectos de aplicar en Entre Ríos la nefasta Ley de Lemas, cuyo significado político y jurídico instaló justificadas preocupaciones. Descalificada en su propio país de origen (Uruguay) y de comprobada falta de idoneidad en los Estados argentinos donde se la utilizó, no pudo traducir la real voluntad popular en torno de las candidaturas en juego. Es que sus efectos nocivos fueron más que evidentes toda vez que, lejos de garantizar legitimidad y sustento representativo, resultó lisa y llanamente perversa, porque posibilitó que en términos de apoyo individual a un determinado candidato acabe triunfando el menos votado, en tanto quien más sufragios cosechara veía truncadas sus aspiraciones.

Lo peor era que con esta ley electoral, los ciudadanos terminaban asegurando la victoria de un postulante en quien no confiaban, cuya pobreza de representatividad termina exhibiendo una vulnerabilidad muy peligrosa. De hecho que este mecanismo nunca solucionó los problemas internos de los partidos y sólo los postergó para hacerlos estallar en medio de la campaña general, culminando en largas, arduas y enredadas operaciones aritméticas hasta determinar falsos ganadores (llegó a haber miles de sublemas, lo cual da la verdadera dimensión de este engendro).

La guerra de facciones internas se maquillaba mediante una fina cosmética de forzada tolerancia que no lograba disimular enconos personales, no eliminaba los corporativismos ocasionales y dejaba el resultado final librado más que nada a una virtual puja entre aparatos.

Lo peor era que una primera minoría terminaba “legitimada” para gobernar, sólo afirmada en escuálidos porcentajes que no generaban el mínimo respeto en la ciudadanía.

Frustrados todos los intentos de instaurar este sistema en nuestra provincia (los ejemplos tomados de la vecina Santa Fe no resultaron precisamente dignos de emular), hoy se avecina un hecho que nada tiene que envidiar en materia de dislates institucionales.

El domingo en Entre Ríos se realizarán por primera vez elecciones internas y simultáneas para definir candidaturas con vista a los comicios generales de marzo de 2007. La idea, tal como ha sido concebida, es decididamente un auténtico disparate, al punto de que el propio gobierno nacional, al cual rinden profesión de fe y proclaman un incondicional alineamiento los mentores de este sistema en nuestra provincia, acaba de derogarlo a través de una decisión en el Congreso. Vicios diversos (que confluyeron en la calificación de pésima y estéril) han servido de argumento y eso que no contenían el gran elemento tramposo incluido en la legislación entrerriana, pergeñada por el flamante magistrado judicial Emilio Castrillón cuando era diputado, votada por el oficialismo en ambas cámaras -del tinte interno que fuere- y promulgada por el gobernador.

Para calibrar la magnitud de este fraude a la voluntad ciudadana sólo baste con decir que los afiliados a un partido político estarán en condiciones de decidir qué candidatos deberán llevar sus adversarios, instalando operaciones y maniobras bien maquinadas para torcer los intereses de cada corporación en beneficio propio.

Es nada menos que un salvoconducto para tomar injerencia en los asuntos de una corriente política y hacer que para la contienda general se vea obligada a llevar a quien no sea precisamente la mejor carta de triunfo.

En síntesis, constituye una herramienta para que un aspirante a priori sin mayores expectativas reales termine siendo candidato oficial de un partido pero ¡gracias a los sufragios de quienes lo han combatido y seguirán combatiendo hasta votarle en contra el 18 de marzo!

En el caso del solanismo y de la Concertación Entrerriana -por dar un par de ejemplos-, que no participarán de estas internas en razón de haber consagrado ya sus candidatos para la general, sus seguidores podrían, si se lo proponen, armar paquetes estratégicos de votantes que busquen desnivelar la balanza de las dos fuerzas actuantes este domingo para el lado que mejor convenga a sus futuros intereses.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)