Jorge Riani
Cuando el gobierno provincial resolvió intervenir el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), lo hizo por decreto. En ese instrumento también se incluía el mandato de realizar auditorías, y esa tarea quedó en manos de la Contaduría General y del Tribunal de Cuentas. Los resultados hablan de ciertas irregularidades en el lapso que va desde 2004 hasta los primeros meses de 2005: fuerte déficit, diferencias entre lo que se informó al Estado de ingresos y los datos internos, falencias en los créditos asistenciales y problemas en los modos de contratación de personal. Dirigentes identificados con los gremios docentes, estatales y judiciales le dijeron a ANALISIS que esa situación era denunciada por ellos desde el año 2002 y que nunca consiguieron que las anteriores autoridades del gobierno, ni las actuales, agotaran todo lo que tenían a su alcance para evitar las anomalías. “Quieren enlodar la tarea de los gremios para que nada cambie y que el IOSPER, convertido en negocio, siga en manos amigas del gobierno”, consideraron algunos entrevistados. El interés de estar al frente del instituto se entiende en sus números: 240.000 afiliados, 15 millones de pesos mensuales de recursos, 540 empleados y la posibilidad de negocios de sumas astronómicas con los prestadores.
Un corte transversal en la historia del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) pondría al descubierto las distintas capas históricas que, para el caso, hablan de negocios millonarios, enriquecimiento de personajes que reemplazaron la ideología por el pragmatismo, prestadores que ponen sus soldados en los lugares de decisión, pagos fáciles de sumas astronómicas y difícil continuidad de las prestaciones básicas, funcionarios que usan su lugar de privilegio en el Estado como trampolín para pingües negocios. Todo eso se enraíza en la historia de la más importante obra social que opera en la provincia.
Las últimas noticias no son sino algunos puntos negros más dentro de la oscurecida historia que padece la entidad. Por estas horas se supo que un informe del Tribunal de Cuentas fue girado a la Fiscalía de Estado para que dictamine qué hacer con ese detalle que habla de contrataciones directas, fuerte déficit, diferencia entre los ingresos que se informaron al Estado y los que figuran en datos internos, falencias en los créditos asistenciales y problemas en los modos de contratación de personal. Eso es lo que se desprende, a grandes rasgos, de la auditoría que la Contaduría General realizó en el IOSPER sobre el período 2004 y los cuatro primeros meses de 2005, y muestra graves irregularidades de funcionamiento y administrativas del instituto.
Antes de que se conozcan datos de la auditoría, la obra social había sido noticia por dos proyectos de ley presentados por legisladores del oficialismo: del diputado José Allende, por el cual se prolonga el período de intervención del Poder Ejecutivo a la obra social, y del senador Héctor Strassera, mediante el cual se busca modificar el directorio a fin de que el poder político de turno tenga mayor injerencia en la institución.
Desde el sector de la Lista Unidad –que nuclea a los docentes de AGMER, los judiciales de AJER, los estatales de ATE y legislativos de APLER– se ha considerado en diálogo con este medio que “todas las últimas novedades del IOSPER están relacionadas y tienen un único fin: que nada cambie y que el manejo de la obra social, convertida en negocio para algunos, quede en manos amigas al gobierno”. En ese contexto imprimen el hecho de la auditoría, incluso, debido a que sostienen que “la intención oficial perseguida es la de hacer creer que la obra social no puede ser manejada por los trabajadores”.
Es en este punto necesario preguntarse al respecto si efectivamente la obra social puede ser manejada por los trabajadores, entendiendo como tales a las cúpulas gremiales ligadas al Estado. Ocurre que en nombre de los trabajadores, ha sido el enriquecido diputado Allende quien siempre ha rondado en torno a los negocios de la obra social, como hizo notar una dirigente del sector contrario.
Lo que dicen los auditores
Las más recientes irregularidades detectadas por la Contaduría General se limitan a escrutar todo lo ocurrido desde 2004 hasta los primeros cuatro meses de 2005. Su ejecución se realizó por mandato del Decreto 1.788, que firmó el gobernador Jorge Busti y por el cual se dispuso también la intervención.
No fue una tarea fácil para los auditores Dante Gilles, Sergio Graneto y Norma Santa María, según las declaraciones publicadas por la agencia APF, porque remarcaron que “el plazo para el relevamiento fue exiguo ante la magnitud y complejidad de los datos y el volumen de la información, además de señalar como factor que actuó también como limitación las dificultades encontradas en la tarea”.
El control se centró en cuatro puntos: el relevamiento de la estructura, los recursos y gastos, el personal y finalmente un análisis del acta que se realizó al momento de hacerse cargo el gobierno del control de la obra social. Los demás ítems quedaron a cargo del Tribunal de Cuentas.
“La Dirección de Egresos –dice el informe en uno de sus puntos– suministró un listado analítico de erogaciones relacionadas con prestaciones médicas comprometidas en el Ejercicio 2004 sin tener respaldo presupuestario, por un monto aproximado de 1,6 millones de pesos. Si se considera el comportamiento que ha tenido el gasto a la fecha, en el concepto citado, el déficit para el ejercicio 2005 sería sensiblemente superior”.
Tras recordar que “la contratación directa por vía de excepción es un procedimiento admitido”, los auditores reprocharon firmemente que los importes de las contrataciones realizadas, ya sea por compra directa o por vía de excepción o por solicitud de compra, “superan los límites de autorización establecidos” para ser realizados a través de una simple resolución del instituto.
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