En lo que no pocos consideran la búsqueda de una “zona liberada” que permita a su gestión ejecutar el presupuesto con mayor celeridad, es decir “sin control”, el intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto (PJ), ha tomado una medida con pocos antecedentes y que amenaza generar polémica: solicitó al Concejo Deliberante de esa ciudad la remoción de la contadora municipal Liliana Viera. Los cargos bajo los cuales se realiza la acusación manifiestan precariedad por donde se los mire. Dicha precariedad se vio potenciada a partir de sorprendentes declaraciones periodísticas realizadas por Cresto, en las que deja traslucir su total desconocimiento del rol que le asigna la Ley 3.001 a la Contaduría Municipal. Y en lugar de resguardar el rol de contralor, reclama que la contadora Viera apoye su gestión y su proyecto político.
La persecución del intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, a su contadora municipal –que tiene Acuerdo del Concejo Deliberante desde el 2001 y no se puede remover hasta que dicho cuerpo compruebe graves irregularidades, si es que ellas existen- tiene ribetes preocupantes. En lo que podría constituir un antecedente propio del Guinnes, Cresto remarcó públicamente que a pesar de que la contadora Liliana Viera era “una persona muy inteligente y capacitada” no estaba “preparada psicológicamente para “apoyar” su gestión. Las contradicciones de Cresto iban en aumento a medida que el periodista Silvio Verliac (FM 100.1) lo sometía a una reflexión conjunta. “¿No debe la contadora municipal velar por el cumplimiento de las normas y el correcto uso de los fondos públicos?”, preguntó el periodista. Con esto refutaba las apreciaciones de Cresto, que reclamaba para sí un responsable del órgano de contralor que “lo ayude y lo apoye para su proyecto político”.
La contadora Viera pertenece a la planta permanente de la Municipalidad de Concordia desde el año 1983 y ocupa la Contaduría Municipal tras haber ganado un concurso. Según se ha podido conocer, el celo puesto en el cumplimiento de sus obligaciones fue motivo de disputas internas en el seno del gabinete que preside Juan Carlos Cresto. En una situación normal cualquier gobernante responsable desearía contar con personal idóneo que controle internamente la legalidad de las medidas de gobierno en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, como una manera de evitarse posteriores dolores de cabeza.
En esa lógica los dos subsecretarios de Hacienda que se han sucedido en la actual gestión defendieron la actuación de la funcionaria que Cresto quiere desplazar. Las fuertes disputas internas en el gabinete municipal han tenido hasta el momento como ganadores al bando contrario, conformado por quienes denostan el “exceso de control” de la Contaduría. Ello provocó la renuncia del contador Álvaro Sierra y posteriormente del contador Hugo Ben. Extrañamente, este último solamente ejerció el cargo de subsecretario de Hacienda unas pocas semanas, al cabo de las cuales presentó abruptamente la renuncia. Luego de ello formuló declaraciones en las que puso de manifiesto los motivos por los cuales renunciaba e hizo alusión fundamentalmente a un sinnúmero de “desprolijidades” y al “total desconocimiento por parte del funcionariado de lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipios”. Las declaraciones de Ben al periódico digital Infoalternativa, el pasado 21 de abril, abundaron en reflexiones sobre las dificultades que veía en el desempeño de su tarea, a partir de las internas de palacio, y calificó favorablemente el trabajo de contralor de la Contaduría Municipal. No solo eso. Ben se permitió expresar que si de él dependiera, la contadora Viera debería continuar siendo la titular de la Contaduría. Con ese mismo tenor, Ben reiteró declaraciones en distintos medios de Concordia. En ese marco se destacaron las realizadas a LT 15, donde el ex subsecretario incrementó el nivel de critica a la gestión de Cresto y volvió a reivindicar el rol de la contadora Viera.
Según pudo saber ANALISIS, el 21 de febrero de 2005 la contadora Viera -dirigiéndose a su superior jerárquico-, expresa su preocupación por distintas desprolijidades administrativas que generarán un colapso en la tramitación de expedientes. Advertía asimismo que la existencia de tales desprolijidades y su propia responsabilidad de intervenir en la sustanciación de una considerable cantidad de actuaciones en forma personal sin posibilidad de delegarlas, debiendo en forma paralela atender numerosísimos pedidos de distinta índole de funcionarios, empleados, proveedores, etcétera, hacía necesario tomar recaudos a fin de no afectar la prestación de los servicios municipales. Todo esto servía de introducción para volver a reiterar que ello, junto a la falta de cumplimiento a las normas, producía una recarga inútil de trabajo. En la misma nota aparece un sorpresivo comentario cuando la contadora municipal sostiene que “cada vez con mayor frecuencia el personal de esta oficina debe soportar situaciones de presión y violencia, las que se atenuaron en oportunidad de destacar personal policial en la puerta de ingreso a la oficina”. A su vez, la contadora afirma que el sistema de video de vigilancia del edificio municipal habría permitido captar imágenes de tales hechos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
