El abogado especialista en energía y ex presidente de la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), Agustín Gerez, se refirió a la factibilidad del proyecto de ley que proponer crear la administradora Energía Entre Ríos S.A., que tiene como objetivo principal que la energía eléctrica del complejo Salto Grande, que produce la provincia, sea comercializada a precio razonable.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Gerez comentó que “esto deviene del artículo 124 de la Constitución Nacional, modificación que se hace en el año 94, donde las provincias toman el dominio originario de los recursos naturales, que pueden ser petróleo y gas en algunas provincias, el viento o el sol en su posibilidad de generar energía eléctrica y también el agua”. De este modo, indicó que “este proyecto de ley, lo que tiene el objetivo que trae, es la posibilidad de que los entrerrianos paguen un menor costo de energía al sistema eléctrico”.

En ese marco, advirtió que “el mercado energético en Argentina es una cuestión compleja” y al respecto explicó: “Todos aquellos generadores de energía eléctrica le venden la energía al sistema central, y después el sistema central, administrado por el Poder Ejecutivo de la Nación, por el gobierno nacional, le vende a las provincias la cantidad de energía que generan. Salto Grande le vende energía a la Nación a un precio que ronda los 12 o 15 dólares. Eso que le vende a la Nación, después la Nación se lo vuelve a vender a la provincia de Entre Ríos a 40 o 50 dólares. Con lo cual, lo que podemos decir y el análisis que bien está hecho en el proyecto de ley, es que si los entrerrianos pudieran administrar su propia energía, pagarían un 20% de lo que pagan hoy a la Nación ese consumo energético. Lo cual, obviamente, redundaría en una enorme posibilidad por parte de la provincia, no solamente ahorrarse en el orden de los 120 millones de dólares anuales, sino que además le permitiría generar políticas, por ejemplo, para los sectores productivos, industriales de la provincia, como motorizador del empleo”.

Aclaró que hasta el momento “no hubo experiencias similares porque estas son iniciativas que toman las provincias”. “En la situación en la que se vive actualmente, la energía toma un papel relevante por los costos y los incrementos que están observando las provincias cuando le pagan la energía a Cammesa, y ese pago le está generando una afectación en materia presupuestaria. El año pasado, hasta el 11 de diciembre donde se devaluó 110% la moneda, los pagos de energía que hacían las provincias a Cammesa no generaban un deterioro presupuestario de manera tal que impidiera el normal desarrollo del resto de sus componentes presupuestarios, ya sea salud, seguridad, y obras públicas de infraestructura. En este caso, o en estos momentos en los que estamos viviendo, la administración propia de los recursos por parte de cada provincia toma relevancia, ya que genera beneficios presupuestarios que se pueden volcar a la producción, al comercio, a infraestructura de la provincia. Entonces yo creo que quizás ahí radica la cuestión principal. Hoy por hoy, y después de haberse devaluado la moneda 112%, las facturas de luz que tienen que pagar las provincias, y también las familias argentinas, tienen un peso sustancial tanto en los presupuestos provinciales como en los presupuestos familiares. Entonces, de ahí que me parece que es importante que estos proyectos, que además tienden a la federalización del uso de la energía, tengan un apoyo lo suficientemente contundente como para que la Nación pueda generar con las provincias políticas energéticas que promuevan el uso o los pesos competitivos para que las provincias se puedan desarrollar”, analizó.

Agregó que “al proceso de incremento tarifario, así como lo padecen los usuarios en su economía doméstica, también lo padecen las provincias. Y este proyecto lo que tiene por objetivo es que, si nosotros tenemos un recurso que es el agua, y con nuestra agua se está generando energía, permítanos administrar nuestra propia energía y poder darle a esa energía un destino que sea motorizador de la economía”.

“La energía es un vector de desarrollo. Si a vos te falta energía, vos no te podés desarrollar en tu vida comercial, si a vos te falta energía o tenés energía cara, no te podés desarrollar en tu industria, en tu sector productivo, no te podés desarrollar como persona dentro de un entorno humano. Me parece que, en este momento, el concepto o la posibilidad de administrar tu propia energía tiene un valor significativo”, explicitó.

En tanto, negó que existan cuestiones legales que pudieran afectar a la provincia con esta iniciativa: “La provincia, con este proyecto, lo que está buscando es que pueda administrar la energía que genera. No hay ningún tipo de inconveniente porque el proyecto, de hecho, tampoco se involucra en las cuestiones binacionales con Uruguay. Es decir, es un proyecto que exclusivamente es atinente a la administración de la energía”.

En ese sentido, refirió que “a Cammesa lo que le generaría es que no podría acceder a una energía tan barata porque la realidad es que, además la remuneración, es decir lo que se paga por la energía que genera Salto Grande es una energía barata, no podría acceder a esa energía y la tendría que sustituir por otra energía. Es decir, por otros 700 y pico de megas, que es lo que le corresponde a Argentina, tendría que sustituirlo por otra energía que quizás es más cara, pero la realidad es que esa cuenta la tiene que administrar Nación. Desde el punto de vista de los entrerrianos, ¿por qué los entrerrianos no van a poder utilizar su propia energía, la energía que se genera en su provincia, para el desarrollo de su provincia? ¿Y por qué tienen que pagar una energía más cara cuando tienen energía a precios muchísimo más competitivos dentro de su provincia? Esa es la lógica”.

Consultado por la necesidad de que la Nación autorice este proceso, el abogado sostuvo que “probablemente el primer paso es la ley provincial y a partir de eso que se abra una instancia de negociación, donde la provincia puede, a partir del proyecto de ley, defender con mayor holgura los intereses de los entrerrianos” y aclaró que “para nada” es necesario modificar primero la ley de energía nacional.

Y señaló que “las autoridades nacionales tendrán que analizar cómo hacen para reemplazar la energía que Salto Grande le aporta al sistema eléctrico nacional” o “se podrá seguir aportando con un reconocimiento económico, si es el caso, el incremento del valor de la energía que se genera en Salto Grande, o bien sustituyéndola con otro tipo de energía”.

En otro orden de temas, Gerez apuntó que “la segmentación la dejó hecha (Sergio) Massa en su momento, cuando inicia su gestión como ministro de Economía. Esta es la segmentación que se está utilizando hoy. Pero la política tarifaria que se está aplicando hoy tiene incrementos desmedidos; incrementos que, en virtud de la economía que estamos viviendo y del entorno económico que viven las familias argentinas, es irracional. Y es injusto, además”.

“La actualización que salió la semana pasada del precio del gas y la tarifa del gas, presenta números que van a generar una complicación en la vida de los argentinos en el hogar, en la vida de los argentinos en el comercio, que le quitaron todo el subsidio, y también en el sector productivo de la industria”, consideró.

“Si las tarifas de gas se van a actualizar mensualmente por la devaluación del peso en relación al dólar, me parece que estamos en un entorno económico de compleja sustentabilidad, porque los salarios no se actualizan mensualmente. Y esto es lo que hizo el gobierno nacional. Las tarifas de gas van a se actualizan mensualmente en virtud del precio del dólar. Entonces, si el gobierno nacional decide devaluar 10, 15, 20% la moneda, que se suma a que la economía argentina ya tiene una devaluación mensual del 2%. Con lo cual, yo ya le diría que además del 500% promedio que van a aumentar las facturas de gas, también van a aumentar en el componente de gas, 2% mensual por la devaluación del peso. Y que esa devaluación puede ser mayor si hay una decisión del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que es un aumento tarifario injusto para el funcionamiento de la economía. Y que no es sustentable en el tiempo. Yo considero que sí habría que hacer una actualización tarifaria, pero no de la manera que se hizo. Por ejemplo, se podría haber actualizado por el índice inflacionario. Ahora, la actualización que se hizo, me parece que tiene por objetivo sanear los estados contables de las empresas, sobre todo de las distribuidoras, sin tener en cuenta la otra parte de la historia, que somos los que usamos el gas. Y ahí va a estar complicado”, concluyó.