(De ANÁLISIS)

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y financiera en materia de obra pública por un año. Con “medidas excepcionales” que incluyen la vía libre para rescindir contratos de manera unilateral, suspensión de ejecuciones judiciales y pagos con títulos en los tres poderes del Estado, apunta a sanear la deuda de 22 mil millones de pesos heredada de la gestión de Gustavo Bordet. Se informa en los fundamentos una alta litigiosidad que incluye embargos por más de 2.700 millones. La iniciativa también declara la emergencia vial y autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a realizar contrataciones directas por vía de excepción. El argumento es un relevamiento que mostró que casi la totalidad de las rutas y caminos están en estado malo o regular.

“En materia de obra pública, encontramos una parálisis que afecta a miles de trabajadores de la construcción y deudas con los contratistas por más de 22 mil millones de pesos, incluyendo algunas judicializadas. Lo primero que hicimos fue sanear el sistema administrativo para rastrear toda esa deuda que había. Hace unos días, propusimos un plan de pagos para comenzar a saldar los certificados vencidos de la deuda heredada y poder así reactivar la obra pública”, expresó el gobernador Rogelio Frigerio el 15 de febrero en su mensaje a la Asamblea Legislativa.

Aunque no lo anunció, a 20 días del discurso el mandatario impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y financiera de la obra pública durante un año y también la emergencia en materia vial. La iniciativa se suma a la emergencia educativa ya aprobada y a la anunciada emergencia alimentaria.

El proyecto ingresó por el Senado y tomará estado parlamentario en la sesión de este martes. Apunta a reestructurar obligaciones y contratos, a cancelar la deuda administrativa y judicial y a agilizar los procesos para recuperar la trama vial.

El texto da vía libre a los tres poderes del Estado y organismos descentralizados para disponer de manera unilateral la revisión, renegociación y rescisión de los contratos de obra pública vigentes. También otorga la potestad de suspender obras en curso o neutralizarlas.

A las indemnizaciones derivadas de tal operatoria las reduce solo al pago del rubro correspondiente a daño emergente, sin que se tengan que abonar otros conceptos.
La normativa contempla también que las deudas con las empresas puedan cancelarse con títulos de deuda pública. A la vez, suspende las ejecuciones de sentencias y la traba de medidas cautelares por el cobro de certificados vencidos o en mora.

En los fundamentos, se advierte sobre un aumento exponencial de los procesos judiciales en marcha, que incrementan la deuda por intereses. Se informa que se han recibido embargos por más de 2.200 millones de los cuales casi 900 millones son de intereses, costas y honorarios. Y a ello se suman embargo por otros 500 millones de la DPV y el IAPV.

En los fundamentos, se alude a la suspensión del financiamiento nacional de la obra pública y a la obligatoriedad de la provincia a hacer frente al pago de la deuda de los contratos con recursos propios. 

Respecto a la emergencia vial, se dispone en el proyecto la autorización por un año para que la DPV pueda realizar contrataciones directas por vía de excepción. La medida abarca obras, bienes, insumos, repuestos y suministros necesarios para la recuperación de la infraestructura vial durante 12 meses.

La justificación es un relevamiento realizado por la DPV que arrojó que “casi la totalidad” de los caminos y rutas de la provincia están en un estado malo (0 a 5) y regular (5 a 7).