Rodríguez Signes es fiscal de Estado desde el 1° de febrero de 2008. Y, hoy por hoy, es uno de los funcionarios que más continuidad ha tenido al computar 15 años de antigüedad en el cargo.

Su trabajo está determinado en la Constitución de la Provincia y la Fiscalía de Estado tiene un par de funciones básicas: “La primera es la defensa en juicio de los intereses patrimoniales de la Provincia y eso no se puede hacer desde una posición partidaria, es decir, la defensa en juicio requiere de objetividad. Y, en segundo, el control de legalidad en la medida que lo ordena la ley 7296, es decir, no es un control absoluto”, ejemplificó.

En Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), Rodríguez Signes admitió que es necesario modificar y reforzar los sistemas de control de la legalidad de manera preventiva. Diferenció que el Tribunal de Cuentas se concentra en materia contable, pero que la Fiscalía de Estado y los sistemas jurídicos de cada Ministerio u organismo deben concentrarse en la legalidad.

Por otro lado, el fiscal de Estado aclaró que ellos intervienen solo a pedido del gobernador o de un ministro y ejemplificó que desde 2008 a la fecha se han abierto en la provincia más de 2.000.000 de expedientes, de los cuales ellos intervinieron apenas en poco más de 12.000, es decir, el 0,6 por ciento.

- ¿En cuánto se incrementó la planta de profesionales en la Fiscalía de Estado desde el 2007 hasta la actualidad?

-Nosotros mantenemos la misma estructura de personal: 110 personas en 2007 y 110 personas en 2023. No hemos incrementado la estructura.

-Habrá existido algunas bajas, por jubilación, fallecimiento.

-Por supuesto. Pero, no hemos incrementado la planta de personal. Excepto por una transferencia de funciones de una oficina entera y que fue el Consejo de Tasaciones y tiene su importancia en la Provincia. Ese Consejo revestía en el Ministerio de Obras Públicas y es el que hace las tasaciones previas a las expropiaciones. Y esa oficina ahora depende de Fiscalía de Estado. Pero, no hemos incrementado la planta de personal.

- ¿Y si se hace una comparativa de causas?

-Más o menos se mantiene la misma cantidad. En el informe a la Legislatura del 31 de marzo, registramos 4.465 causas y es un número constante, e incluso, puede haber menos causas en la actualidad.

- ¿Y hay causas que tengan antigüedad desde 2008 o antes?

-Y han existido causas. Por ejemplo, la famosa Letra 004 (del gobierno de Mario Moine), esa causa todavía potencialmente existe. Y hay otras causas antiquísimas que todavía existen.

- ¿Y por qué no se terminan de resolver, a pesar de tanto tiempo?

-Para nosotros, cuanto antes resolvamos las causas judiciales, mucho mejor. Y hay situaciones especiales. En este caso, para mí está prescripta, pero la prescripción la debe dictar la justicia.

-Hay gente que sigue reclamando…

-No, no. Pero, físicamente esa Letra 004 nunca apareció. Entonces, podría eventualmente aparecer. Si aparece está prescripta. Pero, como la prescripción no la determino yo, sino un juez, la tiene que declarar un juez, yo no estoy en condiciones de decirlo; pero, eventualmente puede aparecer. Esa es una situación muy especial. De la época de la privatización del Banco de Entre Ríos (1993) todavía subsisten causas. De esa época todavía existen juicios y seguirán existiendo, por la situación de jubilados del Banco de Entre Ríos porque se interpretó que el fondo compensador que se usaba en esa entidad para compensar haberes jubilatorios de esos empleados, los tiene que absorber el sistema jubilatorio provincial. Una cosa para mí injusta, pero esa es la realidad y sigue sucediendo. De esa época tenemos todavía causas. Y esas desde el punto de vista económico, son una de las más importantes.

-Como fiscal de Estado ha tenido muy buena relación con el ex gobernador Sergio Urribarri y con el actual Gustavo Bordet. Ese vínculo, le permitió marcar distancia y en algún momento decirles “no, gobernador. Las cosas no son así” o esas cosas no sucedieron.

-A mí no me ha pasado que tenga que decirle a un gobernador, discutir con un gobernador… hay dictámenes donde hemos marcado diferencias. Tema Urribarri: convengamos que Urribarri fue quien me propuso a mí en el Senado y me designó como Fiscal de Estado. Nos conocíamos desde la Cámara de Diputados, período 1999-2003. Nosotros en las causas que se sustancian en el Poder Judicial por parte del Ministerio Público Fiscal contra el ex gobernador Urribarri, la Provincia está perfectamente atenta a esas causas; sosteniendo los embargos preventivos en custodia en lo que nos corresponde a nosotros custodiar, que es el patrimonio de la provincia o sea cubrir el perjuicio si llegamos al final del camino y concretamente se confirma. En ese sentido, nosotros estamos totalmente cubiertos en todas las causas. De manera que no hemos tenido situaciones complejas en ese sentido.

-Usted dice que están cubiertos en todas las situaciones. Pero, aquí hubo mega causas por delitos de corrupción donde aparecen además funcionarios y empresas como el caso de Relevamientos Catastrales para citar un ejemplo. ¿Cuántas veces se les escapó por alguna tangente algún negociado?

-Bueno, ese es un tema neurálgico.

-Los abogados defensores de Urribarri y de otros acusados siempre dijeron que los organismos de control nunca le dijeron nada.

-Entre 2008 y la actualidad en la provincia se generaron prácticamente 2.000.000 de expedientes. Fiscalía de Estado intervino en 12.000 expedientes, es decir, un poco más de 0,6 por ciento. Usted señala a Relevamiento Catastrales para poner un ejemplo, no tuvo nunca participación de Fiscalía de Estado.

-Pero, desde Fiscalía objetaron varias licitaciones.

-Pero, después que se produce la denuncia.

-Pero, por qué siempre después.

-Porque la Ley 7296 que es la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado, establece que la Fiscalía de Estado interviene, hace el control, preventivo, el control de legalidad, cuando el gobernador o un ministro lo pide, o cuando hay que sustanciar un recurso administrativo. Pero, no es un control total de todos los expedientes. Es importante que esto quede claro, porque un tema pendiente siempre es mejorar más el sistema de control de legalidad. El control de legalidad lo hace el sistema jurídico de cada Ministerio y de cada organismo; no lo hace la Fiscalía de Estado. Nosotros lo hacemos cuando lo pide un ministro, cuando lo pide el Contador General o cuando lo pide un gobernador. Entonces, cuando un gobernador quiere evadir a la Fiscalía de Estado, simplemente lo que hace es no mandar el expediente a consulta de Fiscalía y el expediente tramita por otro lado. Entonces, lo que hay que hacer es organizar mucho mejor el Cuerpo de Abogados del Estado, cosa que he insistido muchas veces e incluso he mandado proyectos de ley a la Legislatura; lo he discutido en el Congreso de Abogacía Pública. Cuando los abogados plantean eso, es una defensa débil.

-Recordamos que una vez Jorge Busti le pidió opinión al Tribunal de Cuentas en la primera privatización del Frigorífico de Santa Elena y el organismo le indicó que no lo adjudique porque la firma no tenía los avales pertinentes.

-El Tribunal de Cuentas que es incompetentes para eso, a pesar de que está la ley 5796 que establece control preventivo en caso de que el Poder Ejecutivo lo pida. Pero, el Tribunal de Cuentas hace un control contable. El control de legalidad lo tiene que hacer la Fiscalía de Estado, las consultas hay que hacerlas a la Fiscalía de Estado o al servicio jurídico correspondiente.

- ¿No debería cambiar eso?

-Sí, le estoy diciendo que sí. Por supuesto.

-Que los controles sean antes… porque la que pierde es la Provincia.

-La Contaduría hace un control preventivo y le diría que es muy puntilloso. La Secretaría Legal y Técnica no deja pasar un solo expediente que tenga la firma del gobernador si antes no tiene el visto de los secretarios pertinentes…

-Pero, acá las cosas están a la vista. Se trata de casos donde no se miró o se miró para otro lado.

-En los casos de negociaciones incompatibles. en el caso de la publicidad, la Fiscalía no intervino en ningún caso. En ninguno. Pero, ya les digo: deberíamos tener un sistema del control de legalidad mucho más desarrollado que el que tenemos. La Provincia de Buenos Aires lo tiene.

-La Provincia de Buenos Aires solamente.

-La Provincia de Buenos Aires… el resto de las Fiscalías de Estado del país –soy vicepresidente del Foro de Fiscales- está más concentrado en lo que hacemos nosotros que es la defensa en juicio. El control de legalidad es un control a petición del gobernador y de los ministros. Así funciona y esa es la realidad. Hay que trabajar mucho en el control de la legalidad preventivo. Y el Tribunal de Cuentas, es mi opinión, es un órgano que va al análisis contable, a la rendición de la cuenta; pero no es un análisis de la legalidad previa, además, no lo puede hacer porque es externo y posterior a la administración. Entonces, lo que se necesita es un control previo y con la Contaduría General.

-Pareciera que el sistema está hecho para que las cosas no salgan bien.

-Sí, sí, sí. La crítica es correcta.

-De los 4.000 juicios que tiene, ¿cuál es el más grande que perdió el Estado?

-Le diría que estos del fondo compensador porque son sumas importantes. Estamos hablando de más de mil millones de pesos en el transcurso del tiempo e incluso seguirá pagando porque es un sistema. Esto es lo que pasa: usted es empleado del Banco de Entre Ríos y se jubila. En el caso que lo haga por la Caja de la Provincia, porque le corresponde hacerlo, la Caja le tiene que pagar el 82 por ciento de lo que gana un empleado activo. Esa diferencia la debe pagar la Provincia. Y le diría que hay más de mil millones de pesos que se han pagado en tal concepto.

- ¿Y cuál es el que ganó?

-El del Fondo del Conurbano Bonaerense. Hoy serían 17.000 millones de pesos a dinero actualizado. Y otro caso importante fue el Fondo Compensador para los Docentes; cuando la famosa transferencia de los docentes nacionales a la provincia, eso fue tremendamente dañino. Es decir, las dos situaciones: la de la privatización del Banco de Entre Ríos y la de la transferencia de los docentes nacionales a la provincia, fueron muy perjudiciales. Y lo más perjudicial de todo fue la pérdida del 15 por ciento de la coparticipación en 1992 a manos de la Nación, cuando se transfieren los fondos a las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y ahí la provincia la sufrió mucho y a eso lo recuperamos a partir de 2016.

-El año pasado usted manifestó que creía que en el caso de los contratos truchos de la Legislatura no habría segundo juicio, es decir, que alcance a los funcionarios políticos. Sin embargo, la doctora Cecilia Goyeneche, hace poco sostuvo todo lo contrario.

-No, nunca dije que no habría un segundo juicio. Lo que sostuve es que no había un segundo juicio. Lo tengo muy claro. El juicio 2 no existe hoy. Ahora si me dicen que podrá existir otro juicio: puede ser, probablemente haya…

-Usted tiene un origen de abogado penalista… si ahora se declara que se recibía directivas de tal vicegobernador o del presidente de la Cámara de Diputados, es evidente que hay que hacer una segunda causa.

-Sí, sí. Pero, hoy, objetivamente existe la causa Beckman y otros (por Flavia Marcela s/ Defraudación a la Administración Pública. Asociación Ilícita) en la cual la Fiscalía de Estado es actor civil. Es la única causa en la que somos actores civiles por la importancia institucional que tiene el tema, a pesar que son actos de la Cámara de Diputados y Senadores; pero igual nos constituimos como actores civiles y estamos atento a eso.

-A sido bastante vergonzoso todo el tema de la competencia en la causa de los contratos truchos.

-No le voy a decir que sí ni que no. Sin duda que es una causa muy importante y nosotros estamos ahí y sin preguntarle absolutamente a nadie nos constituimos como actores civiles. Respeto el ejercicio de defensa que hacen los abogados y ellos tendrán sus estrategias. La mía es mantenerme como acto civil, presentamos la demanda…

-Y ver si pueden recupera algo del dinero que se desvió…

-Por supuesto. Y cuando ese juicio se sustancie, estaremos presentes.

- ¿En cuántas sindicaturas ejerce?

-En dos: Enersa y Sidecreer.

-Hace instantes el diputado provincial por Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, sos aseguró que usted tenía cinco sindicaturas.

-No, solamente tengo esas dos sindicaturas.

-Es decir, que hoy usted tiene tres sueldos.

-Sí.

-Es decir, usted gana muy bien.

-Muy bien, sí. Por eso estoy muy conforme.

-Por eso no se quiere ir.

-No, no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver.

-Nunca le ofrecieron en estos años ser vocal del Superior Tribunal de Justicia.

-No, nunca me ofrecieron. No siquiera los gobernadores han consultado conmigo nombres ni nada de eso. Nos hemos manejado… ellos se han manejado con un respeto absoluto.

-Le hubiera gustado a usted.

-Tengo un enorme respeto por el Poder Judicial. Pero, a mí me gusta mucho lo que hago. Usted hacía referencia al sueldo: me pagan en Fiscalía de Estado, en Enersa y en Sidecreer; pero, lo que hago lo hago con mucho compromiso, con mucha convicción y con mucho afecto por esta provincia. Y la del Poder Judicial es otra la función y no es la que yo quiero cumplir. A lo mejor Vitor está confundido porque estoy en el Cemener (Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos) ad honorem, soy cofundador del Cemener; soy representante ad honorem en el Consejo Federal de la Hidrovía; soy representante ad honorem en el Control y Gestión de la Hidrovía. Hace poco le decía al periodista Víctor Fleitas: “Mi Norte es el desarrollo humano de la Provincia de Entre Ríos”.