Tras la muerte de un joven bonaerense a manos de la policía, el abogado integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, alertó respecto de las situaciones de violencia policial e institucional que se repiten en el país, y planteó una falta de decisión política para evitarlo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Iparraguirre planteó que “una vez más los jóvenes de los barrios populares son víctimas de la violencia más extrema y de una situación que vuelve a sacar el velo de una realidad que no se quiere reconocer de parte de la política y de la sociedad civil que son las situaciones de violencia institucional que siguen siendo moneda corriente en todo el país”. 

“Estos hechos tan graves, como este homicidio, entristecen profundamente y abren un debate, porque según informes de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en CABA es alarmante el número de homicidios que hubo por casos de gatillo fácil en el último tiempo”, alertó el dirigente y analizó que “cuando la derecha avanza con este discurso de mano dura, meter bala, para frenar el aumento de la tasa de delitos se genera como consecuencia este tipo de estos hechos”.

Consultado por la situación en Entre Ríos, sostuvo que “si se analizan los años ‘90 donde existían desapariciones forzadas en democracia como la de Martín Basualdo, Héctor Gómez, Marcelo ‘Totín’ Pérez, Elías Gorosito o los mismos hechos de diciembre de 2001, no estamos en la misma situación porque no hay una policía que desaparezca personas, pero de todas maneras hay una situación grave en la provincia de Entre Ríos por apremios ilegales y vejámenes”. “Recibimos innumerables denuncias por abusos policiales desde distintas organizaciones sociales con las cuales nos conectamos y grupos que trabajan con sectores populares”, ejemplificó.

En este marco, recordó que “el martes habrá una audiencia de Casación por la causa de Gabriela Gusmán que también fue víctima de un homicidio policial en el barrio Capibá de Paraná”.

Sobre los motivos de este accionar policial, Iparraguirre evaluó que “si bien se crearon las cátedras de derechos humanos en la carrera de Criminalística y en la UADER, es indudable que hay una cuestión de falta de capacitación” y como ejemplo, mencionó que “en la causa de Gabriel Gusmán hay un informe en el expediente judicial donde el jefe de Policía reconoció que los funcionarios no estaban formados adecuadamente para el uso del arma”.

“Pero más allá de eso, lo principal son las directivas del poder político y acá sí se cruza una situación ideológica. Si se pretende resolver el aumento de la tasa delictiva con un discurso de orden y castigo, y de meter bala, y no se dan reglas claras desde el poder político respecto a no permitir la doctrina Chocobar, los abusos policiales ni el gatillo fácil; si no hay un claro mensaje de todos los estamentos políticos y si se habilita a las fuerzas policiales a que puedan actuar indiscriminadamente, estas son las consecuencias y no nos pueden sorprender”, describió.

Retomó como ejemplo el caso Gusmán y contó que “el martes vamos a Casación porque tuvimos que solicitar que sea apartado el Ministerio Público Fiscal por su inacción y continuar sólo las querellas, haciéndonos cargo de la pretensión penal  los abogados representantes de la familia” y agregó que “se van a marcar con claridad serias irregularidades que hubo en el marco de esta causa, porque desde el primer momento los fiscales no separaron a la policía de la investigación de los delitos; los funcionarios policiales participaron y ensuciaron esta causa”.

A la hora de analizar del accionar político y legislativo en este sentido, el abogado sostuvo que “desde la red de organismos de derechos humanos se viene trabajando desde hace bastante tiempo en la conformación del Comité Provincial contra la Tortura, que existe a nivel nacional, y en la provincia se trabajó con algunos legisladores y en su momento se aprobó una ley para sacar un mecanismo de prevención contra la tortura que hiciera un contralor de todas las instituciones cerradas como cárceles, comisarías, instituciones psiquiátricas y geriátricos, y por una cuestión presupuestaria esto no se aprobó”.

“Hay una ley aprobada por unanimidad en la Legislatura entrerriana para crear el Comité contra la Tortura, luego modificada por otro proyecto que presentó (Juan) Navarro para que sean ad honorem los cargos de quienes integren el Comité siendo que es un trabajo full time porque hay que recorrer todas las comisarías y unidades penales de la provincia y recetar toda las situaciones de violencia institucional, y quedó en la nada por falta de presupuesto”, criticó.    

“Esto es responsabilidad tanto del oficialismo como de la oposición. No está conformada la Comisión Bicameral de Derechos Humanos en el seno de la Legislatura que tenía que tratar esto temas y que tenía que avanzar sobre esa cuestión, y siempre el planteo viene desde la misma lógica que no hay presupuesto. Ante esto los organismos de derechos humanos quedamos muy limitados en nuestro accionar”, sentenció.  

Comentó además que “en su momento hubo varias reuniones con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y se hizo una convocatoria para seleccionar las personas para integraran este Comité, pero después por una cuestión presupuestaria no se hizo nada. Hace 10 días estuvieron en la provincia los miembros del Comité Nacional contra la Tortura y se volvió a plantear esto, también se trabajó con gente de UNER y de UADER, estuvieron reunidos con el Poder Ejecutivo, Legislativo, intendentes, pero no se destraba esta situación que podría, al menos, hacer un contralor muy fuerte de cuál es la situación de violencia institucional”.

Como resumen, aseveró que “ni desde el Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo hay apoyo para estas cuestiones porque no se asume la situación de gravedad institucional que esto significa”.      

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