El Colegio de la Abogacía se pronunció respecto a la jubilación del Vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Aroldo Castrillón en el marco del Juicio Político iniciado en su contra: "Creemos importante remarcar que el no respeto al procedimiento constitucional del Juicio Político genera dudas y suspicacias en los profesionales de la abogacía y en la sociedad", expresó el documento. Además, reclamaron que la vacante generada en el STJ debe ser ocupada por una persona que "esté ejerciendo activamente la profesión de la abogacía, que tenga idoneidad en la materia de la Sala que integrará y que con su designación, se cumpla con la norma que garantiza paridad de género". De esta manera se pronunció por primera vez la entidad de los abogados, que, sorpresivamente, mostró absoluto silencio mientras estaba en foco el vocal del STJ y recién lo hace tras su jubilación y pronta salida del slto cuerpo.

"Quien resulte designado luego de la propuesta y acuerdo del Senado de la provincia, que cuente con antecedentes de buen decoro, y lo cumpla tanto afuera como adentro de la oficina judicial, ya que la dignidad y probidad de los magistrados incluye el deber de mantener con altos estándares de conducta en las relaciones interpersonales, en pos de brindarle a la ciudadanía la confianza y la seguridad que hacen al imprescindible consenso social que legitima el ejercicio del poder público", aseguraron tras el periplo de Castrillón que derivó en su jubilación exprés.

El Colegio se expresó al final del camino que terminó con Castrillón jubilado. El comunicado se refiere en concreto a las conductas de los magistrados teniendo como referencia tácita los hechos que ocurrieron en las inmediaciones del domicilio de Castrillón, hechos por los cuales el exVocal del STJ está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). "Desde el lugar que nos toca ocupar institucionalmente debemos referirnos, como operadores de justicia, frente a los reclamos de la sociedad en su conjunto que reclama una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado", expresó el documento. 

"Desde el CAER consideramos también que no debemos naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso. Esta herramienta de control del funcionamiento del Poder Judicial es parte de un equilibrado sistema de compensación de poderes y de controles cruzados, pero evidentemente, se encuentran salidas alternativas para el pleno ejercicio", criticaron los abogados.