El presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, se refirió al conflicto que la entidad mantuvo con los prestadores médicos que exigían la implementación de cánones del nomenclador nacional y que cortaron los servicios por más de un mes.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Cañete señaló que “nunca antes” había tenido que afrontar un conflicto con los prestadores médicos. “Llama poderosamente la atención que se entablara semejante conflicto cuando el IOSPER estaba totalmente al día, no le debe nada a ningún prestador, y que surja un inconveniente de esta naturaleza con tanta virulencia, y sin poder resolverlo de forma inmediata, nunca pensé vivirlo”, admitió.

En tal sentido, admitió que “en lo personal” le “dolió que no se comprendiera el esfuerzo que hacía la obra social en cada uno de sus planteos y ofrecimientos y estar supeditado a la decisión de terceros que no buscaban racionalidad sino que directamente lo que había enfrente era una intencionalidad de confrontación”. Y analizó: “En este momento, estar discutiendo con equipos técnicos y que el debate sea plantear nomenclador nacional o nada, es como que las autoridades del IOSPER le diéramos la llave del funcionamiento y de los recursos de la obra social a estos grupos y que conduzcan ellos”.

Marcó “el compromiso que asume la obra social constantemente y que cumple permanentemente, mientras por otro lado hay un grado de tenacidad en cuanto a los planteos que asustan”.

En ese contexto, se refirió a amenazas que recibió durante el conflicto y contó que “fue muy grave porque vino acompañado de algunos sectores políticos, con lo cual desde el punto de vista familiar no lo esperé nunca y tuve que solicitar custodia policial porque hubo amenazas de que ‘esto se arregla con tres tiros’ o ‘le ponemos una bomba’”.

“Estoy administrando una obra social que cerró con un presupuesto totalmente equilibrado, que sigue brindando servicios, pero todo se había desmadrado de tal manera que hace pensar que hubo un trasfondo que fue político y que vino desde mi ciudad, que es Gualeguay. Pero lo que más me dolió fue el ataque artero hacia mi familia, con riesgo en la integridad física, agravios e insultos”, reconoció. Y advirtió que “fue una cosa totalmente desmadrada que nunca pensé atravesar. A uno lo pueden criticar como presidente el Instituto, que lo maneja mal, que no hace buenas gestiones, que la obra social está mal administrada, pero ya involucrar agresiones e insultos a la familia, fue algo que todavía ha quedado secuelas en el entorno familiar”.

Ante ello, informó que efectuó una denuncia “a través del doctor Javier Ronconi, de Gualeguay, contra varias personas que tuvieron expresiones de este tipo, generalmente vertidas a través de redes sociales”.

Respecto de la posibilidad de volver a tener conflictos, Cañete admitió que “el riesgo está latente” porque “sentarse a negociar con la exigencia del nomenclador nacional, y acceder a eso es producir el descalabro de la obra social porque implica un incremento de hasta el 350% en los honorarios, lo que es inviable”. Sin embargo, aclaró que “IOSPER no tiene ningún tipo de inconveniente de sentarse –y es lo que estamos haciendo- a analizar el nomenclador propio de la obra social, y ver de qué manera se va readecuando –de acuerdo al impacto económico y a las partidas presupuestarias- para ir respondiendo a exigencias de algunos especialistas, pero con un criterio de racionalidad”.

En ese aspecto, planteó: “IOSPER es una obra social provincial que recibe menos recursos que las restantes obras sociales, no se lo puede comparar con las obras sociales sindicales, tiene aportes distintos, y la masividad que tiene la obra social la hace totalmente distinta”.

Como ejemplo, mencionó que “cinco sanatorios reciben la facturación del 60% de toda la facturación que hace la obra social; IOSPER representa la facturación de otras 84 obras sociales de la provincia” y alertó que “si hay criterio de racionalidad se podrá seguir trabajando sin inconveniente, pero si no hay racionalidad seguramente el conflicto va a sobrevenir nuevamente”.

“O dejamos sin servicio a los afiliados del IOSPER por evaluar el ingreso de 100 profesionales como los cirujanos y especialistas o se trabaja para los 2.200 médicos que nuclea la Femer”, refirió.

 Sobre la continuidad de la relación con Femer, el funcionario comentó que “desde el 22 de febrero el equipo técnico del IOSPER siguen trabajando y recibe a profesionales con distintas especialidades a los fines de analizar el nomenclador de IOSPER para ver qué se puede retocar y que se puede agregar de las solicitudes de cada especialidad”.

No obstante ello, agregó que “seguramente la semana que viene nos reuniremos con autoridades de Femer para ver de qué manera se va avanzando porque ambas instituciones queremos llegar a los 90 días con todo zanjado y tener la relación contractual resuelta de acá a fin de año”.

Puntualizó que actualmente “están vigentes todos los convenios, aunque en este momento se están analizando porque la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Acler) también presentó una carta documento solicitando la revisión del convenio, que no tenemos ningún inconveniente en sentarnos a negociar y ver en que podemos mejorar”.

No obstante, aseveró: “Lo que no voy a hacer nunca, y eso lo saben los prestadores, es que nunca voy a comprometer los recursos y el patrimonio de la obra social. Voy a otorgar todas las modificaciones que sean necesarias en tanto y en cuanto no se comprometan los recursos y le demos la mayor cantidad de beneficios a nuestros afiliados”.

“Porque acá se habla de plata, no de mejorar la salud; los profesionales se sientan acá para hablar de plata, no de mejorar la salud”, aclaró.

 Justicia

Sobre la situación de los empleados judiciales, Cañete recordó que “en 2015, la entonces presidenta del Superior Triubunal, Claudia Mizawack derogó una Acordada que habilitaba a magistrados, funcionarios y empleados a no aportar a la obra social, y a partir de ahí todos empezaron a aportar a la obra social”.

“Ayer nos reunimos Con la Asociación de Magistrados, al igual que hicimos con otros sindicatos, dándole una reseña de lo actuado en 2020, explicando el conflicto con la Femer y todas las propuestas que hizo la obra social”, acotó.

En ese marco, se explicó también el anuncio que hizo el gobernador de aportar el 0,5% que “es una inversión anual de 300 millones de pesos a la obra social, mientras que en tres meses –febrero, marzo abril- la obra social invirtió en el paquete prestacional 316 millones de pesos”.