Mediante la Resolución Nº 1.588/2020, el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER), Diego Lara, determinó la creación de una Comisión de Trabajo que  efectuará el estudio, redacción y sistematización de las normas reglamentarias de la Ley N° 10.550. La comisión está conformada por representantes de distintas áreas del TCER; que trabajarán de manera conjunta para una gradual implementación de lo normado por dicha ley.

El proyecto de ley por el que se planteó autorizar con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos constituidos y firmas digitales en todos los procesos administrativos que tramitan en el Tribunal de Cuentas tomó estado parlamentario en el Senado entrerriano en mayo de 2015 y se aprobó en mayo de 2017. Ese mes ingresó a Diputados y se convirtió en ley el 13 de diciembre de ese año.

El objetivo de la actual conducción del organismo es aplicar estas herramientas para lograr mayor eficacia y transparencia en la gestión pública, informó APF.

Al respecto, Lara indicó que “el desafío es mejorar los procesos, hacerlos más transparentes, más ágiles, que lleguen en tiempo oportuno y, fundamentalmente, mejorar la prestación de los servicios al cuentadante y al ciudadano, incorporando tecnología para simplificar el funcionamiento del organismo”. “Lo haremos desburocratizando, despapelizando e incorporando nuevas técnicas de control para facilitar la rendición de cuentas de los cuentadantes”, apuntó.

Lara destacó que el uso de estas alternativas tendrá “idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales o en soporte papel”.

Luego destacó: “Debemos trabajar en conjunto y sumarnos a las políticas que desde el Estado entrerriano se vienen implementando hace un tiempo mediante distintos programas; entre los cuales se encuentran el de despapelización, el de gestión documental electrónica y el de digitalización de documentación. Todos ellos, programas tendientes a la adopción de sistemas tecnológicos e informáticos con el fin de mejorar los procedimientos internos del Estado y agilizar los tiempos de las tramitaciones para la ciudadanía”.

Finalmente aseguró: “Esto nos permitirá mejorar la prestación de nuestros servicios, y posibilitará la optimización de los recursos, el resguardo y transparencia de la información, el reacondicionamiento de los archivos digitales existentes y un nuevo diseño para los que en el futuro se generen, entre otros beneficios; lo cual mejorará los procesos y facilitará la tramitación en tiempo útil”.

A modo de ejemplo, puede señalarse que en el caso de la notificación electrónica su uso tiene impacto tanto económico, en la reducción del costo de las notificaciones, y también temporal, en el acortamiento de los tiempos en los procedimientos administrativos y en juicios de cuentas en trámite ante el Tribunal de Cuentas.