El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó el trabajo que se realiza para determinar si la familia Etchevehere generó un perjuicio a la Escuela Agrotécnica de La Paz apropiándose de 56 hectáreas de tierras.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez Signes explicó que “la venta del frigorífico Santa Elena residual que no está en investigación”. “Cuando el frigorífico se estatiza y luego se privatiza queda un residual en la provincia, había una comisión liquidadora que tenía por objetivo revisar el pasivo y pagar los créditos que adeudaba y esto está sometido a las rendiciones que se hicieron ante el Tribunal de Cuentas, y desde allí no tengo ningún expediente en el que se haya observado algún tipo de operación en relación a las tierras, hay observaciones sobre pago de honorarios”.

Explicitó que “otra cosa distinta es la investigación que solicita el gobernador a raíz de un hecho de usurpación en ocasión de la venta, cuando se vende a Etchevehere una propiedad del frigorífico Santa Elena residual, y luego él se usurpa un sector de la escuela que, a su vez, estaba alquilado a una tercera persona que estaba haciendo unos cultivos. A través de terceros Etchevehere se apropia, rompe candados, se introduce en esa propiedad que era de la escuela y estaba alquilada y por ese hecho procesan a Luis Félix Etchevehere y a su hijo Juan Diego”.

Ante ello, aclaró que “eso es lo que estamos verificando desde Fiscalía de Estado y si el dominio de la escuela no sufrió alteraciones, es decir si no se produce un corrimiento de los límites de lo que había comprado Etchevehere en perjuicio de la escuela. Operación que se hizo a través de la Escribanía Mayor de Gobierno en su momento, con el escribano Galanti”.

Agregó que “eso tramitó en Fiscalía de La Paz desde el punto de vista penal pero desde el punto de vista administrativo me corresponde verificar cuál era el plano original de la escuela, cuál era la superficie y los límites según la mensura existente de la Escuela Agrotécnica N° 151, y si a raíz de este hecho se produjo algún tipo de corrimiento de los límites u otro perjuicio que no haya sido reparado”. “En caso de haberlos se reclamará el resarcimiento”, adelantó el fiscal.

Asimismo, dijo desconocer el argumento de los Etchevehere de un pago de 60.000 dólares a la escuela “como reparación” y sostuvo que ahora desde Fiscalía “se pidió el desarchivo del expediente para verificar si hubo un resarcimiento”.  Sobre ese archivo, indicó que “se extinguió la acción penal con la muerte de Luis Félix y al parecer su hijo Juan Diego obtuvo un sobreseimiento o una probation, y en el último caso, al cumplirla se extingue la acción penal y se archiva el expediente”.

Por otra parte, mencionó que “se trata de 65 hectáreas,  según la información que me dan verbalmente, pero yo necesito ver el expediente y hacer la verificación sobre el plano de mensura de la escuela”. “Aunque el expediente haya concluido, se hayan pagado sumas de dinero o lo que sea, quiero hacer la mensura y ver si los límites de la escuela están correctos. Si hay alguna  diferencia, habrá que obrar con algún tipo de acción para la restitución de la superficie, si es que hay alguna diferencia porque por ahora es todo hipótesis”, sentenció.

Sostuvo que “para la restitución lo primero que se hace es intimar a la otra parte a devolver inmediatamente y de lo contrario se hace una acción de reivindicación, no de expropiación porque esto sería propiedad pública de la escuela; pero siempre hablando en el terreno de la hipótesis por el momento”.

Asimismo, estimó que “el dinero que dicen haber pagado, pudo haber sido en el ámbito de la probation, pero es una reparación penal, no en el ámbito de la acción civil”.

En otro orden de temas, Rodríguez Signes se refirió a la reparación de más de 27 millones de pesos que se logró con la causa ATER y dijo que “es difícil de calcular el perjuicio inicial, por los intereses. De todas formas el resarcimiento es bastante interesante, porque se actuó bastante bien en esa causa”.