El abogado penalista Andrés Bacigalupo se refirió a la reglamentación de la ley de cannabis medicinal que trabaja el gobierno nacional para permitir el autocultivo y la venta de aceites cannabicos en farmacias.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Bacigalupo afirmó que la decisión del gobierno nacional “fue tomada como una noticia muy positiva por el movimiento cannabico, formado por la sociedad civil, asociaciones y representantes,  en el sentido de que se estaba esperando muchísimo antes de que estalle la situación de pandemia una regulación integral”.

Recordó que “a principios de año la ministra de Seguridad, Sabina Federic, ya había llamado a una mesa de diálogo y estábamos en trabajo de hacer una regulación legal integral que incluso contemple el uso responsable y adulto, asimilándonos a modelos como el uruguayo y el canadiense”.

En cuanto al planteo actual, consideró que “es una solución intermedia; estamos pasando a ser uno de los países que entra en la zona de la permisión; y generalmente los Estados entran en la regulación del cannabis con fines medicinales y esta reglamentación que propone el Ministerio de Salud es exclusivamente para auto cultivo y nuevas formas de distribución del cannabis solamente con fines medicinales”.

De todos modos, destacó que “la novedad es que hasta el presente la ley de cannabis medicinal sancionada en 2017 disponía en su artículo 8 la creación de un registro nacional de personas para poder auto cultivar en su domicilio, pero ese artículo de la ley nunca se había reglamentado y era una de las principales críticas de todo el cuerpo social”.

Ante ello, explicó que “esta nueva reglamentación que propone el gobierno es entrar por ese lado del articulado y directamente renovar toda la reglamentación anterior y también traer nuevas propuestas en el ámbito de la investigación del cannabis retirándole la exclusividad que le otorgaba la reglamentación anterior al INTA y al CONICET”. “De esta manera muchas agencias estatales como universidades y los laboratorios públicos –que era uno de los reclamos que venía haciendo la provincia de Santa Fe- ahora se sumarán y eso va a facilitar el acceso a la calidad del cannabis y en la forma en que se distribuye. El control de calidad es una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno en esta reglamentación”, admitió.  

En este contexto, el abogado destacó que “el gobierno mandó el borrador a una serie de asociaciones a nivel federal para que elaboren propuestas, pero el control de calidad era uno de los reclamos que venía haciendo la sociedad civil porque al desplazar al cannabis medicinal casero al mercado clandestino hubo una serie de estafas, con gente que se abusó de esta clandestinidad y creo que el gobierno se está haciendo eco de eso”.

“Además la cuestión de la calidad es muy importante en la producción de cannabis medicinal por el efecto séquito que producen los componentes cannabinoides, porque la planta medicinal del cannabis se compone de diferentes cannabinoides y cada uno de esos componentes  son recibidos por receptores del sistema humano y de ahí surge que cada cepa sirve para determinada patología”, explicó.

“Lógicamente cuando hablamos de cannabis medicinal debe haber un laboratorio y científicos al lado para que sea efectivo; de por sí los componentes del cannabis tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas pero es posible no dar con la cepa indicada, y de ahí es importante el control de calidad. Si el espíritu del gobierno en la reglamentación es llevar a la población a un acceso rápido y fluido del medicamento, las trabas que luego parezcan pueden ser removidas por otros medios”, aseveró.

Por otra parte, en cuanto a la injerencia en el accionar judicial referido a la temática opinó que “esto depende de los procuradores generales que implementan la política criminal en las Fiscalías; si en la reglamentación se establece que hay que estar registrado para el autocultivo medicinal y con la sola exhibición de historias clínicas y la incorporación en el registro ya basta, se reduciría en gran nivel la persecución a los usuarios”.

“También habrá una gran población de cannabicultores que lógicamente cultivan para consumo personal o son cultivadores solidarios para otras personas, que eso se contempla en la ley, y por eso aconsejaría a todas las personas que cultivan intenten, aunque les pese burocráticamente, efectuar estos trámites para tener unas herramienta más de legitimación su son allanados y poder lograr la devolución de las plantas”, concluyó.