A través de una nota elevada al Instituto de Pensamiento Penal del Colegio de Abogados de Entre Ríos el pasado 27 de mayo, dos abogados penalistas de la provincia presentaron una queja por la falta de recepción de los escritos enviados por correo electrónico “tramitados por ante los Juzgados de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, a cargo de los Dres Cecilia Bértora y Carlos Rossi, respectivamente”, indica la nota.

En el caso de Gualegucyhú, se trata del juez Carlos Rossi, quien enfrentó un Jury de Enjuiciamiento por el femicidio de Micaela García y fue absuelto del proceso de destitución al que fue sometido, por haber liberado al violador convicto Santiago Wagner a pesar de que los informes criminológicos psicológicos y psiquiátricos lo desaconsejaban.

En este caso, la queja de los Dres. Miralla y Vallejos apunta a que “dichas omisiones constituyen un disvalor para cualquier sujeto de derecho” pero aclaran que “es aún mayor el perjuicio para personas privadas de su libertad respecto puntualmente a la falta de tratamiento urgente de solicitudes procesales que pueden mejorar su condición o calidad de vida, como el caso en particular del beneficio de prisiones domiciliarias por motivo de COVID-19” para personas con riesgo de vida.

En el caso de Paraná aclaran que la situación no es igual que en Gualeguaychú “porque los pedidos fueron tramitados por vía presencial inicialmente y de modo electrónico a posteriori; a diferencia de Gualeguaychú donde por razones de impedimento reglamentario decretado por los Gobiernos naciones y provinciales sobre el traslado físico en rutas de ciudadanos, se efectuó desde el inicio de modo electrónico”, ya que en el mes de abril no se podía circular sin autorizacón por rutas entrerrianas ni ingresar a ciudades que no sean las de origen sin la debida excepción.

Así destacan que los escritos girados al Juzgado de Rossi en mediados de abril y reiterando solicitud de recepción y acuse de recibo a fines de ese mismo mes recibieron respuesta al respecto “recién en fecha 12/05/20" -y que hasta la fecha no ha sido resuelto por sí o por no-, y que además ese único aviso de recepción del escrito fue enviado por el Juzgado con base en "la insistencia de los múltiples y reiterados reclamos telefónicos de los abajo firmantes realizados incluso a otros Juzgados del fuero Civil de la Jurisdicción mencionada y del Ministerio Público Fiscal –de Gualeguaychú-, a fin de que ellos se comuniquen personalmente con los operadores judiciales específicos y le hagan llegar nuestro reclamo de respuesta judicial".

"Los teléfonos fijos del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú publicados en el portal del Poder Judicial nunca fueron respondidos”, destacan luego, consignó Apf.

En lo que representa un retardo o negación de Justicia, los letrados afirman que fue “a través de la gestión de buena voluntad de parte de los operadores judiciales extra fuero penal y de la Fiscalía local, quienes se comunicaron con el Juzgado de Ejecución", que lograron alguna mínima respuesta.

A renglón seguido afirman: “Es menester indicar que al no haberse incluido en el Reglamento N 1 de Presentaciones Electrónicas por parte del STJ al fuero Penal de la provincia, esta vía de comunicación Institucional de envío de mail a los informados en el portal del Poder Judicial, representa hasta la fecha la única forma disponible por los abogados penales para efectuar presentaciones fuera de la jurisdicción a la que pertenezcan, en el marco de esta Emergencia”, por lo que destacan la importancia de los acuses de recibos para la celeridad del trámite o los reclamos pertinentes, aclarando que las presentaciones enviadas a Gualeguaychú, “cumplían con el requisito de ser en formato PDF y contenían la firma de las partes solicitantes”.

Por último indican que éstas son “situaciones perjudiciales tanto para nuestros representados como para la profesión de la abogacía de modo eficiente y plena”, por lo que “nos vemos en la necesidad elevar el reclamo y solicitar la oportuna intervención del Instituto específico del Colegio que nos agrupa para que las evalúe, y en la medida de sus posibilidades actúe en consecuencia, mejorando así tanto al servicio de justicia en general como al trabajo de nuestros colegas en particular”, concluyen.