Paula Montefiori expuso ante senadores para el cargo de defensora pública

Montefiori

Paula Montefiori expuso ante senadores para el cargo de defensora pública.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, presidida por Lucas Larrarte (FpV-San Salvador), comenzó este martes a realizar las audiencias públicas a 18 postulantes a defensores públicos en el Poder Judicial entrerriano. Por la tarde, pasadas las 18.30, fue el turno de Paula Montefiori, propuesta como defensora Pública con competencia Penal Nº 13 de Paraná. Si bien todas las audiencias estaban siendo transmitidas por el canal de YouTube del Senado, transcurridos unos 20 minutos de la exposición de Montefiori la transmisión se cortó, y fue retomada cerca de las 19.30 con el turno de Yamila Antonella Frate. 

Al comienzo de la exposición dio cuenta de su actividad laboral actual y las capacitaciones que se encuentra realizando. También, tal como los otros postulantes, fue consultada sobre su situación patrimonial.

Recordó que renunció a la Defensoría N.º 11 que había ocupado interinamente: “Volví a mi cargo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, reanudé el ejercicio profesional y continuando el ejercicio de la docencia. Mi patrimonio esta constituido por el 100 % de la titularidad de un auto Honda Fit modelo 2015, que es mi auto personal, que fue adquirido cambiando un modelo anterior y con los bienes que percibía como defensora, y tengo el 50% de titularidad de una Ford S Max modelo 2014, que comparto con mi cónyuge”. También dijo tener dos plazos fijos, y no tener deuda tributaria. También destacó tener Categoría A en el sistema de perfil de riesgo de AFIP: “Que es muy bajo riesgo, y cuento con un informe de la UIF de que no hay movimientos ni operación sospecha respecto de mi persona”.

Al ser consultada sobre si conoce la Defensoría a la que postula, dijo que no esa en especial, pero refirió a su desempeño en la N.º 11: “Conozco el manejo propio de la Defensoría Penal en general porque trabajamos en equipo. En su momento cuando fui convocada por el doctor (Maximiliano) Benítez yo reunía todos los requisitos que la Constitución y el Colegio de Abogados exigían para los interinatos: había ejercido la profesión, soy especialista en derecho penal, y además había quedado en una terna en el concurso de jueza de ejecución de penas y medidas de seguridad. Por esos motivos el defensor me convocó con el advenimiento del nuevo sistema acusatorio para que pudiera participar hasta que se concursara” el cargo, registró ANÁLISIS.

Consultada por Larrarte sobre si considera que son “suficientes” los recursos para desempeñar las funciones que se requieren, señaló: “En cuanto a recursos humanos, mientras me desempeñaba había 2 o 3 personas administrativas en mesa de entradas y después una persona cada dos defensores; la mayoría de los empleados eran letrados por lo tanto era de inmensa ayuda, porque nos podían allanar el trabajo mientras participabamos de audiencias o en la elaboración de algún resumen técnico que después era completado por el defensor”.

“En cuanto a económicos, nunca son suficientes; y menos ahora, porque teniendo en cuenta que la mayoría de la población es atendida por la defensa pública y el aumento de la pobreza estructural, de acuerdo al informe del Observatorio Social de la UCA que determina que hoy el 35% de las personas son pobres. Ello repercute inmediatamente en el ejercicio de la defensoría y en materia penal, indirectamente en el aumento quizás del delito, y directamente en el trabajo de la defensoría. Por lo tanto, hay más trabajo”. Y agregó que, cuando ejercía como defensora, “el presupuesto era bastante limitado, había para algunos informes o estudios puntuales, pero debíamos pedir autorización, y en modo alguno manejábamos recursos económicos de ningún tipo”.

Le preguntaron si tenía postura sobre el proyecto que se refiere a dejar fuera del juicio abreviado a quienes cometen delitos contra la integridad sexual. Montefiori dijo que cada supuesto tiene que ser analizado en particular, requiriendo la opinión de la víctima en el marco del proceso.

 

 

Luego fue consultada respecto al juicio por jurados, y si opinaba que debía ser obligatoriedad o existir la renunciabilidad por parte del acusado a someterse a este sistema. “Me han invitado al Instituto del Derecho Penal del Colegio, y por mayoría creemos que el juez natural debe ser el jurado, pero que esto debe ser renunciable”, dijo. Y agregó: “Esa renuncia del imputado no puede estar supeditada a ningún tipo de consentimiento, ni al juez, fiscal, querellante o víctima, como es el caso de la provincia de Santa Fe, que tampoco estamos de acuerdo. De todas maneras, celebramos la propuesta del juicio por jurados”, dijo, aunque se pronunció porque el Poder Legislativo “dé un mensaje claro, porque después todos los resquicios que quedan o la oscuridad que queda en la norma va a ser resuelta por el poder judicial y este es difuso y va a generar opiniones contrapuestas”.

Según informó posteriormente un parte de prensa del Senado, Rogelio Schild (Cambiemos-Diamante) le preguntó sobre una investigación penal preparatoria iniciada en 2016 que terminó con una condena a su cónyuge, Juan José Canosa, ex titular de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer).

En tanto, ANÁLISIS pudo saber que Montefiori aclaró que esa condena “aún no está firme”, y “se determinó que no hubo ningún tipo de responsabilidad o daño patrimonial al estado”.

Seguidamente, se refirió a declaraciones del senador Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) realizadas en el programa A quien corresponda (Radio de la Plaza). Cabe recordar que el legislador se había excusado de participar en el pliego de la postulante.

Raymundo Kisser (Foto: ANALISIS)

Kisser criticó el nombramiento “de fiscales o jueces que tienen causas penales pendientes”. (Foto: ANALISIS)

“Quiero aclarar -sobre unas declaraciones en la prensa donde dijo que yo tendría que haber esperado para presentarme a rendir a que esta IPP se cerrara-, que yo me anoté a este concurso en febrero de 2017 y lo rendí en noviembre de ese año. Salí primera con 39 puntos sobre 40, fue el máximo puntaje en el Consejo de la Magistratura en el examen escrito, y tuve los antecedentes más altos. Y luego en la entrevista fui aplazada porque de 20 puntos me pusieron 6,50. Y, a propósito de lo que manifesté en la entrevista, un año después fui convocada a designar abogado defensor para controlar la prueba que se estaba produciendo (en la causa judicial referida), porque a mí se me estaba investigando desde diciembre de 2016 a pesar de que yo no estaba informada. Y como es una investigación de enriquecimiento estaban investigando también los bienes de la cónyuge, pero eso es todo”.

Por último, explicó que renunció al anterior cargo de defensora, en el cual era interina, por: “El grado de exposición que tenía, primero, mi marido, y que empecé también a tener yo; y por la confianza que me dio el defensor general consideré que era necesario apartarlo y no supeditarlo a ningún tipo de planteo o exigencia. Nadie me pidió la renuncia. Lo hice para estar más cerca de mi familia”.

Otras audiencias de la tarde

El primer postulante que expuso en la tarde de este martes fue Juan Hipólito Carlín, propuesto para ser defensor Público con competencia Penal Nº 10 de Paraná.

Dijo conocer la defensoría para la que ha sido propuesto y consideró que los recursos con los que cuenta la instancia son ajustados, y mencionó que en la capital entrerriana los defensores pueden acceder a alguna apoyatura técnica. “Hay una falencia en cuanto a la carrera administrativa dentro del poder judicial”, sostuvo Carlín ante los senadores.

Le pidieron datos sobre la intervención en Juicios Abreviados, y contó que desde 2017 menos de un 10 % han terminado en esa modalidad.

Respecto a su postura sobre el proyecto que propone dejar fuera de los alcances del Juicio abreviado a quienes hayan cometido delitos contra la integridad sexual, dijo “no estar de acuerdo”, ya que el juicio abreviado es un derecho del imputado. “Se trata de una salida válida en esos delitos, como el abuso, cuando es difícil que la persona que lo hizo asuma su culpabilidad. En el caso de la víctima, muchas veces no están de acuerdo con ir a un juicio público, para evitar la re-victimización”, añadió.

Indicó que, para mejorar los equilibrios dentro de los ministerios públicos, habría que pensar en reforzar las partidas presupuestarias para la defensoría, lo que ayudaría a mejorar el accionar.

Por su parte, Ángel Giano (FpV-Concordia) le consultó sobre su opinión en relación a la propuesta de implementar el Juicio por Jurados en Entre Ríos. Carlín explicó que conoce el proyecto y se mostró de acuerdo en sumar a Entre Ríos a las provincias que ya aplican ese mecanismo. “Necesitamos un instituto que traería un poco más de transparencia y habilita a la participación ciudadana en decisiones judiciales”, indicó. Se mostró contrario a la obligatoriedad propuesta, como opinión personal. “Tiene que ser un derecho y no llevar a la obligatoriedad”, agregó.

No estuvo de acuerdo a algunas de las posturas que ha hecho públicas el Procurador de la provincia, con respecto a los procesos de apelación. Brindó datos sobre posturas de la Corte Suprema y numerosos tribunales de diversos niveles que han dado muestras claras sobre el tema.

Luego fue el turno de José Gazali, propuesto para ser defensor Público con competencia Penal Nº 3 de Gualeguaychú. Dijo conocer aspectos generales de la defensoría en la que se desempeñaría en caso de alcanzar el acuerdo constitucional, estableciendo que sería necesario planificar obtener mejores espacios. Destacó que cada vez que se ha requerido apoyo de fondos, estos han sido remitidos para llevar adelante la tarea.

Como a quienes lo antecedieron, lo consultaron sobre su postura en relación al proyecto de juicio por jurados. Gazali sostuvo que es importante el sistema, sobre todo teniendo en cuenta la crítica que hace la ciudadanía al sistema judicial. “Es una idea saludable y democrática”, acotó. Agregó que no está de acuerdo con la obligatoriedad, ya que se trata de una garantía.

Seguidamente expuso Susana Eleonora Pompeya Alarcón, propuesta para ser defensora Pública con competencia Penal Nº 1 de Gualeguay. Sobre la estructura de la defensoría dijo que se requeriría “algo más”, ya que hay 4 personas en esa defensoría. Mostró que se trabaja correctamente, aunque sería importante mejorar los recursos humanos. En lo edilicio dijo que se está relativamente bien. “Se trabaja bien”, reiteró ante los legisladores, observando que “las mejoras pueden llegar en algún momento”.

Apareció la consulta sobre el proyecto que modifica el acceso abreviado en relación a los delitos contra la integridad sexual. “No estoy de acuerdo con el mismo”, contó, y comentó que muchas veces se aconseja que la víctima no pase por el debate, ya que se puede llevar a la misma a revivir todo lo que pasó, en una situación que se quiere dejar atrás.

También fue consultada sobre la aplicación del Juicio por Jurados en Entre Ríos y brindó su postura en favor al mecanismo que se aplica en la provincia de Buenos Aires.

A continuación expuso Montefiori, y luego quien fuera propuesto para ser defensor Público N° 1 de Concordia, Diego Carlos Ponce, quien actualmente es defensor Suplente en la Defensoría de Pobres y Menores Nº 1 de dicha ciudad desde 2009.

El doctor Ponce dio detalles de toda su trayectoria en el Poder Judicial y respondió sobre su situación patrimonial y fiscal. Como quienes lo antecedieron respondió sobre si los recursos con los que cuenta son suficientes para llevar adelante su tarea. Mostró que es una necesidad del espacio físico para mejorar el desenvolvimiento, lo que ya ha sido transmitido al defensor del Superior Tribunal de Justicia para buscar soluciones. Dijo que la relación con el Copnaf es buena a la hora de llevar adelante el trabajo.

Yamila Frate fue propuesta para ser defensora Pública 6 de la ciudad de Concordia, y fue la siguiente expositora. Desde 2015 es defensora interina en la Defensoría de Pobres y Menores Nº 9 de Paraná. Indicó que hace 15 años que se desempeña en la defensoría, desde que cursaba el segundo año de la carrera de abogacía. Dio detalles de su patrimonio y su situación fiscal. Indicó que conoce el lugar donde desempeñaría su cargo, y adelantó que tiene pensado radicarse en Concordia.

Elogió los alcances del programa La Justicia va a los Barrios, como “herramienta que permite acceder a sus derechos y conocerlos a muchas personas humildes”. Lo consideró un modo de vincular al judiciable con el funcionario judicial y allanar el camino al acceso a la justicia. Adelantó además algunos de sus planes para desarrollar en Concordia en caso de recibir el acuerdo constitucional.

La última audiencia de la jornada fue de Miriam Larocca, propuesta para ser defensora pública 5 de Concordia. Actualmente en la Defensoría de Pobres y Menores de Chajarí. Agregó que ya está trabajando de manera interina en la ciudad de Concordia. Se mostró orgullosa de su carrera en la Justicia entrerriana y comentó tareas desarrolladas para atender a sectores vulnerables.

Consideró que la estructura con la que cuenta la defensoría es correcta. “Funciona bien”, dijo, y agregó que hay que “pensar a futuro para mejorar y poder capitalizar la formación que muchas veces se hace de los recursos humanos”. Hizo una mención a la necesidad de espacios físicos adecuados para llevar delante de mejor manera la escucha de las personas.

Las audiencias de la mañana

Las audiencias habían comenzado este martes por la mañana. El primero en exponer fue Tulio Fabián Rodríguez Signes, propuesto para el cargo de defensor Público Nº 7 de Paraná. Actualmente es defensor Público Interino Nº 15 de la capital entrerriana.

Consultado en relación a los recursos con que cuentan, el postulante indicó: “Creo que de mi parte no podría yo manifestar si realmente tenemos todos los recursos, seguramente se verá reflejado en el trabajo diario, y las estadísticas podrán reflejarlo. De todas maneras entiendo que los recursos humanos y materiales, creo que son óptimos hoy en día; y tampoco podemos pretender más, porque pienso en lo que son las ciudades del interior de la Provincia, y comparando tenemos recursos que exceden los de ellos. Además tenemos una normativa que la provincia de Entre Ríos que está muy actualizada y posicionada, y quizás el tema de los recursos, es un tema que compete más a la Defensoría en general”.

Indicó además: “Con el COPNAF, en lo personal tengo muy buena relación y si tengo que contactarme lo hago; por supuesto que siempre hay cosas que mejorar. Todos cometemos errores, pero la dedicación y el trabajo de los profesionales es muy buena, y no he tenido inconvenientes con nadie de ahí”.

Por último, en relación a la reglamentación dictada recientemente sobre el abogado del Niño, y su opinión a partir de la cual un niño debe ser asistido por un letrado, manifestó: “Desde la normativa de la Convención Interamericana por los Derechos del Niño para acá, se vienen hablando y regulando en los distintos ámbitos; por mi experiencia, he tenido muy poca actividad que requiera del abogado del niño”. Se refirió a la importancia de una “autonomía progresiva, donde los jueces tienen la potestad de verificar si el niño o la niña tienen la capacidad de entender y requerir la asistencia de un abogado; es positivo. Son derechos que se van adquiriendo, poniendo a tono con los organismos con otros países y Corte Interamericana, pero hay que saber utilizar la herramienta”.

Seguidamente fue la audiencia de Gaspar Ignacio Reca Ríos, postulante a defensor Público con Competencia Penal Nº 5 de Paraná, quien actualmente ejerce como defensor Auxiliar Nº 8 Interino.

“Sería ingrato si digo que en Paraná no contamos con los recursos humanos y materiales, si nos comparamos con las defensorías de interior de la provincia. Desde ya que sería deseable contar con una estructura más importante como tiene Neuquén, con investigadores propios, formados en carreras universitaria que se cursan allí. Por un lado, la Fiscalía cuenta con todos los recursos para la investigación y nosotros no los tenemos, pero no me quejo, no obstante sería deseable contar con ellos”, expresó.

En otro , respondió al sistema de Juicios por Jurados, y señaló: “Las reformas que se pueden implementar al sistema de enjuiciamiento debería crear un tipo de alertas; el Juicio por Jurados es la máxima expresión del enjuiciamiento penal, entendido como contienda de parte. Esa teoría del caso requiere que la defensa del caso cuente con los recursos necesarios para el desarrollo, y que el Estado pueda garantizarlo. El Juicio por Jurados debería hacer los mayores esfuerzos para esa efectiva ‘igualdad de armas’”.

Larrarte le consultó además si tiene que ser obligatorio el enjuiciamiento por jurados, a lo que Reca Ríos opinó: “Debería ser renunciable”, y agregó: “Creo que el principio del proceso penal es el imputado; una garantía del imputado. Y el Juicio por Jurados es trasladar a la práctica ese juicio previo”. Asimismo, mencionó: “El carácter novedoso de este Instituto, y por eso deberemos ir paso a paso, dándole esta opción de poder renunciar, y que con los años el Instituto vaya ganando confianza”.

Por último, manifestó: “Entiendo que es una definición política que se le de el carácter de renunciable, y se le va a dar legitimidad al imputado”, y añadió que, al ser una decisión propia, “el fallo será incuestionable y no podrá objetarlo”.

El abogado Ignacio José Mullor se presentó como candidato a Defensor Público con Competencia Penal Nº 12 de Paraná. Se desempeña como defensor temporario/interino, en la Defensoría de Ejecución de Penas de Paraná desde 2014 a la actualidad.

El postulante luego de dar cuenta de su patrimonio, se explayó sobre el ámbito en el cual se desempeñará, la cual se encuentra abocada al sistema carcelario y a las personas condenadas: “Estuve desde la creación de la misma hace cinco años”.

“He visto cómo se ha incrementado la población carcelaria, y solo se han creado dos cárceles nuevas; el deterioro es constante, y el esfuerzo del servicio penitenciario también”, analizó. En este sentido, subrayó que se triplicó la población carcelaria, y el estado de las cárceles salvo las últimas construidas, a las cuales resaltó por su buen estado, “está bastante mal”, por lo que “se torna muy difícil de abordar, este aumento tan grande no vino de la mano de la creación de cargos penitenciarios, y eso lleva a que no haya tanta prevención”, observó. Asimismo, completó: “El hacinamiento conlleva problemas y el interno tiene menos posibilidades de actividades y lleva a más conflictos”.

Consultado por el senador Larrarte sobre el porcentaje en la provincia de internos con sentencia y sin sentencia, confirmó que hay “un 90% penados y el resto con prisión preventiva, y a nivel país es buen número”.

En cuanto a los recursos de la Defensoría, señaló: “La estructura es fuerte, pero a nivel Defensoría algunas cuestiones cuestan más abordar, como entrevistas directas, y visitas a unidades del interior, harían falta más instituciones en el interior”.

El senador Beltrán Lora (Cambiemos-Nogoyá) lo consultó sobre la aplicación de la ley de narcomenudeo, a lo cual el postulante respondió que “en los hechos son pocos los internos que han entrado por narcomenudeo, y hasta se han buscado alternativas a la cárcel por la adicción”.

Arnoldo César Ceferino Lobbosco siguió luego en orden de audiencia pública. Fue propuesto como candidato a defensor Público Nº 14 de la ciudad de Paraná. Tras dar cuenta de su patrimonio actual, el abogado hizo referencia a la Defensoría en la cual se desempeñaría. “Los recursos tanto humanos como económicos son suficientes para desarrollar las actividades en estos momentos”.

El senador Larrarte lo consultó sobre la figura del abogado del niño, sobre lo cual manifestó: “Vino a cumplimentar lo que establecían los pactos internacionales, estoy de acuerdo con la designación y en todas las etapas se puede implementar”.

En cuanto al programa la Justicia va a los barrios, opinó: “Me parece muy acertado, en este período de mucha conflictividad, se allanan los caminos a personas que no pueden recurrir a la Justicia por diversos motivos”.

Por otra parte, en cuanto a la relación entre la Defensoría y el Copnaf, consideró que “la misma tiene que ser directa, con diálogo, y ese es el mecanismo, el trabajo en equipo”.

Por último, y sobre la relación entre el defensor y los medios de comunicación, expresó que “la relación debería ser buena, pero atento a los casos principalmente que involucren a los menores”.

Seguidamente, expuso Juan Ignacio Lazzaneo, postulante para el cargo de defensor Público con competencia Penal Nº 5 de Gualeguaychú.

El profesional se explayó sobre sus actividades académicas y laborales en la actualidad, y su patrimonio. Sobre la Defensoría N° 5, explicó que la característica es la ejecución penal. En cuanto a la situación de las cárceles, manifestó: “El sistema acusatorio ha traído una suma de personas privadas de la libertad y en las cárceles están hacinadas, lo que hace pensar en un estado de alerta, y hasta de catástrofes carcelarias, donde hubo ya un antecedente hace poco donde murieron seis personas”.

“Argentina recibió una condena por la situación carcelaria, y me lleva a pensar que si bien estamos haciendo lo posible para mejorar, no bastan los recursos tanto materiales como humanos para los estándares mundiales que se demandan”, completó.

En cuanto a porcentajes, Lazzaneo indicó que la provincia debe ser una de las que tiene menos presos sin condenas, es decir con prisión preventiva. “En la unidad de Concordia que visito periódicamente, que tiene unos 350 presos, son unos 40 con preventiva”, detalló.

En cuanto a políticas de género, el postulante dijo que trabaja en ello en una tesis para la Universidad de Barcelona. “Actualmente hay 5 o 6 personas pertenecientes al colectivo y se aplica la ley de identidad de género, y es que la persona se identifique dónde residir en las cárceles y se les insta a cambiar su DNI; en mi tesis planteo y critico cómo dentro del sistema penitenciario no existen protocolos de actuación frente a la situación, como en el tema requisas, que son invasivas a la personas”, comentó.

Para finalizar, en relación al proyecto sobre Juicio por jurados, el abogado indicó: “La posición que tengo es que es un derecho renunciable del imputado y es una garantía para el mismo”.

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