En el recinto de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles la Asamblea Legislativa para tratar el veto total del Poder Ejecutivo, a través del decreto 2318 del 5 de agosto, al proyecto de ley por el cual se regula el procedimiento de contrataciones del Estado provincial, sus entes descentralizados, autárquicos y empresas del Estado, cuando revisten el carácter de alta significación económica. Tras el debate, se realizó la votación nominal. El presidente de la Asamblea aclaró que el voto por la negativa es aceptación del veto del Poder Ejecutivo. En este sentido, hubo 28 votos, mientras que 17 legisladores votaron por sostener el proyecto.

Presidió la Asamblea el Vicegobernador, Adán Bahl, y junto a él estaba el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri. Asistieron los secretarios de ambas Cámaras, Nicolás Pierini (Diputados) y Natalio Gerdau (Senado).

Debate

Se tomó asistencia y estuvieron presentes 45 legisladores en representación de ambas Cámaras y promediando la sesión se sumó un senador más.

El de este miércoles fue el tercer llamado previsto en el trámite constitucional. Los dos anteriores fracasaron por no reunirse el quórum suficiente.

El timbre comenzó a sonar a las 16 y poco después se completó el quórum del tercio previsto en el artículo 107 de la Constitución entrerriana. Con el ingreso del oficialismo, comenzó la sesión.

Se dio por aprobada el acta de la sesión anterior, e inmediatamente el secretario del Senado presentó los antecedentes que desembocan en la actual reunión plenaria, dejando en claro el fracaso de los dos llamados anteriores.

Tomó la palabra el senador Ángel Giano (FpV-Concordia), quien pidió que se obvie la lectura del decreto 2318, de veto total, lo que fue aprobado. Se hizo uso, en esta ocasión, del reglamento de la Cámara de Senadores.

Resta una última sesión para que pueda tratarse el veto de Bordet, sino quedará firme.

Control a las contrataciones: se cayó una nueva sesión de la Asamblea Legislativa

Inmediatamente el vicegobernador puso a consideración el decreto 2318, y dio a conocer los mecanismos acordados en la reunión de labor parlamentaria sobre el modo en que las diversas expresiones políticas presentes fijarían sus argumentos y posición.

Giano dio a conocer la postura política de sus representados. “Nuestro bloque acompaña y considera oportuna el veto del gobernador de la provincial al proyecto de ley”, dijo, agregando los alcances de las facultades constitucionales que avalan el accionar del Ejecutivo.

“Se trata de un principio básico republicano. Se promulgan leyes y también se vetan”, explicó y destacó el accionar del gobernador en cuanto a la transparencia que guían sus actos administrativos. Recordó el derrotero del proyecto de ley que se refiere a una manda constitucional, como es las contrataciones de alta significación económica.

Reconoció que, más allá del esfuerzo de las Cámaras, se omitió parte de lo establecido en la carta magna, cuando dispone el marco para la ley. Luego presentó aspectos técnicos sobre el funcionamiento de la Contaduría General y del Tribunal de Cuentas.

Hizo una mirada a la forma en que fue redactado el artículo 1 del proyecto vetado, que podría llegar a invadir atribuciones propias de la Contaduría.

Otra omisión fue no hacer referencia expresa, al momento de definir grandes contrataciones, a las regidas por la ley de obras públicas, y solo se hizo referencia a las reguladas por la ley de administración financiera. “Es una omisión que dejaría fuera de los alcances del control a muchas contrataciones”, puntualizó.

Legisladores de Cambiemos volvieron a criticar el veto sobre contrataciones

Adelantó que se está trabajando en un nuevo proyecto de ley sobre el tema, donde quedará claro el tema de los plazos, por la necesidad de la celeridad de algunos actos en la administración pública. “No poner plazos puede llevar a detener la marcha de temas importantes”, explicó, reiterando que el “veto es oportuno, y nuestro bloque va a mantener lo dispuesto por el gobernador, porque las omisiones implican que este proyecto puede verse afectado en su aplicación”.

Resaltó otra vez que la de Entre Ríos es una de las administraciones que mejores índices de transparencia tiene a nivel país.

Desde la oposición

“No salimos del asombro”, sostuvo el senador Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná), al explicar el motivo de esta Asamblea Legislativa. Consideró que el veto “intenta desconocer un proyecto de ley sancionado por unanimidad en ambas Cámaras”.

Sostuvo luego: “Los legisladores no nos equivocamos cuando sancionamos esta ley” y destacó que el proyecto tiene origen en un decreto que desconoció una acordada del Tribunal de Cuentas referida al artículo 213 de la Constitución Provincial.

En el decreto 820 de 2017 donde desconoció lo dictado por el Tribunal de Cuentas, se comprometió a mandar un proyecto, que fue la base de lo tratado por la Legislatura, se informó. Destacó la postura del Constitucionalista de 2008 que amplió el margen de control e intervención del Tribunal de Cuentas.

Recordó que el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, recibió media sanción, al Senado, pero en esa situación aparece uno nuevo, que recibió media sanción y finalmente diputados le hizo modificaciones que fueron aceptadas en una nueva revisión y finalmente resultó aprobado.

Mencionó que se podría hablar –criticando al Ejecutivo- la “violación de los actos propios”, recordando el origen del proyecto y explicó la sorpresa ante el veto. “Nada de lo que dice en el decreto se dijo al momento en que se enviaron los proyectos a la legislatura”, observó y lanzó: “Hay algo que nos llama a sospecha, nos llama la atención de la razón del veto del proyecto”.

“No quieren que se lo controlen”, resaltó y recordó los dichos del gobernador ante la legislatura sobre qué actitud iba a tener en relación a los actos transparentes de sus funcionarios y fustigó que haya hoy día funcionarios procesados.

Dijo que la postura del bloque es rechazar el veto y lamentó que no se avance en la designación de un Defensor del Pueblo y a la falta de designación de la Cámara de Diputados de dos miembros que deben ser parte del Tribunal de Cuentas. “Vamos a luchar para que al gobierno se lo controle”, afirmó.

Hizo menciones a la corrupción en los actos de gobierno y puso reparos a los alcances del instrumento tratado, considerándolo como un mecanismo para evitar el control.

“El veto es un atropello a los entrerrianos, porque nos merecemos un control más estricto de los actos del Estado”, reflexionó e hizo mención a la situación de un grupo de viviendas construidas en el departamento Paraná.

Propugnó en favor del rechazo al veto a un proyecto “que puede ser perfectible en el futuro”.

Fue el diputado Esteban Vitor (Cambiemos) quien fijó postura de su bloque. Calificó al proyecto de “autoveto”, porque no tuvo muchas modificaciones el proyecto contenido en el expediente que tanto circuló entre las Cámaras.

“El proyecto es un buen proyecto”, defendió, “y si hay algo que no estaba contenido, estaba la posibilidad del veto parcial”, explicó.

Agregó que “el veto es una excusa para evitar el control en las adjudicaciones”. No coincidió que hubiera superposición de funciones en organismos de control constitucional, sino que se trata de controles con distintas miradas.

Después repasó los considerandos del decreto 2318, manifestando que se hay errores conceptuales, basando su argumentación en los dichos del Constituyente en el 2008, que apuntó a mejorar los controles de los actos del Estado mediante un sistema de “control concomitante”. Lo hizo leyendo dichos del doctor Julio Federik en aquél entonces.

“Es claro que los legisladores apuntaron al principio de coordinación y responsabilidad entre los organismos de control”, sostuvo Vitor.

Después se refirió a un documento de la Contaduría General donde fijó su ámbito y límites de actuación. La leyó en parte y con ello volvió a rechazar los alcances del veto. El legislador superó los diez minutos establecidos en Labor Parlamentaria y fue solicitado el cierre desde la presidencia.

Diputados oficialistas

El diputado Diego Lara adelantó su adhesión a los argumentos del senador Giano. Ensalzó el sistema que rige en la provincia en cuanto al diseño de los controles sobre el Estado Provincial, con seguimiento interno y externo en relación a los gastos, a lo que se suma la Fiscalía de Estado, que se ocupa el control de legalidad.

Mencionó que el Constituyente, en 2008, al referirse a las contrataciones de Alta Significación, quedó claro que tiene que existir una ley para darle una intervención al Tribunal, no de control, sino que se trata de lograr que tome conocimiento y eventualmente formule observaciones, “pero para nada puede ejercer control de legalidad, lo tiene que controlar al gasto en forma posterior”.

“No está mal reconocer que nos hayamos equivocado en algunas cosas”, afirmó el diputado, refiriéndose a un tiempo de reflexión que permite la aparición del veto.

Arriesgó: “Tal vez faltó consultar a la Contaduría General de la provincia, para que juntes elaboremos la mejor ley, y el decreto nos abre el camino para trabajar en una ley integral del Tribunal de Cuentas, con una nueva integración del organismo”, citó a modo de ejemplo de los pasos a seguir.

Por último, Lara afirmó que “el sistema está funcionando y Kisser no tiene autoridad ni política ni moral, sin tener una medida integral en esta Argentina que se está derrumbando. Les digo a los legisladores de Cambiemos que es fácil ser bueno, pero es mejor ser justo”, y concluyó.