Ese trámite se había programado para el 4 de julio último. Luego, se aplazó para el 25 de julio. Después para el 1° de agosto. Pero no ocurrió nada en ninguna de esas fechas. Más tarde, se fijó la audiencia para este 2 de septiembre, consignó Entre Ríos Ahora.

La audiencia de apelación por el embargo por $3.000 millones dispuesto sobre la treintena de imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, y que según la Procuración habría provocado un desfalco al Estado del orden de los $2.000 millones, se hará ante la camarista María Carolina Castagno.

El 12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de $ 2.000 millones con más la suma de $1.000 millones en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso”. La medida alcanzó no sólo a los imputados, sino también a sus cónyuges.

Esa decisión fue apelada por los defensores de los imputados, aunque la resolución a ese planteo ha venido siendo demorado,  así también se ha postergado la anunciada remisión a juicio de la causa, que en principio iba a ocurrido entre marzo y abril de este año.

No ocurrió esa remisión a juicio porque la causa tiene muchos cabos sueltos.

Tampoco prosperó de momento un anuncio que hizo el jefe de los fiscales.

El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, anunció la decisión de dividir la causa en dos, y enviar a juicio en una primera fase a los mandos intermedios, y en una segunda instancia, avanzar sobre los responsables políticos de la operatoria de recaudación de cifras millonarias -se habla de un perjuicio al Estado de $2.000 millones- a través de contrataciones ficticias de personal.

Por ahora, la Justicia debe resolver una medida cautelar dispuesta: los millonarios embargos a los imputados.

Entre los embargados se encuentra Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Alejandro Almada, empleado del área contable de la Cámara de Diputados; Sergio Cardoso y Gustavo Pérez, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados y exdirector de la misma área pero del Senado, respectivamente; los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena,  Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

En mayo intervino en la causa el juez de Garantías Mauricio Mayer y morigeró lo resuelto por Barbagelata: dispuso  oficiar a las entidades bancarias que se retenga sólo el 20% del sueldo de los imputados, tal como lo establece la ley.

La Fiscalía de Estado se incorporó a la causa

Se espera que en la audiencia de este lunes se conozca la posición del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que se incorporó como actor civil para defender los embargos dispuestos.

En julio último, la Fiscalía de Estado solicitó que los embargos sobre los imputados en la caua de los contratos truchos se mantengan, pero ese pedido fue rechazado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, ya que no se había constituido como actor civil. La magistrada explicó que es el “único carácter en el que podría tener legitimación (la Fiscalía de Estado) para formular peticiones del tenor de la analizada”.

Fue entonces que la Fiscalía de Estado  se presentó ante la camarista Castagno, quien admitió su incorporación en el legajo caratulado “Beckman Flavia Marcela-Scialocomo Esteban Ángel Alberto-Álvarez María Victoria s/ estafa”.

La investigación

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.