Toda investigación que se jacte por sus resultados necesita un mínimo de buena fortuna. Y la que puso bajo la lupa a una organización transnacional con eje en Oliveros la tuvo el mediodía del lunes 24 de agosto de 2020 en un camino rural de Cañada de Gómez. Fue minutos después de que una camioneta con tres personas, que estaban detrás de una carga de droga, volcara. En el incidente murieron Mauricio Santos, de 37 años y oriundo de San José de la Esquina, y el rosarino Guillermo José Díaz, de 56. El chofer de la camioneta, un hombre de 30 años domiciliado en barrio La Lagunita, sobrevivió. Pero, cuando los gendarmes llegaron a la escena se toparon, además de los cuerpos de los muertos, con sus celulares. Ese fue el punto de partida que expuso la operatoria de una banda que comercializaba droga desde Bolivia, Perú o Paraguay, que “bombardeaba” campos en Santa Fe, que luego la distribuía en el país o la exportaba a través de la Hidrovía, y lavaba sus activos generando o comprando empresas con fisonomía legal.

A partir de una serie de 38 allanamientos realizados por efectivos de la Sección Antidrogas “Rosario” de la Gendarmería Nacional la operatoria de una aceitada organización quedó al descubierto. Los allanamientos se realizaron en Rosario, Funes, Roldán, Álvarez, Carrizales, Cañada de Gómez y Venado Tuerto. Es una causa en la que trabajaron en conjunto los fiscales federales Adriana Sacone (Federal 3), Diego Iglesias (Procunar) y Juan Agustín Argibay (Procelac), consignó un informe del diario La Capital de Rosario.

El lunes 24 de agosto de 2020 gendarmes persiguieron una camioneta que esperaba una carga de droga. La chata volcó y hubo dos muertos.

Un expediente en el que se incautaron tres avionetas con matrículas y banderas adulteradas que pertenecían a la banda. Dos Beechcraft Baron que fueron incautadas en el hangar de Oliveros y un Cessna 210 fue hallado con el tren de aterrizaje y hélice rota en un hangar en la zona rural de la comuna de Carrizales. Además, fueron secuestrados 25 vehículos, en su mayoría taxis; dos motos, 68 teléfonos celulares, cinco armas de fuego, 5 millones de pesos argentinos; 39 mil dólares; 18 computadoras, entre otros elementos y documentación de interés para la causa.

Catorce personas, entre ellos cuatro ciudadanos colombianos, quedaron a disposición del juez federal Carlos Vera Barros por infracción a las leyes 23.737, de estupefacientes, y la 25.246, por lavado de activos. Los colombianos -un piloto, un copiloto y asistente mecánico, un ingeniero aeronáutico, un mecánico de avionetas- fueron capturados dentro del hangar privado en Oliveros.

En el área de la ley de lavado de activos la investigación puso bajo la lupa las siguientes sociedades que, según entienden los fiscales, fueron compradas o montadas para pasar de negro a blanco el dinero generado por la venta de drogas. Las empresas son Vorterix SA de Rosario y Mar del Plata; Taxideral SRL; Remitaxi SRL; VyA Digital SRL; Tres Cuatro Uno SA; Emprendarq SRL; Muchamerde SRL, Lenny Kravitz SA, Bioreciclados SA y Glycine Max SRL.

Los fiscales requirieron cautelar los bienes registrados a nombre de las mencionadas y le dio parte al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Fe; al Registro de la Propiedad Inmueble de las Provincias de Buenos Aires y Córdoba (en los términos de la ley 22.172); al Registro de Buques; a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, al Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Nacional de Valores.

Lo que examinan los investigadores es la inserción del grupo narco internacional con enlaces locales para blanquear, en empresas y comercios de Rosario especialmente, las ganancias de la actividad ilícita.

Desde el cielo

El mediodía del lunes 24 de agosto de 2020 tres gendarmes que esperaban apostados en un Citroën Berlingo una avioneta que “bombardeara” un campo en inmediaciones del kilómetro 365 de autopista Rosario-Córdoba, a la altura del ingreso a la ciudad de Cañada de Gómez, se toparon con dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, que al verlos fugaron.

Los gendarmes persiguieron la Hilux blanca por un camino de tierra, conocido como de Simonit, que une Cañada con Casilda. El conductor de la Hilux, Javier Maximiliano M., de 30 años, realizó una mala maniobra y volcó. Cuando los gendarmes llegaron lo encontraron mal herido. A unos diez metros de la camioneta, en un zanjón, estaban los cuerpos de Mauricio Santos, oriundo de San José de La Esquina, y del rosarino Guillermo José Díaz. Y entre sus ropas sus celulares, publicó el diario La Capital de Rosario.

A partir del peritaje de esos aparatos, sobre todo el de Santos que era un engranaje importante con llegada al líder de la organización, nació la causa en cuestión. Para los investigadores Santos cumplía “un rol operativo y de coordinación” tanto en relación a las “distintas maniobras ligadas al narcotráfico, así como también a aquellas vinculadas con la puesta en circulación en el mercado de los bienes ilícitos obtenidos como consecuencia de dicha actividad”.

Así surgió un entramado de contactos y conexiones entre propios y otros personajes relacionados con otras causas como por ejemplo Sebastián Osvaldo Romera, Jorgelina Verónica Galligani y Gustavo Daniel Núñez, procesados por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico a partir del secuestro de 391 kilos de cocaína de máxima pureza distribuidos en 369 panes escondidos en junio de 2021 en el interior de una camioneta BMW X5 estacionada en una cochera de Garay al 2100 de Villa Gobernador Gálvez. Droga que llegó a la provincia en un bombardeo desde una avioneta en inmediaciones de la localidad de Larrechea, a 400 kilómetros de Rosario.

Los investigadores supieron de la operatoria de las avionetas a partir de un trabajador rural que contó que una avioneta sobrevolaba dos veces al mes aquella zona y descargaba droga en un campo cercano. La banda de Romera estaba conectada también a Diego Fabián Cuello, apuntado como proveedor de la banda de Los Monos y condenado junto otros integrantes la organización nacida en barrio La Granada a la pena única de 12 años.

Así dieron con una organización criminal, integrada por al menos 18 personas, dedicada al tráfico de drogas en grandes cantidades, que ingresaban al país desde países fronterizos a través de la utilización de avionetas de pequeño porte con las cuales se llevarían a cabo el traslado de la sustancia por medio de tránsitos aéreos irregulares. Para los investigadores la banda operó al menos desde agosto de 2020 hasta la actualidad. Pero no fue sólo el tráfico de drogas.

La investigación también verificó que la organización desplegó maniobras de lavado de activos de los recursos generados por la venta de droga valiéndose de la utilización de diferentes empresas y negocios de apariencia licita con el fin de introducir en el sistema económico legal las ganancias obtenidas por el tráfico de estupefacientes.

El country y la pista

La ingeniería de la investigación puso en el radar a “Campo Timbó”, un country que se encuentra sobre el kilómetro 354 de la ruta 11, en Oliveros, y de una pista de aterrizaje con hangar que está a unos 1500 metros del barrio cerrado, según explicaron sus vecinos. La pista de aterrizaje, aduce el expediente, se encuentra señalizada como “Aeródromo Privado” y tiene el logo de “Campo Timbó – Club de Campo y Golf”. Ese es el punto, para la investigación, desde donde operaban las tres avionetas que fueron incautadas en el operativo de Gendarmería y que son propiedad de personas que están dentro de la investigación.

En una de las escuchas judicializadas, la estrella de este tipo de investigaciones, quedaron grabadas conversaciones mantenidas por el fallecido Santos con un hombre “con acento característico de Perú o Bolivia” que residiría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), con quien coordinó en varias oportunidades la compra de cocaína en 5.400 dólares por kilo. El vendedor justificó el precio “en función de los gastos de logística” que se debían pagar.

En otro de los diálogos, uno de los pilotos se jactó diciendo: “ayer lo cargamos (a la aeronave) con 580 kilos”, en aparente referencia a un posible traslado de drogas realizado de noche, mediante el uso de instrumentos. En el expediente los fiscales destacan que esta estructura criminal se movió conforme a “roles previamente acordados” con el objetivo del redito comercial de la droga que movían y que introducían al país en avionetas y que arrojaban “principalmente en campos ubicados en las cercanías de la localidad de Rosario”.

El método utilizado por la banda para recibir la droga era el bombardeo, que consiste en arrojar los bultos de cocaína o marihuana desde una avioneta que planea a baja altura hacia un campo determinado y marcado con coordenadas de GPS para que en tierra los transeros pudieran recoger la mercancía. Una vez que la droga está en tierra la evacúan en vehículos, preferentemente camionetas, y la almacenan para luego proceder al transporte y distribución.

Manual de blanqueo

En la investigación también destacaron que “se advirtió que intervendrían en diferentes actividades comerciales lícitas para ingresar el dinero o los bienes provenientes del narcotráfico, con el objeto de darles apariencia lícita y lograr su reutilización”. Además, destacaron “la magnitud de la estructura ilícita” de la organización. Todo bajo el liderazgo de una sola persona, identificada y prófuga, “quien se habría ocupado de controlar la logística de las operaciones atribuyendo roles, distribuyendo las tareas (administración de los medios humanos y materiales) y disponiendo condiciones que permitieron el desarrollo de los hechos”.

La pesquisa aclara que el dinero fue blanqueado con “la explotación de taxis, locales gastronómicos, compra y venta de rodados y la organización de eventos, pero que serían utilizados con el fin de ingresar al sistema financiero las ganancias obtenidas a raíz de las maniobras criminales”.

Entre las sociedades bajo la lupa está una planta de biodiésel que primero fue montada en la ciudad de Gálvez y luego trasladada eventualmente a la localidad de Álvarez. Un proyecto que el líder de la organización tenía en su mente desde el minuto cero. Siempre según la investigación también se invirtió dinero en la explotación de taxis bajo los nombres de

“Taxideral” y “Remitaxi”. Varios de los vehículos puestos en alquiler fueron buscados en estacionamientos céntricos. “El devenir de la investigación permitió conocer que el líder de la banda habría adquirido por intermedio de personas interpuestas la sociedad VTX Rosario SA, controlante del teatro Vorterix de esta ciudad y de la ciudad de Mar del Plata”, según la acusación. La operación se habría concretado en octubre de 2018.

También fueron expuestos un comercio gastronómico ubicado en barrio Echesortu. Una concesionaria de autos usados en zona centro. Una agencia de marketing digital en Rosario. Y una sociedad de explotación directa de establecimientos rurales, ganaderos y/o agrícolas con base en Cañada de Gómez.