Por Carlos Del Frade (*)

Vicentin fue el fugaducto del macrismo. La síntesis del modelo de gobierno: endeudarse en millones de dólares y fugar a favor de los bolsillos de los empresarios amigos. Una deuda de casi 1.600 millones de dólares, 791 millones de dólares fugados entre agosto de 2019 y enero de 2020, diecisiete directivos procesados del grupo empresarial y casi una decena de ex funcionarios del Banco Central de la República Argentina en los días de Guido Sandleris y González Fraga como titular del Banco Nación en los tiempos del macrismo a los que se les dictó embargo de bienes por una resolución del fiscal Pollicita y el surgimiento de un polo que concentra la exportación de cereales, la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina, ahora en manos del grupo Viterra, nuevo nombre del socio histórico de Vicentin, Glencore y Bunge, haciendo simple melancolía la idea de soberanía económica.

Ese puede ser un resumen del presente del caso Vicentin. Pero siempre hay novedades.

En el mismo día que se cumplieron los tres años del retroceso del gobierno nacional que había dispuesto discutir en el Congreso la necesidad de declarar al consorcio de 33 empresas como de utilidad pública y sujeto a expropiación, el juez penal rosarino Hernán Postma le notificó al inefable encargado del concurso de acreedores del grupo, el juez civil y comercial número dos de Reconquista, norte profundo de Santa Fe y cuna del grupo, Fabián Lorenzini, que en caso de homologar la propuesta de la firma de pagar solamente el veinte por ciento de la deuda a partir del año número quince, sería una “violación de una orden judicial” que dispuso el congelamiento de los activos desde el 11 de diciembre de 2020 por los delitos cometidos por catorce de sus directivos.

En la última propuesta de pago a sus acreedores, en el marco del concurso, Vicentin establece que parte de los recursos para hacer frente a la misma los obtendría de la venta de activos, como sus plantas y puertos en San Lorenzo y su participación accionaria en la aceitera de Renova a Viterra, Bunge y ACA, el grupo inversor interesado en quedarse con la empresa.

Sin embargo, esa propuesta provocadora pretende ignorar la resolución de la Justicia Penal de Rosario, que dispuso cautelar todos los bienes de la agroexportadora, en el marco de la causa penal que se sustancia en la ciudad contra los directivos de Vicentin por estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros delitos.

Postma le envió directo este ultimátum al juzgado de Lorenzini en Reconquista, pero también cursó copias a la Corte Suprema de Santa Fe, a la presidenta de la Cámara en lo Civil y Comercial de Reconquista, María Eugenia Chapero; a la Sindicatura del concurso de acreedores; a las consultoras BA Financial Advisors y SMS Buenos Aires que asesoran la fiscalización del concurso; a los interventores actuales de Vicentin SAIC, Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg; y al propio directorio de Vicentin SAIC que hoy está en capilla y a la espera de juicio penal.

Postma entiende que Lorenzini ignoró la medida cautelar que Postma impuso en 2021 para congelar todos los activos del grupo Vicentin hasta que la causa penal por estafa concluya. Cabe recordar que en ese caso están bajo proceso 14 miembros del directorio, imputados por posible defraudación y estafa por el fiscal Miguel Moreno, a saber: Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.El problema es que la empresa, entonces, contragolpeó diciendo que los trabajadores del norte tendrán ocupación hasta enero de 2024, una verdadera y nueva extorsión.

Aquel 31 de julio de 2020, el presidente Alberto Fernández, a través de un mensaje de Twitter, dejaba sin efecto el DNU 522 del mismo año que había dispuesto la intervención de Vicentin por sesenta días y el envío de un proyecto de expropiación de la empresa al Congreso de la Nación por considerarla de utilidad pública. Agregaba el Presidente que "el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019". Añadía que "no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

Tres años después de este retroceso político, el grupo Vicentin sigue debiendo 1.600 millones de dólares; no ha dicho una sola palabra de la fuga de 791 millones de dólares ente agosto de 2019 y enero de 2020; propone un pago a quince años y solamente por el veinte por ciento de la deuda; ha logrado el silencio del gobierno de Omar Perotti y de las bancadas socialista, radical, del PRO y sectores celestes en la cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe como también del Senado santafesino; el juez Fabián Lorenzini ha vuelto a conceder plazos para los empresarios en un hecho más vinculado a la construcción de la impunidad que a la justicia; se ha logrado la casi total extranjerización del comercio exterior de granos en la Argentina, la principal fuente de riquezas del país y miles de trabajadores que dependen de las 33 empresas del grupo tienen más angustias que seguridades sobre su continuidad laboral, especialmente los que hicieron grande al consorcio en su cuna geográfica, el norte profundo de Santa Fe.

Pelear por Vicentin es imperativo para construir una Argentina independiente, con soberanía económica y democracia real para sus grandes mayorías.

La historia, como siempre, no está cerrada. Es hora de concretar los sueños colectivos inconclusos para evitar que las pesadillas de las minorías privaticen definitivamente la felicidad.

(*) Periodista y diputado provincial de Santa Fe