Por Analía Aucía (*)
Publicado este jueves en Página/12

La noticia de que el actual jefe del servicio de anatomía patológica del hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, guardaba los fetos de los embarazos que no llegan a término por causas no provocadas, impactó de manera adversa en un sector de profesionales activistas que trabajan por los derechos sexuales y derechos reproductivos. El médico, por decisión propia y en contra de la reglamentación vigente que indica descartarlos, conservó 257 fetos en formol desde el año 2005.

Al parecer, la intención del profesional de medicina era darles sepultura. Sin embargo, lo que se creía simple y que podría mantenerse en secreto, no pudo ser. Debió requerir autorización judicial y exponer públicamente lo que había ocultado en un armario del laboratorio durante muchos años. Así fue como se dictó una sentencia judicial que ordenó que se inscribieran en el registro civil las “defunciones fetales”, del mismo modo en que se inscriben las defunciones de las personas nacidas. Pero, claro, ello no se puede hacer sin notificar a las mujeres que portaron esos embarazos no concluidos. Entonces, la historia concluye en que, efectivamente, la justicia notificó a 241 mujeres de tal situación. Les notificó que los fetos que no pudieron nacer con vida fueron guardados durante años en un armario en frascos de formol, sin su conocimiento ni consentimiento, y que, ahora, podían dar su consentimiento para enterrarlos, pero previamente, deben inscribir esas defunciones en el registro civil.

Este entramado perverso “gestado” entre un sector de la medicina y de la justicia y un sector de la salud pública no nos sorprende ya a las mujeres, pero sí nos sigue espantando. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina es una historia que da cuenta de ese entramado.

El patriarcado no necesita máscaras, ni solaparse, ni esconderse. Ni siquiera se sonroja. Los sistemas sexistas y clasistas enquistados hasta la médula de nuestro orden político-jurídico democrático embate con mayor dureza contra mujeres con pocos recursos económicos, seguramente muchas de ellas adolescentes, jóvenes.

Innumerables veces hemos visto esos golpes certeros de una red de complicidades, de conservadurismo moral, del rechazo a la sola idea de ver y considerar a las mujeres por fuera de un rol social de maternidad. Estas prácticas asociadas entre un saber médico hegemónico y una justicia conservadora y clasista han construido condiciones de impunidad para reforzar la desigualdad entre los sexos, reproducir la idea de las mujeres como paridoras. Un sistema que no para de decirle a las mujeres: “eres madre, aún cuando el feto no haya llegado a nacer y a tenerlo entre tus brazos, como deseabas, te lo recordaré siempre porque tendrás una sepultura adonde llorar”.

El poder judicial, en lugar de indagar la conducta del médico por posible incumplimiento de sus deberes de funcionario público, ya que no ajustó sus prácticas a la normativa vigente, alienta este tipo de conductas perversas y violatoria de derechos. Al menos, esperamos que el Estado provincial asuma la tarea de investigar la responsabilidad administrativa del médico y del hospital.

(*) Abogada. Integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.