Por Joaquín Baliña (*)

Pareciera ser que las políticas de transferencia monetaria (de distribución directa de dinero) se consolidaron como medidas para mitigar los impactos negativos de las crisis. Ejemplo de ello fueron la AUH o el IFE en Argentina. Ahora que comienza a vislumbrarse la “pospandemia”, cabe preguntarse: ¿estas medidas llegaron para quedarse? Y de ser así, ¿es el ingreso ciudadano universal el próximo paso hacia la expansión de las transferencias monetarias?

Según la Red Global de Renta Básica, el ingreso ciudadano o renta básica universal se puede definir como un pago periódico en efectivo que se entrega de forma incondicional a todas las personas, sin prueba de recursos ni requisito de trabajo. Se trata de una propuesta que progresivamente adquiere mayor protagonismo, y no es casual. Su relevancia en la agenda pública se explica a partir de la consolidación de un escenario global que es complejo y dinámico.

En 1986, el sociólogo Ulrich Beck auguró que lo que caracterizaría a la nueva modernidad sería la emergencia de riesgos globales: es decir, la posibilidad de que hechos específicos y localizados tuvieran consecuencias de alcance global. La crisis financiera del 2008 y la reciente pandemia de COVID-19 son ejemplos de cómo eventos muy concretos (como el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos o la propagación de un virus en una ciudad de China) pueden tener consecuencias catastróficas en todo el mundo.

En ambos casos, las políticas de transferencias monetarias fueron fundamentales, ya que sirvieron para contrarrestar las consecuencias sociales y económicas de las crisis, especialmente durante la pandemia. Por ejemplo, durante la pandemia en Argentina se reforzó la AUH y se crearon programas como el IFE y Potenciar Trabajo. A nivel regional, se implementaron medidas parecidas: Brasil acudió al refuerzo del programa Bolsa Familia y a la creación del Auxilio de Emergencia; y algo similar sucedió en Paraguay y Uruguay. Inclusive Estados Unidos acudió a las transferencias monetarias directas entre la población, inclusive con efectos positivos en la disminución de la desigualdad por ingresos.

A raíz de ello, reaparece el debate en torno al ingreso ciudadano universal, para el cual si bien aún hay muchas preguntas, también hay algunas respuestas. La clave se encuentra más en las tendencias globales que en el plano nacional, ya que la relevancia de las propuestas de ingreso ciudadano está relacionada con al menos cuatro grandes tendencias globales. La primera refiere a las transformaciones del mercado de trabajo, especialmente producto de los procesos de automatización y las nuevas formas de trabajo. La segunda se relaciona con el cambio climático, que nos pone frente al desafío de rediseñar las formas actuales de producción y consumo. En tercer lugar, la desigualdad y concentración de la riqueza a nivel mundial, agravada durante la pandemia, crece como problema que necesita de nuevas políticas redistributivas y fiscales. Y en cuarto lugar el reconocimiento de las tareas reproductivas y de cuidado, invisibilizadas tanto social como económicamente.

Dicho esto, es necesario interpretar las discusiones sobre el ingreso ciudadano como parte de un horizonte político más amplio que busca dar respuesta a los grandes desafíos globales. En primer lugar, porque apunta a distribuir los ingresos monetarios y garantizar umbrales básicos de bienestar, especialmente para quienes no logran hacerlo a través del empleo. A su vez, pretende ser una política potente de redistribución tanto de la riqueza como del trabajo, ya sea productivo (por ejemplo, complementándose con jornadas laborales más cortas) como reproductivo (reconociendo monetariamente las tareas de cuidado y distribuyéndolas de forma equitativa). Y finalmente, permitiría establecer pisos de protección social, sobre los cuales se puedan montar innovaciones productivas y ecológicas sin poner en riesgo la calidad de vida de las personas.

A menudo se afirma que las crisis son también oportunidades. Quizás la instalación del tema sea de utilidad para entender la relevancia del ingreso ciudadano en la agenda global y evaluar seriamente su potencialidad práctica. Los anuncios de pruebas piloto que hicieron diversos países durante los últimos meses van en esta dirección.

(*) Sociólogo especializado en políticas sociales y RRII. 
Publicado este martes en Infobae