Por Juan Cruz Butvilofsky (*)

El caso de Gabriel Gusmán nos conduce a un instrumento que si bien está incluido en la norma, significa toda una novedad para la Justicia entrerriana. Un fallo del juzgado de Garantías a cargo de Elisa Zilly y ahora la confirmación de la Cámara de Casación abre las puertas a que la querella pueda conducir la investigación tras el archivo ratificado por el propio Procurador General Jorge Amilcar García. 

Esta situación puede conducir el caso hacia la sensación de justicia. Es que la decisión de archivar provisoriamente la causa de los fiscales Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull impiden que haya una reconstrucción de la verdad jurídica de lo que ocurrió en septiembre del 2018 en el barrio Capibá. Esa sensación es la que viene reclamando la familia de Gabriel Gusmán, sus hermanos y la madre Alejandra López, que hace tres años vienen gastando las zapatillas para reclamar justicia por la muerte del joven en manos de los dos funcionarios policiales. 

Rodrigo Molina y Diego Íbalo estaban a bordo del móvil 1021 de la PER aquel 25 de septiembre. Ellos intervinieron en la plaza Néstor Kirchner del barrio Capibá en un conflicto entre bandas que había empezado días atrás y la Policía no logró prevenir la violencia sino que la terminó incrementando con una muerte. Todavía no se sabe a ciencia cierta quien disparó, es parte de lo que debe reconstruirse en el juicio oral. Lo que si se sabe es que la bala ingresó por la nuca, salió por arriba de la ceja y dejó sin vida a Gabriel Gusmán. 

La discusión respecto a si los funcionarios policiales actuaron en el marco de la ley o si la quebrantaron debe darse en un juicio, para que las partes puedan exponer las pruebas y un Tribunal las analice según la sana crítica racional para luego deliberar. Es un proceso democrático a través del cual las partes y principalmente las víctimas encuentren la paz de la verdad. Sin embargo, con el archivo provisorio del MPF todo esto queda inconcluso y esa necesidad de la familia de Gusmán queda en una especie de limbo que les sigue doliendo. 

Quienes periodísticamente tuvimos la posibilidad de acceder a parte de la prueba nos permite comprender que el juicio es necesario. Es cierto que hasta que llegue el juicio, las verdades a las que accedemos son recortadas y jústamente el valor de un proceso oral y público es ese: poder reconstruir realmente lo que pasó con todas las pruebas subjetivas y objetivas sobre la mesa. 

Seguramente el MPF vuelva a apelar esta decisión de la Cámara de Casación y deba resolver el Superior Tribunal de Justicia. Además, todavía falta recorrer el camino de esta novedad jurídica de que una querella conduzca la investigación sin tener las facultades que posee el MPF tal como lo explicó la magistrada Marcela Davite en el fallo que da curso al planteo de los abogados José Iparraguirre y Lucía Tejera en representación de la familia de Gusmán. 

Una querella pública

Este caso, también puso en relevancia otra falencia del sistema actual: la necesidad de que el Estado garantice la posibilidad de una querella para víctimas y familiares de los afectados por un delito. 

Cuando un acusado no cuenta con el dinero para pagar abogados defensores, el Estado brinda asesoramiento penal gracias a la intervención del Ministerio Público de la Defensa (MPD). Sin embargo, cuando una víctima no tiene dinero depende de la buena voluntad de abogados comprometidos con la profesión que laburen el caso sin demandar honorarios. Tal como es el caso de Iparraguirre y Tejera que representan a la familia Gusmán sin cobrarles un peso. 

Se da por supuesto que Fiscalía representa la acusación pública y que esto, en general, debería representar los intereses de la víctima. Pero el caso Gusmán es un ejemplo de que no siempre es así y la querella tiene intereses distintos a los del MPF aunque muchas veces puedan coincidir. 

¿Cómo afronta un proceso judicial una familia que no cuenta con el dinero suficiente para pagar un abogado querellante? ¿Qué herramientas le otorga el Estado a dichas familias? Otra discusión que bien puede darse para mejorar el sistema. 

Gatillo fácil

El crimen de Gusmán se dio en el marco de un proceso de reinvidicación del poder de las fuerzas de seguridad a nivel nacional. Patricia Bullrich se la pasó defendiendo públicamente el accionar de los distintos agentes sin importar los detalles. El caso emblemático fue el del policía Chocobar, condenado por el Poder Judicial por matar por la espalda. Eran tiempos de instigación a que la Policía actúe como tenga ganas que iba a tener el respaldo del gobierno nacional. 

En la provincia la situación no era la misma. La jefa política de la Policía, Rosario Romero, no pregona las mismas ideas que Patricia Bullrich. Pero hay que tener en cuenta que el espiritu de la época a veces puede más que una decisión concreta de una funcionaria política. Esa irresponsable alegoría a la violencia institucional que pregonaba Bullrich (y Mauricio Macri) no entiende de jurisdicciones y los malos policías encontraban en ese discurso una condición de respaldo para poder hacer lo que quieran. 

No sabemos si es ese el caso de Molina e Íbalo, quizá un juicio oral nos ofrezca más elementos para conocer cuales eran sus motivaciones. Pero con sólo recordar la vergonzosa caravana que realizaron los Policías cuando liberaron a los dos acusados nos basta para conocer cuál es el sentir de la mayoría de los funcionarios policiales. Recordemos que Romero repudió aquella caravana ya que no había nada que celebrar. 

Si bien los hechos no demuestran que en la provincia haya una política de gatillo fácil, el accionar de algunos policías claramente se inscriben en esa lógica y en este caso en concreto, la eventual realización de un juicio puede demostrar que Íbalo y Molina actuaron por fuera de la ley y matando por la espalda a Gusmán. La caravana que acompañó la libertad a los acusados no nos mostró que los funcionarios policiales comprendan la magnitud del problema. 

Algo habrá hecho

Responsabilizar a la víctima es algo habitual. Enseguida se difundieron fotos -no casualmente-  de Gabriel Gusmán manipulando armas. No hacía falta, en el expediente queda comprobado que Gusmán estaba enfrentándose con otra banda del mismo barrio. Ese enfrentamiento tenía capítulos previos el mismo fin de semana anterior y sin embargo la intervención de la PER no previno el incremento de la violencia sino que llevó el conflicto a la muerte. Incluso, no pocas personas del barrio señalaron que la comisaría del lugar actuaba siempre en función de respaldar siempre a uno de los bandos que estaban enfrentados en el barrio Capibá. 

La búsqueda de justificar el accionar policial por los antecedentes de Gusmán no hace otra cosa más que poner en evidencia que la fuerza no logró actuar con profesionalismo. Una sociedad democrática demanda una policía que logre planificar estratégicamente su intervención en un conflicto y prevenga la escalada de violencia.

Claro, no podemos negar que muchas veces los funcionarios están expuestos a situaciones de extrema violencia, con limitadas herramientas y con una formación que muchas veces genera más violencia a pesar de intentos por torcer ese rumbo. Esto, en todo caso, vuelve a poner en evidencia las responsabilidades que tiene el Estado, pero no en la víctima.

Si Gusmán representaba un peligro para Íbalo y Molina al momento en que uno de ellos se bajó del móvil y se aprestó para disparar, debe reconstruirse en un juicio oral con todas las pruebas sobre la mesa. Y en todo caso, un Tribunal entenderá que actuaron en legítima defensa y será el recorrido institucional previsto el que le de legitimidad a lo que allí se resuelve. 

Lo que nunca puede pasar es que todo quede en un limbo sin resolverse y que se instale esa nefasta idea de que la víctima habrá hecho algo para justificar lo que hicieron con él. Total, Gusmán era pobre y violento, características que dejan el terreno fértil para que el prejuicio haga lo suyo.

Ojalá estos caminos novedosos nos conduzcan a la justicia.