Por Antonio Tardelli (*)

Puede que sea legal. Incluso en ese caso sería éticamente reprochable.

De seguro, además, es inoportuno.

Es impactante la revelación efectuada en el último número de ANÁLISIS a propósito del pago de sobresueldos con que se benefician miembros del equipo de colaboradores del intendente de Paraná, Adán Bahl.

En efecto, unas cien personas que se desempeñan en la Municipalidad de Paraná -algunos como funcionarios y otros como empleados jerarquizados- perciben algo que se parece mucho a una doble remuneración.

Es, claramente, un doble ingreso.

Muchos de ellos son empleados del Senado de Entre Ríos y acompañaron a Bahl cuando el ahora presidente municipal se desempeñó, entre 2015 y 2019, como vicegobernador de Entre Ríos.

El resto llegó a la Municipalidad desde otras dependencias del Estado provincial.

Ese grupo de personas percibe un doble ingreso pese a que la normativa legal lo prohíbe.

En realidad, al parecer, lo que reciben como retribución municipal es un adicional por función con que se disfraza ese ingreso extra.

De hecho, en su momento, el intendente Bahl efectuó una consulta al Tribunal de Cuentas. Quería saber si la Municipalidad de Paraná podía efectuar pagos a personas adscriptas que, desde ya, siguen percibiendo su remuneración en la repartición provincial de origen.

El Tribunal de Cuentas le respondió que, en efecto, podía abonarles a los adscriptos un adicional como compensación por las tareas desempeñadas en el municipio.

El listado publicado por ANÁLISIS detalla los montos en cuestión. Algunos de esos adicionales, de los que se hace cargo el municipio, ascienden a 84 mil pesos, cifra superior a un salario enterito de muchos paranaenses (se desempeñen en el sector público o en la actividad privada).

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, afirma: “No se puede abonar un doble sueldo. El empleado adscripto debe cobrar lo estipulado en el organismo original o bien del municipio. Pero nunca los dos salarios”, respondió ante la consulta.

Horas después de publicada la noticia, la Municipalidad de Paraná no había ensayado respuesta alguna.

Es probable que, con un criterio diferente al que expresa el fiscal de Estado, la Municipalidad alegue que no asistimos a una medida irregular. Que estamos, en todo caso, frente a la liquidación de un adicional que no es sobresueldo ni doble pago ni ilegalidad.

Desde el sentido común -el menos común de los sentidos que rigen el mundo de la administración- es difícil asimilar pagos de respetables sumas de dinero a un mero adicional salarial.

El intendente Bahl parece haberse puesto a cubierto con aquel pedido de precisiones formulado al Tribunal de Cuentas al comienzo de su gestión. Así, en efecto, su disposición podría ser legal. Satisfactoria en ese plano.

No parece que lo sea en la dimensión política del asunto.

Es posible que las retribuciones municipales sean insuficientes para quienes, revistando en la Legislatura de Entre Ríos, se acostumbraron a percibir salarios superiores a los de la media provincial. En tal caso siempre se puede permanecer en el cargo bien remunerado.

Lo otro suena a privilegio.

Sin contraprestación alguna el gobierno provincial sigue pagando los salarios de  funcionarios (o empleados jerarquizados) de la Municipalidad de Paraná que además perciben otro ingreso por esa labor específica.

Suena a privilegio. Lo sería ya en tiempos normales. Luce inconcebible en un período de pandemia y emergencia.

Sarna con gusto no pica. Aunque no lo parezca, aunque nos hayamos olvidado, la política requiere el presupuesto de la vocación de servicio.

Nadie está obligado a aceptar un cargo público. A nadie se obliga a perder dinero.

Los sobresueldos (o el adicional o el pago doble) comportan un irritante privilegio que en tiempos de pandemia agravian doblemente.

(*) Especial para ANÁLISIS.