Por Daniel Enz (*)

Quizás hasta resulte entendible que el expresidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, se pueda molestar por la publicación de una nota periodística que lo tiene a él como principal apuntado. Pero debe recordar que estuvo 16 años en el cargo. No estuvo ni una gestión ni dos; estuvo cuatro gestiones y casi un año de esta última de Gustavo Bordet. Y si uno es funcionario público, debe saber que está expuesto a situaciones de este tipo. De lo contrario, debería ganarse la vida en el sector privado, como sucede con tantos ciudadanos.

En realidad hubiera sido interesante tener vivo al doctor Elías, en el programa Cuestión de fondo, a quien se reconoce por ser uno de los especialistas más calificados en el país sobre el tema previsional. Pero cuando hay una andanada de agresiones en el medio, llevando esto a situaciones de violencia verbal, en especial de un familiar directo hacia mi persona, que se ensañó en las redes sociales, lasa cosas cambian.  De igual manera, se le dio lugar a las explicaciones de Elías, como corresponde.

Yo nunca fui funcionario; no tengo contratos con el Estado ni con la Legislatura y esa es la diferencia. No somos iguales. Elías fue funcionario 16 años e incluso ahora lo sigue siendo, como asesor del diputado nacional Marcelo Casaretto. Ser asesor es ser funcionario público. Lo que extraña es que en todos estos días Elías trató de descalificar la publicación de la revista ANÁLISIS, como si fuéramos los culpables de todos los males. Pero nunca hizo cuestionamiento alguno sobre el trabajo de auditores o fiscales del Tribunal de Cuentas, que fueron los que dejaron al descubierto las irregularidades de los jubilados muertos que seguían cobrando y lo venían advirtiendo desde el 2014. O sea, hace 6 años y Elías siguió mirando para otro lado.

Incluso, Elías dice que fue él quien denunció esta situación y falta a la verdad. Lo advirtió primero el Tribunal de Cuentas, en el 2014, en el 2015, en el 2016 y Elías no le dio importancia. Recién reaccionó un mes después de la advertencia que hizo la gente del Instituto de la Obra Social de la Provincial de Entre Ríos (IOSPER) al propio gobernador, el pasado 20 de mayo. Y un día antes de ser renunciado al cargo de presidente de la Caja de Jubilaciones, con el informe bancario en manos, hizo una presentación ante el Tribunal de Cuentas, para que investiguen algo que ya venían investigando. La pregunta es ¿por qué nunca le dio importancia? ¿Porque se le antojó no darle crédito a la gente del Tribunal de Cuentas? Seguramente, porque no tenía tiempo para dar respuestas, al no estar casi nunca en su despacho de conducción y pasar buena parte del tiempo en Capital Federal o en el exterior. O bien porque ello era reconocer las falencias de sus funcionarios o de un sistema, con el cual viene insistiendo de modo permanente. Nadie sabe por qué no le dio importancia a las alertas de la gente del organismo de control, con los que también hace años convivía en el mismo edificio de Andrés Pazos y Corrientes. Tampoco se conoce por qué nunca informó a la opinión pública, a fines de junio -cuando había comprobado las irregularidades denunciadas desde el IOSPER y tenía los informes bancarios en mano que avalaban tales situaciones- y como hubiese correspondido. ¿Tam preocupado quedó con lo que se encontró, que optó por hacer silencio hasta que esta revista contó a sus lectores lo ocurrido?

Elías se cansó de descalificar en estos últimos días la difusión que hicimos en ANÁLISIS. En cada una de las notas periodísticas que realizó. Dice que nos metimos con su patrimonio, con su familia. Este periodista no hizo mención alguna al patrimonio de Elías. En la nota de la revista solamente se dijo en qué lugares se hacen los famosos tick tock de las redes sociales, a los que Elías le dedicaba quizás demasiado tiempo en los últimos dos años. Pero nada se dice en el artículo si era comprada, si era alquilada o lo que fuera. Y la única mención familiar que se consigna en la nota es por la relación de su esposa con una de las dueñas de la empresa santafesina a la que se le compró el software para la Caja de Jubilaciones. Es decir, una relación familiar, a la vez vinculada a un negocio entre la Caja de Jubilaciones que presidía Elías y una empresa santafesina donde está alguien de su familia. ¿Qué culpa tenemos entonces los periodistas si el acuerdo comercial se dio de esa manera? ¿Quién metió a un familiar en el medio del negocio entre Estado y empresa? ¿Elías o este medio periodístico?

Ahora es el tiempo de la justicia. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano tendrán que profundizar la investigación ya realizada por los auditores del Tribunal de Cuentas y con datos aportados por la entidad bancaria. Harán, seguramente, su propia investigación para saber si estos casos planteados por el IOSPER en la lista de 80 jubilados muertos son solo casualidades. Tendrán que analizar también los datos de los otros diferentes beneficiarios muertos que objetaba el organismo de control en años anteriores o si existen irregularidades similares con mayor amplitud en los archivos de la Caja. Y ahí tendrán que definir si fue error del sistema o si hay una organización que bosquejó todo esto.

Por lo pronto, aquí hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, por más que se haya recuperado algo del dinero y un fraude al Estado por la plata que hicieron desaparecer de algunas cuentas ingresos de jubilados muertos. Por años depositaron demasiado dinero a gente muerta y nadie lo quiso ver en la Caja conducida por Elías. Dinero que le faltaba a la Caja deficitaria; dinero que le faltaba a otros lugares del Estado; a escuelas, a hospitales, centros asistenciales. Y alguien se tiene que hacer responsable de todo ello, por más que le moleste a Elías.

(*) Comentario realizado en el programa Cuestión de fondo, de Canal 9 Litoral.