Por Gustavo Lambruschini*

(Para ANÁLISIS)

Tras la afirmación (en un largo reportaje de la Agencia Paco Urondo) de que era necesario re-escribir la Historia Argentina valorando positivamente a la guerrilla de los 70, el Profesor Hora-cio González provocó una catarata de airados discursos no sólo de profesionales de la Historia, sino también de periodistas y otros intelectuales que suelen expresar sus opiniones a los efectos de encausar la opinión pública argentina. También causaron irritación sus referencias a las pro-testas callejeras y la expresión de cierta simpatía por lo que consideró anarquismo. Nuevamente nos encontramos ante una polémica, cuya naturaleza discursiva y epistemológica es necesario precisar con rigor.

Por una parte, una probable conclusión podría decir: la Historia es demasiado importante para una nación como para dejarla exclusivamente en manos de los historiadores profesionales. La crónica de los acontecimientos y sucesos del pasado posee de facto no sólo un uso científico, i. e., acotado al campo de la Historiografía que busca las verdades científicas, sino un uso público que es un componente fundamental de la autocomprensión del presente y de los proyectos del futuro, v. g., de los proyectos democráticos y republicanos; no es lo mismo, v. g., justipreciar al fascismo, que exculparlo como suelen hacer los negacionistas, los partidarios de los hechos al-ternativos y la post-verdad. También con la Astronomía -mutatis mutandis- ocurre algo parecido: no es lo mismo sostener que la Tierra es el centro del universo dándole la razón a la Biblia y Aristóteles, que según los resultados de la Revolución copernicana y su deriva en Galileo, cons-tatar que es el Sol el centro del universo; no es lo mismo concretamente para la autoridad de dos instituciones: los institutos hierocráticos (cf. Weber Anstalte) que se basan en el Libro y las aca-demias científicas laicas. Además, como todas las ciencias, la Historia debe saber muy bien qué datos recopila y cuáles no y conforme a qué conceptos y categorías, algo que tendrá que funda-mentar en la comunidad, no sólo de los historiadores, sino del espacio público en el que se deli-bera, que está interesado por los resultados de la Historiografía; v. g., ¿son relevantes los datos de los combates y las claudicaciones del Movimiento Obrero?

En el contexto de esta polémica sobre el uso público de la Historia, ha sido señalado airada-mente por los historiadores, que los hechos históricos que van -por determinarlos de alguna ma-nera- desde 1969 (Correntinazo, Rosariazo, Mendozazo, Tucumanazo y, sobre todo, el Cordoba-zo) hasta 1983 (i. e., hasta la "Restauración de la Democracia", así llamada por la ley 26.323) han sido muy bien estudiados en muchos trabajos más o menos científicos y desde plurales pun-tos de vista. Esto le ha sido reprochado injustamente (a mi criterio) a Horacio González, pues se trata no sólo de un intelectual refinado, sino de un erudito en la "cuestión nacional", al que nada de importancia sobre ésta le resulta ajena. La determinación de qué aconteció y qué sucedió, i. e.,

la determinación de los hechos históricos (el quid facti), se encontraría casi agotada y ya existe un estado de la cuestión entre los historiadores y científicos, por el que es posible precisar quié-nes están incluidos en una discusión historiográfica o de la Sociología histórica, y quiénes "opi-nan" sin sentirse obligados a ajustar sus discursos al rigor científico. Insisto: parece obvio, por una parte, que no es a esto a lo que se refiere la exigencia de González y también, por otra, que quienes se la reprochan incurren en un malentendido más o menos injustificable. Lo que sigue pendiente desde 1969 -por dar una fecha- es el quid iuris, la cuestión normativa, i. e., ética, jurí-dica y política de la justificación de lo acontecido y sucedido...

Por otra parte, más honestos que algunos de aquellos conspicuos historiadores, parecen ser los otros escritores intelectuales y periodistas que han salido a contestar a González. En general, son éstos los que llaman prudentemente "crisis de 2001" al Argentinazo (sic). Aquí la impugnación no tiene la apariencia de ser teórica o científica, sino que es abiertamente política, si se quiere, iusfilosófica y filosófico-política. Dicen defender la "república" y "la democracia liberal" y hasta "la socialdemocracia", y creen que las opiniones del Profesor González fomentan la "violencia", justificando la que habría sido ejercida en el pasado. No se sabe a ciencia cierta si estos impug-nadores consideran al Dr. Ernesto Guevara de la Serna un "héroe" de la Weltgeschichte o un miembro de la subversión apátrida, un delincuente subversivo enemigo del mundo occidental y cristiano; o bien y pasando a otro registro, no sabremos, si debemos admirar o simpatizar o aun identificarnos con Antígona o con Creonte, con Fuenteovejuna o con el Comendador, con Fidelio y el coro de los prisioneros o con Pizarro, con Don Carlo y Rodrigo o con Felipe II y el Gran Inquisidor...; tampoco, si nuestras inclinaciones literarias se encausarán, por así decirlo, en la lectura de Miguel Bonasso o Jean Larteguy. Concretamente: acusan a González de ser un apolo-gista de la violencia para cambiar el estado de cosas vigentes y existentes, y ¡a Horacio Gonzá-lez! de "desvalorizar las palabras" (sic). De paso, tienen la ocasión de cargarse a la así llamada "izquierda nacional", i. e., a Cooke, Puiggrós, Hernández Arregui, Ramos (el Profesor González, aunque diferenciándose de éstos haya renunciado a la "patria socialista", pertenecería a esta co-rriente del pensamiento).

En sus exposiciones, en general, dan como comprensible de suyo qué habría que entender por democracia, república y liberalismo, pero resulta muy poco claro qué representación histórica y sistemática podrían tener acerca de éstos y qué se les pasa por la cabeza. Pues, la matriz de su recusación parece mucho más oriunda de la teoría de la obligación política del pensamiento de Thomas Hobbes o del conservador o del reaccionario, que de las matrices democráticas, republi-canas y, sobre todo, liberales. No nos detendremos aquí a discutir sobre la "violencia" de Har-modio y Aristógiton que habrían fundado la Democracia; ni tampoco en Bruto, el que depusiera

al monarca Tarquino el Soberbio, ni en el otro Bruto y Catón, los ejecutores de César, a los cua-les algún lugar habrá que darles en la Historia de la República… Una dificultad mayor me parece que tendrían, si tuvieran que juzgar "violentos" la Revolución de Mayo y sus fusilamientos, a San Martín y la Guerra de la Independencia, la sublevación de Urquiza contra la tiranía de Rosas, por no hablar de la Revolución Inglesa, la Revolución y la Independencia Norteamericanas, la Revolución Francesa, guerras y tiranicidios incluidos. ¿Habrá también que renunciar a cantar, por apología de la "violencia insurreccional", La Marsellesa y el Himno Nacional por aquello de escuchar "el ruido de rotas cadenas" en nombre de la Libertad y la Igualdad? Como se ha dicho: en la Historia universal las épocas de felicidad son páginas en blanco…

Así pues, detengámonos sólo muy sinópticamente en las Declaraciones de Derechos y en el Constitucionalismo de base liberal y contractualista, que se hallan históricamente en los funda-mentos de la Idea del Estado de Derecho (status iuridicus); éstos, como es sabido, se hallan preocupados antes bien por los crímenes de laesa humanitas que por los crimina laesae maiesta-tis… Se supone que por el así llamado pactum subiectionis que da origen al gobierno (common-wealth), los gobernantes tienen el derecho a renunciar al contrato que los invistió como magis-trados, al mismo tiempo que los gobernados también tienen derechos por los que pueden y deben reclamar y exigir a los gobernantes acerca del cumplimiento de dicho pacto. Peticionar, protestar, desobedecer (en el sentido de la "desobediencia civil"), la resistencia a la opresión (ius resisten-di), la insurrección, incluso la mismísima Revolución (por la que se disuelve un pacto social y se reformula otro) ¿deben ser considerados actos de violencia o derechos que conservan los ciuda-danos frente a un Estado más o menos hobbesiano que podría intentar usurpar su soberanía? De-cimos "hobbesiano", sin embargo, hasta el mismísimo Hobbes ponía un límite a la obligación política, si el Estado intentaba matar a sus súbditos... En fin, no parece fundada la sospecha de que los impugnadores de González se inclinen por la Teología política y por la creencia de que el Estado es Dios sobre la Tierra. Sin embargo, ¿la obligación política según Hobbes o según Lo-cke? En los juicios de González y de la reacción, por otra parte, se halla implícita la nada obvia cuestión debatida de la representación y el comisariato, y su legitimidad no sólo de origen, sino también de ejercicio…

No son una novedad para nadie los embates y la vituperación a escalas planetarias, que sufre en nuestra época "ur-fascista" (Umberto Eco) el Derecho Penal liberal por parte de un renovado hobbesianismo. No debiera ser olvidado, empero, que en su contexto se hablaba y se reclamaba por la loable distinción de los crímenes y delitos ideológicos y políticos y su indulgencia respecto de los crímenes y delitos comunes: con el cambio de los vendavales de la Historia, un criminal o un delincuente político bien podría volverse un patriota o un luchador por la Libertad (Rosler).

En fin, un capítulo aparte quizá habría que darle a la izquierda rabiosa, que nuevamente ha te-nido la ocasión de aullar lastimeramente contra el foquismo, el guevarismo, et similia.

*Profesor universitario de filosofía y teoría política