El Pito Catalán se refugia en una banca

Sergio Urribarri.

Sergio Urribarri.

Por Luis María Serroels

(Especial para ANÁLISIS)

 

No ha de transcurrir mucho tiempo en que hasta los niños y niñas de la Sala de 4 del Jardín de Infantes sabrán diferenciar la rectitud y la honradez que deben observarse en la función pública, de las maniobras delictuosas que algunos maquinan para engrosar sus cuentas bancarias a costa del Estado. Quienes se sienten inocentes y pueden probarlo, arriban a los tribunales antes de que llegue quien lo deberá interrogar. Aquellos que se esmeran en resguardarse bajo discutibles fueros para evitar el interrogatorio y eventual procesamiento, son quienes más nítidamente exhiben su rostro de culpable. Una legislación que ampara delincuentes sólo por estar ocupando una banca, no obstante tener cargos por hechos previos a la condición de legislador, ya es hora de que sea revisada. Estamos ante un virtual Pito Catalán que la justicia no se merece y que se les hace a los magistrados. El equilibrio republicano les queda rengo.

El comediante estadounidense Michael Pritchard, definió al miedo como “el pequeño cuarto oscuro donde los objetivos son revelados”. En el caso de aquellos incursos en graves delitos contra el Erario que por estos días aguardan esperanzados en que si vuelven al poder en diciembre sus causas serán revisadas, eventualmente anuladas y por ende recuperarían su libertad, habría que averiguar quiénes aseguran semejante agravio a la misma Carta Magna.

De ser cierto el trascendido de que un nuevo turno gobernante permitiría conceder beneficios extraordinarios a los encausados y/o condenados por corrupción durante los tres períodos kirchneristas, amén de ser muy riesgoso importa un inusual atrevimiento para con el Poder Judicial y, además, estaría anticipando una remoción en cadena de jueces y fiscales incómodos para el nuevo régimen. Es una virtual declaración de guerra que además estaría sostenida por un andamiaje legislativo con ciertas facilidades.

El caso que nos ocupa se relaciona con la situación del ex dos veces gobernador Sergio Urribarri (hoy protegido por un escaño), familiares y allegados con respecto a una de las tantas imputaciones que han recalado en los tribunales ordinarios: el “caso Cardona Herreros”.

Se trata de una larga investigación originada tras una denuncia efectuada por los penalistas Rubén Pagliotto y Gustavo Mulet el 22 de diciembre de 2015 y que fuera copiosamente abordada en la Revista ANALISIS, con datos precisos desarrollados a través del tiempo y que –como tantas causas que involucran al poder político de entonces- duermen plácidamente por obra y gracia del destacado defensor “Dr. Chicana”.

La confianza que alguna vez la sociedad entrerriana depositó en jueces y fiscales no fue defraudada, sino que resultó víctima de maniobras que blindaron dentro de la Cámara Baja provincial, como un premio, a quien le teme a la ley. Está todavía fresca aquella frase del entonces flamante gobernador Gustavo Bordet, cuando señaló que quienes tuviesen cuestiones recaladas en algún juzgado deberían pedir permiso especial y retornar cuando hayan aclarado sus respectivas situaciones. Se le prestaron oídos sordos y toda la sugerencia del mandatario cayó en saco roto. Las personas de bien no vacilan en cruzar la Plaza Mansilla y ponerse a disposición de los magistrados. Se olvida -qué duda puede caber- que se agravia a la ciudadanía decente y a las instituciones fundamantales.

El periodista Daniel Enz, en su programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), le reiteró a Sergio Urribarri la invitación a dialogar ante las cámaras con toda libertad y respeto, especialmente relacionado con la denuncia de 2015 a cargo de los letrados Pagliotto y Mulet.

El ex gobernador no respondió a la invitación, desperdiciando una inmejorable ocasión para desvirtuar los elementos que conforman tanto la imputación judicial como el tratamiento que de ello tuvo el medio periodístico. Va de suyo que, si dispusiera de argumentos sólidos sobre su inocencia, no eludiría a los jueces.

Pasando en limpio y resumiendo, es menester recodar que el primer escrito entregado en nuestros tribunales teniendo como destinatario al Procurador General hace cerca de cuatro años, seguido de un material complementario en octubre de 2017, refiere a “espurias, incompatibles y clandestinas vinculaciones” de Mauro Gabriel Urribarri con el empresario Diego Cardona Herreros.

Se alude al apoyo que éste habría dado como aportante de la campaña de Sergio Urribarri. Un socio de Cardona (Eduardo Oscar Cabezón) es firmante de los cheques de Kriptak-Inc, la empresa de los Urribarri. Pero se aportan además nombres de funcionarios vinculados con Cardona Herreros. El posterior allanamiento de una oficina de la Capital Federal habría permitido secuestrar abundante y valiosa documentación.

No es ocioso citar los Artículos 68º y 69º de nuestra Carta Magna sobre las inmunidades de que gozan los legisladores, estando referidas a actos, circunstancias, opiniones y discursos emitidos en el desempeño de su mandato.

Del mismo modo se aborda en los Artículos 113º y 114º de nuestra Constitución provincial. Una legislación que proteja a los delincuentes sólo por estar ocupando una banca, es inaceptable y supone disfrutar de un reprochable salvavidas. No se puede poner un manto sobre malas andanzas anteriores.

Hasta hoy nadie se ha atrevido a cuestionar estos privilegios en tanto abarquen su período de gestión legislativa pero que se utilizan para zafar de actos punibles cometidos fuera de esa etapa. Guarecerse entre los escaños se convierte en una prerrogativa reprobable que posibilita zafar de los jueces. El monto en juego presuntamente mal habido que investiga la justicia en la causa que hemos abordado, llega a los once millones de dólares.

ANALISIS, desde sus múltiples fuentes de información y en su compromiso para con la sociedad, no se vale de personas que salen a matar moscas sino a destapar ollas mal olientes que en las vertientes del poder político de los últimos años dispusieron de los ingredientes aptos para robarle al Estado impunemente.

Al que le quepa el sayo que se lo calce. Pablo Coelho escribió que “cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya”.

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