Por José Antonio Artusi
(Diputado provincial UCR en Cambiemos)

La plataforma electoral del kirchnerismo y sus aliados reza textualmente en uno de sus puntos: "Es obligación del Estado garantizar el derecho humano a que todas las familias accedan a la canasta básica de alimentos a través de la eliminación del IVA a los productos que la componen".

Sin embargo, en una muestra más de incoherencia que en otro país resultaría increíble pero que acá se naturaliza con liviandad, el Gobernador Bordet y demás gobernadores peronistas se oponen a esta medida, establecida por el gobierno nacional a los efectos de proteger el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos en circunstancias en las que la incertidumbre generada por las irresponsables declaraciones de los candidatos del Frente de Todos causaron un lógico y previsible impacto en el tipo de cambio y por ende en el aumento de precios de productos de primera necesidad.

Los gobernadores que hacen estas oportunistas declaraciones y que aducen dificultades para atender las obligaciones básicas de sus administraciones deberían reconocer que tales dificultades devienen sobre todo de su propia inoperancia e ineficacia.

Si la provincia de Entre Ríos no hubiese aumentado más del 63% el empleo público entre 2003 y 2017 hoy los recursos sobrarían e incluso se podría acompañar el esfuerzo fiscal de la Nación con una reducción en otros impuestos distorsivos y regresivos a nivel provincial, como ingresos brutos, que explican hoy más del 60% de los ingresos propios. Si la provincia de Entre Ríos no fuera hoy una de las que menos inversiones productivas atrajo en los últimos 3 años habría aumentado la recaudación propia como consecuencia de tales inversiones.

En tal sentido el economista Manuel Adorni ha señalado con contundencia que "las provincias se quejan por la falta de recursos: en los últimos tres años, crearon a razón de 52 empleos públicos provinciales por día, algo así como los que emplearían en total unas 4734 pymes, 5 veces los empleados de Telefónica y 3 veces los del Correo Argentino".

Pero además todo esto acontece en un escenario de recomposición del federalismo fiscal verdaderamente histórico, tras su virtual desaparición durante los gobiernos kirchneristas. Es así que, tal como señala Matías Surt, "durante el mandato de Macri el conjunto de las provincias terminará siendo beneficiario de 1,63 billones de pesos promedio anual ($ constantes 2019): monto superior a los dos mandatos de Cristina Kirchner y récord histórico. A su vez, las provincias se benefician de una ganancia de “automaticidad” en las transferencias, que el año que viene será del 92% del total y que en el período 2016-2019 promedia el 86%.

Es decir que las provincias no solo reciben más plata que nunca, sino que además lo hacen mayoritariamente por ley, sin discrecionalidad. Este factor fue determinante para que sus finanzas hayan pasado de déficit en 2017 a superávit en 2018. Este fenómeno puede ser corroborado incluso en la letra del Mensaje del presupuesto 2019 enviado recientemente por otra provincia opositora (Entre Ríos-PJ), que dice claramente que las finanzas provinciales están, desde 2017, en la mejor situación de la última década".

Los gobernadores deberían tener un poco más de pudor y abandonar la hipocresía y el cinismo. Son tiempos en los que todos debemos estar a la altura de las circunstancias y estar dispuestos a asumir esfuerzos compartidos. En vez de reconocer los derechos pero también las obligaciones que se derivan de un recuperado federalismo, parecen extrañar la dominación centralista del kirchnerismo que discrecionalmente castigaba a opositores y premiaba a obsecuentes.