Por Sergio Carreras – publicado en La Voz del Interior.

El periodista Daniel Santoro, uno de los más reconocidos de Argentina por sus trabajos de investigación, acaba de ser procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla como supuesto responsable de los delitos de extorsión y coacción. Según el magistrado, los cometió en complicidad con el falso abogado Marcelo D’Alessio, un exfuncionario kirchnerista que se paseaba por bares de Buenos Aires diciendo que era agente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En una extensa resolución de 254 páginas que quizá muy pocos leerán, el juez hace un esfuerzo dialéctico por mostrar al periodista como un cerebro delictivo que participaría en maniobras de corrupción, con la supuesta intención de sacarles dinero a personas que fueron mencionadas en sus publicaciones en el diario Clarín, donde Santoro trabaja hace unos 28 años.

Desprotección de fuentes

Para ello, el juez no sólo accedió a los listados telefónicos privados del periodista, en lo que aparece como una violación del secreto de las fuentes de información protegido por el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino que además reprodujo en su resolución mensajes privados de WhatsApp, algunos con referencias a personas conocidas que no tienen vínculo alguno con el tema de la investigación judicial, y también fotografías familiares.

Veamos el contexto en el que se desarrolla la historia: la resolución se conoce cuando sólo faltan horas para las elecciones Paso presidenciales, para las cuales uno de los principales candidatos, Alberto Fernández, anticipó que avanzará contra jueces porteños a los que –dijo– les pedirá explicaciones sobre las investigaciones que encabezan por los hechos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de su compañera de fórmula, Cristina Fernández.

Esta causa que involucra al periodista Santoro forma parte de un conjunto de investigaciones judiciales motorizadas por Ramos Padilla que tendrían, como segundo propósito, la intención de detener la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio sobre los registros del chofer Oscar Centeno, tal como ha sido publicado en los últimos meses por diferentes medios argentinos. En otras de las líneas de investigación, Ramos Padilla procesó al fiscal federal de Mercedes Juan Bidone como parte de una asociación ilícita con D’Alessio, y también intentó procesar por el mismo motivo al fiscal Carlos Stornelli, quien está protegido por fueros.

Pero, específicamente sobre el modo en que se involucra a Santoro en el procesamiento judicial por extorsión y coacción, llama la atención el desconocimiento del juez sobre cómo lleva adelante su trabajo un periodista. También su ignorancia sobre la función que cumple la prensa en cualquier democracia y la enorme importancia que tiene el secreto de las fuentes periodísticas para toda la sociedad: si no se respeta esa reserva, la libertad de prensa queda herida de muerte; y si la libertad de prensa agoniza, lo mismo sucede con la democracia. Acá y en cualquier lugar del mundo.

Si las personas que conocen información importante sobre asuntos de interés público comienzan a tener miedo de hablar con la prensa, porque en el futuro cualquier juez podrá exponerlos y hacerles perder sus trabajos o su tranquilidad familiar, o poner en riesgo sus vidas, el derecho de toda la sociedad a acceder a información veraz e importante se verá seriamente dañado. Comenzaremos a vivir en una democracia chueca, que torcerá su camino hacia alguna forma de autoritarismo.

Porque no se trata aquí de defender privilegios de los periodistas ni de las empresas que manejan medios de prensa. El secreto profesional de las fuentes de información está pensado no para escudar a un grupo de profesionales sino para proteger a toda la sociedad. Por eso, cuando desde el poder se insulta, se agrede o se criminaliza a los periodistas por hacer su trabajo, lo que se intenta es acallar las voces críticas y ocultar información inconveniente para quienes gobiernan. Eso sucede acá, en Venezuela, en Estados Unidos, en Rusia o en el Reino Unido: el resultado que se busca es el mismo.

Un juez en el bosque

El juez Ramos Padilla ingresa al bosque del periodismo con lentes ahumados: todo lo que ve le parece oscuro y tenebroso. A una entrevista periodística, la describe como un concilio de mafiosos; al envío de un informe por WhatsApp lo muestra como la violación de un secreto de seguridad nacional; a un comentario personal sobre colegas, lo interpreta como informes de inteligencia. Es evidente que todo se verá oscuro cuando elegimos ponernos gafas que sólo sirven para observar eclipses.

En el trabajo del periodista, sobre todo en el de los periodistas de investigación, como lo es Santoro, es necesario reunirse con personajes de la más variada naturaleza. Para conseguir información y poder chequear que sea veraz, los periodistas no sólo deben juntarse con santos y próceres: también hay que sentarse frente a genocidas, a delincuentes, a proxenetas, a desconocidos cuyas segundas intenciones uno siempre al principio desconoce. Cada fuente llega con su propia agenda y sus intereses particulares. Hay que conversar con condenados, con funcionarios y dirigentes corruptos, a veces con sus secretarios, sus intermediarios, sus choferes, sus guardaespaldas, sus examantes, sus asesores y toda la variedad de personajes que rodean a los temas que transcurren en los márgenes legales y políticos.

Si cada vez que un periodista se reúne a conversar o intercambia mensajes telefónicos con delincuentes se convierte en sospechoso de ser también un estafador o un corrupto, el ejercicio del periodismo se torna imposible. Además, el contacto con las personas sospechadas o acusadas de cualquier acto ilegal que los periodistas investiguen es parte del trabajo periodístico. Eleva la calidad de la información que la audiencia recibe. Y esa información –lo decimos de nuevo– no se consigue sólo conversando en oficinas blancas y transparentes: el poder suele guardar sus papeles sucios en sótanos oscuros y en manos de personajes dudosos.

De la lectura de las 254 páginas del juez Ramos Padilla, no surge ninguna comprobación directa, no sujeta a interpretación, de que Santoro haya actuado en complicidad con D’Alessio para extorsionar o coaccionar a alguien. Son apenas conjeturas que no dan lugar a una respuesta más simple: Santoro, como él mismo lo admitió y explicó en varias oportunidades, fue engañado por su fuente.

Cometió el error, lo mismo que muchos otros periodistas de varios medios, de creer que D’Alessio era abogado, con vínculos importantes y acceso a información privilegiada. Lo real es que D’Alessio sí tenía ese tipo de información, y el juez señala que la conseguía por medios ilícitos. Y también era real que conocía mucho sobre narcotráfico, al punto de haberse convertido en fuente para el último libro de Santoro, El mecanismo, quien además lo presentó, confiado en sus supuestos conocimientos, ante políticos y fiscales.

A ese error admitido por el periodista en su declaración judicial y en varias entrevistas que dio en los últimos meses, el juez lo convierte en una acción delictiva. Fundamentalmente en dos hechos: la supuesta coacción al exdirectivo de la empresa venezolana PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, y la supuesta extorsión al empresario de la firma OPS Mario Cifuentes.

Cuestión de pruebas

En la prueba recolectada por Ramos Padilla, se ven mensajes en los que D’Alessio –siempre D’Alessio– pide dinero a varias personas y las amenaza con que, si no pagan, Santoro publicará notas con información que las involucra. D’Alessio, quien actuaba ante el periodista como una fuente, conocía algunos de los temas en los que trabajaba Santoro y se aprovechaba de esa circunstancia dando a los extorsionados la idea de que ambos trabajaban en tándem. El despliegue típico de un estafador. Además, se presentaba ante quienes quería extorsionar como “autor de varios libros” junto con Santoro, lo que es otro invento.

Pero a partir de las afirmaciones del falso abogado, el juez Ramos Padilla decide que “existen elementos de prueba suficientes que dan cuenta del conocimiento que tuvo Daniel Santoro de que con su actividad llevaba adelante un aporte significativo para la concreción de los planes criminales” de D’Alessio.

El magistrado afirma que existen elementos de prueba suficientes para procesar a Santoro e intenta minimizar su responsabilidad en el procesamiento de un periodista diciendo que, obviamente, su culpabilidad o inocencia serán decididas después por instancias judiciales superiores. Pero esa prueba suficiente de la que habla en su resolución no es clara. Son indicios, conjeturas e interpretaciones.

Una de las pruebas que blande el juez es que en alguno de sus mensajes de WhatsApp Santoro llama a D’Alessio “amigo”, y que el falso abogado le dice afectuosamente “gordo”. De ese tipo de “pruebas” está llena la resolución judicial.

Ya se ha dicho que Ramos Padilla integra la asociación kirchnerista de funcionarios judiciales llamada Justicia Legítima. Este caso ilustra las consecuencias de las que fue una de las victorias discursivas del kirchnerismo: colocar la cuestión de la propiedad de los medios en el debate público y convencer a grandes audiencias de que todos los medios de comunicación que no responden a su concepción política tienen intereses ideológicos y económicos perversos. Junto con eso, adosó el convencimiento de que todos los periodistas sólo replican los puntos de vista de quienes los contratan.

Como observó Silvio Waisborg en su libro Vox populista (2013), se trata de una concepción funcional a la forma de construcción de poder del populismo. Elegir un adversario y convertirlo en la antipatria, en un enemigo del pueblo.

Por eso hoy, en las redes sociales, es fácil y triste leer a miles de personas convencidas de que cualquiera que insinúe una defensa de Santoro es un periodista corporativo, un cómplice, un enemigo de su preferencia partidaria.

Uno de los mejores momentos del texto de procesamiento de Santoro es cuando Ramos Padilla afirma: “Lo que busca esta investigación, entre otras cosas, es proteger la actividad de los periodistas”. Gracias, señor juez. Pero ante protecciones como estas, es entendible que los periodistas suelan desconfiar de quienes se visten con el traje de defensores.