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11/06/2018 -  tiempo  13' 38" - 554 Visitas Diálogo con Mario Juliano, juez de Necochea, fundador de la Asociación Pensamiento Penal “La ley de narcomenudeo va a fracasar porque sólo genera burocracias”
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Mario Juliano desafía buena parte de los lugares comunes del derecho penal.
Mario Alberto Juliano tiene 62 años, cinco hijos, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor invitado de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Comahue, fundador de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea. Se hizo conocido a nivel nacional en septiembre de 2016 cuando publicó una carta en la que respaldaba la decisión de su hija de cultivar cannabis para uso personal y luego fue noticia cuando intervino en la causa por los topless que la policía quiso prohibir en la playa y que dieron origen a los famosos “tetazos” en diversos puntos del país. En el marco de su visita a Paraná semanas atrás para presentar el Equipo de Monitoreo del Sistema Penal Juvenil (EMSPJ) de la provincia de Entre Ríos dialogó con ANALISIS y puso bajo su lupa todos los temas: lucha contra el narcotráfico, ley de narcomenudeo y despenalización del consumo; la polémica “doctrina Chocobar”, superpoblación y deficiencia de la infraestructura carcelaria, entre otros.
Por Ayelen Waigandt

Siempre controvertido en sus declaraciones y en sus fallos, Mario Juliano desafía buena parte de los lugares comunes del derecho penal, replantea cosas que se tenían por obvias y sorprende con puntos de vista polémicos e innovadores.

Estuvo en Paraná el mes pasado en su calidad de director Ejecutivo Regional de la Asociación de Pensamiento Penal (APP) donde presentó el Equipo de Monitoreo del Sistema Penal Juvenil (EMSPJ) de la provincia de Entre Ríos al que calificó como “un grupo interdisciplinario con profesionales de varias áreas que en lo sucesivo estarán monitoreando el sistema de justicia penal juvenil, tratando de ver sobre una base de datos concretos, objetivos, cual es la realidad de Entre Ríos”.

En ese marco, planteó que la provincia “tiene una situación bastante buena en comparación con otras jurisdicciones, con una ley recientemente sancionada que propone un tratamiento adecuado para las personas menores de edad que están en conflicto con la ley penal y que inclusive es un modelo para seguir en el resto del país”. No obstante, dijo que “siempre hay muchas cosas más para hacer”.

La lupa sobre todos los temas

- Despenalización:Juliano fue uno de los 250 magistrados que, en el marco de los 30 años del conocido fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sentó jurisprudencia sobre la no criminalización del consumidor de drogas, firmaron una declaración en reclamo de “una política de drogas respetuosa de los derechos humanos”.

Su hija más grande, Luz, consume marihuana desde hace 10 años y forma parte de la Asociación Cannábica de Necochea, con la que luchan hace un largo tiempo por la despenalización. Aunque Juliano nunca consumió ninguna sustancia prohibida, no le reprocha a su hija que consuma, se siente orgulloso de ella y apoya el reclamo por la legalización.Incluso abrió la polémica a nivel nacional cuando publicó una carta sobre el tema en su Facebook personal.

“Estoy muy conforme de haber podido instalar o traer un tema al debate y a la opinión pública. Mi hija que tiene 33 años, es abogada, madre, una persona responsable, trabajadora y dirigente de la causa, sigue siendo cultivadora. Yo no soy ni cultivador ni consumidor pero sí soy un dirigente de la causa de las libertades y desde ahí es que apoyo esta causa”, le dijo a ANALISIS. Aunque también aclaró que con su postura no “promueve el consumo”.

“Para mí el tema de la droga no es un tabú. Lo asumo con responsabilidad. Sí tengo preocupación por los consumos problemáticos. El consumo responsable de cualquier sustancia forma parte del modo de llevar la existencia. El consumo irresponsable, problemático, pone en riesgo la salud. La marihuana es la menos riesgosa de todas las sustancias llamadas drogas. No se conocen personas que hayan muerto a causa de la marihuana, sí de otras drogas legales como el tabaco o el clonazepam.Además, la guerra contra las drogas ocasiona muchísimas más víctimas que las provocadas por consumos indebidos”, aseguró.

Definiciones

- Ley de narcomenudeo: “Obviamente la aplicación de esta ley va a agudizar el problema de la situación penitenciaria con los micro y pequeños traficantes, que es de quienes se ocupa la ley de narcomenudeo.

Lamento que Entre Ríos haya adherido a la ley, y ya les anuncio y les aseguro que este plan va a fracasar porque ya tenemos experiencias. La venta al menudeo no va a terminar porque estamos hablando de una situación comercial que cuando se cierra un kiosco, a los cinco minutos se va a abrir otro, con las personas que están esperando para reemplazar a la persona detenida.

Esto no se va a resolver con la ley penal, indudablemente. Y con esto solo estamos generando más burocracias que son costosas, y lo que es peor de todo generando una expectativa en la población que piensa que de este modo vamos a resolver este problema; pero esta expectativa se verá defraudada más temprano que tarde. El año que viene cuando vuelva a Paraná vamos a volver a hablar de este tema y vamos a ver que no se ha modificado en lo absoluto”.

- Narcotráfico: “Desde la Asociación de Pensamiento Penal creemos que el camino para combatir al narcotráfico es el que ha iniciado Uruguay, que es el camino de la regulación de mercados. Es el único modo de poder golpear al narcotráfico, con la intervención del Estado a través de la regulación de mercados, que significa legalización.

En esto la despenalización es un aspecto y la tenencia para consumo personal de cualquier tipo de sustancia no puede estar penalizada de ninguna manera, esto ya lo dijo hace más de 30 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero todavía el narcomenudeo, donde se confunde muchas veces comercialización con consumo, es adonde se está orientando fundamentalmente”.

- Necesidad de cambiar de paradigma: “El paradigma que hemos venido siguiendo en Argentina y la región en los últimos 50 años está notoriamente fracasado, y esto no lo digo yo sino que lo dice el grupo de trabajo en materia de drogas conformado por líderes internacionales, ex Presidentes de países de la región y otros profesionales que hablan claramente de un fracaso notorio del programa de guerra a las drogas. La guerra a las drogas ha fracasado.

Creo que es factible aplicar estas ideas en el país, y en ese sentido la ley de regulación de cannabis medicinal es un primer paso, muy tímido porque francamente el gobierno no ha mostrado una clara decisión de avanzar en esta dirección, pero hay ya un tema instalado. Y en estos días estamos teniendo pronunciamientos claros de algunos sectores de la Justicia que están habilitando el cultivo con fines medicinales.

Es un tema en el que se está avanzando y creo que el pueblo argentino –como lo ha demostrado en otras ocasiones y en otros temas igual de sensibles- se encuentra absolutamente capacitado y en condiciones de poder tramitar un tema como este”.

- Superpoblación en cárceles y comisarías: “Es el problema más grave que tenemos en el sistema penitenciario. La sobrepoblación es uno de los principales obstáculos para pensar en un proceso de resocialización y en un tratamiento adecuado para las personas que están privadas de la libertad. Establecimientos que están concebidos para que haya 10 personas les ponemos 20 o 30 y es lo mismo que pasaría en un hotel: si uno llega a un hotel y le avisan que va a tener que compartir la habitación con otros tres pasajeros, es unos casos puede llegar a ser divertido pero en otros quizás que no. Al margen de ese detalle, este es un grave problema y hay una gran emergencia.

En cuanto a mi posición me diferencio un poco del resto porque creo que desde el Poder Judicial tenemos el 80 por ciento de responsabilidad sobre este problema; los jueces y las juezas que somos quienes estamos encarcelando, muchas veces de modo indiscriminado, a personas que podrían tener otra forma de aseguramiento distinta (control por monitoreo electrónico, puesta a prueba bajo condiciones), que no sea una penitenciaría y que estamos dejando destentar a personas que ya sobradamente están en condiciones de recuperar la libertad, pero por temores –en Entre Ríos particularmente hay fundadas razones- dejamos de hacerlo. Esto está agravando de modo agudo la capacidad de alojamiento con las consecuencias deletéreas del hacinamiento que provoca la sobrepoblación, violencia intercarcelaria, dificultad de acceso a los derechos.

Desde hace años -20 años, por decir algo- la clase política en general, con honrosas excepciones, recurre en forma permanente a la reforma de la ley penal para responder a los reclamos de seguridad de una parte de la población, que es la parte de la población que cree que el problema de la seguridad se resuelve aumentando la cantidad de personas privadas de la libertad, pese a la demostración empírica de lo contrario. Las reformas legislativas que produjeron un notorio endurecimiento del Código Penal (aumento de las escalas penales, creación de nuevos tipos penales) estuvieron acompañadas de un discurso de tono punitivo que ha venido reclamando más acción por parte del Poder Judicial. Léase en esto, incrementar el encarcelamiento”.

- Deficiente infraestructura penitenciaria: “Justamente como consecuencia de la sobrepoblación, las cárceles tienen un sobre uso;la mayoría son establecimientos obsoletos, que han quedado superados a través del tiempo, hubo poca renovación y las instalaciones no reúnen las condiciones mínimas indispensables para un tratamiento digno de las personas”.

- La “doctrina” Chocobar: “Lo primero que debo señalar respecto del denominado caso Chocobar es que se trató de un hecho lamentable y desgraciado, se lo mire por donde se lo mire. Es un tema que puede ser abordado desde dos perspectivas: por un lado desde un tema estrictamente judicial donde el policía Luis Oscar Chocobar es una persona como cualquier otro ciudadano de la República Argentina que tiene el derecho de tener un juicio que determine si actuó en legítima defensa de un tercero, si se ha excedido o si se trata de un homicidio, como yo particularmente creo. Estas son las reglas de juego de Argentina, a las que no tuvo acceso la persona que mató Chocobar.

El otro plano de análisis es el de la opinión ciudadana, debate que considero sano, y desde el punto de vista político –en el amplio y genérico sentido de la palabra- desde la Asociación de Pensamiento Penal creemos que la acción de Chocobar representa un modelo de seguridad pública al cual no adherimos, al empleo de la fuerza pública de modo desmedido.

Distinto sería el caso y de otra cuestión se estaría hablando si lo que hizo Chocobar lo hubiera hecho en el momento preciso en que la persona estaba apuñalando al turista. Pero el hecho claramente había cesado, el delincuente –por llamarlo de alguna manera- estaba huyendo a más de 300 metros del lugar y Chocobar no solamente puso en riesgo la vida de esa persona, al punto de matarlo, sino también de terceras personas.

A esta situación se suma la reacción estatal, de las más altas fuentes gubernamentales y específicamente del Presidente de la República que, lo que a mi criterio aparece como un acto imprudente, recibe a Chocobar en la Casa de Gobierno felicitándolo por su acción, a lo cual se suman las declaraciones de Patricia Bullrich.

Esto es riesgoso porque la actuación de las fuerzas de seguridad, que entrañan uso letal de la fuerza, tiene que ser medida y estos gestos pueden ser interpretados por buena parte de la fuerza como una suerte de carta blanca para actuar de modo discrecional.

Queremos fuerzas de seguridad activas, presentes en la vida pública, que preserven nuestros bienes y nuestras personas – lamentablemente no me imagino una sociedad sin la policía actuando- pero este ejercicio de la fuerza tiene que ser razonable, proporcionado, y no se puede convertir en el brazo ejecutor de la ley de disponer una pena de muerte.

Los hechos despertaron un saludable debate en la opinión pública, ya que tras esta discusión se encuentra en tela de juicio el modelo de seguridad pública que debemos construir los argentinos. Y este es un debate del que debe participar toda la ciudadanía, de ninguna manera debe quedar reservado a los supuestos especialistas”.

- El rol de la policía: “La fuerza letal siempre debe ser el último de los recursos al que deben apelar las fuerzas de seguridad, cuando no existan otros medios para repeler una agresión que ponga en peligro la vida de terceras personas, guiados por los principios de necesidad y proporcionalidad.

Celebro que los jóvenes cadetes de la Escuela de Policía de Entre Ríos o quienes ya están en funciones se involucren y se interesen en el tema penal juvenil y participen de la presentación que estamos realizando del Equipo de Monitoreo, porque ellos son los brazos ejecutores de la ley y todos depositamos nuestras esperanzas y nuestras expectativas de que sus intervenciones sean razonables, pacificadoras, que ayuden a resolver los conflictos y no agravarlos, como a veces ocurre.

Esto habla de una sociedad que va cambiando en algunos aspectos –en algunos para bien y en otros quizás no tanto- pero soy muy optimista y recorriendo el país veo que las fuerzas de seguridad, tanto Policía como el Servicio Penitenciario, con la incorporación de las jóvenes generaciones podemos estar esperanzados de que haya algún cambio”.

- Hablarle claro a la sociedad: “Los jueces no solo hablamos por nuestras sentencias; los jueces somos actores sociales y estamos comprometidos con la realidad en la cual vivimos. Tenemos una responsabilidad, tenemos que hacer nuestro trabajo y juzgar de acuerdo a la ley, pero también tenemos que tratar de comprometernos con la realidad, participar de los debates públicos y esto es lo que trato de hacer todo el tiempo. Me reconozco como un actor político, en el amplio sentido de la palabra no desde lo partidario, porque cada vez que damos una sentencia estamos hablando del modelo de sociedad en que queremos vivir.

Por supuesto no es lo mismo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que una sentencia mía pero cuando la Corte habla sobre temas sensibles está muy claramente haciendo política en el mejor sentido de la palabra: delineando el modelo de sociedad en el que queremos vivir”.

- Los “tetazos”: En febrero de 2017 Mario Juliano archivó la causa contra las mujeres que hicieron topless en una playa de Necochea y consultado por ANALISIS al respecto, afirmó que “no hay una norma que prohíba la desnudez” y se manifestó “a favor del ejercicio de las libertades”. “Desde el punto de vista de la Justicia es una situación de vacío legal, porque no hay una norma que prohíba la desnudez. No sería constitucionalmente válido. Como juez, como persona, estoy a favor del ejercicio de las libertades, de los derechos.

La norma contravencional que estaba en cuestión, el artículo 70 del Código de Faltas sanciona con multa los actos obscenos contra la decencia pública. Averiguar qué es la decencia pública es una tarea dificultosa. Y aquí el problema está en el Código de Faltas que es de 1973. Es una herencia de la revolución argentina que no hemos logrado modificar.

La vida en sociedad exige determinados grados de tolerancia. El hecho de que una mujer descubra sus pechos no representa un acto objetivamente lesivo para terceros y, por ende, se encuentra exento de la autoridad de los magistrados. Además, los seres humanos somos los únicos integrantes del reino animal que tenemos serios problemas para convivir con nuestros cuerpos y que hacemos de esas dificultades un buen motivo para enfrentarnos y guerrear”.
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