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05/07/2017 -  tiempo  2' 23" - 1371 Visitas La insólita influencia de Cachi Martínez y la pelea por una vacante Invasión santafesina en la Justicia Federal de Paraná
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Empleados y funcionarios de la Cámara Federal de Apelaciones viajan todos los días desde Santa Fe a Paraná.
Secretarios, funcionarios, empleados y hasta el servicio de limpieza de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná provienen de Santa Fe. La “invasión”, como califican a la situación en el edificio de la Justicia Federal de calle 25 de Mayo, deriva de la injerencia de Oscar Cachi Martínez, dirigente massista -antes kirchnerista, antes menemista- de la vecina provincia. La situación no es nueva, pero quedó en evidencia ante el descontento por el intento de cubrir un cargo de camarista también con un hombre de Santa Fe, lo que disparó múltiples operaciones. Combis que van y vienen por el Túnel trasladando a diario a los trabajadores y el rumor de que un porcentaje de los sueldos de “los santafesinos” va a parar a una caja política completan un cuadro preocupante. L. D.

Cada mañana, dos combi estacionan en calle 25 de Mayo, en las puertas del edificio del Poder Judicial de la Nación, para que descienda un grupo de empleados y funcionarios de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que viaja cada día a cumplir funciones desde la ciudad de Santa Fe.

Detrás de la designación de la mayoría de estos empleados y funcionarios, en ámbitos de la Justicia Federal, señalan al dirigente santafesino Oscar Cachi Martínez, candidato en varias elecciones a distintos cargos y por distintos espacios políticos, diputado nacional mandato cumplido, hoy enrolado en el massismo y, en representación de esa fuerza, designado en la actual gestión en el directorio de Arsat, cargo al que renunció la semana pasada.

¿Por qué un dirigente de Santa Fe -que fue menemista, luego kirchnerista y ahora massista- tuvo posibilidad de prácticamente “colonizar” un ámbito de la Justicia Federal entrerriana? No hay una explicación concreta, más allá de un uso astuto de una gama de influencias que, a lo largo de los años, abarcó desde el ex ministro menemista Eduardo Bauzá, hasta el senador y operador judicial kirchnerista Nicolás Fernández, pasando más cerca en el tiempo por el ex gobernador Sergio Urribarri o el líder del Frente Renovador Sergio Massa.

¿Cuál sería la razón para que un dirigente de otra provincia, al que poco pueden interesarle las definiciones judiciales que se adopten en la capital entrerriana, encare una movida de semejante naturaleza?

“A cada funcionario y empleado de este grupo de los santafesinos se le pide un 10 por ciento de su sueldo cada mes, que se destinan a una caja política”, asegura un legislador opositor que sigue de cerca las negociaciones que se llevan adelante en el Senado de la Nación en torno de los pliegos de postulantes a cubrir vacantes en el Poder Judicial.

La incredulidad ante la revelación de que una modalidad asimilable a ámbitos de la política partidaria tenga lugar en la Justicia Federal motiva consultas múltiples. Y todas las respuestas efectuadas a fuentes de dentro y fuera del edificio de calle 25 de Mayo coinciden en asegurar que tiene lugar allí esta cuestionable metodología de financiamiento de la actividad política.

“Lo del diezmo es absolutamente cierto”, aseguran varias fuentes ante la requisitoria de este medio, apelando a la figura bíblica que alude a la contribución con la décima parte de las ganancias obtenidas.



(Más información en la edición gráfica número 1062 de la revista ANALISIS del 6 de julio de 2017)
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