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 -  tiempo  55' 9" - 35839 Visitas Capítulo XVI: Los fantasmas de Nogoyá
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Jorge Castillo abandonó de madrugada el club donde se había realizado, en horas de la noche del 17 de septiembre del ‘94, un asado de la línea interna del PJ. Era el precandidato a intendente de Nogoyá por el sector de Jorge Busti y estaba orgulloso porque, en verdad, tenía suficientes cartas para considerarse un futuro ganador en la puja con el postulado por el moinismo. Pero no eran días tranquilos, sino de un gran nerviosismo. Jorge Castillo abandonó de madrugada el club donde se había realizado, en horas de la noche del 17 de septiembre del ‘94, un asado de la línea interna del PJ. Era el precandidato a intendente de Nogoyá por el sector de Jorge Busti y estaba orgulloso porque, en verdad, tenía suficientes cartas para considerarse un futuro ganador en la puja con el postulado por el moinismo. Pero no eran días tranquilos, sino de un gran nerviosismo.

El dirigente, delegado zonal de Vialidad Provincial en su ciudad, de fino bigote, delgado y simpático con las mujeres, tuvo algunos encontronazos que lo pusieron un tanto tenso. Las disputas no solamente eran políticas, sino también económicas y amorosas. Su novia -aunque no en público- era la maestra Norma Rossi, quien aún estaba casada, pero ya no convivían, con un conocido gasista del pueblo. La presencia de la mujer generaba resistencia en las filas militantes del PJ, fundamentalmente en las compañeras. “Le hace mal a tu precandidatura”, le insistían a Castillo, que estaba separado y vivía solo en su casa de calle Quiroga y Taboada al 1100. No estaba convencido de alejarse; la joven docente -de 30 años- le generaba las más variadas pasiones. Sin embargo, pese al pedido expreso que le hizo, esa noche no concurrió con ella a la cena política realizada en el comedor La Gruta, que tenía como único objetivo conseguir fondos para la campaña. Y la decisión de Norma lo molestó, porque tenía ganas de enrostrársela a quienes le pedían su alejamiento.

Sólo sus amigos más íntimos se dieron cuenta que Castillo no estaba bien de semblante. No era el mismo de días anteriores.
-¿Qué te pasó? -le preguntó uno de ellos.
-No, nada, cosas de la política y de las ambiciones de los dirigentes, que a veces me tienen cansado.

Años después, en círculos muy íntimos, se sabría que tuvo una imprevista reunión en Rosario del Tala -en las últimas horas de la tarde de ese 17-, de carácter reservado. “Fue con un alto dirigente del bustismo, relacionado con Vialidad Provincial, que lo puso entre la espada y la pared”, indicó la fuente, conocedora al dedillo de los movimientos de Castillo en esa jornada. Hay quienes sostienen que el reclamo del encumbrado dirigente fue sobre el destino de casi un millón de dólares, por la obra de la ruta Victoria-Nogoyá que, en principio, sobraba del presupuesto.
-No sé por qué me apretás; la plata está -dicen que se defendió el precandidato.
-Vine acá a decirte que no jodas con ese dinero, porque de lo contrario te la vas a tener que bancar.
-Ustedes están locos y me tienen harto.

El diálogo fue áspero, pero el dirigente bustista nunca quiso entender las explicaciones de Castillo que, en verdad, tenía razón. Meses después, ese dinero fue repartido en forma equitativa entre los municipios de cada localidad. Pero ya era tarde.
Castillo volvió a Nogoyá, pero antes de llegar al comedor pasó por el canal local de cable y realizó un reportaje con el periodista Antonio Oberti, donde habló sobre cómo iba la campaña y cuál era el real objetivo de la cena de esa noche. No fueron pocos los que se sorprendieron con el rostro preocupado que tenía. “Algo le está pasando a este hombre”, comentó por lo bajo un dirigente, cuando lo observó. Pero no le dio mayor importancia.

El precandidato a intendente había crecido lo suficiente políticamente, en muy poco tiempo. Todos sabían que era el seguro ganador de la interna y que su figura podía ser tanto o más importante de la de quien lo bendijo: el entonces diputado provincial Faustino Schiavoni, también de Nogoyá. Por él era delegado zonal y precandidato. Había acuerdos políticos y ciertos manejos de dinero poco claros con punteros del departamento, que generaron cierta preocupación. El nerviosismo reinante hizo que Castillo adoptara una decisión: la de estar permanentemente con un revólver en su automóvil. “Cuando me agarren, no me van a encontrar desarmado”, solía repetir en esos días ya primaverales de 1994. Compró el arma pocos días de iniciar la campaña para la interna.
-¿Para qué tenés ese revólver? -le preguntó un día su hermana Adriana.
-Tengo mis enemigos...

Jamás le quiso decir a quién se refería, pero Adriana no dejó de notar cierta perturbación en sus movimientos. Además, sucedieron hechos extraños en días previos que, de alguna manera, la preocupaban. Hubo llamados telefónicos intimidatorios –a los que prefirió ocultar- y se empezó a dar cuenta de un detalle: cómo tenía controlada la línea de su casa. Cada vez que atendía una comunicación, se escuchaba del otro lado cuando levantaban el teléfono. A pocos metros de su vivienda se apostó un policía y seguía todos los movimientos de la familia. Un día, una de sus hijas se asustó por la forma en que el uniformado la siguió en horas de la madrugada. “No le des importancia”, le dijo a la joven, para calmarla. Pero estaba convencida de que el policía no estaba allí para cuidar su seguridad. Había otra cosa. Pero no quiso decir nada.

Pese a la euforia de los militantes, Castillo no quiso hablar en el asado que terminó en la madrugada del 17 de septiembre. A muchos les sorprendió la distancia que puso -en la larga mesa- del diputado Schiavoni, con quien casi ni siquiera se dirigió la palabra. El legislador llegó cerca de las 22.30 a Nogoyá, luego de participar de un acto en Victoria. La situación entre ambos era tensa. No obstante, quince días antes de ese viernes Schiavoni le había salido de garante en un crédito solicitado en el Banco de Galicia, por cinco mil pesos, para pagar gastos de la campaña política. “No puedo más con la plata que me sale la campaña”, repetía Castillo, mientras contaba a sus íntimos los reclamos casi diarios de varios de los punteros del PJ para cumplir con las tareas de militancia.
Castillo estaba molesto con Schiavoni porque no le gustaron los cuestionamientos que le hizo sobre su relación con Norma Rossi. El reclamo permanente del diputado era, además, por la forma en que manejaba la campaña, sin encuadrarse en las directivas del comando bustista. “¡No podés hacer la tuya, simplemente! Hay un plan que tenés que respetar”, le dijo una noche. Castillo lo miró, pero no le contestó. Sabía que en las palabras del legislador había algo de recelo por la adhesión que estaba logrando en Nogoyá, sin necesidad de estar colgado de su saco. Tenía vuelo propio y a veces molestaba.

El precandidato tenía una relación de suma confianza con Norma; hasta había decidido darle las llaves de la casa. No obstante, a su vez tenía una vaga idea de empezar a abrirse de la relación -fundamentalmente porque no soportaba más la presión- y retornar con su última esposa después de la elección.

Schiavoni se fue de la cena de la línea interna cerca de la medianoche, acompañado por Carlos Ghirardi y el abogado Miguel Ramos. Castillo hizo lo mismo horas después. Su cuñado Antonio Kapp y su hermana Adriana lo vieron irse cerca de las 3.15 de la madrugada. A los días se sabría, de acuerdo a los dichos de Norma Rossi, que apenas salió de la cena la fue a buscar a su departamento. Eran -según el testimonio- poco después de las 2.30 y el timbre no funcionaba.
-¿Qué hacés por acá? -preguntó sorprendida la mujer, cuando se encontró con su presencia en la puerta. Castillo violó un código que no le permitía llegar a su vivienda sin avisar. En los meses de relación, era la segunda vez que lo hacía y a Rossi le disgustaba.
-Te vengo a buscar y a decirte que me molestó que no hayas ido a la cena –le contestó el dirigente.
-Vos sabés muy bien que todos me critican y no quise incomodarte. Esperá que me vista. Te aviso que no puedo estar mucho tiempo, porque a primera hora de la mañana me traen el nene -le advirtió.

Norma Rossi se puso un vestido oscuro y zapatos con taco. Entendió que era lo más práctico y, en verdad, se cansaba de usar siempre pantalones, puesto que debía trasladarse permanentemente en moto. Castillo tenía estacionado su auto en calle 25 de Mayo, a unos cincuenta metros del departamento.

El encuentro en la casa de Castillo no se prolongó demasiado. Se sentaron en el living a conversar. Rossi antes le preguntó si había tenido alguna reunión política en su domicilio, por la forma en que estaban acomodados los sillones. “Sí, estuve con algunos compañeros, entre las tres y las cinco de la tarde”, le contestó, sin darle mayores detalles. En la mesa del living aún estaba el termo con el mate y en el cenicero había papel de caramelo.
-Me siento un poco descompuesto... -le dijo el dirigente.
-¿Por qué?
-Comí una barbaridad y tomé un par de vasos de whisky.
-¿Querés que te haga un té?
-No, dejá. Ya se me va a pasar.

Pese a la descompostura, Castillo decidió no ingerir nada para revertir su mal estado. Hizo todo lo contrario -según el relato posterior de Rossi-: abrió una botella nueva de Chivas Real, regalada por el médico neurólogo Gabriel Giusta, a quien el delegado zonal de Vialidad le arregló el camino a su estancia, ubicada en la zona rural de Febre, entre Nogoyá y Victoria. Giusta hacía una importante tarea social en ambas ciudades y entabló cierta amistad con el dirigente.

Fueron hasta la cocina y Norma se encargó de servir los vasos de whisky. Volvieron al living y se sentaron juntos en uno de los sillones. Estuvieron por espacio de algunos pocos minutos. Fue hasta que Castillo salió casi corriendo al baño y cerró la puerta. Igual se pudo escuchar cómo vomitaba. La mujer optó por ordenar las cosas: guardó los vasos, la hielera y se sorprendió porque no encontraba la botella de whisky. Recién la halló en el dormitorio, apoyada sobre la cómoda. La tomó, la llevó hasta la caja y la guardó en la alacena del living.

Castillo salió del baño y le dijo que la llevaba a su casa. Habían pasado no más de treinta minutos. Cuando la mujer salió se encontró casi cara a cara con un señor de apellido Azanza, pero no se saludaron. Castillo le señaló que tenía que comprar cigarrillos y pensó que en el único lugar que podía conseguir un atado era en una de las estaciones de servicio.

Dejó a la mujer y pasó por el kiosco de la estación de servicio que atendía don Angel Salvador Ortega. Antes de llegar fue observado por dos jóvenes de Nogoyá, que se sorprendieron con la frenada del vehículo de Castillo, antes de llegar a los clásicos lomos de burro para aminorar la velocidad. “Es el candidato”, dijo uno de ellos, al reconocerlo. Pero el dirigente nunca los vio. Compró dos atados de Marlboro y se marchó rumbo a su casa. Fue la última vez que alguien vio con vida al dirigente.
Esa madrugada, el taxista Pedro García fue quien avisó a los bomberos que de la vivienda del dirigente salía humo. Un suboficial de Investigaciones de la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá fue el primero en llegar, un poco antes de las seis de la mañana. En verdad, los policías de esa sección también estuvieron de cena y el encuentro recién finalizaba. Abrió la puerta y la presión del fuego lo tiró para atrás. Dentro de la habitación era un caos. Las llamas llegaban hasta el techo y la temperatura -después se comprobaría científicamente- estuvo cerca de los mil grados.
El estallido de todos los vidrios se produjo por el calentamiento. No obstante, las prendas que estaban en el placard no alcanzaron a quemarse. Estallaron el calefactor y los mosaicos de la habitación. Después se comprobaría que se usó un combustible sólido, más la ayuda de otro combustible líquido que aceleró la ignición. De inmediato se descartó cualquier cortocircuito, porque cuando ingresó un cabo de la Policía pudo encender la luz de la habitación.

Castillo estaba totalmente calcinado, atravesado sobre la cama de su habitación, en posición cúbito dorsal. Diez días después se supo, por el informe forense de los médicos tribunalicios de Paraná, que la muerte fue por un paro cardiorrespiratorio. No obstante, se comprobó también que hubo ingesta de monóxido de carbono. Los peritos Carlos Falcón y Horacio Zaidenberg -del equipo médico forense del Poder Judicial de Entre Ríos- nunca dudaron en señalar que estaba vivo cuando fue quemado. Lo único que no se pudo determinar -por el estado en que quedó el cuerpo- fue si Castillo sufrió un golpe, lo que a toda vista resultaba obvio. Tampoco se pudo explicar qué fue lo que generó una mancha de sangre en el suelo, en la habitación, cerca de la cama donde estaba el cadáver. La cantidad de alcohol que tenía era exigua y no había restos de psicofármacos en sangre. “La carboxihemoglobina encontrada en sangre, como así también el humo hallado en vías aéreas superiores son uno de los factores determinantes para aseverar que la muerte se debió a asfixia y paro cardiorrespiratorio”, indicaba el informe forense.

El cuerpecito reducido del dirigente -que no tenía rastros papilares, por la acción del fuego- quedó por algunas horas tirado en la cama y fue observado por demasiada gente que se agolpaba en la habitación que daba a la calle, en esa mañana de sábado. Incluso todos observaron cuando, consecuencia de la temperatura, cayó buena parte de la mampostería del techo sobre su cama.

El juez de Instrucción Gustavo Meda se hizo presente en la vivienda, casi en forma simultánea con Schiavoni, cerca de las 7.30, pero no fueron juntos. El diputado no dejaba de tomarse la cabeza y trataba de consolar a los familiares de Castillo, pero todo era en vano. A Schiavoni le avisó un señor de apellido Ramallo. Lo llamó por teléfono “a las seis o cinco de la mañana”, según declararía luego.

Lo primero que se pensó fue que se trató de un accidente, pero la conjetura se desmoronó a las pocas horas. “Esto es político”, repetía la hermana del dirigente, Adriana Castillo, a quien quisiera oírla, en medio de la impotencia y el dolor. Pero pocos estaban para escucharla. Es más: era demasiada la gente que quería acallar tal hipótesis. El cuerpo fue reconocido “por los bigotes”, según el policía Héctor Sartori. La hermana del dirigente lo registró por los dientes, las entradas en la frente, el cabello y los bigotes.

Schiavoni retornó a su domicilio a las pocas horas. Apenas llegó recibió el llamado de un dirigente de la otra línea interna, para expresarle la consternación que provocaba el hecho y avisarle que se había decidido suspender el acto, en el cual iban a hablar el precandidato a intendente José Luis Vanegas y el postulado a gobernador, Jaime Martínez Garbino. Esa persona nunca olvidó lo que le respondió el diputado. “Este Jorge se cagó mamando, estuvo con alguna loca y se incendió solo”, le dijo.
Schiavoni volvió a la tarde a la casa de Castillo; fue cuando se enteró de la llegada de los peritos policiales. Ingresó a la vivienda, observó cómo hacían los registros de rastros y se retiró. Estuvo en el hospital de Nogoyá cerca de las diez de la noche -donde se encontraba el cadáver, después de la pericia forense realizada en Paraná- y volvió hasta su casa, porque lo tenía que esperar a Jorge Busti que venía al velorio después de un acto proselitista en Diamante. Pero Busti nunca fue al velatorio; prefirió permanecer con Schiavoni en su domicilio.
-Te llamó una tal Norma Rossi. Quiere hablar con vos y si es posible esta misma noche o, a más tardar, el lunes. Te espera en su departamento de España 957 -le dijo su esposa, apenas ingresó.

Schiavoni solo hizo una mueca de desagrado y sorpresa. Tomó el teléfono y lo llamó a su socio en el estudio jurídico, Oscar Rossi, hermano de Norma. “Venite para casa”, le dijo, casi como una orden. El abogado llegó a los pocos minutos.
-Haceme el favor: vela urgente a tu hermana, que me acaba de llamar, y decile que lo que me quiera decir a mí se lo diga al juez. No tengo nada que hablar con ella.
-Lo hago por vos, Cacho, porque con mi hermana no me hablo desde hace mucho tiempo -le respondió su socio.

Schiavoni averiguó qué empresa fúnebre fue contratada y se trasladó luego a la sede partidaria, donde iba a ser velado el dirigente, a partir de las 23. Al otro día fue uno de los que despidió los restos de Castillo, al momento de ser sepultado.

La investigación sobre el asesinato no la hizo personal policial de Nogoyá, sino que llegó una comisión de Concordia para ponerse al frente de la tarea. En esa ciudad Busti era el intendente y los policías le respondían. El jefe era el comisario Hugo Rodríguez, considerado uno de sus incondicionales. Cuando el concordiense cumplió su segundo mandato, volvió a llamar a Rodríguez para la Jefatura Departamental de su ciudad de origen.

El pedido expreso para que llegaran policías de Concordia lo hizo Schiavoni -previo acuerdo con Busti- y fue quien se encargó de explicarlo en los medios de comunicación. “Es para mayor seguridad y eficiencia. Los policías de Criminalística de Concordia tienen un alto grado de capacitación”, aseveró. En la lógica, nunca se entendió por qué se convocó a uniformados de esa ciudad y no de Paraná, que estaban más cerca y con mayor estructura para investigar. “Está la interna de por medio”, fue la respuesta. La conducción policial dependía de Moine, pero el empresario respetaba los liderazgos regionales.

La causa le quemaba las manos al juez Meda, quien, además, tenía estrechas relaciones con Schiavoni.
-¿Qué se sabe de lo que pasó, doctor Meda? -preguntó Adriana Castillo.
-Es una papa caliente este hecho, señora -le dijo, cuando aún lo estaban velando a Jorge.
-¿Por qué me dice esto?
-Y piense un poco... ¿Cómo le entramos a la pesada de Busti? Hasta lo que pude saber, estaban muy bien organizados. Eran varios y se manejaban con handy.
-Es suya la responsabilidad de investigar hasta las últimas consecuencias –le contestó Adriana, sin dejar de mirarlo fijo a los ojos.

Era, sin dudas, la causa más difícil de Meda. Fanático de Boca Juniors, fue defensor de Pobres y Menores en la ciudad de Colón y luego pasó a Nogoyá. Era un hombre respetado en el pueblo, pero algunos aspectos de su vida privada no lo favorecían. Era un jugador empedernido -de apuestas fuertes- y tenía pasión por las transacciones de ganado. Su círculo de compañeros de juego estaba comprendido por hacendados, terratenientes o profesionales que se reunían en Lucas González -muy cerca de Nogoyá- o bien en Gualeguay, donde se apostaban no menos de quinientos pesos por cada partida de dados. Su adicción al juego de azar le provocó incluso algún papelón, como por ejemplo cuando una mujer reclamó por el juez, en 1986, para reprimir el juego clandestino -en un hecho concreto que observó, en una vivienda- y no supo que uno de los apostadores era Meda.

Entre las primeras informaciones sobre el crimen de Castillo a Meda le llegó el dato de la presunta participación en el hecho de Jorge Firpo -marido de Norma Rossi- y lo detuvo a los pocos días. Había algunos elementos a tener en cuenta. Se enteró que existía una fuerte disputa entre Firpo y Castillo por la situación de la mujer; hubo quien reveló que el detenido compró un bidón de nafta en la estación de servicio cercana a la ruta, cerca de las 22.30, en la misma noche del crimen y, para colmo, se le encontró un plano de la casa del dirigente. Era el único croquis que tenía entre sus anotaciones. Pero, además, fue observado por varios testigos, en esa madrugada, en inmediaciones a la vivienda del ex precandidato.

En verdad, Castillo contrató a Firpo para que le hiciera una instalación domiciliaria de gas y su ayudante fue quien le tuvo que confeccionar un plano extremadamente casero de la casa del dirigente del PJ, aunque la colocación de las estufas no se concretó.

Firpo terminó preso el 7 de octubre. El canal de televisión de Nogoyá registró el preciso momento en que era sacado esposado de su domicilio por la Policía. Lo que más sorprendió fue la imprevista presencia de uno de los lugartenientes de Schiavoni: Palito Farías, quien observó con detenimiento el procedimiento, como queriendo corroborar que, efectivamente, era llevado detenido.

Al día siguiente también cayó su esposa, Norma Rossi. Meda entendió que podía existir cierta complicidad, porque en la escena del crimen aparecía una mujer con sus características y un tercer hombre al que -pese a que lo tenía identificado, ya que era un suboficial de la Policía- nunca lo hizo detener. El juez tuvo también el dato proveniente de una vecina de Castillo, que jamás quiso hablar, quien observó el ingreso de por lo menos cuatro personas esa madrugada, de altura considerable, vestidos de oscuro. Lo vio desde la ventana de su casa -es decir a no más de veinte metros- y no los reconoció como de Nogoyá. Después se sabría que, al parecer, eran del barrio La Bianca, de Concordia.

Hubo otros testigos. A cincuenta metros de la casa de Castillo estaba en un automóvil una joven pareja. La adolescente vio perfectamente cuando salían tres personas de la vivienda, acompañadas de un estrecho colaborador de Schiavoni, considerado por muchos uno de sus principales hombres de confianza. La joven le contó a sus padres lo que observó y se aterraron. La chica fue sacada de Nogoyá y vive con sus parientes en un lugar no determinado del país. Nunca más quiso regresar a su pueblo. Pero jamás se investigó.

Días antes de la detención, Norma Rossi se presentó espontáneamente ante el juez Meda, ante los rumores que corrían en la calle. Eran las 19 cuando comenzó su declaración. “Es evidente la presión policial que se está ejerciendo sobre mi persona, con respecto a la vigilancia que me pusieron a mí y a personas allegadas. Quiero saber qué sucede conmigo, porque era yo quien estaba viviendo con Castillo; estoy afectada por lo que sucedió y no puedo soportar esta tortura moral que hacen conmigo”, le dijo, de acuerdo a lo asentado en la foja 212 del expediente. Rossi puso por primera vez en la causa la posible vinculación de la muerte de su amante con los destinos de la Sucesión Riera. “Jorge siempre me decía que no interesaba el resultado judicial, sino el vaciamiento de la herencia, mientras durara su proceso. Y me dijo que el diputado Schiavoni ejercía poder para que, primero, estuviera el doctor Cabrera en la causa y luego, por medio de éste, se nombrara a la jueza Valdez. Y como administradores nombró a un ingeniero y al doctor Ronchi. Esto le permitió, en el transcurso de este lapso que se extraviaran alrededor de dos mil o tres mil cabezas de ganado, y Jorge reclamaba parte de ese dinero; o sea, lo que a él le correspondía. Y hay más cosas...”, añadió, dejando la puerta abierta a los magistrados.

No fue lo único que declaró contra el diputado: “Jorge estaba muy presionado y una de las grandes presiones venía de parte de Schiavoni, por no querer incluir en la lista de concejales a Palito Farías. Castillo alegaba que no quería chorros en la lista. Tampoco lo quiso de guardaespaldas a Cucilo Cardoso, a quien Schiavoni quería poner.
Jorge le dijo que no, ya que no quería relacionarse con ese sujeto”. Y al final dejó sentado un párrafo, que sonó a mensaje: “Quiero agregar que me acerqué a prestar esta declaración por inseguridad o intranquilidad, sobre todo porque sé por comentarios de Jorge Castillo que a la Policía la tenía controlada el diputado Schiavoni. Que lo hizo antes con un subjefe que era de apellido Motroni. Y que en la actualidad lo quería traer nuevamente para tener la intendencia con Jorge, la Policía con Motroni y el Juzgado con la Valdez. Y yo, ante todas estas situaciones y sintiendo la presión policial, es que con cierto recelo hago esta presentación”. Ninguno de los magistrados y funcionarios judiciales desconocía el cuadro de situación descrito por la mujer. No dijeron nada. Hubo un marcado silencio, se miraron entre ellos y alguno agachó la cabeza por vergüenza.

Esa noche, después de declarar, Norma Rossi se cansó de llamar a la casa de Adriana Castillo. Las hijas le conocían la voz y le dijeron que la estaba buscando. La última vez, Adriana levantó el teléfono.
-Adriana, no me cortes la comunicación. Soy Norma Rossi. Yo no maté a tu hermano...
La hermana del dirigente asesinado no le contestó. Le cortó.

*****

Con Norma Rossi detenida, el juez convocó a declarar al diputado Schiavoni. Seguramente antes de su encierro no hubiese ido al despacho tribunalicio. Además, no desconocía lo que la mujer le dijo al juez Meda. Su testimonio quedó plasmado en diez carillas del expediente que nunca tuvieron trascendencia pública.

Schiavoni habló de cómo se enteró de la muerte de Castillo e insistió con un concepto. “La gente comentaba que podía ser un accidente, con un cigarrillo o un cortocircuito. A mí, a la mañana, me parecía que podía ser un accidente”, acotó.
-¿Qué relación tenía con la víctima? -le preguntaron.
-Había una estrecha amistad, fundamentalmente política, pero no de trato íntimo familiar. No obstante, compartía con él comidas o algunas cosas. Esta relación empezó en 1987, cuando fui precandidato a diputado provincial, y de ahí siempre se desarrolló, incrementándose siempre. Siempre hablaba con él en Vialidad o de noche, cuando nos veíamos o estábamos en alguna reunión. Nunca lo llamé a su casa.
-¿Le conocía enemigos políticos?
-No le conocía enemigos que pudieran llegar a esto de la muerte. Tenía adversarios políticos como tenemos todos.
-¿Usted le pidió a Castillo que tuviera como guardaespaldas a un señor Cucilo Cardoso?
-No, para nada. Aparte, nunca me habló de buscar ninguna custodia.
-¿Tomó conocimiento que Cardoso lo frecuentaba para demandarle dinero?
-No, no me dijo nada. Supe que en los últimos días Cardoso concurrió en más de una ocasión a Vialidad, pero no sé si a hablar con Castillo.

El magistrado le preguntó por el episodio en el cual, el día del crimen de Castillo, se negó a hablar con Norma Rossi y le pidió a su socio que la viera. Schiavoni relató lo conocido y luego se sorprendió con una pregunta de la fiscal Contín de Da Ros.
-¿Por qué la dureza de su respuesta -de que no pensaba hablar con Norma Rossi-, siendo que ella era quien tenía relaciones con su compañero, trágicamente desaparecido?
-Cuando me habla dice que quería hablar urgente conmigo y a esa hora de la noche ya se tejían diez mil suposiciones. La hermana de Castillo afirmaba que no creía que fuera un accidente. Lo decía públicamente y dada mi investidura, para que no se vaya a pensar en alguna intromisión de un poder sobre otro, entendí que lo correcto era que la señora Rossi hablara con el juez. Lo mío no fue duro; fue una negativa. Es más: yo tenía conocimiento que ya había sido citada a declarar.
-¿Tiene alguna opinión sobre la causa de la muerte de Castillo?
-Desearía que la investigación llegue a que fue un accidente y confío plenamente en la investigación de la Justicia, sin descartar que existen hechos que, sugestivamente, me hacen dudar. Es decir, el tiempo en que se asegura se desarrolló el fuego; entre la hora que se dice se acostó y la hora que se descubrió el fuego. Aclaro que sobre combustión y avance del fuego no sé nada.
-¿Sabía por qué Castillo estaba armado?
-Yo sé que en el auto llevaba un machete y un revólver; que a veces tiraba tiros en el campo. Nunca llevaba el arma portándola y tengo entendido que no la bajaba en la casa. Pero no le pregunté por qué la tenía.
-¿A qué atribuye los comentarios de la calle, de que se encontraba distanciado de la víctima?
-No lo atribuyo a nada; desconocía ese comentario. Ultimamente había un distanciamiento físico, derivado de que aparte de los días que yo estaba en Paraná y me contactaba con él por teléfono, cuando venía a Nogoyá aprovechaba a salir a hacer campaña fuera de la ciudad, para acompañarlo a Jorge Busti.
-¿Se interesó por la evolución de los estudios periciales ordenados? Se lo preguntamos porque la hermana de Castillo dijo que le preguntó a usted al respecto y le contestó que “a mi no me largan nada”.
-Me interesé en que las pericias policiales llegaran lo más rápido posible a Nogoyá, dado que el juez había expresado públicamente que estaban faltando algunas pericias. Se lo indiqué incluso al ministro de Gobierno, Justicia y Educación de la provincia (Hermo Pesuto), pero sin interesarme sobre cuál era el resultado de las pericias. Traté de que llegaran incluso antes de la marcha de silencio que se hizo. Les dije a los familiares que podían hacer lo que quisieran, pero era mejor si esperaban un poquito hasta que llegaran las pericias.

En la Justicia de Nogoyá no se calculó la reacción que podía tener Norma Rossi. A los pocos días de su detención grabó un extenso reportaje para Canal 9 de Paraná, con el periodista Adrián Trucco, y fue lo más parecido a una advertencia pública a los hombres del poder. Incluso reiteró varios de los conceptos previamente denunciados ante el juez, antes de quedar detenida. "Castillo era parte de una mafia. Sabía muchas cosas y no las denuncié por temor", dijo, en la entrevista, realizada en la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá. Con sus expresiones le apuntó, especialmente, a Schiavoni, a quien acusó de manejar los jueces de su ciudad y sostuvo que ubicó a varias personas "en la Justicia", para lograr beneficios por un juicio sucesorio -la del hacendado Riera- de varios años, en el que se produjo el más vergonzoso vaciamiento de la hacienda de una estancia, compuesta por varias cabezas de ganado. "A mí Castillo me dijo que se había vaciado esa estancia. Que todo era una mafia", acotó.

La mujer aseguró además que Castillo "pagó y cobró coimas"; que muchas veces lo hizo "con plata de Schiavoni" y que el ex precandidato a intendente "recibía pagos por la utilización de las máquinas de la zonal de Vialidad", que no quedaban registrados en lugar alguno. Aseveró al respecto, aunque sin dar ninguna identidad, que "he aportado hechos, nombres específicos de gente involucrada en irregularidades", que se incorporaron al expediente judicial. Indicó también que Castillo "tenía presiones para ubicar en la lista a determinada gente y él no cedía", a la vez que insistió en remarcar que "tenía luz propia. Creció demasiado y hay veces que hay que cortar las alas antes que vuele. Por eso digo que esto tiene que ver con los intereses que hay detrás de la política", añadió. Sostuvo que "estaba amenazado" en los meses previos a su muerte y que por eso portaba un arma. "El me dijo que muchas veces lo tuvieron encañonado", acotó. Manifestó que los testigos que lo involucraron a su ex esposo "aparecieron después que yo empecé a hacer denuncias públicas" y consideró que a las pocas horas de conocido el crimen "ya había algunas tramas que querían involucrarme. Mi hermano (ex secretario del diputado del PJ) me vino a ver esa noche y me condenó indirectamente, de parte de Schiavoni. La cosa está jodida para vos, me dijo".

Los conceptos de Rossi provocaron conmoción en la opinión pública entrerriana. Y en vez de profundizarse la investigación, a partir de puntas concretas que marcó, la mujer quedó en libertad en los últimos días de noviembre, luego de la presentación de su abogado, Domingo Negri, un personaje de la ciudad ligado al hampa de Entre Ríos y Santa Fe. En 1991 terminó en la cárcel de Las Flores de Santa Fe, junto a otro colega, Pedro Albrecht, con quien se conocía de tiempos en que ambos cursaban la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Allí terminaron los dos al verse involucrados en la causa por el crimen del empresario Elio Moreyra, dueño del círculo de ahorros de automóviles País SRL. Fue en agosto de 1991 cuando le allanaron a Negri uno de sus campos en proximidades a Nogoyá. Moreyra fue secuestrado en febrero de 1988 y se exigió un rescate de quinientos mil dólares que fue puntualmente cobrado por una joven que pudo huir al plan policial y nunca más pudo ser hallada. Entre los policías que investigaron el caso siempre coincidieron en el parecido que tenía esa mujer con Norma Rossi, siempre ligada a Negri y Albrecht.

Pero luego Moreyra resultó asesinado. Un albañil, de apellido Avellaneda (según figura en la causa de ocho cuerpos) involucró a Negri como supuesto partícipe del secuestro. El abogado recién se presentó a la Justicia el 1 de octubre de 1991 y el magistrado Julio César Costa dispuso su detención. Fue absuelto en 1993, luego de padecer dos años de cárcel. El juez del Crimen Alfredo Rosas consideró cuestionables los dichos del albañil, quien lo acusó (declaró más de diez veces y siempre cambió su testimonio), y le creyó a Negri, que siempre sostuvo su inocencia. En la causa (con varias irregularidades, como por ejemplo, el hurto de los pelos de la víctima, hallados en el auto donde apareció muerto) únicamente fue condenado el albañil. Uno de los asiduos visitantes de Negri a la cárcel era Schiavoni, al igual que el abogado Miguel Ernesto Ramos, quien se transformó en el defensor del letrado nogoyaense. Ramos, íntimo amigo de Schiavoni, pasó a ser secretario del bloque de diputados del PJ en el primer gobierno de Jorge Busti, de la mano del entonces flamante legislador de Nogoyá y actualmente es juez Civil y Comercial.

En prisión, tanto Albrecht como Negri se hicieron amigos de un individuo: Fernando Irigoin Manfrini, de nacionalidad uruguaya y dedicado, fundamentalmente, a la estafa. Manfrini pasó a ser el ejecutor de los trabajos sucios de ambos. Sin lugar fijo de residencia (únicamente se le conoció una vivienda en calle Pedro Centeno al 1300, en Santa Fe), el uruguayo siempre se movió en una camioneta con trailer, en la que tenía una carpa. Muchas veces se lo observó en la Toma Vieja de Paraná, escondido y prófugo de la Justicia, la mayoría de las veces, por estafas reiteradas. Hasta allí solían llegar, en altas horas de la noche, tanto Albrecht como Negri, para acordar alguna tarea. Uno de los contactos de Manfrini era Julio Godoy, un hábil personaje de Paraná vinculado al negocio de la falsificación de dinero (tuvo una causa en Santa Fe, en la que Negri fue su abogado defensor). Se lo investigó por estar relacionado al narcotráfico regional y fue acusado, en el juicio oral y público, por el crimen de la joven abogada Dalma Otero de Capobianco, como el autor material del hecho producido en marzo de 1997, aunque la Justicia nunca hizo demasiados esfuerzo para inculparlo, luego de los dichos del ex imputado Carlos Enrique. Godoy siempre tuvo cobertura de un sector de la Policía, por ser un eterno informante. Y eso pesó más que el crimen de una funcionaria judicial.

*****

El expediente de la sucesión de Juan José Riera es voluminoso y apasionante. A Riera, quien vivía en Crucecita Séptima, departamento Nogoyá, lo encontraron muerto un frío viernes de julio de 1987. Era hacendado, soltero, no tenía familiares directos y tenía un sinnúmero de bienes a su nombre. El abogado Conrado Juan Jordán, cuñado del gobernador de Entre Ríos, Sergio Alberto Montiel (UCR) –a quien en ese entonces le quedaban pocos meses para finalizar su primer mandato-, fue quien inició la sucesión ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Es decir: aplicó una estrategia que, con éxito, ya había impuesto en 1969 cuando se murió Emilia Ermengarda Quadri y dejó una fortuna incalculable que, al tiempo, pasó a engrosar el patrimonio personal y familiar de Jordán, hermano de la esposa de Montiel, Marta Jordán. El socio del abogado, León Salis, también tiene innumerables regulaciones de honorarios en la sucesión Quadri y campos que alguna vez fueron de la anciana.

Emilia Ermengarda Quadri falleció en Nogoyá el 20 de julio de 1969. Tenía 91 años y era soltera. Poco antes de morir fue declarada insana y sus bienes fueron interdictos. Era una hacendada con un importante patrimonio, propietaria de cuantiosas extensiones de bienes rurales y urbanos, como así también poseedora de hacienda. Su fortuna estaba considerada como una de las más poderosas de Entre Ríos en esa década. Jordán fue quien tramitó la insanía y curatela de doña Emilia, dos meses antes de fallecer. Patrocinó a la curadora Lizia Elda Inzaurralde y se transformó en su asesor letrado y abogado patrocinante.

La señorita Quadri no dejó testamento. Dos días antes de su deceso, la curadora de los bienes obtuvo a su favor la cesión de la universalidad del acervo hereditario, violando el artículo 1361, inciso segundo del Código Civil que prohíbe la compra, aunque sea en remate público, a los tutores y curadores, de los bienes de las personas que están a su cargo. Dicho acto jurídico tuvo como otorgantes a la mencionada curadora y a la única heredera de Quadri, Felisa Adelaida Reale, que era prima hermana de la extinta. La escritura pasó por ante la escribana María del Carmen Marchese el 22 de julio de 1969.

A los dos días del fallecimiento, el abogado Jordán viajó a Buenos Aires con Inzaurralde, la escribana Marchese y Luis Minaglia, hombre de confianza de la fallecida, para obtener la cesión de derechos hereditarios a favor de la curadora de parte de una prima de la señorita Quadri, muy mayor y nada lúcida, Felisa Adelaida Reale, la cual hizo la cesión por un precio vil: quinientos mil pesos moneda nacional.

Jordán se metió en la sucesión sin que nadie lo llamara, armó un rompecabezas ilegal y logró el aval del entonces juez Simón Zonis, quien admitió todo: la curatela, la cesión y la apertura de la sucesión, siendo Minaglia el primer administrador. Luego Zonis (padre de un actual funcionario del Superior Tribunal de Justicia y de un secretario del Poder Judicial de la Nación) permutó una propiedad de la sucesión que estaba en la calle 25 de junio 77, al lado del Teatro Municipal Tres de Febrero en Paraná, muy costosa, a nombre de su esposa Estela Espona de Zonis, con otra de su propiedad sita en Nogoyá, que quedó para Inzaurralde. Esta cesionaria luego se presentó ante el nuevo juez del sucesorio, Jorge Alberto Piñero, y le manifestó que se habían “vendido muchas propiedades y nada recibió”. Cuando Piñero citó a las partes Jordán manifestó que si había algún problema, él interesaría a José Olimpio Orlandi, comprador de unas fracciones que superaban las 1.500 hectáreas, a devolverlas, pero luego de que el juez levantó el acta se negó a firmar y optó por retirarse. El citado Orlandi es tío materno de Jordán y quien aún explota más de 1.500 hectáreas de aquél sucesorio, figurando en Catastro sus hijos. En la vecindad de Crucecita Séptima el campo es conocido como el "del doctor Jordán", vecino lindero al campo El Tabaré del sucesorio Riera.

No fueron pocas las denuncias que se hicieron por parte de arrendatarias que estuvieron en el campo de la señorita Quadri por más de cuarenta años y fueron desalojadas y despojadas de sus bienes en procesos de ejecución de honorarios y daños y perjuicios. Una de las tantas denuncias fue la realizada por las ex- arrendatarias María Reneé Acevedo y su madre, Ana María Bazzana de Acevedo, quienes en 1980 interesaron del tema al fiscal de Estado, Juan Angel Texier. El letrado fue quien realizó una exhaustiva investigación, tras lo cual dictó el decreto 977/81, a efectos de que la provincia ejerciera su derecho de pedir la obvia nulidad de la cesión de derechos hecha a favor de la curadora y gestionara lo que era el verdadero trámite de esa sucesión: su declaración de vacancia. No obstante, con la nueva administración –ya en democracia, con Sergio Montiel como gobernador- todo pasó a cuarteles de invierno. Las arrendatarias, con el patrocinio del abogado santafesino Mariano Salvador Dichino, litigaron contra la impunidad total de la injusticia y el poder, y perdieron todo. Hasta su propio patrimonio. En 1984 elevaron una nota al entonces Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín; a través del Ministerio de Justicia de la Nación, se informó que no era competencia del Poder Ejecutivo nacional, pero se anotició al entonces gobernador quien, según sus dichos, realizó una investigación a través de un expediente, concluyendo que la provincia no tenía interés en la vacancia de la sucesión, pero era su cuñado el que se estaba quedando con la herencia.

Jordán inició el sucesorio de Riera al abonar una mejora de sepelio. El 24 de julio de 1987 pagó con el cheque número 44839915, de su cuenta corriente en el Banco de Entre Ríos, un total de 5.012 australes. Es decir, dos días después de la muerte. El 1 de septiembre, Jordán hizo una presentación judicial de cuatro carillas donde consignó que “fue requerido por la jefatura de Policía local a solicitud de las autoridades del Sanatorio Adventista del Plata, lugar donde se hallaba internado y donde falleció, pues en tales circunstancias no había persona alguna que se hiciese cargo de la situación, siendo de público y notorio la amistad que mantenía con el extinto, motivo por el cual me hice cargo de los restos, disponiendo lo necesario para su velatorio y sepelio, que fue efectuado al día siguiente en la localidad de Viale. Se eligió ese lugar por ser el cementerio más cercano a su domicilio y además por estar también allí sepultado su padre”. Sin dejar de demostrar su condición humana y de preocupación por sus amigos, Jordán añadió que “como consecuencia de esto debí afrontar los gastos de traslado y sepelio, según lo compruebo con el recibo a mi favor por la funeraria Lampertti y Cia, que acompaño en original y fotocopia, solicitando la reserva del original en la caja fuerte del juzgado. Además debí hacerme cargo del pago de deudas bancarias y gastos de la explotación, documentación que oportunamente acompañaré, todo ello ante la ausencia de persona alguna que afrontara la situación de este patrimonio. Sin perjuicio de ello, me hallo avocado a la realización de averiguaciones destinadas a dar con el paradero de los derecho-habientes posibles”. Sin pelos en la lengua, el abogado requirió “ante esta situación” -y después de indicar en detalle los bienes que había dejado Riera- “de hecho resulta aconsejable la apertura, sin más dilación, del proceso sucesorio”.

Jordán pagó un pequeño saldo de cuenta corriente en un banco, de doscientos australes, y unas cuotas de un crédito prendario sobre cuarenta vacas, lo que fue admitido por el entonces juez Miguel Cabrera, en su resolución del 8 de septiembre de 1987. O sea, exactamente una semana después de la presentación. Cabrera, con el tiempo, fue premiado con un cargo de vocal de la Sala Primera de la Cámara Segunda Civil y Comercial en Paraná, por la bendición de Faustino Schiavoni.

El cuñado de Montiel logró luego, de la jueza María Inés Valdez de Quinodoz, una regulación de honorarios por una suma que superaría casi en un trescientos por ciento el máximo de la escala arancelaria para honorarios de abogados. Dicha magistrada goza actualmente de una jubilación por invalidez.

Lo cierto es que tal determinación judicial le permitió a Jordán embargar por cerca del millón de pesos las tierras del sucesorio, según lo dispuesto por el juez Carlos Calvo. No conforme con ello remató toda la hacienda para cobrarse más de mil cabezas de ganado; desarticuló la empresa agropecuaria con embargos y ejecuciones, a lo que se le debe agregar la venta de los campos "para cobrarse su liquidación, aprobada por la magistrada de Nogoyá, que ronda los 1,5 millones de pesos", según denunciaron en 1998 las abogadas Mirta Mutio y Liliana Cabrera, patrocinantes de ocho familias de primos naturales de Riera.

La herencia fue declarada vacante el 13 de septiembre de 1988, por lo que el Consejo General de Educación (CGE) -en virtud de la ley vigente- tomó posesión de ella. Esto fue así hasta que se presentaron en el sucesorio quienes eran primos de Riera.
Además de Jordán, al expediente se incorporó Faustino Schiavoni, quien inició una filiación a nombre de María Rosa Villanueva, por lo que obtuvo sentencia favorable de primera y segunda instancia, pero el fallo fue revocado por absurdo por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en 1992. Las defensas del CGE fueron endebles y los ministerios públicos siempre se mostraron a favor del entonces diputado provincial del PJ; ni siquiera observaron que no podía ejercer la profesión y más aún litigando en contra de la provincia. Lo extraño del caso fue, por ejemplo, que Jordán nunca fijó una sola oposición al accionar de Schiavoni.

"Todos daban cuenta de los movimientos de Jorge Castillo, quien entraba y salía de los campos de la sucesión como si fuese el dueño. Muchas veces lo hacía con el administrador Ronchi, casado con una prima del entonces diputado provincial Schiavoni", indicó una fuente. Cuando Norma Rossi declaró en la causa Castillo que la sucesión Riera "era un caso en el que estaban en juego cuestiones económicas y de poder”, que Castillo “salió perjudicado de los manejos” que hizo Schiavoni, se inició un apartado en la causa, que derivó en un expediente paralelo, que estuvo a cargo del fiscal subrogante Héctor Segura. El funcionario judicial requirió una instrucción formal, que se basó en una amplia serie de presuntas falencias ocurridas durante la sucesión. Dijo que estuvo mal realizado y que dentro de la contabilización de bienes se tomaron en cuenta propiedades que pertenecen a otra sucesión Riera; la del padre de Juan José: Juan José Federico Riera. Jordán, por ejemplo, fue imputado por el delito de presunta estafa, pero el juez de Instrucción, Gustavo Meda, lo sobreseyó. El magistrado archivó la causa y el fiscal Segura apeló ante la Cámara de Concepción del Uruguay, pero la Fiscalía (liderada por el también editorialista del diario La Calle, Diego Young) optó por rechazar el recurso.

Meda tampoco se quiso meter con Jordán. Nadie dijo que entre los papeles del expediente, además de amistad, había algunos lazos familiares que se cruzaban. La ex mujer de Héctor Daniel Quinodoz (luego esposo de la jueza Valdez) era la empleada judicial María Rosa Bosch, a posteriori esposa de Meda. El magistrado también tenía otra causa preocupante: el crimen del hacendado victoriense Bernardo Berrhuet, cuyo contador era también el de Jordán.

Meda elevó a juicio la causa Castillo, pero nunca pudo saber sobre sus resultados. El 22 de agosto de 1996 optó por suicidarse, con un revólver calibre 38, que pertenecía al ex dirigente asesinado. Tenía secuestrada el arma en su despacho desde septiembre de 1994 y el disparo sonó a mensaje. Meda preparó pacientemente su muerte, casi como años después lo hiciera Alfredo Yabrán. Le escribió una carta a quien en ese momento era su mujer; dejó otra para sus hijos y se fue en su camioneta Chevrolet hasta un camino perpendicular a la ruta que une Victoria con Nogoyá. Detuvo su marcha frente a un campo que había arrendado y sembrado. Descendió del vehículo y antes de tomar la drástica determinación destinó los últimos minutos de su vida a escribir en el capot del auto. En ese escrito le pidió perdón a su padre por lo que iba a hacer. Puso la pistola en su boca y apretó el gatillo. El cuerpo del fornido juez fue hallado a las ocho de la mañana de ese día por un lugareño de apellido Girardi.

No hubo quien se ocupara de determinar porqué se mató Meda. Algunos le apuntaron a las presiones políticas que tenía que soportar; otros, a las deudas. Ninguna teoría tuvo demasiados argumentos sólidos para ser sostenida. Quedó claro que nadie estaba dispuesto a meterse. Todos miraron para otro lado; inclusive quienes en todas partes no dudaban en decir que eran amigos fraternos de Meda.

El camarista Miguel Cabrera fue el orador del entierro, designado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Como no podía ser de otra manera, Jordán le inició la sucesión. Al menos aparece en la lista de la Caja Forense, aportando el porcentaje de ley sobre los honorarios regulados y abogados que surgen del inventario de la sucesión de Meda.

Una vez que fue sobreseída, Norma Rossi jamás volvió a hablar de la sucesión Riera. Schiavoni –que a los pocos días de la detención de Rossi y después de declarar viajó a los Estados Unidos en “visita oficial” junto a otros legisladores del PJ-, tampoco se esforzó demasiado por responder las acusaciones de la mujer, ni las dudas planteadas por Adriana Castillo, hermana del dirigente asesinado. “Nunca dudé del crimen político de mi hermano y sostengo que Meda sufrió cuantiosas presiones al investigar el caso. Más de una vez le pedí que investigara qué sabían los políticos que estaban alrededor de mi hermano, pero nunca se animó a hacerlo”, dijo a la prensa.

Adriana fue la única que siguió reclamando por el esclarecimiento del crimen y tuvo que soportar el martirio de los dueños de las sombras. Tras la muerte de su hermano fueron incesantes los llamados anónimos que tuvo en su domicilio. No le decían nada; simplemente le hacían escuchar gemidos. En junio -es decir tres meses antes del asesinato- se sorprendió al encontrar en el porche de su casa unos sobres sucios con el membrete del Banco de Galicia, con unas notas de tono amenazante que optó por arrojar al fuego. Estaban dirigidas a su hermano. Cuando le contó a Jorge, él le respondió: “No te preocupes, que todavía no tengo ganas de morirme”.

Pese al hostigamiento casi diario, Adriana no dejó de encabezar -junto a varios miembros de su familia- numerosas marchas de silencio en Nogoyá y no tuvo pelos en la lengua cada vez que fue solicitada por los medios periodísticos. Recién flaqueó cuando sucedieron algunos hechos graves. Por un lado, destrozaron el panteón en que se encuentra su hermano; específicamente se ensañaron con una de las placas que llevaba el nombre de Adriana. Pero lo que más le preocupó fue el seguimiento que hicieron de una de sus hijas, que estaba estudiando en Capital Federal. Apenas producida la muerte de Jorge Castillo, la joven decidió venir todos los jueves a Nogoyá, para estar cerca de su madre, y regresar los lunes. Exactamente un mes después del crimen, llegó al departamento que alquilaba, ubicado en Palermo y se encontró que se lo habían dado vuelta, tras forzar la cerradura. Los visitantes de la impunidad revisaron todas las carpetas y cajas que tenía. Se llevaron una específica, que tenía una etiqueta que decía “Cámara de Diputados de Entre Ríos”, donde existía una recopilación de notas periodísticas relacionadas con la Legislatura, que le servían para la tesis que estaba elaborando por su carrera universitaria. También le sustrajeron otra que contenía abundante material -documentación y disquetes de computadora- sobre unas investigaciones sobre temas económicos que estaba realizando a pedido de la Embajada de México en la Argentina, donde había conseguido una suplencia. Como no podía ser de otra manera, no hurtaron nada de valor. Dejaron los equipos de música, video, la cámara de fotos profesional que tenía y varias cosas de oro, como pulseras o colgantes. Fue un claro mensaje para la familia Castillo. Podían ingresar y hacer lo que se les antojara.

Por eso fue, quizás, que pese a que le molestó que Schiavoni pusiera -pagados de su propio bolsillo- a los abogados paranaenses Rosario Romero y Marcelo Baridón, como querellantes de los hijos del dirigente asesinado, para el posterior juicio a desarrollarse en Gualeguay, Adriana Castillo no salió a cuestionar la determinación. Estaban sus sobrinos de por medio, de humilde condición, sin padre y sin posibilidades de contratar un abogado. Romero, ex candidata a intendenta de Paraná por el desaparecido Partido Intransigente, siempre tuvo estrechas relaciones con el bustismo. De hecho, su marido, José Carlos Halle, fue ministro de Bienestar Social, Cultura y Educación de buena parte del primer gobierno de Jorge Busti, aunque luego decidió retirarse de la política y ahora es juez Correccional de Paraná. Baridón fue secretario privado del ex diputado nacional José Carlos Conde Ramos, también cercano a Busti.

En medio de las críticas contra Schiavoni, apenas ganó la interna, Busti adelantó que si volvía al poder en diciembre de 1995 lo iba a nombrar ministro de Gobierno, Justicia y Educación "como forma de reconocimiento" a su historia política. Fue, también, un mensaje para los sectores de la Policía que investigaban el caso y una forma de bloquear los cuestionamientos a su figura, puesto que le estaba provocando un notable desgaste.

En marzo de 1997 se hizo el juicio oral y público. Generó una expectativa que no se observó en las audiencias realizadas en la ciudad de Gualeguay (con jurisdicción sobre la Justicia de Nogoyá), porque la línea discursiva no se salió de la figura de Firpo. No se investigaron las relaciones políticas ni económicas alrededor de Castillo, denunciadas una y otra vez por Norma Rossi o por la hermana del dirigente. A la hora de los alegatos, a la primera que escuchó el tribunal –integrado por Eclio Alberto Dumón, Carlos Pabón Ezpeleta y Antonio Cirigliano- fue a la abogada Rosario Romero. La letrada paranaense planteó inicialmente lo que denominó "la materialidad del hecho. Es indiscutido que ocurrió una muerte, y que la persona fallecida es Jorge Castillo", comenzó. Para aseverar su postura, describió parte de las pericias de los Bomberos Zapadores de Paraná y la prueba de ADN realizada al cadáver. “No se trató de un accidente sino de un homicidio", apuntó luego. Hizo hincapié en la posibilidad de la utilización de un combustible líquido, que podría haber sido la nafta comprada por Firpo la noche del crimen y desestimó la posibilidad de una relación amigable con la víctima, como había dicho la ex mujer de Firpo y compañera de Castillo, Norma Rossi. "En beneficio de ella, como estaba imputada, no estaba obligada a decir la verdad. Pero en el debate deja mucho que desear. Rossi se contradijo permanentemente al decir de su relación con Castillo", indicó. Romero descartó que la existencia del plano de la casa de Castillo en manos de Firpo se debiera a reformas en la vivienda y concluyó que existían elementos suficientes para señalar que el crimen era pasional. “El móvil: una relación simultánea (Rossi-Firpo-Castillo), no asumida la separación, un encuentro días antes dentro de la casa de Castillo. El medio: adquirió nafta súper sin dar explicaciones y dos testigos veraces dicen que la compró. La oportunidad: la tuvo para estar en el lugar del hecho. Considero que las características de la personalidad de Jorge Firpo, que lo señalan como un hombre de bien, hacen de atenuante para no solicitar la reclusión perpetua", destacó."Es por eso que solicito la prisión perpetua para el acusado Firpo", finalizó.

El actor civil Marcelo Baridón coincidió con la acción promovida por Romero y destacó "los agravantes en lo que respecta al daño moral de la familia y de los hijos", que por ser adolescentes menores de edad en el momento del hecho tenían una necesidad del padre, además de la provisión de la cuota alimentaria. "Por eso solicitamos al Tribunal condene a la reparación integral de los daños causados a nuestros mandantes directos, a la que solicitamos se agregue el daño moral. El monto entendemos debe ser determinado al momento de su muerte más intereses de tasa activa del Banco Nación. Todo ello con costas", concluyó.

El fiscal Julio César Cosundino alegó por espacio de dos horas y media. "La prueba de autos nos lleva a suponer que la infidelidad de su mujer motivó a Firpo. Sin dudas el estado alterado emocional queda patentizado. Lo lleva a comprar nafta en la forma en que lo hizo, lo que lo deja muy al descubierto. Con premeditación organiza el domicilio. Compra la nafta y realiza el croquis. Tenemos probada la premeditación del hecho, aunque no probado el haberlo cometido. Desde un punto de vista estrictamente procesal tenemos la mendacidad del enjuiciado en su indagatoria, los indicios de oportunidad, la compra de nafta no explicada y el plano. Estos son los elementos que debo poner a la hora de la valoración de la prueba. Tenemos un muerto no de muerte accidental. Tenemos una persona que fue vista merodeando en el lugar de los hechos. Tenemos un plano que no fue justificado. Tenemos una muerte dolosa con un medio empleado con un acelerante. Estos indicios dan una explicación necesaria de la causal y del grado de certeza", dijo el funcionario judicial. Por eso consideró a Firpo "autor material y responsable de los hechos", y calificó como "homicidio agravado por el medio empleado idóneo para crear un peligro común. Pudo poner en peligro la vida de terceras personas", acotó. Cosundino coincidió incluso con la querella en que no era meritoria la medida de reclusión por tiempo indeterminado, por lo que solicitó la pena de prisión perpetua para Firpo.

El abogado de Firpo, Walter Martínez, -secundado por Domingo Negri- basó su estrategia en negar que la víctima fuera Castillo. Algo similar planteó años antes el cuestionado Alberto Ottalagano, cuando defendió a Eduardo Emilio Gitano Romero en el juicio por el crimen del escribano Rubén Calero. "Esta defensa impugnó el certificado de defunción, y volvimos a plantear en este debate que el cuerpo calcinado perteneciera a Jorge Castillo. Decimos que el cadáver no es del occiso debido al modo en que ocurrió el incendio. Todos coincidimos que ese cuerpo estaba calcinado. Ningún testigo pudo reconocerlo", resaltó el abogado. Por ende, desacreditó el informe del perito Jorge Falcón, a través de una presunta contradicción con los dichos del otro perito, Horacio Zaidenberg.

Alrededor del crimen hubo un episodio extraño que no se profundizó en la investigación: la desaparición de una persona, en Lucas González, que se parecía físicamente a Castillo y que fue visto por última vez quince días antes de la muerte del dirigente del PJ. El hombre, de apellido Amarillo, jamás fue encontrado. Se hicieron excavaciones ordenadas por Meda, pero resultaron negativas.

"Voy a pedir que declare la inocencia de Firpo en base a que el cuerpo del delito no es el de Jorge Castillo", apuntó. El abogado volvió a insistir en la versión volcada por su defendido: “Firpo viajó a Victoria y llegó a determinada hora", remarcó. El imputado declaró en sede judicial (sostuvo que viajó cerca de las 21.30 y regresó cerca de las 5.30 de la madrugada del 17 de septiembre), pero se negó a hacerlo en el debate. Las últimas palabras fueron las de Jorge Firpo: "Que sea un fallo justo, porque soy inocente".

La sentencia se leyó el 14 de marzo. Eran pocos los que desconocían el final de la condena a Firpo, que iba a leer el tribunal. Los vocales consideraron que quedó “perfectamente probado” que Firpo “compró aproximadamente cuatro litros de nafta con un bidón, en la noche del suceso”, entre las 22.30 o 23 horas. Entendió “que el fuego que se encendió en el domicilio de la víctima, que indudablemente era Castillo, fue intencional y tuvo que hacer existido un acelerante, algún combustible ajeno a los elementos que en la habitación se encontraban” y que Firpo estuvo en varias instancias en inmediaciones del lugar. “Que las explicaciones dadas por él para justificar su presencia anormal en las adyacencias del lugar del hecho han resultado completamente inverosímiles, con lo que debe afirmarse que Firpo tuvo el motivo y la oportunidad para dar muerte a Castillo”, se indicó. Se interpretó también que “nada se pudo encontrar en concreto sobre que Castillo tuviera enemigos que pudieran intentar matarlo, salvo Firpo”. En consecuencia, se lo consideró autor material del delito de homicidio simple, en perjuicio de Jorge Castillo, por lo cual se le aplicó la pena de quince años de prisión.

En poco tiempo, el crimen de Castillo pasó al olvido. Hubo quienes festejaron, mientras otros tuvieron que conformarse con el dolor y la impotencia. Quedó claro que nunca se quiso investigar con detenimiento el hecho, porque las largas manos del poder político no lo permitieron. Y la sucesión de muertes -fundamentalmente la del juez Meda- se transformó en una barrera que nadie se animó a cruzar.
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