Bienvenidos a Semanario Analisis Digital
puntos
 -  tiempo  48' 2" - 21106 Visitas Capítulo XII: Captura y después
Click para Ampliar
El lunes 21 de febrero de 1994 sonó temprano el teléfono en el despacho del jefe de Policía de Mario Moine. El comisario inspector Humberto Kuttel -reemplazante del renunciado Eloy Fernando Heinze- levantó el tubo y escuchó la voz de uno de sus subordinados que lo llamaba desde la localidad bonaerense de Merlo, donde hacía más de un mes que estaba comisionado. "Señor jefe, hoy lo agarramos. El plan está delineado y todos los recaudos están tomados", dijo el policía, considerado un hombre de confianza del director de Operaciones y Seguridad, Carlos Góngora, quien decidió el envío del grupo. Casi dos horas después, Kuttel volvió a ser requerido telefónicamente. "Balla está detenido", se le informó. Entre los allegados a Moine era la noticia más importante de los últimos tiempos. Faltaban escasos minutos para la asunción del nuevo ministro de Gobierno, Hermo Pesuto -en reemplazo de Darío Quiroga- y la euforia, aunque en ningún momento fue trasladada a los numerosos invitados presentes, resultaba casi incontenible. El lunes 21 de febrero de 1994 sonó temprano el teléfono en el despacho del jefe de Policía de Mario Moine. El comisario inspector Humberto Kuttel -reemplazante del renunciado Eloy Fernando Heinze- levantó el tubo y escuchó la voz de uno de sus subordinados que lo llamaba desde la localidad bonaerense de Merlo, donde hacía más de un mes que estaba comisionado. "Señor jefe, hoy lo agarramos. El plan está delineado y todos los recaudos están tomados", dijo el policía, considerado un hombre de confianza del director de Operaciones y Seguridad, Carlos Góngora, quien decidió el envío del grupo. Casi dos horas después, Kuttel volvió a ser requerido telefónicamente. "Balla está detenido", se le informó. Entre los allegados a Moine era la noticia más importante de los últimos tiempos. Faltaban escasos minutos para la asunción del nuevo ministro de Gobierno, Hermo Pesuto -en reemplazo de Darío Quiroga- y la euforia, aunque en ningún momento fue trasladada a los numerosos invitados presentes, resultaba casi incontenible.

-¿Ustedes me están diciendo en serio? -preguntó Pesuto por quinta vez.
-Es la pura verdad, señor.
-Es un regalo del cielo -acotó.
Habían pasado veintisiete meses desde el día en que se produjo la fuga de Balla, considerado el autor material del crimen del escribano Rubén Calero.

No eran más de las 8.30 del lunes cuando Carlos Balla salió de su casa y ascendió a su viejo Fiat 600, instalado en un patio interior del predio. Minutos antes su esposa, Silvia Liliana Rey, había partido hacia su trabajo. El hijo mayor -de su segunda pareja- Carlos Leonidas Balla, que tenía 15 años, también se había retirado. Adentro estaban únicamente sus hijos menores: Silvia, de 12, y Silvio Leonardo, de 10. El amplio inmueble había servido de centro de recuperación para pacientes drogadictos y Balla no tuvo mejor idea que transformarse en intruso, ante su insegura situación. Convirtió en vivienda lo que antes había sido la administración del centro asistencial, dependiente de la provincia de Buenos Aires.

Esa mañana, cuando lo vio al jardinero, no se sorprendió: desde hacía algunos días estaba realizando algunas changas en la zona y parecía un muchacho trabajador y de confianza. Por más que intentó, no pudo poner en marcha el auto. Revisó el motor y, cuando bajó el capot, le llamó la atención la alocada carrera del jardinero, quien iba directo hacia donde él estaba.
-Señor, a unos cien metros de aquí hubo un accidente. Dicen que es un hijo suyo, de apellido Balla. Lo atropelló un camión y tiene algunas fracturas, aunque al parecer no muy graves -le dijo el joven.
-No me anda el auto, pero vayamos corriendo -contestó Balla, totalmente desencajado, saltando ágilmente el cerco.

Enseguida se dio cuenta que había caído en una trampa: afuera estaban desplegados, en una especie de arco, los integrantes del grupo especial Halcón, dependiente de la Brigada de Investigaciones de Morón. "¡Cómo caí! Ni me di cuenta de que aquí yo me llamo Carlos Rey. Nadie me conoce por Balla. Además, recién ahora me doy cuenta que te conozco", dijo el ex oficial, mirando a los ojos al jardinero, de apellido Palacios e integrante de la comisión policial enviada por la fuerza de seguridad entrerriana.

Habían llegado al lugar hacía un mes, con un automóvil con patente de Buenos Aires, aunque en la Jefatura Central figuraban como en comisión a Santa Fe. "Hay que despistar, porque varios hombres mantienen aún una estrecha relación con Balla", fue la orden dada por Góngora que, además, había dispuesto que partieran efectivos del interior de Entre Ríos y no de Paraná, como había sucedido con otras comisiones. El grupo que capturó al ex oficial, integrado por cuatro oficiales, había llegado a la zona de Merlo y Morón al detectarse una serie de operaciones con tarjetas de crédito Argencard que había efectuado la esposa de Balla. Una tenía el número 5323/6363, mientras que la otra era la 0148/4929 y estaba emitida por el Banco Bica, sucursal Paraná. La primera compra había sido realizada en el supermercado Kril, de Merlo, donde adquirieron electrodomésticos. Al suscitarse algunos inconvenientes con la financiación, la señora de Balla tuvo que acudir a la entidad crediticia -ubicada en calle Sarmiento de la localidad- y se produjo una situación particular: fue acompañada por su marido y el ex oficial alcanzó a ser filmado por el sistema de seguridad de circuito cerrado. Una copia del video fue enviada a Paraná, ante el requerimiento policial. Otra compra fue realizada en La casa del audio; la tercera se concretó en Casa Bossi; y la última, en Musimundo, en Merlo. "Dejó las huellas", indicó un oficial al recibir el informe bancario.

El jefe de la Brigada de Investigaciones de Morón, comisario inspector Juan Carlos Bottini, dispuso de ocho hombres para colaborar con la detención de Balla. La mayoría de ellos pertenecía al grupo de elite Halcón, dedicado a operativos especiales en el conurbano bonaerense. El pedido de captura del ex oficial le había llegado en noviembre de 1993. Se le hizo un seguimiento fotográfico y hacía más de un mes que estaba instalada una combi en las inmediaciones de la casa donde permanecía alojado, ubicada en Parque San Martín, un conocido barrio de Morón. Pero había un inconveniente: el ex policía salía muy poco. No obstante, aparecía un dato inexplicable: Balla, como buen bochófilo, había logrado confeccionar una revista sobre las actividades de la población y la vendía entre los deportistas. De esta manera, conseguía algunos pesos para sobrevivir. Había cambiado su fisonomía: tenía barba y bigotes. Los tres hijos cursaban estudios en Morón, anotados con el apellido de Balla.
Sin embargo, ninguno de los policías se percató de tales detalles ni se acercó a preguntar a la Dirección Departamental de Escuelas, donde hubieran obtenido la información. Antes de convocar a su familia, el ex oficial trabajó de peón albañil y de panadero en un instituto neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires.

El nombre de Balla no le resultó novedoso al oficial Bottini. Desde hacía unas semanas, su gente lo estaba investigando por la supuesta participación en algunos delitos concretados por una especie de superbanda policial. "Nos informaron que él podía ser uno de los cabecillas", le indicó a su colega de Entre Ríos, cuando le comentó que precisaban de sus hombres para cercarlo y aprehenderlo. Bottini nunca pudo terminar de sacarse la duda sobre si era Balla quien andaba en la superbanda porque el juez en lo Criminal de Morón, Ernesto Rodríguez, no permitió que se lo indagara allí, sino que directamente lo envió a Paraná con los policías entrerrianos.

A los pocos años, Bottini se convirtió en una figura clave en el esquema del jefe de Policía de Buenos Aires, Pedro Klodczyk, en quien el gobernador Eduardo Duhalde depositó una particular confianza; sin embargo, luego del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, prácticamente lo despidió al realizar una purga en la fuerza. Esa depuración también arrastró al Conde Bottini, quien transitó por la División Investigaciones como subjefe y luego se transformó en director de Planeamiento.
Cuando fue excluido de la institución, los investigadores se encontraron con que el oficial era propietario de diferentes bienes, entre ellos un amplio chalet en la zona de Solanas, en Punta del Este. Bottini era considerado un oficial de confianza del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el duhaldista Alberto Pierri.
-Aquí les entrego al policía prófugo. Se salvó de mí, porque no me dejó el juez -dijo Bottini, con tono desafiante, al momento de depositar a Balla en manos de la comisión entrerriana.

Lo dejó frente al director de Investigaciones de Entre Ríos, comisario Juan Silvestre, que había partido de Paraná cerca de las 7.30 del lunes en un Renault 18, acompañado por un chofer y un oficial. Luego se sumaron otros dos grupos, entre los cuales -por esas paradojas del destino- se encontraba el comisario César Raúl Cesáreo, recordado ex director de Operaciones durante la gestión de Julio Luján González y el ministro Hernán Orduna en el anterior gobierno justicialista. Tenía la responsabilidad de custodiar a Balla en la Jefatura Central, desde donde se fugó en forma inexplicable el 7 de noviembre de 1991. "Quería resarcirse de lo sucedido en el '91, cuando el ministro Orduna ordenó su arresto, como sanción por el episodio", fue la explicación.

En menos de seis horas de viaje Balla llegó a Paraná y volvió a estar detenido. Nunca imaginó, seguramente, que lo iría a recibir tanto despliegue: cerca de diez patrulleros y más de cien hombres -muchos de ellos del Comando de Operaciones Especiales (COE)-, casi todos munidos de armas largas. Al bajar del coche policial Volkswagen Senda en que fue trasladado, Balla estaba como absorto por lo que ocurría a su alrededor. Los gritos familiares y las luces de los flashes de los fotógrafos en cierto modo lo descendieron a la realidad. Seguramente allí se dio cuenta que durante veintisiete meses habían transcurrido demasiadas cosas en torno a su figura y que se iniciaban horas difíciles.

-¿Vas a declarar, Carlos? -le preguntó un policía conocido que participaba del operativo.
-No sé aún. Creo que con esta Policía me siento un poco más seguro que con la anterior, pero tengo que ver qué hago -respondió, casi sin levantar la cabeza.
-¿Cómo hiciste para sobrevivir? -le preguntó otro.
-Los amigos no fallan... -contestó, con una leve sonrisa.

Cuando fue detenido, lo más importante que hallaron sus captores en la casa intrusada fue una agenda. En ella se encontraron "tres pedazos de papel, escritos en letra manuscrita en tinta azul, en los cuales se leía: 217269 - Carlitos Militello; 222579 - Loro y casa del Adrián (la otra) - 217596". El segundo número correspondía al abogado Miguel Angel Retamoso, ex profesional letrado de la Policía de Entre Ríos, quien se desempeñó como defensor de Balla cuando fue detenido por el crimen de Rubén Calero. Lo mismo sucedió cuando se realizó el sumario administrativo por el asalto al Hospital Roballos. El tercer número pertenecía a un comerciante de Paraná, pero nunca se pudo establecer qué tipo de vinculación -si es que la había- existía con la familia.

Al parecer, quien más relación mantenía con el imputado del crimen de Calero era el ex comisario Militello. El policía había sido puesto en disponibilidad en 1988, luego de verse rozado en causas penales relacionadas con la compra y venta de los autos denominados mellizos. La decisión la adoptaron el entonces ministro Hernán Darío Orduna y el gobernador Jorge Busti. Militello no se quedó sin trabajo. En verdad, previo a su puesta en disponibilidad, había comenzado a colaborar con un negocio de compra y venta de oro, que se llamaba Juancito paga más. En la actualidad, al ser el único titular, el local -ubicado sobre calle 25 de Mayo casi 9 de Julio- se llama Carlitos paga más, en obvia referencia al dueño. El ex comisario no atiende solo el local. Su principal lugarteniente es otro ex oficial: Luis Héctor Almada, quien fue condenado por la Justicia por la "facilitación de evasión" de Balla.

Militello, Almada y Balla se hicieron amigos en épocas de la dictadura militar; los dos primeros fueron parte del elenco estable de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, comandada, a partir del golpe de Estado de 1976 por el inspector mayor Bartolomé César Errasti. Tenía como sede la casona de Buenos Aires 355 y 371 que, en tiempos de democracia, se convirtió en el Museo de Bellas Artes. Entre los investigadores siempre quedó claro que el imputado del crimen de Calero pudo vivir por el aporte económico, fundamentalmente, de Militello.

Balla permaneció en la Alcaldía durante la madrugada en que ingresó al edificio de Tribunales. Recién en horas de la mañana del 26 de febrero se le tomó declaración indagatoria. El juez de la causa, Héctor Vilarrodona, no lo pudo hacer porque se encontraba con parte de enfermo. Fue el magistrado Raúl Herzovich quien se enfrentó cara a cara con el imputado. Lo indagó durante más de dos horas. Balla rechazó todo tipo de acusación, cuestionó a la testigo Eva Duarte y se declaró inocente. Esa misma noche, el ex policía fue trasladado. Lo derivaron a la Unidad Penal Número 6, de máxima seguridad, ubicada en Gualeguaychú. El semanario Análisis fue el primer medio periodístico que lo entrevistó en su condición de detenido. El periodista Carlos Matteoda pudo ingresar con un grabador que tuvo que mantener escondido entre sus piernas, debajo de la mesa de la sala de visitas, pero igual se registró su voz, ante la atenta mirada de los guardiacárceles. Las autoridades de la prisión habían tenido que reforzar la custodia. No podían estar expuestos a una situación similar de fuga, como la sucedida en Paraná en noviembre de 1991.
-¿Usted quién es? -le preguntaron a Matteoda en el ingreso a la cárcel.
-Soy colaborador del doctor.
Matteoda nunca se presentó como periodista, sino como ayudante del abogado Retamoso, que concurrió a hablar con Balla.

*****

Entre el día en que Balla se fugó y su detención en la provincia de Buenos Aires sucedieron demasiados episodios en el ámbito político y judicial de Entre Ríos. Casi un año antes de su captura, en enero de 1993, el gobernador Mario Moine dispuso una severa reducción de personal de la administración pública, siguiendo los lineamientos de Domingo Cavallo y con el aval de la Iglesia de Paraná, representada por el arzobispo Estanislao Esteban Karlic. Moine se enamoró del informe redactado por el funcionario del Ministerio del Interior Héctor Domenicone, bajo el nombre de Plan para la contingencia, que establecía que en la provincia había que cesantear a por lo menos diez mil empleados. Esa cifra ya había aparecido en un informe del Ministerio de Economía de Entre Ríos, realizado en septiembre de 1991, que el entonces titular de la cartera, Eduardo Jorge Macri, prefirió cajonear bajo siete llaves.

"Yo hablo de cinco mil personas fuera del Estado, en dos etapas", dijo Moine cuando fue consultado. El informe inicial de Domenicone sugería una disminución de veinte mil agentes, aunque Moine acordó hacer un ajuste sobre una cifra menor, cercana a los diez mil, pese a las presiones de los ministerios de Economía e Interior de la Nación. El número descendió a cinco mil y terminó no superando los 2.605 empleados. Moine venía de un duro enfrentamiento con Domingo Cavallo y la decisión de llevar adelante el ajuste, de algún modo, le sirvió para acercar posiciones con el reconocido técnico de la Fundación Mediterránea.

La disputa entre ambos se había producido pocos días antes del acto de asunción como gobernador. Fue el 20 de noviembre de 1991 cuando Moine sorprendió en la residencia de Olivos a los mandatarios electos con una frase que Cavallo nunca olvidó: "No nos venga a decir cómo tenemos que gobernar en nuestras provincias", le dijo, sin ponerse colorado. Pero lo que más le dolió al ministro fueron los conceptos publicados a fines de abril del '92 en el diario Ambito Financiero. El ex intendente paranaense le refregó públicamente a Cavallo que, pese a su insistencia telefónica, nunca lo atendía. El ministro se enojó de tal forma que hasta llegó a ordenarle a sus hombres de confianza que no lo dejaran ingresar a su despacho. En consecuencia, por un buen tiempo, Moine sólo pudo tratar con Juan Carlos Schiaretti (que era el titular de la Secretaría de Industria y Comercio) y Juan Carlos Pezoa (a cargo de la Subsecretaría de Provincias). Para colmo de males, ambos eran amigos personales de Busti a partir de haber militado juntos en el Integralismo peronista mientras estudiaron en Córdoba. Pezoa llegó incluso a desempeñar funciones en la Casa de Entre Ríos en Capital Federal durante una buena parte de la gestión del concordiense.

Si bien Moine se transformó, por un lado, en uno de los pocos gobernadores que cuestionaba las medidas de Cavallo, por el otro tuvo que ceder paulatinamente ante la embestida nacional. Aceptó pagar los sueldos a los docentes nacionales y que Carlos Menem se los incrementara con dinero de la provincia; el déficit ferroviario para fin de año; la quita de 3,6 millones de dólares al mes para solventar gastos de la Dirección General Impositiva (DGI) y el agregado de escuelas terciarias a la transferencia de entidades educativas de la Nación a la provincia.

"Si no hacemos esto, la provincia se cae", les señaló Moine a los legisladores del oficialismo, mientras exhibía una serie de números: "Tenemos 47 mil agentes en el Estado; se ha duplicado la planta de personal, cuando la población, en los últimos nueve años, sólo se incrementó entre un veinte y un veinticinco por ciento". No fue lo único que les dijo. "Sepan que por tres años no entra ni un empleado más al Estado ni se regalan más categorías. Parece mentira, pero he tenido que esperar casi siete meses para saber cuál era la planta real de personal", les indicó. Varios de los legisladores agacharon la cabeza; eran los mismos que en menos de un año, en virtud de compromisos políticos, habían hecho ingresar a numerosos afiliados al justicialismo.
Las sesiones legislativas fueron bochornosas. Los empleados públicos enrolados en la seccional Entre Ríos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) coparon las instalaciones de ambas cámaras, a la hora de considerarse el proyecto de ley de reducción de puestos, que se terminó plasmando en la Ley 8.706, en medio de un constante abucheo. Los senadores justicialistas, fundamentalmente, participaron de las sesiones en medio de gritos, profilácticos que les arrojaban en la cara y continuas amenazas de índole personal o partidaria, por lo cual muchas veces tuvo que intervenir la fuerza pública.

Lo que sí resultó sorprendente fue el abierto apoyo de la Iglesia paranaense al ajuste entrerriano. El arzobispo Estanislao Karlic consideró las decisiones de Moine como "medidas que hacen al bien común", y justificó de tal manera el ajuste. "Se trata de buscar las formas, entre todos, de paliar la situación. La sociedad tiene que preocuparse por brindar soluciones a este problema. Esta cuestión es similar al problema de la deuda externa: todos tenemos que hacernos responsables", remarcó Karlic en diálogo con Canal 9. "Y pensar que nos regaló una imagen de yeso del Niño Jesús y nos dijo que iba a interceder por nosotros", comentó el viejo dirigente gremial José Lambarri a quien lo quisiera oír.

El de Karlic no fue un pronunciamiento aislado. El cura Gabriel Batello -allegado y confesor de Moine- tampoco dudó en apoyar el ajuste y considerar que "se tomaron todas las medidas para que no se agrave la situación de los despedidos. Hay distintos valores para la subsistencia de una sociedad, que son la persona, la fuente de trabajo, la convivencia social y el bien común. Acá hay un bien común que está resquebrajado y hay un Estado que no puede seguir manteniendo una estructura tal que no puede pagar los sueldos a los empleados. Esta no es una postura de caja; supera la postura de caja porque habla de algo superior como es el bien común", añadió. Batello y Moine se conocían desde fines de la dictadura, cuando ambos formaban parte de un grupo cristiano de asistencia a los reclusos de la Unidad Penal Número 1 de Paraná.

Los conceptos de los dos religiosos se conocieron en la misma semana en que tuvo difusión el contenido de una carta del presidente Carlos Menem al Papa Juan Pablo II, donde se afirmaba que los "sacrificios" del ajuste económico constituían el "precio transitorio para erradicar la marginalidad y la pobreza". En realidad, la máxima autoridad católica había tomado postura sobre el rol del Estado y la desocupación. "Los poderes públicos tienen la responsabilidad de velar para que los sectores más desprotegidos no sean víctimas de los planes de ajuste", había dicho en esos días Karol Wojtyla. Una postura similar adoptó al inaugurar la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Santo Domingo en 1992. Allí -ante trescientos representantes de la Iglesia, entre los que se encontraba monseñor Karlic- el Papa recordó que a los obispos les corresponde vivir "de cerca la situación angustiosa de tantos hermanos que carecen de lo necesario para una vida auténticamente humana", y calificó de "dolorosas" las situaciones producidas por el "grave problema del desempleo creciente que no permite llevar el pan al hogar e impide el acceso a otros bienes fundamentales".

Los gremios estatales -a excepción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, liderada por José Angel Allende- fustigaron duramente al poder político y, junto a la oposición, organizaron un acto realizado en la noche del jueves 25 de enero, que congregó a más de seis mil personas frente a la Casa de Gobierno. La masividad de la concentración fue una clara respuesta a los errores cometidos por la administración moinista: se despidió a mujeres embarazadas, matrimonios, hermanas que estaban en diferentes lugares y que disponían de esos únicos trabajos, esposas de enfermos terminales.

Los organizadores se sorprendieron por el éxito del acto. El gobierno instauró un esquema de coacción que tuvo el resultado inverso. En la madrugada de ese 25 de enero, dos dirigentes de la Asociación Bancaria fueron detenidos por personal policial cuando estaban realizando una pintada. Una vez trasladados a la Comisaría Segunda de Paraná, se les hizo revisación médica, averiguación de antecedentes, fotos con los números 058 y 059 y demás trámites, como en las peores épocas de la dictadura. El juez de Instrucción de feria, Héctor Toloy, tomó intervención en el caso a las 3.30, pero los dirigentes -empleados del Banco de Entre Ríos- fueron liberados a las 6. "Tenemos expresas órdenes del Ministerio de Gobierno", les respondieron los oficiales de Policía, aunque nunca nombraron al ministro Darío Quiroga, en esos días de vacaciones en Punta del Este. No fue una constante de los uniformados. A la hora de custodiar el lugar de la concentración frente a la Casa Gris, la conducción policial tuvo que acudir a miembros de la plana mayor, puesto que numerosos oficiales solicitaron "parte de enfermo" ese día, en adhesión a la medida de fuerza de los gremios estatales.

El subsecretario de Gobierno y Trabajo, Rubén Efraín Cabrera, les negó la luz para el acto, por no contar con una norma legal que los autorizara. Inexplicablemente, desde la Vicegobernación -aunque Hernán Orduna no estaba, puesto que durante toda la jornada permaneció en Buenos Aires- les extendieron un cable y así se pudo instalar el sonido y el amplio proyector con el cual se exhibió el video Las patas de la mentira, imitando al realizador Emilio Cartoy Díaz, pero en versión local, realizado por el Centro de Producción Audiovisual de ATE, que se llevó el aplauso de la noche. Por varios minutos, la pantalla mostró a los legisladores al momento de votar la ley, testimonios de personas despedidas, discursos del gobernador e imágenes de varios de los funcionarios que firmaron decretos de disponibilidad.

Moine siguió las alternativas del acto desde su despacho. Ningún funcionario se quedó a acompañarlo. Desde su lugar de trabajo se enteró que la columna radical estaba liderada por Sergio Montiel; que Mary Sánchez encabezaba a los docentes y que el número de asistentes a la plaza superaba holgadamente los pronósticos. "No van a participar más de dos mil personas", le había vaticinado, con un pormenorizado detalle en la mano, el jefe de Policía, Eloy Heinze.

Al poco tiempo, el gobierno tuvo que corresponderle con un gesto a la Iglesia. Fue cuando avaló la prohibición de un video oficial sobre Sida, en colegios católicos, siguiendo los consejos del sacerdote Luis González Guerrico, vicario episcopal de Educación del Arzobispado de Paraná. Cuando llegó a la pequeña ciudad entrerriana de La Paz, procedente de una localidad bonaerense, González Guerrico sabía que tenía una difícil misión. "Vengo a limpiar la imagen de la Iglesia", fue una de sus primeras frases, con un tono amenazante, muy diferente al del anterior cura, pero que para los habitantes del pueblo se tuvo que convertir en una cuestión normal y corriente. Llegó para reemplazar a un párroco que se enamoró, dejó los hábitos y se casó con una bella joven del lugar e incluso tuvo un hijo. González Guerrico, oriundo de una localidad del Gran Buenos Aires, arribó a fines de 1990 a La Paz. "El discurso de la Iglesia paceña cambió 180 grados con su llegada. Fuimos muchos los que decidimos dejar de concurrir a misa, por la dureza de sus homilías, casi sin contenido social y ultraconservadoras", comentó al diario Página/12 una periodista consultada.

El pronunciamiento negativo sobre la proyección del audiovisual, realizado por Alfredo Miroli, sorprendió a varios de los funcionarios del gobierno provincial, varios de los cuales -entre ellos el secretario de Educación, el dirigente democristiano Juan Antonio Llorens- desconocían el contenido del trabajo Un camino para dos, elaborado por las carteras nacionales de Cultura y Educación, como así también Salud y Acción Social. Un año antes, el equipo comunicacional del ministro Julio César Araoz le había entregado una copia del video al funcionario entrerriano Jaime Martínez Garbino y todos quedaron satisfechos con la realización. González Guerrico, a través de un despacho de la agencia informativa católica AICA, cuestionó severamente el filme por “contradecir gravemente la moral cristiana” y por ser de "alta peligrosidad" para los jóvenes. De acuerdo con el cable periodístico, el vicario episcopal consideraba que "el lazo de la castidad es el único medio seguro y virtuoso de poner fin a la trágica plaga del Sida" y opinaba que el video "es expresión genuina de la mentalidad secularista de la sociedad en que vivimos". En meses previos habían sido insistentes los cuestionamientos que se hicieron desde la Iglesia a las políticas educacionales de Entre Ríos con relación al tema sexual, donde resultaba muy evidente la intromisión religiosa. Miroli cayó del cargo, aunque cinco años después fue reivindicado por la gestión menemista.

A Mario Moine se le hacía insostenible su relación con los empleados públicos. En realidad, únicamente contaba con el aval de la conducción de UPCN. Si bien nunca desempeñó funciones, José Angel Allende, dirigente del gremio, desde 1989 estaba nombrado con categoría diez en la Dirección de Juntas de Gobierno. Había llegado desde Santa Fe -donde supo figurar como asesor de un área de asuntos agrarios- y su incorporación al Estado entrerriano le sirvió para, poco a poco, ir desplazando al también santafesino Ramón Saz de Larrechea, interventor de UPCN hasta principios de 1990. Su apellido no era desconocido: su padre, el abogado Pablo Alejandro Macho Allende, siempre fue recordado como el apoderado nacional del denominado Partido para la democracia social, que tenía como máximo líder al almirante Emilio Eduardo Massera. "Se identifica totalmente con la doctrina que desarrolló el general Juan Domingo Perón", afirmó en un documento, cuando también anunció la conformación en Entre Ríos de la Junta Promotora de dicho nucleamiento, por él presidida. Poco después, Allende expresó públicamente su adhesión a la figura de Carlos Vairetti como precandidato a gobernador de Entre Ríos y con el advenimiento de la democracia -luego de su fracasado intento masserista- pasó a ser mano derecha del diputado nacional Herminio Iglesias (PJ). Caído Saz de Larrechea, Allende comenzó a desarrollar sus hilos en la maraña del poder político. Si bien no le alcanzó el tiempo para transformarse en un hombre de importancia en la primera gestión de Jorge Busti, sí pudo lograrlo durante el gobierno de Mario Moine. Su encendida defensa de la ley de despidos le permitió obtener mil viviendas para su gremio y, poco a poco, consiguió tranquilidad económica. El poder dentro de su sindicato lo manejó de modo absoluto y con gran habilidad.

Las adversidades se seguían sumando. Judiciales y políticas. La Federación Médica de Entre Ríos -presidida por Alfredo Angarola- embistió contra Moine por el pase a disponibilidad de veinticinco profesionales. "Es una persecución política", dijeron los médicos; la mayoría de ellos simpatizante del radicalismo. Nadie preguntó si trabajaban como les exigía el Estado. Moine había adoptado esa determinación a raíz de los informes que provenían de los respectivos centros asistenciales: "Pasan por el lugar de trabajo, pero no permanecen más de una hora", consignaba el memo recibido por el ministro de Salud y Acción Social, Jaime Martínez Garbino, aunque no estaban todos en una situación de igualdad. Nunca se conoció quiénes eran unos y quiénes otros. ATE, por su parte, promovió la difusión de una documentación que comprometía seriamente al interventor del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), José Félix Esquivel, quien, precisamente, había sido uno de los funcionarios más cuestionados por la nómina de empleados que había confeccionado para pasar a disponibilidad, ya que comprendía a embarazadas o enfermos terminales. Esquivel, en los últimos años, había cumplido funciones en cuatro cargos a la vez: era asesor del diputado nacional Augusto José María Alasino (PJ); de la Cámara de Diputados de Entre Ríos -un cargo logrado a principios de 1984-; delegado provincial del Instituto de Servicios Sociales de Actividades Rurales y Afines (ex ISSARA) y mayordomo de primera categoría en el edificio del Instituto del Seguro de calle Buenos Aires y Ecuador. A ello había que sumarle un cargo de asesor ad honorem en la Dirección de Turismo, donde percibía viáticos. Esquivel había firmado el despido de 126 empleados. "Si lo hace María Julia (Alsogaray), por qué no lo puedo hacer yo", respondió el funcionario cuando le preguntaron sobre sus ingresos oficiales.
Pero el principal revés fue en el Poder Judicial, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró la inconstitucionalidad del artículo segundo de la Ley 8.706 -que disponía las cesantías- y ordenó la inmediata reincorporación de los tres agentes estatales que habían formalizado una demanda ante magistrados de Villaguay. La resolución, firmada por los vocales Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Miguel Augusto Carlín, fue un balde de agua fría. "Es evidente que la medida cuestionada significa para los agentes afectados nada más y nada menos que la pérdida del empleo en forma sorpresiva, ya que las normas fundantes de la decisión no consignan parámetros claros y concretos que permitan una previsible individualización de los agentes sobre quiénes recaerán las consecuentes disponibilidades y bajas", señalaron los magistrados.

-¿Cómo puede ser? ¿No era que las cosas estaban convenidas con la Justicia? -preguntó sorprendido Moine a los miembros de su gabinete y a los diputados justicialistas convocados de urgencia.
-Está visto que a la Sala Penal del STJ la sigue manejando la gente de Busti -contestó uno de los funcionarios, en referencia a los integrantes del tribunal, quienes habían sido nombrados y ascendidos durante el primer gobierno del concordiense.

El senador provincial Félix Abelardo Pacayut (PJ-Islas), un incondicional de Busti, salió a reclamar las inmediatas renuncias del ministro de Gobierno, Darío Quiroga, y del fiscal de Estado, Julio Herrera, como responsables de la redacción de la ley de prescindibilidad. "Tiene que renovar su gabinete; no puede ser que estemos expuestos a errores de otros", comentó. Pacayut no soportó la silbatina pública que habían tenido que enfrentar Moine y varios de los referentes del oficialismo en la competencia acuática Hernandarias-Paraná, un maratón que une a las dos poblaciones, considerada la más extensa del mundo.
-Lo que más me revienta es que el Vasco Orduna anticipó la situación, con un informe en mano -insistió Pacayut.

A fines de diciembre, un conjunto de asesores de la Cámara de Senadores de la provincia -a instancias del vicegobernador Orduna- emitió un dictamen provisorio, en el que consignaba que la ley proyectada no resistía el análisis de la constitucionalidad. En realidad, los argumentos esgrimidos por los asesores -encabezados por Candelario Pérez, estrecho colaborador y socio en el estudio jurídico de Laprida y Tucumán del ex fiscal de Estado Raúl Barrandeguy- guardaban un notable parecido con gran parte de los elementos que tuvo en cuenta el STJ para declarar la inconstitucionalidad de la ley, bosquejada por todos los integrantes del Poder Ejecutivo, fundamentalmente por Darío Quiroga.
-Nosotros también queremos la cabeza de Herrera -le dijo un diputado a Moine.
-Herrera recién vio el proyecto cuando tenía media sanción de ustedes -contestó el gobernador.
-Pero nosotros tenemos otra información...
-Están errados. Fue el único miembro del gabinete que me advirtió que podría ocurrir esto y yo le respondí que no había tiempo para modificar la ley.

Moine no se quedó de brazos cruzados ante el revés judicial. Lo convocó a Busti a su despacho y escuchó su opinión. "Creo que reconocer un error no es malo. Hay que acatar la decisión judicial, seguir con la reforma e instrumentar otras variantes", le indicó. "Seguí para adelante, yo te apoyo", le acotó Busti. El ex gobernador jugó siempre con los dos mensajes: marcó distancia cuando notó que los gremios estatales no estaban dispuestos a ceder un paso en la embestida contra Moine, pero trató de acercarse cuando fue convocado a expresar su opinión y se requirieron sus buenos oficios ante algunos hombres del gobierno nacional.

La presencia de Busti en Paraná coincidió con su decisión de escaparse unos días de Santiago del Estero. Su amigo Juan Carlos Schiaretti -delegado interventor del Poder Ejecutivo nacional en esa provincia y mano derecha de Domingo Cavallo- lo había convocado a fines de enero a ocupar el cargo de ministro de Gobierno, y Busti no se pudo negar. Le debía demasiados favores. Schiaretti era un dirigente ejecutivo y sabía tomar decisiones desde un despacho oficial. Cuando su jefe político Cavallo fue secretario de Planeamiento y Desarrollo Económico en la gobernación militar de Córdoba, en 1970, Schiaretti fue funcionario de Industria y Comercio en esa provincia, pero en 1971. Tres años después se desempeñó como asesor del Banco de Neuquén hasta el golpe de Estado, que lo obligó a recluirse en Brasil, donde se incorporó -también de la mano de Cavallo- a la Fiat Automotores.

La provincia del norte perdió su tranquilidad característica durante el 16 y 17 de diciembre de 1993, cuando miles de personas tomaron por asalto e incendiaron la Casa de Gobierno, la Legislatura provincial, el edificio de Tribunales y las viviendas de numerosos políticos. Fue la forma de descargar la furia contenida luego de soportar varios años de hipocresía y corrupción. Cuando los funcionarios del renunciado gobernador Carlos Aldo Mujica dejaron sus cargos, se debían los salarios de agosto, septiembre y octubre. El pueblo santiagueño había recibido un duro golpe en los meses previos al enterarse, a través de la prensa, de los sueldos vergonzosos que percibían los funcionarios, mientras los empleados hacía más de noventa días que no cobraban. El gobernador percibía 13.153 pesos (porque se le computaba la antigüedad); el vicegobernador, 15.220; un diputado llegaba a percibir casi 15.000 pesos y un vocal del Superior Tribunal cobraba 14.000. Un asesor del gobernador, 7.516; un subsecretario, 6.576 y un asesor de subsecretario conseguía 5.919 en la ventanilla de pagos. Muchos de ellos eran, a su vez, beneficiados por el Banco de la Provincia de Santiago del Estero con créditos incobrables. En marzo de 1993, los sesenta primeros deudores de la entidad debían alrededor de 170 millones de dólares.

La corrupción era incontrolable. Según los periodistas José Curiotto y Julio Rodríguez, del diario El Liberal de Santiago del Estero, en la Administración Provincial de Recursos Hídricos se produjeron los hechos más graves. Allí, por ejemplo, la principal empresa constructora cobró en dos oportunidades una misma obra. En el Consejo Provincial de Vialidad se pagaron cerca de 1,3 millones dólares a firmas fantasmas por obras viales que nunca se ejecutaron. La indignación mayor se produjo cuando se conocieron detalles de la forma en que el gobierno manejó las diferentes situaciones sociales.
Unos pocos días antes del estallido del 16 de diciembre, tres pequeños fueron encontrados muertos en un sector denominado Lomas Coloradas, al norte de Santiago, por recibir alimentación deficiente. Los comedores infantiles permanecieron abiertos únicamente hasta la fecha de los comicios de octubre y nunca se pudieron revertir las estadísticas de mortalidad infantil: hasta 1990, de cada mil niños nacidos en la provincia, treinta morían antes de cumplir un año de vida. En algunas zonas, la mortalidad llegó al sesenta o setenta por mil.

Busti no llegó solo a Santiago del Estero. Se hizo acompañar por su secretario Héctor Ducasse y por el periodista Juan Luis Gordo Puchulu, su entrañable amigo. Al tiempo se incorporaron los dirigentes Aníbal Vergara y el ex senador provincial Lelio Urriste, quienes quedaron al frente de pequeñas comunas, como delegados de la Intervención. Busti y sus dos compañeros vivían en una pequeña casa de la capital santiagueña. El concordiense -que era el único que tenía cama de dos plazas- dormía en una pieza; Puchulu y Ducasse, en la restante. Pese a las comodidades, no era fácil pasar las noches: la temperatura no descendía casi nunca de los casi 45 grados y el clima político afuera no era fácil. La primera vez que Busti se enfrentó con un grupo de empleados, en una población cercana a Santiago, se paró arriba de una mesita para dirigir la palabra y no podía creer lo que veía: cada uno de los presentes tenía una piedra en la mano. Busti tembló como una hoja por varios minutos.
-Si ustedes creen que yo soy uno de los funcionarios corruptos que denunciaron, empiecen a tirarme. Si consideran lo contrario, dejen las piedras y empecemos a hablar -les indicó.

Se miró con Puchulu -que permanecía a su lado y le había advertido de la situación-, se produjo un silencio de varios segundos y se rompió la densidad del aire cuando se escuchó un ruido seco. Fue cuando uno de los líderes dejó caer al piso la piedra que tenía. Todos los que allí estaban empezaron a imitarlo. Busti se limpió la transpiración de la frente y suspiró tranquilo.

El mismo frío le corrió por el cuerpo cuando en una soleada tarde estuvo cara a cara con el ex comisario tucumano Malevo Ferreyra, quien se había fugado de la cárcel de su provincia y poco después fue capturado por la conducción policial de la Intervención de Santiago del Estero.

*****

"Tenemos que llegar a la Corte Suprema", fue la orden de Mario Moine, a la vez que inició una serie de operaciones políticas con allegados a Carlos Menem para que tuvieran alguna injerencia en la decisión de los miembros del máximo cuerpo judicial, muchos de ellos con profundas relaciones carnales con el oficialismo nacional. Había que revertir el fallo de los vocales de la Sala Penal del STJ y avanzar en la reforma del Estado.

Hubo nuevas reuniones con Karlic, quien se desdijo de sus declaraciones iniciales. Moine decidió retroceder con el ajuste tal como inicialmente lo había confeccionado. "En juicios, nomás, hay casi tres millones de dólares, que no le convienen para nada al gobierno", reflexionó.

Quien más se movió -fundamentalmente luego de una reunión con ATE y con UPCN, por separado- fue el arzobispo. Conformó una comisión jurídica asesora -integrada por los abogados Roberto Quinodoz, Eduardo Reviriego y Mariana Dato, que eran considerados de su confianza- y terminó por convencer a Moine de que había que retroceder. El gobernador nunca se pudo negar a un pedido de Karlic. "Es el hombre que más respeto y admiro en la tierra", dijo siempre. Desestimó el planteo de recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y concretó varias reincorporaciones.
Al poco tiempo Quiroga se tuvo que ir del Ministerio de Gobierno y fue reemplazado por Hermo Luis Pesuto, que hasta ese momento se desempeñaba como secretario general de la Gobernación. Moine estaba más tranquilo con Pesuto en ese cargo. Era un hombre de su estrecha confianza, peronista de siempre, de excelente relación con la Iglesia y muy respetado por los diferentes sectores de Paraná.

Tanto en la Policía como en el Poder Judicial de Entre Ríos se produjeron varios movimientos en poco tiempo. La jueza Susana Medina de Rizzo procesó al jefe de Policía, Eloy Fernando Heinze, a raíz de las desprolijidades cometidas en la decisión de desactivar la comisión que investigaba irregularidades en Salud Pública luego del crimen del escribano Rubén Calero y su cabeza rodó quince horas antes de la llegada de Carlos Menem a Gualeguaychú, a fines de junio de 1993. La magistrada sufrió graves amenazas debido a su determinación. No sólo tuvo que soportar intimidaciones telefónicas, sino que las advertencias alcanzaron a sus vecinos de calle Santiago del Estero y también a los trabajadores del colegio donde acudían sus pequeñas hijas. Uno de los hombres que llamaba zafó los controles del conmutador de Tribunales y llegó a hablar con ella.

-Va a estallar un coche bomba frente a la escuela de sus hijas -le indicó la voz anónima.
-Yo tengo quinientas causas en trámite; no sé por qué tema me amenazan -respondió la jueza.
-Usted sabe a qué me refiero. Deje de meterse con Heinze -le retrucó y cortó la comunicación.

Medina de Rizzo había procesado al uniformado por los delitos de "desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Si bien la Sala Primera de la Cámara del Crimen de Paraná (integrada por Juan Antonio Sobrero, Felipe Celli y Horacio Osti) decidió desprocesar a Heinze, también rechazó los pedidos de recusación contra la jueza planteados por los abogados del policía, motivo por el cual la causa retornó a manos de Medina de Rizzo. "El regreso del expediente marcó el reinicio de las amenazas telefónicas, en esta loca persecución", comentó un empleado tribunalicio. En verdad, la denuncia judicial contra Heinze puso en evidencia uno de los enfrentamientos más marcados entre Moine y el vicegobernador Hernán Orduna.
Nadie le pudo hacer entender al primer mandatario entrerriano que la causa se había iniciado de oficio. Quien actuó fue el agente fiscal Oscar Tavani Pérez Colman, luego de una denuncia pública en la cual se dio a conocer el contenido de una carta enviada por Orduna al fiscal de Estado, Julio Herrera, en la que le pedía explicaciones sobre la continuidad de una investigación administrativa ordenada en la anterior gestión y relacionada con el caso Calero. Moine arremetió contra Orduna. "Esta vez, al Vasco se le fue la mano", dijo un miércoles a la tarde, cuando se conoció el procesamiento de Heinze, a pocas horas de la llegada del presidente, tratando de hacer entender, a quien lo pretendiera escuchar, que podía haber existido una especie de complot con el Poder Judicial para perjudicar al entonces jefe policial y, por ende, al gobierno.
En realidad los días de Heinze en la conducción policial -un poco más de dos años y medio- no fueron de los más eficientes. Pese a su bajo perfil, no supo maniobrar una aguda y casi permanente interna entre hombres de la fuerza. Tuvo que llevar adelante una institución dividida y politizada, especialmente a partir del asalto al Hospital Roballos y del asesinato del escribano Rubén Calero, en los que se denunció la participación del ex oficial Carlos Balla. Su fuga agudizó la interna -debido a que era considerado como un líder dentro de la fuerza- y dejó al descubierto dos bandos, cuyas heridas nunca pudieron cerrarse. Pensando más en solucionar cuestiones personales o familiares que en instrumentar proyectos globales, Heinze se transformó en uno de los funcionarios más cuestionados de la gestión de Mario Moine, aunque siempre fue apoyado a rajatabla por el gobernador. A su inicial jugada de imponer al mandatario un paper con nombres de oficiales amigos, donde aparecían propuestos para la plana mayor varios de los policías rozados por la inexplicable fuga de Balla del Casino de Oficiales de la Jefatura, se agregó luego su sorprendente reconocimiento público ante el periodismo de la "incapacidad de la fuerza" para capturar al ex oficial.
Heinze se cansó también de insistir con negocios que nunca le salieron. No sólo vio truncada la ansiada compra de seiscientas pistolas para la institución, marca Norinco -que en un informe técnico se consideraron inadecuadas- sino también el sueño de adquirir un helicóptero de catorce plazas, que pensaba comprar en forma conjunta con las armas y una serie de vehículos especiales.
-¿Por dónde pasaba el negocio? -preguntó un periodista.
-Fundamentalmente, por viajes de placer y algunos regalos. En los últimos veinte años, la mayoría de los jefes de Policía de la provincia se encontraron con reconocimientos de este tipo. Es una vieja historia. Por eso es que cada vez que comienza una gestión, el jefe nombrado pide inversiones de lo más variadas -respondió un ex ministro.

Amante de las carreras cuadreras, Heinze nunca pudo desmentir las graves denuncias formalizadas por el auge de la quiniela clandestina en Entre Ríos, con la supuesta complicidad de algunos hombres de la fuerza, varios de ellos en cargos de importancia en las jefaturas departamentales. Las estadísticas indican que de cada diez pesos que en Entre Ríos se apuestan en juegos de azar, tres van a parar al circuito clandestino. Y se reconoce que hoy ese costado del negocio mueve aproximadamente veinticuatro millones de pesos al año.

Moine le aceptó la renuncia y no se preocupó demasiado por encontrar el hombre de relevo: mediante un decreto hizo ascender al subjefe, Humberto Kuttel, un hombre de bajo perfil, pero respetado en la institución.

*****

Los cambios también llegaron al Poder Judicial. Ante cada variante que se podía producir -consecuencia de jubilaciones de magistrados, fundamentalmente- el moinismo se preparaba para lograr el reemplazo correspondiente. El radicalismo de inmediato salió a cuestionar el intento de "peronización de la Justicia", una estrategia que ya había aplicado Busti en su mandato y que, a la inversa, había plasmado Sergio Montiel (UCR). "El Poder Ejecutivo ha decidido tomar al Poder Judicial como una agencia de colocación de amigos, con el evidente propósito de evitar que se sigan investigando las acciones de algunos funcionarios", dijeron los senadores de la oposición.
-Pero yo no tengo problemas en nombrar a abogados radicales... -respondió Moine cuando recepcionó los cuestionamientos.
-¿Existen nombres en concreto? -se peguntó desde la prensa.
-Por supuesto; lo estamos estudiando.

En verdad, el propio Moine hizo circular algunos nombres, pero nunca los mencionó públicamente. La afronta a sus intenciones arrancó al momento de proponer a Julio Herrera para el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Sucede que era, nada más y nada menos, que el fiscal de Estado de la provincia. A ello había que sumarle que los más opositores eran los propios dirigentes del peronismo; específicamente los enrolados en el bustismo.

Jorge Busti en persona fue quien motorizó el bloqueo de la figura de Herrera, fundamentalmente en base a las denuncias presentadas con su firma y la de Mario Moine ante la Justicia. Algunas estaban relacionadas con el traspaso del Frigorífico Regional Santa Elena (cuando se denunciaron posibles irregularidades en los juicios laborales y el accionar del Estado); las desprolijidades en el ex Ministerio de Bienestar Social o dictámenes vinculados con la venta de tierras al ex diputado nacional César Jaroslavsky. Pero existía otro elemento: Herrera había pedido, al inicio de la gestión de Moine, que se investigara el patrimonio de Busti y su mujer, Cristina Cremer. "¿Cómo puede hacerse casas como las que tiene en Concordia si no cobra más que el sueldo de gobernador?", le preguntó una y otra vez a sus colaboradores más cercanos. Moine hacía referencia a la vivienda familiar de Busti -cuyo patio lindaba con los fondos de otra casa de su propiedad, en la que instaló a nombre de su esposa, luego del aval del Ministerio de Justicia de la Nación, una de las oficinas del Registro de la Propiedad del Automotor de Concordia- y a la lujosa quinta de fin de semana, ubicada en proximidades al lago de Salto Grande.

Herrera fue reemplazado en el cargo de fiscal de Estado por Norberto Mamanna, un abogado de Villaguay, allegado al diputado provincial Carlos Fuertes -oriundo de esa ciudad-, quien había sido subsecretario de Justicia de Moine. Además del nombramiento de Herrera, ya se habían producido otras designaciones polémicas en la Justicia. En octubre de 1993, los senadores radicales fustigaron duramente al oficialismo cuando el legislador Hugo Cettour (PJ-Uruguay) consiguió el apoyo a la figura de su copoblano Germán Carlomagno para el STJ. En esa instancia, el pliego fue inicialmente rechazado, volviendo a la Comisión de Acuerdos, aunque finalmente se aprobó, en una votación que terminó empatada en ocho y tuvo que definir Hernán Orduna. El mismo legislador propició la designación de Diego Young como fiscal de Cámara en Concepción del Uruguay. Young es, desde hace años, editorialista del diario La Calle, dirigido por Ricardo Sáenz Valiente, un empresario de prensa allegado al Grupo Clarín. Young fue autor de varios artículos en los que apoyó fervorosamente la Ley 8.706 de prescindibilidad, lo que incluso fue reproducido en el boletín de prensa de Casa de Gobierno. Un año después, el moinismo le retribuyó el favor.

Otro abogado cuestionado fue Roberto Larrarte, allegado a la esposa de Jorge Busti, a quien le aprobaron el pliego para ser fiscal de Cámara de Concordia. En la sesión secreta, el propio presidente del Senado, Hernán Orduna, respaldó su nombramiento, en una insólita actitud. Larrarte, a su vez, cuenta con otra oficina del Registro de la Propiedad del Automotor en Concordia.

"Yo quisiera saber qué actitud va a adoptar el doctor Herrera en el STJ cuando se consideren temas sobre el cual, como fiscal, ya ha opinado. ¿Durante cuántos años se va a tener que excusar?", preguntó el senador José Luis Brumatti (UCR-Diamante), en uno de los debates. "Ellos podrán decirnos que nosotros, cuando fuimos gobierno, hicimos lo mismo. No es así. Nosotros pusimos a gente que simpatizaba con la UCR; ellos ponen verdaderos pesos pesados", acotó, en clara referencia a Herrera, que durante el gobierno de Jorge Busti fue asesor en Educación y con la gestión de Enrique Tomás Cresto ocupó el cargo de secretario de Educación.

Al pliego de Herrera (que reemplazó en la Sala Laboral a Miguel Angel Aranguren) se sumaron, en menos de una semana, los nombres de Arsenio Francisco Mendoza y de Juan Carlos Turano. Mendoza fue director del Instituto Autárquico de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), durante la gestión del ingeniero Blas García, en el primer gobierno de Busti. Pasó a desempeñarse como defensor del STJ, en reemplazo de España T. Rodríguez de Mastaglia. Turano, abogado de la sucursal La Paz del Banco de Entre Ríos (BER) y allegado al senador Emilio Castrillón (PJ-La Paz), fue a la Sala Civil, en lugar de Enrique Samuel Mihura.

(sigue...)
Enviar Imprimir
ULTIMA EDICIÓN
Servicios
Envianos
tu noticia
Las mas leídas
Analisis Digital | Director | Denuncias | Contáctenos |  Pagina de Inicio |  Agregar a Favoritos |