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 -  tiempo  54' 15" - 23239 Visitas Capítulo II: El nuevo poder
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El olfato siempre fue una de sus virtudes. Y en esos días estaba convencido de que le iban a ofrecer la postulación. Había crecido como nadie, pese a su juventud y unos pocos actos le hicieron ver que tenía llegada a la gente, aún fuera de su terruño. Simuló paciencia, pero por dentro era un hervidero. El olfato siempre fue una de sus virtudes. Y en esos días estaba convencido de que le iban a ofrecer la postulación. Había crecido como nadie, pese a su juventud y unos pocos actos le hicieron ver que tenía llegada a la gente, aún fuera de su terruño. Simuló paciencia, pero por dentro era un hervidero.

"Conejo, vos tenés que ser el hombre; sos el candidato natural del peronismo", le dijeron una tarde de mediados de 1986, en su domicilio particular, Augusto José María Alasino y Hernán Orduna. Jorge Busti, con sus recientes 39 años, se sorprendió con la propuesta pero, en verdad, la esperaba. La Gobernación de Entre Ríos era un sueño larga y silenciosamente acariciado por aquel intendente que medía cuidadosamente sus pasos y evaluaba los avances que iba logrando en su proyección política.
-¿Pero cómo hago para entrar en Paraná, que es clave en una elección? Seamos realistas, yo no existo en la costa del Paraná, Montiel tiene una imagen muy alta y maneja todos los medios de comunicación.
-Yo conozco bien Paraná; tenemos algunos compañeros que nos van a dar una mano. Ya vas a ver -contestó Alasino, aunque quedó pensando sobre lo que dijo Busti acerca de los medios.

En verdad, el matutino El Diario -por su tradición radical- estaba jugado con el partido gobernante, aunque un detalle corría a favor de los intereses del bustismo: Arturo Roosevelt Etchevehere, hijo de quien ejercía el mando en el periódico, estaba propuesto como precandidato a diputado nacional por la lista de Ricardo Emilio Lafferriere que, a su vez, era opositor a Montiel. Pero el gobernador radical manejaba a gusto Canal 9 Televisora Entrerriana -que era del Estado y había sido creado en su gestión- y tenía fuerte incidencia en LT14, Radio General Urquiza de Paraná, que dependía del gobierno nacional.

El todavía desconocido Choclo visitaba asiduamente la capital entrerriana. Sus padres vivían en un departamento ubicado sobre calle Corrientes, a pocas cuadras del Parque Urquiza, y se ocupaba de hacer algunos contactos políticos.
-¿Y cuál sería tu negocio, Choclo? -preguntó desconfiado Busti, sabiendo ya, por aquellos años, que para Alasino no existían los mandados sin vuelto.
-Yo quiero ser diputado nacional; quiero llegar a Buenos Aires y armar allí mi porción de poder.

Alasino se desempeñaba, por esos días, como asesor en Asuntos Legales del municipio concordiense y representaba a varios gremios; Orduna era secretario de Obras Públicas de la comuna. Entre el Vasco y el intendente había una fuerte relación afectiva de épocas de estudiantes y militantes en Córdoba, por lo que Busti llegó a ser testigo de casamiento del primer matrimonio de Orduna. El Vasco estudió Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Católica de la provincia mediterránea. Hijo de un reconocido dirigente del Sindicato de la Carne y de madre docente (expulsada por la Revolución Libertadora), abrazó la militancia peronista en tiempos de la escuela secundaria en Concordia. Cuando recaló en Córdoba para iniciar sus estudios universitarios se metió de lleno en la Juventud Peronista Revolucionaria, un grupo regional que funcionaba antes de que existiera Montoneros. Allí formó parte del Consejo Provincial del PJ y fue candidato a diputado nacional en el '73, pero no llegó y fue nombrado funcionario de Obras Públicas de la comuna cordobesa. Docente universitario apenas recibido, se enfrentó con el lopezreguismo y a fines de 1974 empezó a militar en el Partido Auténtico (PA), considerado un órgano de superficie de Montoneros, en el que, entre otros, estaba Hugo Vaca Narvaja, hermano de Fernando, asesinado en esos días.

Uno de los testigos del fusilamiento de Vaca Narvaja fue el Negro Brizuela, oriundo de Villa Dolores, amigo personal de Busti desde su coincidencia militante en el Integralismo. Brizuela, que se pasó luego al Partido Auténtico, tenía prórroga en el Servicio Militar Obligatorio, que tuvo que cumplir en 1976. Como soldado y sabiendo de su militancia en Montoneros, lo llevaron a ver cómo fusilaban a Vaca Narvaja. A los dos días terminó el Servicio Militar, lo chuparon en la calle y desde entonces figura como desaparecido.

Los miembros del PA firmaban solicitadas en los diarios y ponían la cara, según recuerdan sus compañeros de entonces. Se organizaban para leer en forma clandestina los documentos que acercaba el delegado de Perón, el ex senador nacional Luis Cámara (que luego, mimeógrafo mediante, eran distribuidos entre los militantes) y tenían que organizarse en modo extremo para zafar de las garras del general Luciano Benjamín Menéndez. Un hecho pinta la situación: fue cuando llevaron a la conducción nacional del PA a un congreso en Córdoba en un charter especial y con prensa extranjera para que no atentaran contra el avión. Menéndez no pudo cumplir su cometido con la aeronave, pero no se quedó con las ganas de asustarlos y les voló el local partidario.

Con el golpe de Estado del '76 Orduna fue encarcelado y permaneció 2.250 días entre rejas, deambulando por las cárceles de Córdoba, Sierra Chica, Coronda y Rawson. Su hijo más chico apenas tenía cuatro meses al momento de su detención. En realidad lo encarcelaron por una denuncia gremial originada en una medida de fuerza aplicada en la industria metalúrgica en la que trabajaba en Córdoba. Pero el motivo era lo de menos.

"Son como hermanos; a veces se distancian, a veces se pelean, pero nunca habrá un portazo definitivo entre uno y otro. Se conocen demasiado, casi de memoria; saben qué error cometió cada uno y no dudan en reconocer íntimamente que se necesitan", razonó alguna vez un allegado a Busti y Orduna. En realidad, en los últimos quince años, fueron tres las personas claves y fieles que Busti nunca dejó de lado. Uno es Orduna; los otros, Héctor Ducasse y Juan Luis Gordo Puchulu.

Ducasse fue quien lo acompañó como chofer en la campaña de 1986 y nunca más se alejó de él; es lo más parecido a su sombra, aunque tengan diferente contextura física. Algo similar ocurrió con Puchulu: fueron compañeros de facultad en Córdoba, militaron juntos y el periodista de Concepción del Uruguay es quien se ocupa de la faz intelectual de Busti. Siempre fue el consejero político y social, como así también el autor de la mayoría de los discursos escritos o solicitadas firmadas por Busti, adornados con citas históricas o poéticas que quizás nunca leyó el concordiense. "Puchulu es un soñador", dicen sus amigos. "Tal vez de los pocos que quedan", acotan. Durante toda su permanencia junto a Busti, al Gordo -que, en verdad, no pesa más de 75 kilos- nunca le interesaron los negocios generados en los lugares de poder. La prueba está en que aún se sigue manejando en australes en el léxico financiero porque todavía no logra entender el manejo de los pesos o los dólares. Puchulu siempre fue el último en acostarse a dormir y al que más de una vez había que ir a buscar al lugar donde se quedaba a descansar, para que iniciara la jornada laboral. Puede estar horas y horas dialogando en un bar; contando anécdotas imperdibles; riendo y llorando de emoción en cuestión de minutos, sin dejar el paquete de Jockey Club 120, que obliga a los kiosqueros a traer exclusivamente para él, un fumador empedernido. Es quien cada año organiza maratónicas transmisiones radiales para juntarle juguetes a los chicos de su Concepción del Uruguay natal (con más de sesenta horas al aire en forma ininterrumpida) o el que puede desaparecer por varios días sin que su familia sepa dónde está. Una de sus historias más desopilantes fue la vez que una tarde de viernes le dijo a su esposa, Patricia Marcó, que le preparara la comida porque le hacía un reportaje al cantautor entrerriano Víctor Velázquez y regresaba a cenar. No estaba en los cálculos del Gordo que el gaucho, que estaba haciendo una travesía a caballo para unir Buenos Aires con Yapeyú, en homenaje al asesinado folklorista Jorge Cafrune (que murió al hacer el mismo trayecto), se negara amablemente a realizar la entrevista, pero lo invitara a acompañarlo. Puchulu se subió a uno de los caballos y recién volvió a su casa el lunes a la noche, cansado por la cabalgata y de tomar buen vino en cada paraje.

-¿Y la nota? -le preguntó su jefe y amigo, el profesor y periodista Edgardo Visagno, hincha empedernido de Estudiantes de La Plata y compañero de cada una de las maratónicas jornadas radiales.
-Y no la pude hacer...
-¿Por qué?
-Y cuando yo estaba fresco, Víctor Velázquez estaba agotado de tanta comida y vino que nos daba la gente. Y así fue todo el tiempo. ¿Cuándo querés que le haga la nota? -preguntó Puchulu, casi desafiante por la situación.

Visagno agachó la cabeza, esbozó una sonrisa y le palmeó la espalda. No era la primera vez que al Gordo le sucedía algo así. Tenía otra de antología: cuando en 1984 se fue hasta Paysandú a entrevistarlo al escritor Eduardo Galeano, que llegó hasta la localidad uruguaya para dar una charla. El Gordo era un fanático de Galeano; había leído buena parte de su obra y releído más de tres veces Las venas abiertas de América Latina. Se sentaron a una mesa, después que Galeano cenó con los organizadores, tomaron cerca de ocho botellas de vino, arreglaron el mundo quien sabe cuántas veces y Puchulu le hizo el reportaje para LT11. Cuando volvió a Concepción del Uruguay se fue casi corriendo a la emisora, grabó un promo sobre la entrevista, realizada para sacar al aire un programa especial, y se acomodó junto al operador a chequear cómo había salido.
-¿Y el cassette? –le pidió el operador.
-¿No te lo di? –preguntó Puchulu.

El Gordo creyó que lo estaba en su casa, pero se equivocó. Revisó el bolso y cada rincón de la vieja casona de los Marcó. Cuando se puso a pensar llegó a la conclusión de que se había olvidado el grabador en la mesa del bar. Su entrevista cumbre nunca pudo salir al aire.

En los dos gobiernos de Busti, los hombres del gabinete siempre tuvieron en cuenta una recomendación especial de su líder: “Si se ponen a hablar de negocios del Estado, Puchulu no debe estar allí”. El Gordo en persona siempre se los ha pedido. "No entiendo y no me gusta; además, siempre les voy a hacer la contra porque no está bien que caguen a la gente", repite permanentemente.

*****

Cuando le ofrecieron la precandidatura a gobernador en 1986, Busti era consciente de que los tiempos políticos jugaban para él. La ortodoxia estaba desapareciendo en el país y se encontraba en la misma línea que Antonio Cafiero, Carlos Menem y el mismísimo Carlos Grosso, un joven proveniente de la militancia católica, que en los albores de la democracia, con el apoyo de un grupo empresario porteño, se enfrentó con los viejos peronistas representados por Italo Luder, Deolindo Bittel o Herminio Iglesias.
-Hay una pregunta que quiero hacerles: ¿con qué plata vamos a armar la campaña? -inquirió Busti a Alasino y Orduna.
-Ya veremos cómo la juntamos -contestó el Choclo.
-Pidámosle asesoramiento a don Enrique Cresto; él sabe de ésto... -apuntó Orduna.

A los pocos días, los tres ya tenían definido quién sería la persona, con aptitudes de recaudador, para financiar la campaña proselitista. "Ya acordé con el Beto", les informó Busti una mañana en su despacho de intendente. Se refería a Gualberto Garamendy. Concordiense también, el empresario, venido a menos luego de la dictadura, aprendió a hacer diferencias durante el gobierno de Cresto. Consecuencia de esos negocios, fundamentalmente como hombre allegado al directorio del Banco de Entre Ríos -pese a no ser funcionario-, el asesor gubernamental se transformó en un próspero empresario en la década del ‘70. Merced a créditos obtenidos pudo desarrollar en Paraná el matutino El Día, que competía con el tradicional periódico El Diario, de la familia Etchevehere, e instaló fábricas de columnas de alumbrado en Concordia y en la provincia del Chaco. Durante el primer tiempo de la dictadura estuvo preso en la Unidad Penal Número 1 de la capital entrerriana (su celda estaba entre la de Cresto y la del varias veces legislador radical y ahora embajador argentino en España, con la llegada de Fernando De la Rúa al poder, Ricardo Emilio Lafferriere) y cuando salió se encontró con que le habían rematado la mayoría de sus bienes.

"Yo me ocupo de conseguir los aportes de empresarios para desarrollar la campaña; quedate tranquilo, que de esto sé", le dijo confiado al joven presidente comunal de Concordia que, como buen político de raza, no desconocía las habilidades del Beto. Y para su objetivo, sin dudas le servía.

Llegar a la candidatura a gobernador en 1986 no fue fácil. Hijo de un empleado ferroviario -a quien perdió cuando tenía tan sólo 8 años-, Busti aprendió a tejer alianzas en Córdoba, en épocas de estudiante universitario. A esa ciudad llegó en 1967. Un año antes, exactamente en junio, las fuerzas armadas derrocaron a Arturo Illia; las universidades estaban intervenidas y en Córdoba el estudiante Santiago Pampillón, de 24 años, murió como consecuencia de las balas disparadas por personal policial, luego de una manifestación. Estuvo cinco días internado, pero su cuerpo no pudo aguantar. La dureza de la dictadura del general Juan Carlos Onganía apuntaba, fundamentalmente, a dirigentes políticos, gremialistas y estudiantes. El 12 de enero cayó otra víctima: Hilda Natalia Guerrero de Molina murió de un balazo durante una refriega entre obreros del azúcar y fuerzas policiales, en Tucumán. Dos meses después, la administración de los Ferrocarriles sancionó a 116.449 agentes por su participación en la huelga del 1 de marzo de 1966.

"Voy a seguir Derecho", le dijo a su madre, unos meses antes de partir. Ella lo envió al Colegio Mayor Universitario porque pensaba que allí iba a estar custodiado por sacerdotes; nunca se enteró que era el lugar donde se estaban desarrollando las Fuerzas Armadas Peronistas. Busti no podía entender lo que pasaba en ese extraño lugar, pero le fascinó. Mas aún cuando en los primeros días los congregaron a todos en un amplio salón para proyectarles una película sobre la experiencia del Che Guevara en Bolivia.

No tuvo dudas de que tenía que abrazar los ideales del peronismo. "Yo quiero luchar por Perón", le indicó a los amigos de su ciudad natal. Lo primero que hizo fue alinearse en el integralismo, que era una mezcla de socialcristianos y peronistas inserta en el Peronismo de Base y en la Juventud Peronista. Un sector del nucleamiento pasó luego a integrar Montoneros. Eran los que, entre otros estribillos, cantaban: “Duro, duro, duro; vivan los Montoneros que mataron a Aramburu”.

Los principales referentes eran Juan Schiaretti, Juan Carlos Pezoa y Luis Huevo Rubio. Busti pasó a ser la mano derecha de los líderes y a través de ellos empezó a escuchar hablar de quien con los años se transformaría en una de las figuras de mayor poder en el país: Domingo Felipe Cavallo. Schiaretti y Pezoa eran sus aliados naturales y el paso del tiempo no les hizo cambiar de líder.

Fueron años duros en Córdoba. El clima estaba enrarecido por el accionar militar. Había demasiada violencia, odio y muerte. Las manifestaciones universitarias en repudio a los asesinatos de los estudiantes Luis Cabral (en Corrientes), de Alberto Ramón Bello y Luis Norberto Blanco (en Rosario) o la ceguera producida a Elba Canelo, de 18 años, consecuencia del lanzamiento de una granada de gas, en la misma capital cordobesa, de algún modo lo marcaron. Fue en la antesala del Cordobazo de mayo de 1968 cuando Busti tiró su primer volante a favor de Perón.

En esa época conoció a Cristina Cremer que, años después, se transformaría en su esposa. La joven también estudiaba Derecho en la Universidad Católica y era oriunda de la capital mediterránea. Quien lo observaba a menudo, porque le llamaba la atención la forma de vestirse ("estaba casi siempre con un sobretodo que le tapaba hasta las orejas", recordaría) era una mujer que luego se transformaría en una reconocida periodista nacional, también cordobesa: Norma Morandini, actual corresponsal en la Argentina del diario y la revista española Cambio 16 y periodista de dos canales de televisión en Capital Federal.

Busti se recibió de abogado, comenzó a trabajar en el Concejo Deliberante de Córdoba y, a su vez, desarrolló militancia barrial. “Chino, rajate porque estás marcado”, le dijo un tipo de la derecha peronista una mañana de fines del ´74. Fue uno de los primeros sustos fuertes que tuvo en política. Después se enteró que lo identificaron en una serie de fotografías tomadas en el entierro del emblemático dirigente Agustín Tosco, donde estuvo presente.

Con su mujer decidió afincarse en Concordia. Se casaron el mismo día en que Juan Domingo Perón echó de la Plaza de Mayo a los Montoneros. El 1 de febrero de 1975, asumió como secretario del magistrado entrerriano Oscar Mario Rovira, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Número 1 de Concordia. Rovira era un respetado letrado de los gremios de la ciudad, lo que más de una vez fue reconocido por la seccional Concordia de la Confederación General del Trabajo (CGT), fundamentalmente en tiempos del general Juan Carlos Onganía. Busti llegó al cargo por una gestión personal del entonces ministro de Gobierno, Luis Raggio, colaborador del gobernador Enrique Tomás Cresto. La vacante se produjo a raíz del fallecimiento del secretario Aníbal Requena.

Busti siempre trabajó en el despacho contiguo al de Rovira en el edificio tribunalicio concordiense, hasta el 10 de febrero de 1977, cuando fue detenido por personal militar de Ejército, por órdenes del coronel Naldo Dasso, a cargo del Regimiento de Blandengues de esa localidad. Dasso es el mismo a quien se responsabilizó de la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti y de los militantes Julio Solaga y Sixto Zalazar y luego fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida.

Según Busti, apenas producido el golpe de Estado, Rovira le dijo: “Usted no se preocupe porque no hay ningún tipo de problemas. De aquí en más, con los militares habrá orden y ese orden nos ayudará a dictar sentencia con la mayor de las tranquilidades”. Varios de esos entretelones salieron a la luz en marzo de 2000, cuando Sergio Montiel volvió a la Gobernación de Entre Ríos y propuso al Senado de la provincia que Rovira fuera designado al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), creada a los pocos meses de asumir al frente del Poder Ejecutivo.

Recién iniciado el gobierno militar, Rovira recibió ofrecimientos para ocupar cargos de trascendencia en la cúpula del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, pero no quiso aceptar. Según Busti, el 8 de febrero de 1977 el magistrado fue visitado por Tomás Sosa Moreyra, conocido allegado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en Entre Ríos. Rovira cerró la puerta de su oficina para dialogar a solas con el visitante.

Un día después, Busti fue detenido por personal militar. A la 1.10 de la madrugada del 10 de febrero de 1977 le golpearon la puerta de la casa donde vivía con su esposa (embarazada de ocho meses), su hija Florencia y su suegra. El joven abogado había sido avisado sobre la posible detención, pero no estaba esperando la llegada del grupo militar. Hacía casi un año del golpe y eran demasiados los amigos y militantes detenidos en el país. A muchos de ellos no los vio nunca más. Sobre otros, como Orduna, no se tenía mayor información. Ya se sabía de torturas y desapariciones; de dolor e impotencia. Esta vez le golpeaban la puerta a él.
-Doctor Busti, venimos a verlo por un problema del Juzgado -le dijeron desde el otro lado de la puerta.
-¿De qué se trata? -preguntó sin abrir, mientras trataba de colocarse el primer pantalón que encontró.
-Se lo tenemos que decir personalmente.
-Si no me lo dicen, no les voy a abrir.
-¡Abrí carajo o te tiramos la puerta abajo!

Busti no tuvo otra alternativa. Sabía que detrás de eso venía la ráfaga del FAL contra la cerradura. Cuando abrió se encontró con un importante grupo de militares en el acceso a su vivienda, pero también en los alrededores. Muchos vecinos de la cuadra estaban en los umbrales de sus casas, pero nadie movió un dedo. En milésimas de segundo, en la oscuridad de la noche, sintió la soledad y la incertidumbre. Los visitantes le dieron vuelta la vivienda: tajearon almohadas, colchones; revisaron libros, fotos y levantaron los pisos de cada habitación. No importó el llanto de la pequeña ni el pulso acelerado de Cristina, a punto de estallar por la situación y el embarazo. Busti sintió que todo se le iba de las manos; que estaba un camino sin retorno por el que nunca había transitado. La separación inclemente de su mujer embarazada y de su pequeña hija quedarían fijadas en su memoria como la primera mutilación que, como precio por la militancia, pagaba en carne propia.

Le pusieron una venda en los ojos y apenas si lo dejaron terminar de abrocharse el pantalón. Lo metieron en el baúl de un Ford Falcon y partieron raudamente.
El operativo fue comandado por el mayor de Ejército Ramón Osvaldo Orieta, destinado en el batallón Blandengues de Concordia y de activa participación en cuanto secuestro, detención ilegal y desaparición de dirigentes políticos fueron registrados en esa jurisdicción en los años de plomo.

Alcides López era el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, delegación Concordia. Hasta el día del golpe de Estado se desempeñaba como concejal de la UCR y se tuvo que esconder en la casa de su colega Hugo Neumann. Lo llamativo de la jornada fue la actitud de Augusto Alasino: prefirió quedarse en la esquina de la sucursal local del Banco Nación. “Si me llevan detenido, quiero que todo el mundo vea que voy preso”, le decía a cada uno que pasaba por su lado y le preguntaba por su determinación. Pero no lo detuvieron. Tuvo mejor suerte.

López acudió esa misma mañana del 10 de febrero al despacho de Rovira para manifestarle que iba a presentar un habeas corpus en favor de Busti. Una decisión similar adoptaron el cuñado de Busti, Eduardo Cremer, y el abogado Oscar Bacigalupe, e incluso llegaron hasta el domicilio de Rovira para expresarle la preocupación que tenían por la detención ilegal y para ver qué caminos se podían seguir a fin de lograr su inmediata libertad. Ambos hombres no recuerdan con beneplácito la actitud del entonces juez: “Nos atendió en la puerta y nos dijo que nada sabía, que nada podía saber y que no estaba en condiciones de hacer algo”, contaron.

Sin embargo, Rovira envió un oficio a sus superiores el mismo día de la detención, informando sobre la situación, según consta en los archivos del STJ. Lo hizo después que Roberto Larrarte (ya fallecido) le indicara que Busti estaba detenido. Los miembros de la cúpula judicial le dieron entrada a la información el 11 de febrero y resolvieron, el 15, suspender a Busti en sus funciones hasta tanto finalizara su detención. El alto cuerpo (designado el 3 de mayo de 1976, por decreto 222 del gobernador de facto brigadier Rubén Di Bello) estaba integrado por Carlos Enrique Ferrari, Luis del Corazón de Jesús Enrique Antonio Calderón Hernández, Miguel Angel Cordini, Raúl Eduardo Aranguren, Evaristo Antonio Uriburu y Juan Carlos Gemignani. Este último, casi 25 años después, pasó a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura y gozó de los privilegios de la democracia, pese a su rol en la dictadura.

Busti permaneció arrestado durante cuarenta días y sufrió sesiones de tortura en un lugar ubicado detrás de la cancha de polo del Regimiento 6 de Caballería. Al salir, por un tiempo prolongado tuvo que cumplir un ritual: concurrir al destacamento todos los fines de semana para reportar su presencia en la ciudad. Lo tuvieron un año sin entregarle el documento y en ese lapso lo detuvieron otras dos veces, pero inmediatamente fue puesto en libertad. Durante más de quince meses Busti se dormía, cada noche, después de la 1.10 de la madrugada. Hasta esa hora permanecía vestido, como esperando que lo fueran a buscar del batallón. Recién después podía cambiarse y acostarse y, muchas veces, se quedaba dormido con la ropa puesta.

Con la apertura democrática -a fines de 1982- se fue posicionando como un hábil dirigente y logró triunfar en las elecciones para la conducción del Colegio de Abogados de Concordia. En diciembre de 1983 no tuvo que hacer mayor esfuerzo para acceder a la Intendencia. Al poco tiempo volvió a ganar: derrotó en las internas, por la conducción partidaria departamental del PJ, al ex gobernador Enrique Tomás Cresto, su padrino político.
-Jorge, ganó Lafferriere. Creo que el triunfo será definitivamente nuestro -le dijo Orduna en la tarde del 14 de diciembre de 1986, apenas se enteró por LT15, Radio del Litoral de Concordia, del resultado de la interna radical.
-Mirá que el Chirola tiene la banca de Alfonsín y de la Coordinadora. No va a ser tan fácil.
-Tiene el apoyo de la Coordinadora, pero lo va a tener en contra a Montiel en sus últimos meses de gobierno. Ya vas a ver...

La fórmula Lafferriere-Juan Carlos Lucio Godoy -representada en la denominada Lista Marrón- ganó por 30.116 votos contra 25.796 de la dupla Luis Brasesco–José Luis Rodríguez Artussi (Lista Azul), digitada por Montiel y en la que su nombre aparecía primero como candidato a diputado nacional. El entonces gobernador resultó también derrotado por su rival histórico: César Jaroslavsky.

Oficialmente, Busti lanzó su campaña a gobernador en una conferencia de prensa ofrecida sobre el mediodía del 16 de enero de 1987, en la sede central del Partido Justicialista (PJ). Habían pasado dos meses del triunfo en la interna, contra Carlos Vairetti, que era diputado nacional y presidente del Consejo Provincial del PJ. "Le ganamos al aparato", repetía Busti. Pese a las fricciones de toda lucha interna, la unidad entre ambos sectores estaba casi sellada. El viernes 4 de noviembre, dos días antes de la interna, Busti asumió ese compromiso en una reunión realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ante varios representantes gremiales. El pacto, por lo menos públicamente, se terminó de acordar en una conversación al aire, por LT14, Radio General Urquiza, a las 7.45 del lunes 7, cuando se hizo un dúplex y hablaron Busti y Vairetti. "Decí que no están saliendo al aire para la televisión, porque sino Carlitos le pone un beso en la cara. Son todas flores...", comentó uno de los operadores del intendente concordiense cuando los escuchaba. La referencia tenía relación con la actitud de Vairetti, que fue el primer dirigente político que impuso el beso afectivo como saludo entre militantes.

Busti se ubicó en una amplia mesa, secundado por su compañero de fórmula, Domingo Daniel Rossi; los candidatos a diputados nacionales Augusto Alasino y José Carlos Ramos, como así también Mario Moine. El empresario supermercadista era el único hombre de importancia de la línea conducida por Vairetti que había triunfado en la interna de noviembre de 1986 y esa distancia se notaba con los bustistas. Moine no tenía pasado militante. Simpatizó con hombres de la Democracia Cristiana en Entre Ríos y también con algunos del peronismo. No obstante, cuando su nombre surgió en Paraná, como precandidato del justicialismo, hubo quienes se acordaron de su imagen; fundamentalmente aquellos que transitaron por la Unidad Penal Número 1 durante la dictadura. Era el mismo Moine que a partir de la década del '80, cada fin de semana, con su grupo cristiano -encabezado por el cura Gabriel Batello- contrataba los servicios de cine para proyectarles películas a los presos políticos.

En sus primeras palabras, Busti marcó distancia de las acciones de Montiel -aunque sin cuestionamientos demasiado contundentes- y se acercó a Lafferriere. "Tengo muy buenas relaciones con el candidato radical, aunque -agregó- su propuesta de generar diez mil puestos de trabajo por año podría comenzar a cumplirla ahora desde su banca de senador nacional". Una semana antes, Busti se había reunido a solas con Montiel para contarle cuáles iban a ser los lineamientos de su campaña. La audiencia la gestionó Orduna con el entonces ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Angel José Negri, quien años después falleció en un accidente automovilístico. "Yo no voy a entrar en el canibalismo político, doctor", le dijo al líder radical, a quien el concordiense respetaba, fundamentalmente por su capacidad intelectual y de mando.

No fue el único encuentro programado por Busti, que instaló su base de operaciones en la sede del Sindicato de Prensa de Paraná, luego de acordar algunas condiciones con el secretario general, Rubén Sarmiento, quien pasó a ser su principal vocero en la campaña proselitista y luego fue nombrado subsecretario de Información Pública. Sarmiento era uno de los hombres claves en el informativo de LT14, Radio General Urquiza de Paraná, y en la sección Política de El Diario; se desempeñaba como corresponsal en Entre Ríos de la agencia Noticias Argentinas (NA) y además cumplía tareas como subcorresponsal de Clarín, secundando al periodista Luis María Serroels.
Busti no sabía qué era eso de aparecer en los medios nacionales (la única vez fue cuando se produjeron graves inundaciones en Concordia) y Sarmiento, en poco tiempo, se lo mostró. El concordiense, que conoció a Pelito -como siempre lo apodaron- cuando éste era encargado de prensa del bloque de senadores provinciales del PJ y le generaba informaciones de su función como titular de la Liga de Intendentes del Justicialismo, quedó muy conforme con el periodista y enseguida lo ubicó entre sus hombres de consulta permanente, pese a la resistencia que generaba en sectores ligados a Orduna o al Conde Ramos, quienes no querían perdonarle que en la interna hubiese estado cerca de Vairetti. "Pelito nos sirve; sabe hacer las cosas; no tengas dudas en sumarlo", le dijo Puchulu a Busti cuando lo consultó. Puchulu y Sarmiento se conocían desde muy jóvenes; ambos fueron camaradas del servicio militar obligatorio, en el batallón de Ejército de Concepción del Uruguay.

Por sugerencia de Moine -quien tenía excelentes relaciones con la cúpula eclesiástica de Paraná- Busti también se reunió con el arzobispo, monseñor Estanislao Esteban Karlic. De allí en más, la mayoría de los candidatos del justicialismo -fundamentalmente- y de la UCR, echarían mano a ese artilugio ante cada proyecto político que encaraban: el de lograr, previamente, la bendición del arzobispo. "La actitud siempre cae bien en Paraná, donde las clases media y alta son católicas practicantes, responden al radicalismo y son conservadores. Si alguien del justicialismo no tiene el aval de la Iglesia, no puede ser candidato a nada", argumentó uno de los hombres que trabajó en la campaña de Busti y que luego se transformó en funcionario. Esa misma persona fue la que sugirió que no se dejara de lado un encuentro con el comandante del Ejército en la provincia. "Nos tienen sindicados como montoneros, la mayoría de tus colaboradores de Concordia sufrió cárcel y se enfrentó con las fuerzas armadas. Hay que blanquear urgente la relación con el Ejército; hay que demostrar que se está por encima de estas cuestiones", le dijo. Busti no dudó demasiado. "Conseguime la reunión", le ordenó. A los pocos días, el concordiense se encontró con el nuevo comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, general Osvaldo Córdoba, quien transitaba su último año antes de ingresar al Estado Mayor del Ejército.

*****

Las relaciones entre Busti y los referentes de Montiel poco a poco se fueron tensando. "Te lo anticipé", le recordó Orduna. El 26 de enero el dirigente cegetista Saúl Ubaldini llevó adelante un nuevo paro general de actividades en el país. Montiel, coherente con lo que había firmado en medidas de fuerza anteriores, lo declaró ilegal.
El decreto del gobierno provincial tenía esta vez catorce considerandos. A entender del Poder Ejecutivo entrerriano, el paro, "al que supuestamente se lo pretende encuadrar dentro del derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, asume características, objetivos y finalidades que trascienden notoriamente de lo que es esencial y da contenido a la huelga". La normativa echó por tierra las pretensiones de la regional Paraná de la CGT, liderada por Carlos Echeverri, que había enviado el día anterior una carta documento solicitando que se dejaran sin efecto las declaraciones ilegales en esa instancia.

La medida resultó exitosa en la provincia, pero con incidentes en Paraná. Fueron intimidados varios comerciantes de la ciudad y algunos colectivos, muchos de ellos manejados por sus propios dueños, sufrieron las consecuencias de los clásicos clavos miguelito en sus cubiertas.

La estrategia de los dirigentes cegetistas tuvo fallas, lo que quedó evidenciado cuando se requisó el automóvil Ford Taunus en el que regularmente se movía Echeverri. En su baúl se encontraron elementos que lo comprometieron. "A mí no me pertenecen esas cosas", dijo casi a los gritos el Negro Echeverri, luego de que aparecieran proyectiles y cápsulas servidas. "El automóvil estuvo desde las 24 del domingo hasta las 10.30 del lunes frente a la sede de la regional y mal puede haber sido utilizado para cometer los hechos que se denunciaron que, de acuerdo a lo que señala la policía, sucedieron entre las 2.40 y las 6.50 del lunes", intentó explicar. Precisamente a media mañana, cuando una persona fue a retirar el vehículo para conducirlo a una cochera, se realizó el procedimiento policial en el cual, presuntamente, se encontraron los elementos.

Los uniformados tuvieron la información sobre la circulación del Taunus en horas de la madrugada, participando de algunos incidentes, y esperaron pacientemente que alguien fuera hasta el coche. Echeverri estaba enojado porque no era él quien había utilizado el auto, sino uno de sus subordinados. "¡No puede ser que sean tan boludos!", les gritó a varios de sus colaboradores cuando estos se encontraban haciendo las evaluaciones del paro, en la vieja sede de calle España. Tenía que hacer una jugada de contragolpe y no demoró demasiado. Fue personalmente hasta el edificio de Tribunales, pidió hablar con la jueza de Instrucción María del Pilar Aldasoro y se puso a disposición. "Yo no tengo nada que ver ni nada que ocultar", le indicó a la magistrada. Cuando le pusieron un micrófono delante, tampoco vaciló: "No es la primera vez que suceden cosas oscuras y vale recordar que en octubre nos volaron el frente de la regional con una bomba, días después apareció otro artefacto explosivo en la Casa de Gobierno y en vísperas de Navidad fue secuestrado el automóvil de nuestro secretario adjunto, Ricardo Vivanco, que apareció luego incendiado. Ninguno de estos hechos ha sido aclarado por las autoridades y desconocemos si realmente han sido investigados", vociferó. Les devolvió la pelota a los funcionarios del gobierno provincial y les recordó una serie de episodios. Los hechos detallados por el líder cegetista, en verdad, nunca fueron aclarados. Ni Echeverri ni Vivanco tenían mayores dudas de que los autores de los atentados provenían de algunos sectores de la Policía, llevados a hacer algún favor a funcionarios de turno del montielismo. Ellos realizaron una investigación particular -con la colaboración de algunos oficiales de la fuerza de seguridad con los cuales tenían estrecha relación- y disponían de los nombres y apellidos de cada uno de los participantes en los episodios. Pero nunca los divulgaron.

El clima venía muy enrarecido desde mediados de 1986, cuando fueron apareciendo una serie de irregularidades que involucraban a personal policial del montielismo. El 18 de agosto de ese año la comunidad se conmocionó al conocerse el secuestro de la empresaria Susana Puentes de Marcos, dueña de la cadena de supermercados Spar de Paraná, producido cuatro días antes en una playa de estacionamiento de calle Buenos Aires, poco después de que la mujer concurriese a su clase de yoga. El gimnasio se encontraba sobre calle San Martín, que aún no era peatonal. La empresaria salió del lugar cerca de las ocho de la noche, en una jornada lluviosa y fría. Caminó hasta calle 25 de Junio, dobló por Buenos Aires e intentó llegar a su vehículo, que estaba estacionado en el final de la playa, donde fue secuestrada. Desde el inicio de la democracia, era el hecho de mayor gravedad. Dejaba claro que los esquemas mafiosos existían perfectamente en la zona.

El ministro del Interior, Antonio Tróccoli, llegó a Paraná por cuestiones oficiales y Montiel le pidió colaboración en la investigación que comandaba el propio jefe de Policía, Hugo Ricardo Bob. A las pocas horas, el funcionario hizo descender a la capital entrerriana a la cúpula de la brigada antisecuestros de la Policía Federal Argentina para trabajar en el hecho. Ese mismo día, uno de los supuestos autores llamó a la casa de uno de los hijos de Marcos y le exigió dinero a cambio: "Queremos seiscientos mil australes", le dijo. La tarea de los policías capitalinos era específica: fueron los que se ocuparon de las intervenciones telefónicas, que incluyó líneas públicas de Paraná. El centro de operaciones lo montaron en la misma Compañía Argentina de Teléfonos (CAT), cuya sede central estaba en calle San Martín.

El cuerpo de la mujer apareció flotando a la semana de su secuestro, en aguas de Puerto Márquez, en la localidad de La Paz. Estaba atada con alambres en las piernas, en la cintura y en ambas manos. Había permanecido casi 48 horas sumergida en el río -porque encima de su pecho tenía atado un trozo de riel, con el fin de mantener el cuerpo bajo el agua-, pero el imprevisto descenso del Paraná provocó que uno de los pescadores de la zona se encontrara con la macabra situación. Su muerte se produjo por un balazo en la sien de una pistola calibre 22. Para los investigadores no quedaron dudas de que la determinación adoptada por sus captores fue consecuencia de la falta de respuesta al reclamo de dinero que hicieron a los familiares de la víctima y que el crimen fue cometido por alguien que conocía perfectamente el manejo de las armas. “Nadie mata de esa manera”, se concluyó.

En esos días, más de cien personas -entre oficiales y suboficiales de Ejército, Servicio Penitenciario, Policía Federal y la Policía de Entre Ríos- estaban siendo investigados por graves violaciones a los derechos humanos en la provincia, entre 1975 y 1983. En ese lapso fueron detenidas más de doscientas personas, desaparecidas cerca de veinte y asesinadas alrededor de diez en diferentes episodios, muchos de los cuales eran dibujados como supuestos enfrentamientos.

Los primos Ricardo y Ovidio Actis -quienes carecían de antecedentes delictivos- fueron detenidos por la Policía de Entre Ríos por orden del ex juez de Instrucción de Paraná Jorge Beades. Durante una semana el personal de la Dirección de Investigaciones los mantuvo alojados en la repartición que tenía sede en calle Córdoba. A la vez, les incautaron un automóvil Renault 4 en un operativo que se hizo frente a la casa de los Actis un domingo al mediodía, delante de varios vecinos que nunca fueron citados a declarar para brindar detalles sobre la requisa. Hubo elementos claves para la detención.

Los primos fueron llevados a la Dirección de Investigaciones de la Policía –cuando se encontraba en calle Córdoba, entre Laprida y Cervantes- y fueron duramente golpeados. Ninguno cantó lo que había sucedido. La Justicia nunca tuvo en cuenta los apremios ilegales denunciados por los detenidos. El médico policial constató la fuerte golpiza que ambos sufrieron en la dependencia de Investigaciones, pero la orden era avanzar hasta el esclarecimiento.

Apenas conocido el hecho, Montiel puso a uno de sus hombres de confianza al frente de la investigación: al jefe de Operaciones y Seguridad, comisario Victoriano Ojeda. El policía había tenido una activa participación como alto oficial en tiempos de la dictadura. Siendo subcomisario fue jefe de la Comisaría Tercera de Paraná entre 1973 y fines de 1975. Luego pasó a la Comisaría Segunda, donde permaneció hasta 1978. Es decir, un período clave en la historia negra del país, donde abundaron los secuestros ilegales, las desapariciones de personas y los vejámenes a presos políticos.
Ninguno de los jefes de comisarías o de Investigaciones desconocía, por ejemplo, qué era lo que sucedía en la jurisdicción en la que se desempeñaba. A fines de 1978, Ojeda pasó a ser jefe de la Sección Camineras y en el ´80 fue destinado a la Comisaría Cuarta de Paraná. En 1981, luego de comandar las Unidades Especiales, fue nombrado subjefe de la Departamental Concordia, y en 1982 regresó a Paraná para asumir como subdirector de Informaciones en la Dirección de Inteligencia.

Cuando Montiel llegó al gobierno por primera vez, en diciembre de 1983, su jefe policial fue Oddo Alcoba. El funcionario colocó a Ojeda como director de Operaciones y Seguridad. Cuando cayó Alcoba (por entorpecer una operación concretada por el gobierno nacional en relación con un cargamento de armas), fue reemplazado por el comisario inspector Hugo Ricardo Bob y Ojeda terminó como jefe de la Departamental Gualeguay. En el período en que estuvo en esa ciudad la prostitución creció como nunca antes: se instalaron veintidós prostíbulos (lo que incluso motivó la realización de un crítico artículo de doble página en Clarín) y se afianzó el juego clandestino. Ojeda retornó a Paraná y volvió a Operaciones y Seguridad.

Al pasar la causa de la empresaria Marcos al fuero federal -por tratarse de un secuestro extorsivo-, los hombres de la fuerza de seguridad nacional encontraron diversos elementos en el coche, que antes, paradójicamente, no habían aparecido: un recibo a nombre de la empresaria, una camisa con sangre y en la casa de uno de los Actis se halló una agenda con el nombre de los Marcos.

Lo insólito fue la utilización que se hizo de la camisa: los policías fueron a la casa de un primo de Ricardo Actis para solicitarle ropa, con la idea de acercársela a la celda. Las prendas fueron entregadas limpias y planchadas, delante de testigos. La camisa apareció luego con sangre.

Los policías sabían que los primos eran proveedores de carne de los supermercadistas desde 1979, en operaciones que rondaban los 150 mil dólares mensuales. Ambos integraban -junto a otras personas- una sociedad denominada Hacendados de Entre Ríos que se disolvió en marzo de 1986 a raíz de un problema legal. El mayor de los tratos lo tenían con el menor de los Marcos. También lo conocían a Alberto Marcos, que en ese tiempo era funcionario del Banco Municipal de Paraná y un mes antes del secuestro les había rechazado la carpeta comercial, donde solicitaban un crédito para sanear las deudas. “No habrá crédito para ustedes”, les comunicó Marcos. En esos días sorprendió la forma en que se incendió el galpón de depósito que tenía la cadena de supermercados, ubicado en Avenida Almafuerte. Nunca se supo cómo sucedió.
-¿Ustedes tenían trato comercial con la señora Marcos? -preguntó uno de los funcionarios judiciales.
-Unicamente operábamos con los hijos, a quienes les cobraba nuestro contador. Nunca le fuimos a cobrar alguna deuda a la señora, tal como se dijo. Por eso es que la sirvienta de la empresaria, que hacía veinte años que vivía con ella, no nos reconoció cuando se hizo la rueda -respondió Ovidio Actis.

Al tiempo se pudo comprobar que había mentido. Los vecinos lo vieron llegar en varias oportunidades al soltero de los Actis e ingresar a la casa que la señora de Marcos tenía en Avenida Zanni, en meses previos al hecho. No pocas veces observaron la renoleta estacionada en las proximidades.

A mediados de septiembre de 1986 fue detenido el cabo primero Juan Garrahan en un allanamiento realizado en el domicilio del policía, ubicado en la localidad de San José de Feliciano. El hombre estaba en servicio pasivo en la fuerza como consecuencia de un sumario iniciado en abril de ese año. Garrahan tenía un rol importante en la División Logística de la Departamental Feliciano y era pariente político de uno de los primos.
Una de las hermanas de Garrahan estaba casada con Ricardo Actis.

Los primos Actis y el policía tenían una banda dedicada al robo de ganado, que operaba, fundamentalmente, en el departamento Paraná. Era el mayor ingreso que tenían. Cuando se vieron los números de la firma Hacendados de Entre Ríos los investigadores se dieron cuenta que no había forma de justificar el despliegue económico que hacía, en especial, Ricardo Actis. Nadie en esa zona cercana a la capital entrerriana desconocía el accionar de la banda. Ni el propio gobernador Montiel estaba al margen, ya que uno de sus campos se encontraba en la zona de María Grande. Pero no se podía avanzar demasiado contra Garrahan; su hermana, abogada, era funcionaria del Consejo General de Educación (CGE) y tenía llegada directa al gobernador, como así también al jefe Bob o al ministro de Gobierno, Jorge Muñoz. Bob había sido jefe departamental de Feliciano y Muñoz, médico policial de ese lugar, además de residir en la ciudad. Ojeda tenía numerosos familiares en el pueblo, ya que fue uno de sus primeros destinos como oficial. Quienes estaban en la tarea investigativa del más horrendo crimen de esa época obtuvieron datos concretos que los preocuparon: por ejemplo, el ingreso de altos jefes policiales, en reiteradas oportunidades, a la casa de Garrahan, cuando estaba bajo sospecha. No obstante, era Bob quien más relaciones tenía con el policía en cuestión. El ex jefe montielista tenía varias causas judiciales relacionadas con el cuatrerismo. Y en el legajo de Garrahan figuraban hechos relacionados con el abigeato.

Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir el secuestro, los días previos a la muerte de la empresaria y la forma del crimen se encontraron con elementos claves. Al parecer, en los días posteriores habría sido observado por vecinos en Palo a Pique, una estación antigua cercana a Feliciano, un colectivo de similares características al que luego se encontró en proximidades de Puerto Márquez, donde apareció muerta la empresaria. Supuestamente, la señora de Marcos permaneció detenida en un vehículo parecido. Hubo otros elementos de importancia en la investigación: el trozo de riel que se encontró sobre el pecho de la mujer había sido extraído de las vías de General Cabrera (Córdoba). Un estudio policial determinó su procedencia. Sucede que los rieles son de diferente troncha y medida; además, tenía una marca característica. En los días previos al hallazgo del cuerpo, hubo gente que vio trozos de rieles en una casa de Feliciano.

No obstante, la pista sobre Garrahan no pudo seguir avanzando. Los investigadores policiales se encontraron con demasiadas trabas desde el poder y presiones directas para no continuar en esa línea. Los efectivos encargados de esclarecer el hecho nunca lo pudieron interrogar. Una sola vez hablaron con él: fue cuando lo encontraron, imprevistamente, en la plaza principal de La Paz. Garrahan conocía solamente a uno de los tres investigadores. Cuando lo reconoció acudió de inmediato ante el llamado de los policías. Estuvo con ellos 45 minutos. Comenzaron a hablar de bueyes perdidos y finalmente llegaron al secuestro de la empresaria, pero las evasivas fueron permanentes. “Me tengo que ir”, dijo en un momento; se levantó del banco en que estaban y se fue de inmediato. A nadie le extrañó que el cabo en cuestión quedara en libertad el 26 de septiembre de 1986 y que el juez federal Aníbal María Ríos decidiera mantener detenidos únicamente a los Actis que, estaba claro, tenían relación con el secuestro. Al poco tiempo, precisamente el 16 de abril de 1987, el comisario Ojeda fue nombrado jefe de la Policía de Entre Ríos.

En agosto de 1988 se expidió el procurador fiscal José María Uzín de Cerineo. El magistrado hizo mención a la denuncia de una mujer, vecina de la señora Marcos, que se presentó a declarar en forma espontánea el 19 de agosto de 1986, ya que consideró sospechosa la actitud de tres personas que estuvieron en un vehículo Renault 4, color blanco, cuyo dominio era E-150157. Dijo que observó en dos oportunidades situaciones similares. Le llamó la atención que el conductor, en una oportunidad, apagara las luces y bajara la visera del sol como para esconder su rostro.
Ricardo Actis reconoció en la indagatoria ser el propietario del auto y la terminación del número de dominio 157 surgió entre los vehículos que estacionaron en la cochera de calle Buenos Aires 60, el mismo día y hora en que lo hizo la víctima. “Sucede que estuve comprando zapatos en el centro”, fue la explicación de Actis.

Según la apreciación del fiscal, los Actis declararon que el 14 de agosto de 1986, a la hora en que aproximadamente ocurrió el secuestro, concurrieron al estudio de los contadores Alfredo César Calabrese y Manuel Matías Aldasoro, lo que fue negado por los profesionales. "Estuvimos con uno de ellos, pero el día anterior", dijeron. Uzín de Cerineo tuvo en cuenta también el testimonio de un hombre de apellido Rodríguez, que había sido infante de Marina, trabajaba en la comuna de La Paz y hacía changas llevando turistas a pescar. El hecho de identificar a quienes no eran de la ciudad, para ofrecerle sus servicios, era una particularidad del hombre. El testigo dijo que el 19 de agosto -fecha en que habría sido ultimada la empresaria- observó, alrededor de las once de la mañana, en La Paz, en tres oportunidades, un colectivo al que consideró "extraño" para la zona. A las tres y media de la tarde se encontró nuevamente con el rodado, estacionado en Puerto Márquez, en dirección a los baños. Cuando se acercó al colectivo sintió “un fuerte olor a excrementos humanos". Pensó que venía del baño, pero cuando llegó hasta los sanitarios del camping se encontró con que el olor provenía del bus, que presentaba algunas particularidades: tenía chapas colocadas en la parte de los vidrios, por lo cual no se podía observar adentro, donde además contaba con una lona. Cuando Rodríguez intentó husmear en el interior del colectivo se le apareció una persona, que si bien no le dijo nada, el gesto adusto lo llevó a considerar que debía irse. La descripción de esa persona no respondía a los Actis ni a Garrahan, pero sí a otro individuo cercano a los primos, residente en otra localidad del departamento La Paz, que trabajaba para ellos y que quizás participó también del secuestro de la empresaria.

Tres horas después, Rodríguez volvió a observar el micro y le sorprendió el hecho de que otro individuo lo iba conduciendo, a la vez que manipulaba un handy de comunicaciones. Ese mismo testigo, en rueda de reconocimiento de personas, individualizó a Ovidio Actis como el joven que ascendió al colectivo y que antes de subir salió corriendo de la delegación paceña de la Compañía Entrerriana de Teléfonos.
-¿Usted está seguro que era yo? –le preguntó Ovidio Actis en el careo que se hizo.
-No tengo dudas. Eras vos y me acuerdo perfectamente que tenías un colgante en el cuello.

El juez comprobaría luego que ese objeto, efectivamente, existía.
Nunca se supo si a la mujer la tuvieron escondida en otro lugar. Unos días antes del secuestro, uno de los Actis le pidió prestada una carpa a un amigo, para irse de vacaciones. La tarea investigativa concluyó que, en realidad, a la mujer nunca la sacaron del colectivo. “Allí le dieron lo básico y tuvo que hacer sus necesidades”, se indicó. La lona hallada en el interior tenía incluso manchas de sangre, aunque nunca se determinó a quién pertenecía.

El colectivo no fue visto antes porque los secuestradores se movieron en zonas de caminos vecinales. A la mujer la secuestraron, la introdujeron en el colectivo y se fueron de Paraná. Hasta que se supo del rapto tuvieron, por lo menos, entre diez y quince horas para pasar desapercibidos. Ayudó mucho el hecho de que la mujer vivía sola en su casa. Los Actis, por su actividad, conocían al dedillo esos caminos ocultos; Garrahan, también. Además, el policía sabía perfectamente dónde iba a cortar la ruta la Caminera y evitarlos no iba a resultar difícil. Los indicios sobre el paso del bus fueron apareciendo en diferentes zonas del departamento La Paz. En una estación de servicios, cerca de la ciudad, observaron el colectivo. En una escuela ubicada en proximidades al arroyo Feliciano también lo vieron en días previos a la aparición del cadáver de la mujer. Después se supo que realizaron una tarea de inteligencia previa en Puerto Márquez especialmente. Ovidio Actis fue reconocido por un vecino del lugar, en semanas anteriores al secuestro. Lo encontró en la renoleta, acompañado de una mujer.

El cantinero y encargado del camping Puerto Márquez dijo que vio el mismo ómnibus en esos días y que en la noche del martes 19 fue despertado por el ruido de un balazo, en las cercanías, que de inmediato calculó que podía pertenecer a una pistola calibre 22, de acuerdo a sus conocimientos sobre armas. Otros testimonios corroboraron la versión. Ovidio Actis reconoció que contaba con dos handy marca Hitachi, pero a su vez señaló que le habían sido "robados", aunque aclaró que no hizo denuncia alguna ante la Policía. De los tres, el único en condiciones de ejecutar a la empresaria era Garrahan. Era un hombre acostumbrado a cazar animales en el campo y el tiro en la nuca era una demostración de buen manejo de las armas.

Cuando el fiscal se refirió a las llamadas telefónicas recibidas por familiares de la empresaria, aportó pruebas contundentes. Recordó que la primera se produjo el día 15; la segunda el 16 a las 7.40 y la tercera el 18 a las 19.40. Esta última comunicación, según se pudo determinar, se realizó desde Santa Fe. Ricardo Actis declaró que ese día decidió ir con su primo a esa ciudad, ya que uno de sus familiares quería comprar un juego de sillones. Dijo que partieron cerca de las 18, pese a que una hora después cerraban todos los comercios de la ciudad, ya que era pleno invierno. Una de las primeras comunicaciones tenía algunos detalles interesantes, que sirvieron para los investigadores. Se escuchaba como fondo el canto de los pájaros y máquinas viales trabajando. La Compañía Telefónica indicó que se había realizado desde el teléfono público ubicado en la intersección de Avenida de las Américas y El Paracao. A un poco más de una cuadra vivía Ricardo Actis. Allí se verificó que el ruido de las máquinas era por las tareas que estaban realizando en las calles. Y surgió otra particularidad:
Ricardo no había perdido el cantito cordobés que tenía y se notó cuando habló. Pero, además, una serie de giros lingüísticos lo vendieron: no decía porqué, sino poqué y lo repitió varias veces.

El fiscal acusador tuvo en cuenta también los resultados de las pericias realizadas sobre los cabellos de la víctima y los encontrados en el automotor, como así también el informe científico respecto de la voz de Ricardo Actis, realizado por el profesor Oscar Tosi, miembro de la Michigan University de Estados Unidos, reconocido mundialmente como la máxima autoridad en identificación de personas por tal medio. "Debemos destacar -indicó- que si bien no se encuentra taxativamente prevista en nuestra ley de rito, como otras similares, han comenzado a ser aceptadas por nuestra doctrina y jurisprudencia, como medios idóneos constitutivos de verdaderos indicios". El informe consideraba que en un 77 por ciento la voz de Actis era la misma que llamó para reclamar dinero a cambio de la entrega de la señora Marcos. El abogado de los acusados, Silvano Santander, cuestionó puntualmente dos aspectos: los intentos de coacción de personal policial para grabar las voces y el hecho de que la cinta hubiese sido llevada a Estados Unidos por uno de los hijos de la víctima.

El procurador consideró clave también el recibo a nombre de la empresaria encontrado en el vehículo de Ricardo Actis y otros efectos allí secuestrados. Uzín de Cerineo no tuvo mayores dudas en considerarlos autores responsables del delito de secuestro extorsivo seguido de muerte, por lo cual solicitó la pena de prisión perpetua. El juez federal Ríos ratificó buena parte de lo consignado por el procurador fiscal. Se opuso a considerar -por ejemplo- las pruebas halladas en el vehículo "por no haberse mantenido la prevención necesaria al efectuarse el secuestro" de los elementos. La causa quedó abierta por mucho tiempo en relación con otras siete personas que, supuestamente, podrían haber tenido algún tipo de vinculación, aunque no se profundizaron las investigaciones. Resultó extraño que ninguno de los magistrados indagara sobre una información acercada a la causa por un oficial de la Policía de Entre Ríos -registrada a los pocos días de conocido el hecho- quien dijo que una persona le reconoció que fue invitada a participar del secuestro de la empresaria o de uno de sus hijos. Incluso, en un momento se llegó a pensar en dejar de lado a la señora Marcos y secuestrar a la esposa de un reconocido político del justicialismo paranaense. El juez Ríos resolvió que "si bien se comprobó que la conspiración existió, los integrantes de ese grupo se quedaron sólo con las intenciones", por lo cual la causa quedó abierta para las personas que aparecían involucradas en el plan, del que iban a participar individuos con antecedentes en Paraná.

Nunca se pudo determinar quiénes fueron los autores materiales del crimen de la empresaria porque no se siguió investigando más. No se avanzó sobre Garrahan -a quien cubrió como nadie el poder político-, ni se quiso investigar alrededor de los Marcos. Quienes trabajaron por casi dos años en la investigación se sorprendieron con la frialdad de los hermanos Marcos, a excepción de Susana, en quien se apoyaron para trabajar sobre varias líneas. Jamás se supo por qué los hijos mayores pusieron tantos reparos a la hora de pagar el rescate. Tampoco en qué condiciones estaba la empresa. No se pudo determinar la versión, según la cual la señora Puentes de Marcos tenía seguros de vida en una compañía mexicana, ni hasta dónde era de importante su supuesta relación sentimental con Ovidio Actis. La ejecución a sangre fría de la mujer se entendió como una respuesta a tal instancia. “No podía quedar viva”, se reconoció.

Los Actis nunca hablaron; entendieron, quizás, que estaban más seguros adentro que afuera. Y en silencio.
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