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Eduardo Emilio Romero estaba preocupado por los padecimientos económicos de su entrañable amigo. Una tarde de abril de 1991 llegó a la casa de su compañero, munido de un sofisticado maletín (sigue).
Eduardo Emilio Romero estaba preocupado por los padecimientos económicos de su entrañable amigo. Una tarde de abril de 1991 llegó a la casa de su compañero, munido de un sofisticado maletín.
-Negro, quiero darte una mano. Tomá el dinero que te haga falta -le dijo, abriendo el portafolio.
-Gitano, vos estás loco. A mí no me podés hacer creer que esto es tuyo...

Nunca en su vida el dueño de casa había visto tanta plata junta. Los billetes de cien dólares, perfectamente acomodados en el interior del maletín, cubrían íntegramente su espacio. Romero insistió con su propuesta, pero su amigo no se animó a tomar un solo billete. No tenía dudas de que eran falsos. El visitado sintió que algo estaba mal. En milésimas de segundo, ráfagas de imágenes surcaron su cabeza.

Pero no pudo mirar a los ojos a su amigo. El Gitano era un tipo hábil, con un pasado violento y lo conocía demasiado. “¿De dónde habrá sacado esta guita? ¿Dónde la hacen? ¿Será cierto nomás lo que dicen de los muchachos de Salud y el Ministerio?”, se preguntó en silencio. Romero no decía nada. Solamente observaba lo nervioso que estaba su amigo, pese a los intentos que hacía por ocultarlo.
-¿Estás preocupado por algo que no me contaste? –le preguntó, como queriendo hacerlo flaquear.
-No, Gitano... Problemas familiares, como todo el mundo. Nada más; no te preocupes...

Romero sintió en el aire que el clima no era el mejor. Tenía intenciones de darle una alegría a su amigo, pero se dio cuenta de que el tiro le salió por la culata. La impunidad de sus movimientos no le dejó ver que su allegado no era un lumpen, sino que estaba informado de lo que ocurría en la vida del ex jefe del denominado Comando Paraná, ese mismo grupo de tareas que pasó a la historia contemporánea entrerriana por ser lo más parecido a una copia vulgar de la Triple A que asoló al país en tiempos de Isabel Perón y José López Rega.

El Gitano sintió el desaire, pero no insistió. No tenía margen para hacerlo. Iba a quedar al descubierto. Cerró el maletín, prendió un cigarrillo y se acomodó para irse.
-Vos nos votaste en la última interna, ¿no? -disparó antes de partir.
Pero su amigo prefirió no contestarle. “Si los votaba a ustedes traicionaba al peronismo”, se respondió en silencio. No quería contradecirlo. Con un leve movimiento de cabeza le hizo ver el calco en la vieja heladera. “Conde gobernador”, decía el adhesivo, con letras azules sobre un fondo blanco. Romero hizo una mueca. Se acordó del momento en que él mismo lo pegó en la puerta del refrigerador, en los primeros días de octubre de 1990. El dueño de casa alcanzó a ver de reojo como cruzaba la puerta de su humilde vivienda. Suspiró hondo y recién allí se dio cuenta que nunca había transpirado de esa manera en otoño. Se levantó de la silla y por varios segundos se quedó mirando la foto de Evita en la pared. Sintió que la carismática sonrisa de la abanderada de los humildes lo protegió una vez más.

Todavía no habían transcurrido cuatro meses del año, pero existía demasiada convulsión en el ambiente paranaense. Una serie de graves hechos conmocionaron a la capital provincial y la sucesión de delitos resultaba casi incontenible para la conducción de la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos.

El gobierno de Jorge Busti ya había pasado por la tormenta de la hiperinflación de 1989 y una dura interna en el Partido Justicialista (PJ) terminó por definir los nombres de los candidatos para las elecciones de septiembre de 1991. El perfil meramente técnico y transparente del intendente paranaense, el empresario supermercadista Mario Armando Moine -acompañado en la fórmula por el entonces ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Hernán Darío Orduna- logró derrotar al diputado nacional Augusto José María Alasino, secundado por Carlos Vairetti.

En Paraná hubo un sector del justicialismo marcadamente vapuleado en la contienda electoral: el liderado por José Carlos Conde Ramos, pese a que en esa etapa de su carrera integraba el exitoso núcleo político disidente del PJ, denominado Grupo de los 8, junto al fallecido Germán Abdala, Carlos Chacho Alvarez, Darío Alessandro, Luis Brunati, Juan Pablo Cafiero, Moisés Fontela y Franco Caviglia, quienes se transformaron en los principales denunciantes de los actos de corrupción del primer gobierno de Carlos Menem. Ramos, junto a sus compañeros, fue uno de los que más atacó, por ejemplo, al ex ministro de Salud y Acción Social Eduardo Bauzá por la irregular compra de guardapolvos.

Los votos obtenidos por Ramos fueron prácticamente inexistentes en la elección interna del 8 de diciembre de 1990. El Conde creyó que podría trasladar a la provincia el esquema porteño y la buena imagen pública que tenía el Grupo de los 8, pero se equivocó. Mejor dicho: la realidad lo defenestró. A la hora de decidir por su precandidatura a gobernador de Entre Ríos ni siquiera midió que varios de los principales hombres de su estructura interna, enrolados en las denominadas Mesas de Trabajo Peronistas, estaban, precisamente, denunciados por irregularidades, presiones y actos de patoterismo en áreas dependientes del Ministerio de Bienestar Social de la provincia, en el que tenían concentrado buena parte del poder. Muchos de los votantes no olvidaron, por ejemplo, que el Conde era el jefe político, entre otros, de Eduardo Emilio Romero.

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Al producirse la asunción de Busti, el 10 de diciembre de 1987 -en reemplazo del radical Sergio Alberto Montiel- el Conde le pidió al dirigente concordiense que su bloque interno tuviera un lugar importante en el nuevo poder político entrerriano. El rol de varios de los militantes paranaenses encuadrados con Ramos fue clave para Busti en la primera interna de 1986, cuando derrotó al sector liderado por Cristóbal Carlos Vairetti, que era presidente del partido.

Vairetti perdió en la provincia, pero su delfín político ganó en Paraná. La figura del empresario Mario Armando Moine -dueño en esos días de la cadena de supermercados Los Hermanitos- sepultó las aspiraciones del legendario Fernando Pascual Gan y se quedó con la candidatura a intendente de la capital entrerriana. La derrota de Gan fue el primer momento difícil de los seguidores de José Carlos Ramos, porque era uno de los principales referentes del sector. En muchos aún perdura el recuerdo de las lágrimas de dolor de las hijas del viejo médico en el balcón que los seguidores de Busti tenían en calle Urquiza, a pocos metros de la antigua Redacción del matutino El Diario.

El grupo era el ala fuerte de Paraná de la denominada Unidad Renovadora Peronista (URP) que presidía el intendente de Concordia en la provincia. Las Mesas estaban lideradas por el Conde, pero la conducción tenía en sus filas a dirigentes con cierto peso propio como Juan Domingo Zacarías, Julio Solanas, Daniel Welschen o José Carlos Halle. Este último, hasta 1984, se desempeñó como apoderado legal del Comité Departamental Paraná del Partido Intransigente (PI), pero una serie de discrepancias internas lo llevaron a renunciar y embanderarse con el peronismo.

La capacidad de seducción del Conde encandiló, fundamentalmente, a los estudiantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), que a partir de 1987 arrasó en la mayoría de los establecimientos dependientes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), luego de cuatro años de hegemonía de Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo. Ramos se pasaba horas relatando algunas de sus historias, café de por medio, en el bar Las Piedras III que regenteaban los hermanos Zacarías en la planta baja del viejo Gran Hotel Paraná.

Durante la década del '70 el dirigente paranaense integró parte de la conducción del Peronismo de Base (PB) en Córdoba, a la vez que intentó cursar la carrera de Medicina. Quedó deslumbrado por la tarea militante de Raimundo Ongaro y Agustín Tosco en las fábricas de esa provincia y se convirtió en un hombre de confianza de Mario Roberto Santucho, que por esos días era secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), desde donde surgió luego el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Santucho -asesinado por personal policial el lunes 19 de julio de 1976, cuando se encontraba en su departamento- se sorprendía con una habilidad de Ramos: la facilidad con que podía cambiar su fisonomía e identidad ante diversas situaciones. Una virtud que con el correr de los años le jugó en contra. Alguna vez pudo cambiar su rostro; el paso del tiempo le hizo cambiar también el pensamiento.

Durante varios almanaques fue un destacado dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), regional Córdoba, con nombre cambiado (tal como lo detuvieron en el Cordobazo); se hizo pasar por profesional de diversos rubros y participó de varios operativos organizados, desarrollados en forma conjunta por los cuadros del PRT y del PB.

Una de las más recordadas operaciones se produjo el 21 de septiembre de 1972, cuando secuestraron por 37 horas al joven empresario Aldo Roggio -tenía 28 años-, que había logrado ser un ingeniero de importancia en la estructura del grupo cordobés Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima. El profesional fue interceptado por tres muchachones que le arrojaron una chalina a la cara y lo introdujeron en un automóvil Peugeot, para llevarlo al cautiverio. Los secuestradores exigieron dos millones de pesos, de los cuales quinientos mil tenían que ser entregados en dólares. En el aviso por escrito que se envió decía el motivo del secuestro: el maltrato que la empresa les dio a los obreros en esos días de la década del ‘70.

En esa mañana del jueves 21 de septiembre, uno de los captores llamó a la empresa. Se identificó como el "arquitecto Ugarte". Del otro lado de la línea atendió Remo Roggio, padre de Aldo.
-¿Quién habla? -preguntó el secuestrador.
-Humberto Conti -respondió, mintiendo, Aldo Roggio.
La conversación tuvo como objetivo coordinar la entrega del dinero, a cambio del secuestrado. El periodista Luis Majul, en su libro Los dueños de la Argentina II, relató detalladamente el episodio, 22 años después: "Remo no avisó a la Policía Federal de Córdoba sino a los responsables del Tercer Cuerpo de Ejército, quienes le recomendaron pagar el rescate de inmediato, antes de que los muchachos se asustaran e intentaran matarlo. Los militares habían adivinado que se trataba de gente sin experiencia, novatos que se ponían nerviosos e inseguros ante la mínima contrariedad. Aldo Roggio fue introducido en una fría habitación con piso de mosaico y recién por la noche le llevaron un plato de sopa y una taza de chocolate. Fue encarcelado y encadenado y no tuvo la mínima participación en las negociaciones que le salvaron la vida". El joven ingeniero quedó en libertad después que los Roggio pagaron el rescate puntillosamente.

Las operaciones comprendieron el asalto de por lo menos veinte bancos de Córdoba y zonas aledañas, como así también el secuestro y muerte del director general de la empresa Fiat Argentina, Oberdan Sallustro, un ex oficial del ejército italiano en Grecia, condecorado por el Papa Paulo VI. El empresario era acusado de ser el máximo responsable de la represión y las cesantías de los obreros de esa provincia. Fue secuestrado el 21 de marzo de 1972 y falleció el 10 de abril, luego de arduas negociaciones. Sallustro estuvo destinado en la denominada Cárcel del Pueblo, ubicada en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, y fue asesinado en medio del tiroteo producido entre guerrilleros y fuerzas policiales, que habían encontrado el escondite. Hubo bajas en uno y otro lado; entre ellas un reconocido militante que para el Conde era como un hermano. Las organizaciones extremistas se desquitaron a las pocas horas: en Rosario acribillaron al jefe del II Cuerpo de Ejército, teniente coronel Juan Carlos Sánchez, acusado de haber torturado a numerosos presos políticos. La escalada guerrillera -consecuencia de la intolerancia militar-, el apoyo de Juan Domingo Perón a las organizaciones armadas y la rebelión popular producida después del Cordobazo de mayo del '69, no cesaba. Los hechos concitaban la simpatía de la mayoría de los sectores obreros y de las clases media y alta.

La muerte del dirigente fue un golpe bajo para Ramos. Durante mucho tiempo usó el cinto tradicional que siempre llevaba el Gringo. El Conde sabía que se tenía que ir de Córdoba porque allí estaba condenado a muerte por las fuerzas represivas. Se fue unas semanas antes del golpe de Estado; pasó por Paraná y se recluyó en la localidad de La Paz, ubicada en el norte de Entre Ríos. Al día siguiente de su partida se enteró que le habían volado la casa cordobesa en que vivía: las paredes -consecuencia de los explosivos utilizados- no tenían más de medio metro de altura.

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Las relaciones entre Jorge Busti y José Carlos Ramos -que en diciembre del '87 pasó a ser uno de los diputados nacionales del PJ-Entre Ríos- nunca fueron buenas. Por eso fue que el gobernador electo se empezó a manejar con Halle en los meses previos a su asunción. Uno de los últimos días de noviembre de ese año Busti, lo llamó al abogado paranaense y le ofreció la Fiscalía de Estado. Halle, con 31 años recién cumplidos, consideró que le quedaba grande el cargo. Si aceptaba tendría que reemplazar, nada menos, que al abogado Jorge Campos, fiscal de Estado de Montiel con un alto reconocimiento profesional y político en la capital entrerriana.
-Creo que ese puesto lo debe ejercer alguien con trayectoria. Yo me recibí hace muy poco tiempo -contestó Halle, reconociendo sus limitaciones.
-Bueno, si no querés la Fiscalía, andá pensando en hacerte cargo del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia -retrucó Busti.

A Halle le costaba interpretar lo que le estaba sucediendo. El ofrecimiento constituía un orgullo personal y era consciente de que, por segunda vez, no podía rechazar otro cargo de trascendencia. No fue lo único que le dijo ese día el gobernador electo: "Ojo, Turco, el Ministerio es para vos, no para las Mesas de Trabajo". El mensaje fue muy claro. Halle no pudo dormir esa noche. Su principal preocupación era que no disponía de un equipo para llenar una estructura como la que iba a comandar en el Ministerio que más demandaba la gente, a raíz de la acuciante situación social del país de la que Entre Ríos no estaba al margen.

Con el correr de los días Halle se fue dando cuenta que Busti ya había dispuesto las principales designaciones en áreas que dependían del Ministerio. Sólo pudo nombrar -entre otros- a Tomás Luján como secretario de la Juventud; a Alejandro Patty Richardet en la Dirección de Rehabilitación; y a Julio Solanas en un cargo que tuvo que inventar porque ni siquiera estaba presupuestado. De todos ellos, el más cercano a Busti era Luján, porque fue uno de sus choferes en épocas de la campaña proselitista para la candidatura a gobernador. Dejó de serlo después de tener un accidente con el automóvil que habitualmente conducía.

Richardet tenía una particular historia de militante en la década del '70. En esos días lideraba la JP Regional II en Entre Ríos, que dependía, estructuralmente del dirigente Jorge Obeid, quien residía en Santa Fe, donde estudiaba Ingeniería Química. Obeid y Richardet compartían una característica: ambos eran oriundos de la localidad de Diamante. Antes del golpe de Estado de 1976, tanto Richardet como su esposa terminaron detenidos y sufrieron prisión casi hasta el final de la dictadura militar.

Solanas -ex centrodelantero del Club Patronato hasta 1981, aunque también con reconocida militancia en el peronismo- pasó a ser el director de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio.

La estructura de las Mesas de Trabajo se dispersó en varias áreas. Carlos Lenzi, por el decreto número 28 del 11 de diciembre, pasó a ser el director de la Imprenta Oficial por expreso pedido del Conde Ramos. Lenzi tenía una imprenta en calle Corrientes -en la capital entrerriana- donde se hicieron casi todas las boletas y afiches de la campaña Busti gobernador. No tuvo mayor reconocimiento económico por su apoyatura logística para la etapa previa a las elecciones, pero sí un puesto en el gobierno. Tanto Ramos como Augusto José María Alasino –que, al igual que el Conde, ya había asumido como diputado nacional- fueron las figuras más salientes del acto oficial en el que Lenzi dejó de ser un trabajador gráfico y se transformó en funcionario provincial.

Miguel Angel Torrealday asumió como subsecretario de Salud. El médico paranaense, sanitarista de profesión y dueño de una clínica pediátrica, tenía una historia peronista respetada. Su padre fue ministro de Educación (1950-1952) y vicegobernador de la provincia (1952-1955), acompañando a Felipe Texier. Entre 1975 y 1976 fue subsecretario de Salud Pública del ex gobernador justicialista Enrique Tomás Cresto.
Una de las preocupaciones iniciales de Torrealday fue a quién ubicar para el manejo de los números de Salud; ese hombre fue el contador Ricardo Baronetti. El profesional había cumplido funciones contables en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) durante la gestión de Sergio Montiel, cuando el abogado justicialista Darío Quiroga estaba al frente de la repartición. Quiroga tenía una relación familiar con Baronetti y lo llevó a trabajar con él. Y también talló a la hora de ubicarlo como director del Servicio Contable de Salud.

En la década del '70 Torrealday conoció a Eduardo Romero. Tanto el Gitano como Luis Chiro Lenzi -hermano del titular de la Imprenta Oficial- habían sido reincorporados en la última etapa del gobierno de Montiel, merced a la sanción de una ley que beneficiaba a los cesanteados estatales en tiempos de la dictadura militar en la provincia. Ambos recuperaron sus respectivos empleos en dependencias de Salud, tal como figuraban en tiempos de Cresto. Los dos lideraban el Comando Paraná, que se transformó en el brazo armado del gobierno justicialista entrerriano y, en cierto modo, fue la expresión violenta de la JP-República Argentina, cuyo referente nacional era Julio Yessi, integrante de la Triple A de José López Rega. Romero era considerado un dirigente nacionalista, que seguía los postulados del abogado paranaense Alberto Ottalagano, ex rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en tiempos de Oscar Ivanisevich, quien reemplazó a Jorge Taiana como ministro de Educación en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El grupo que regenteaba Romero utilizaba métodos parecidos a los del líder de la Triple A: perseguían a militantes de la izquierda peronista, extorsionaban y producían atentados con explosivos, entre otros episodios, registrados en Paraná fundamentalmente.

Antes de que finalizara 1987, Romero pasó a desempeñarse en Mesa de Entradas del Hospital San Martín de Paraná con la categoría diez, que era la última del escalafón administrativo, pero no estaba dispuesto a seguir en ese lugar. Fue así que acudió a Torrealday para que lo ubicara en un puesto de importancia y, a su vez, le solicitó apoyo político al Conde Ramos.

Romero y Lenzi, aunque con un bajo perfil, habían colaborado con las tareas de campaña de las Mesas de Trabajo, tanto en la interna de 1986 como en las elecciones del '87. No obstante, Romero se distanció del grupo a raíz de una dura pelea con el dirigente justicialista Juan Domingo Zacarías -allegado a Ramos en esos días-, de la que varios fueron testigos. Una noche Romero llegó al bar Las Piedras III y enfiló directamente hacia donde estaba Zacarías. "Turco, quiero más rifas y no podés decirme que no", le dijo el Gitano, con tono vehemente. Zacarías estaba esperando la presencia de Romero porque nunca le había rendido las rifas entregadas un mes antes, destinadas a financiar la campaña. Cuando el Gitano intentó coaccionarlo, Zacarías se levantó violentamente y le aplicó un duro puñetazo en el centro del rostro.
Ninguno de los que estaban sentados en la mesa movieron un dedo para defenderlo. Romero se tuvo que ir humillado, sin las rifas y con la boca ensangrentada.
-¿Vos sos loco, Juan? ¿Vos tenés conciencia que le pegaste a uno de los tipos más pesados y patoteros de la ortodoxia peronista? -le dijeron preocupados algunos de los militantes de la JUP que lo acompañaban.
-Vamos a ver si se mete conmigo... -respondió el Turco, sabiéndose ganador de una escena que lo único que hizo fue posicionarlo mejor dentro de las filas de los universitarios.

Zacarías contabilizaba en su haber que Romero le debía varios favores, que no tenía otro ámbito que el que lideraba el Conde y que estaba lo suficientemente desprestigiado en las filas del peronismo que se venía a través de Jorge Busti como para cometer algún otro error.

A poco de asumir, Torrealday fue directamente a hablar con el ministro Halle. "Mira Joseca, Romero y Lenzi me fueron a ver y quieren que los ubiquemos mejor en Salud. Yo no tengo problemas, pero depende de tu voluntad. Además, quieren una reunión con vos", dijo Torrealday.

Halle decidió atenderlos. Una mañana de enero del ‘88, acompañados por Torrealday, llegaron Romero, Lenzi, Jorge Fadil -que era un empleado amigo del grupo- y otros agentes más. Fue Romero quien tomó la palabra. Expuso los fundamentos por los cuales él consideraba conveniente una reconsideración de las tareas para los que se encontraban allí y describió un proyecto sobre tareas hospitalarias. "Nosotros queremos que nos dejen trabajar, porque somos peronistas de toda la vida. Y si usted no puede definirlo ministro, pretendemos que nos atienda el gobernador", consignó.
El ministro tomó el teléfono apenas se fueron sus visitantes y le planteó el problema a Busti, quien se comprometió a escucharlos. La audiencia se concretó a los pocos días. Se fijó para un lunes de enero, a las 8. Cuarenta y cinco minutos antes, Halle dejó su maletín en la oficina del quinto piso del Ministerio de Salud y Acción Social y cruzó a hablar con el gobernador antes de que los hombres del Gitano se le apersonaran.
-¿Qué vamos a hacer? -preguntó Halle.
-No nos queda otra que escucharlos. Yo no quiero problemas. Le damos un cargo y listo.
-Yo tengo una gran oposición interna. Ninguno de los compañeros de la JUP está de acuerdo con que nosotros, como nucleamiento político, apoyemos la idea de nombrar al Gitano en algún lado. Vos sabés que le conocen la historia de aprietes a los militantes de izquierda durante el gobierno del viejo Cresto y entienden que el costo político será muy alto. Es un sapo grande de tragar...
-Vos quedate tranquilo; los escuchamos y después vemos.
Romero y su gente llegaron exactamente a las 8 a la Secretaría Privada de la Gobernación. El Gitano, doce años después, volvía a pisar las mismas alfombras de la oficina que lo había tenido como uno de los principales protagonistas hasta los días previos al golpe de Estado de marzo de 1976. Esta vez nadie se fijó si, como antes, seguía llevando la pistola 11.25 en la cintura, debajo del humilde saco oscuro. A las 8.05 el ministro abrió la puerta y los hizo pasar. Busti, ubicado al lado de Halle, se estrechó en un abrazo con Romero y Lenzi; al resto simplemente le dio la mano. Cada uno de los visitantes se acomodó en la amplia mesa del salón de audiencias. "El ministro ya me impuso sobre el tema, pero quiero escuchar qué es lo que ustedes quieren", arrancó el gobernador.

Romero fue escueto: "Nosotros queremos un mejor lugar, tener algún cargo, porque hemos sido militantes por siempre, lo hemos apoyado, hemos sufrido la cárcel de la dictadura y creo que nos merecemos un reconocimiento. No vamos a molestar; queremos trabajar y tenemos el apoyo político de Ramos y Torrealday", resumió.

Romero se extendió además en un proyecto hospitalario que la agrupación Ramón Carrillo -que él presidía- estaba en condiciones de desarrollar. El escrito no tenía más de dos carillas, pero en su final era específico: el Gitano quería ser inspector general de los hospitales públicos de la provincia, con una categoría alta. Apenas habían pasado las 8.30 cuando se retiraron. Halle retornó a su despacho y Busti lo llamó a Torrealday para pedirle su opinión. "Mirá Jorge, acá hay que tener en claro algo: no los reincorporamos nosotros, sino Montiel. Son militantes y, si quieren trabajar, hay que darles la oportunidad", le indicó.

A los pocos días, fueron nombrados. Romero pasó de la categoría más baja, a la más alta: la uno. Por esas paradojas, también en esa semana el dirigente Aldo Bachetti -quien secundó a Patty Richardet en la conducción de Entre Ríos de la JP Regional II durante 1973-, que hasta ese momento se encontraba cumpliendo funciones en una concesionaria de automóviles de Santa Fe, fue nombrado subdirector de Juntas de Gobierno de la provincia, repartición a cargo de Gerardo Mosa. Bachetti, que fue uno de los dirigentes más perseguidos por el violento Comando Paraná que lideró Romero durante el gobierno de Enrique Tomás Cresto y padeció ocho años de cárcel, al igual que su mujer Alicia Dasso, pasó a revistar en la categoría diez.

*****

-Viste Vasco que el voto los terminó de sepultar -comentó Jorge Busti, al día siguiente de la elección interna del 8 de diciembre de 1990, a su principal colaborador y amigo.
-Se tendrían que haber ido antes. Si me hubieras hecho caso en su momento, no hubiésemos tenido tantos dolores de cabeza -respondió Hernán Orduna, ministro de Gobierno, Justicia, Educación y Obras Públicas de la provincia y hombre de confianza del gobernador.

La referencia era a las denominadas Mesas de Trabajo. Ramos, como precandidato a gobernador, y Halle, postulado para la Intendencia de Paraná, no lograron mayor cantidad de votos. Los resultados fueron paupérrimos y significaron la casi destrucción del nucleamiento. Incluso, con anterioridad a la interna, se habían ido importantes referentes como Edgardo Sánchez, Julio Solanas y Juan Domingo Zacarías, entre otros. Las denuncias judiciales contra los funcionarios allegados a Ramos o Halle provocaron la hecatombe. Primero fue procesada la subsecretaria de Salud y Acción Social, Margarita Peñalver, por irregularidades cometidas en una serie de compras realizadas por su área. En las operaciones tuvo mucho que ver el secretario privado de la funcionaria, de apellido D'Elia, que se había ganado la confianza de Peñalver. D'Elia era un militante de la ortodoxia peronista y fue colaborador del abogado Julio Herrera, secretario de Educación de la provincia durante el gobierno de Cresto. Herrera, con la llegada de Busti, pasó a ser funcionario de la Empresa de Gas de Entre Ríos (Egaser).

Después le tocó a Carlos Lenzi. El director de la Imprenta Oficial fue procesado por el desvío de un cheque emitido por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), que fue a parar a la cuenta particular de un tal Roberto Vesco, en el Banco Aciso Cooperativo Limitado, en lugar de ingresar a la Imprenta Oficial, como pago por trabajos realizados al IAFAS, el ente que maneja el juego de lotería y casinos en Entre Ríos. Lo procesó la jueza de Instrucción de Paraná María del Pilar Aldasoro, pero la resolución luego fue ratificada por la Cámara del Crimen, compuesta por Felipe Celli, Juan Sobrero y Horacio Osti. Los camaristas rechazaron el planteo del abogado de Lenzi, el ex rugbier Víctor Rabuffeti Cancio, a la vez que lo cuestionaron por formular consideraciones "totalmente ajenas a los asuntos en análisis".

Orduna, desde su lugar de poder, le apuntó los dardos al grupo del Conde a mediados de 1988. Como jefe político de la Policía de Entre Ríos -conducida por el inspector general (R) Julio Luján González, considerado un viejo peronista- los planteos en torno a los manejos del Gitano Romero y su gente, en diferentes puntos de la provincia, ya eran casi una constante en esos días. "Roban, aprietan a los empleados, acosan a las mujeres, manejan dinero en forma indiscriminada; en fin, hacen lo que quieren", le confesó a Orduna un oficial que integraba la cúpula policial y que se ocupó de investigar los movimientos del grupo.

El ministro, con el aval de Busti, inició una dura batalla contra la corrupción policial apenas asumió en el cargo y los hechos que le denunciaban los propios hombres de la fuerza aparecían en escena como una fuerte contradicción gubernamental. Hubo firmes presiones sobre el gobernador para que intercediera en el accionar de Orduna, pero Busti no estaba dispuesto a oponerse a uno de sus colaboradores más cercanos.
Cada uno sabía dónde estaba el límite; no era necesario recordarlo. Ambos, durante la década del '70, vivieron juntos en una casa que alquilaban en Córdoba, ciudad donde cursaron sus estudios universitarios y militaron para sectores de la izquierda peronista.

Varios oficiales de la Policía, con antecedentes represivos durante la última dictadura o dedicados a los negocios paralelos con sectores mafiosos, fundamentalmente de Paraná, estaban siendo sumariados y exonerados de la institución. El avance de Orduna no fue gratuito; tuvo sus costos. Recibió severas amenazas anónimas de muerte y padeció una tarea de contrainteligencia por parte del sector policial afectado. Recién cedió en su cometido cuando le colocaron una bomba a su íntimo amigo Gerardo Chango Mosa, ex preso político y funcionario de la tercera línea del gobierno entrerriano.

La lista de sumariados y exonerados comprendía a más de diez policías. Orduna no tuvo tiempo suficiente para terminar con la depuración que, entre otros, incluía a un oficial con antecedentes en el gobierno militar, relacionado al grupo de Eduardo Emilio Romero y dedicado a trabajar en algunos ilícitos. El uniformado trataba de encubrir esa imagen con sus condiciones de caudillo policial o con su inserción social en actividades deportivas como el fútbol o las bochas. Se trataba de Carlos Ramón Balla.
Orduna tenía en su mesa numerosas denuncias de propios policías, pero también se acordaba de una operación de inteligencia que Balla desarrolló sobre él y Busti en Concordia, durante el gobierno radical liderado por Sergio Montiel a partir de 1983. El Vasco Orduna no olvidaba los episodios y si tenía que cobrárselos algún día, aunque de la forma más elegante, no dudaba en hacerlo. Era algo que lo caracterizaba.
Una mañana de mayo de 1986 el entonces intendente de Concordia se sorprendió al encontrarse con un sobre de papel madera debajo de la puerta principal de su domicilio, dejado por el cartero del barrio. "Compañero Busti", decía la primera hoja de un extenso trabajo anónimo, donde aparecían fotos de frente y de perfil del gobernador, realizadas en el batallón de Ejército de Concordia, durante su breve detención en 1977. Al tiempo se enteró que quien acercó el informe había sido el mismo Balla, exigiendo una recompensa por su actitud. Estaba jugando a dos puntas y los hombres del poder justicialista no estaban dispuestos a dejar que pasara de largo.

Fechada en Santa Fe, la carta anónima que encabezaba el grueso expediente indicaba que el informe había sido elevado por "el jefe de Policía de Concordia (Jorge Edgardo Pastré) a la Jefatura provincial", liderada por el inspector general Ricardo Hugo Bob, cuando Jorge Muñoz se desempeñaba como ministro de Gobierno. En el escrito, con el sello de la Jefatura Departamental Concordia, pero sin ninguna firma, se daba cuenta de un "material adjunto", en el que se especificaban "las características ideológicas de todo el ente municipal", considerándose que varios de sus funcionarios tenían "una clara posición ideológica izquierdista". La lista de fichados también la componía Gil Carlos Cicognini, que estaba a cargo de la Dirección de Cultura y era amigo personal de Orduna. Según el informe, su presencia al frente del área servía para canalizar "preferencialmente los eventos de carácter social que organizan los elementos de izquierda, pudiéndose citar la exhibición del film En la mente de los hombres". Se cuestionaba además el "apoyo económico y social" de determinadas entidades bancarias, su ligazón con referentes del Partido Comunista y la organización de charlas sobre derechos humanos. En el escrito, Hernán Orduna era sindicado como "montonero", luego de especificarse el periplo que tuvo el dirigente por las diferentes cárceles del país tras su detención política en Córdoba, apenas producido el golpe de Estado. Hasta ese momento, Orduna se desempeñó como secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba, luego de recibirse de ingeniero en la Universidad Católica.

El 15 de mayo, Jorge Busti y Augusto Alasino -que era asesor de la comuna de Concordia y ocupaba un cargo idéntico en la pequeña localidad de General Campos- elevaron una denuncia penal ante el juez de instrucción Alejandro Marcelo Godoy, Secretaría de Miguel Bressán, "por hechos ocurridos que considero lesionan seriamente y gravemente mis derechos". En su presentación, Busti hizo hincapié en la "información reservada y conocida solo por las fuerzas de seguridad y de prevención" que allí se utilizaban y requirió que se solicitaran varios informes a los hombres de la Policía, entre ellos al jefe de la fuerza en la provincia, "a fin de constatar su veracidad". Cuatro días después, la agente fiscal Alicia León emitió su opinión. La funcionaria judicial consideró que no surgía, a prima facie, "la comisión de ilícitos de acción pública a investigar" y entendió, en consecuencia, que no aparecían "amenazados bienes jurídicos como la libertad, la tranquilidad pública y mucho menos el orden constitucional". A su vez, solicitó que el jefe de Policía, Hugo Bob, informara si había recibido tal expediente, su procedencia y quién era el oficial firmante, citándose a declarar a Busti -que ya disponía del nombre de Balla como autor del seguimiento ideológico- y al jefe departamental, al igual que a otras personas de Concordia, a lo que hizo lugar el juez Godoy.

Al momento de prestar testimonio, ninguno de los citados admitió el episodio denunciado por Busti. El jefe departamental Pastré negó la confección del escrito y dijo no reconocer las fotocopias que le llegaron al entonces intendente. En términos similares se manifestó el jefe de Policía, quien prefirió no concurrir al despacho tribunalicio y respondió por escrito. "Informo que este Comando no ha recibido nota ni documentación alguna a las que hacen referencia las fotocopias", indicó. Con tales elementos, la agente fiscal León emitió su opinión final el 19 de junio de 1986, sin mayores variantes con respecto a la anterior. Allí consignó que "si bien se ha probado que los términos vertidos en la nota en cuestión son mendaces, amén de no haberse podido determinar quien fue su autor", no existe "un delito de acción pública a investigar", por lo cual solicitó la "desestimación de las presentes actuaciones, por no existir hecho ilícito de acción pública a investigar". El juez Godoy, con fecha 23 de junio, coincidió plenamente con el concepto de la funcionaria. El caso quedó cerrado, pero ni Busti ni Orduna se olvidaron del nombre de Balla. Menos aún cuando se enteraron y pudieron comprobar que era amigo personal del Gitano Romero.

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En varios ámbitos oficiales no se desconocía que Lenzi y Romero participaban de una especie de cooperativa, también integrada por un administrador: el contador Ricardo Baronetti. El funcionario técnico, después de estar en Salud, ocupó la conducción de la obra social entrerriana IOSPER, transformándose luego en el tesorero del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia. Nunca se investigó qué movimientos tenía tal cooperativa, de dónde provenían los fondos y cuáles eran sus respectivos destinos. Tampoco se intentó averiguar hasta qué niveles del gobierno comprendía.

Nadie se animó a hablar del tema. Tal vez porque era de extrema gravedad. El único que hizo una referencia tangencial fue el presidente del Banco Municipal de Paraná, en mayo de 1991, en un reportaje publicado por el semanario Análisis. El contador Juan Carlos Reffino -hombre de confianza de Mario Moine, cuando el empresario era intendente de la capital entrerriana- expresó públicamente su preocupación sobre la existencia de "un mercado negro de dinero", aunque no precisó mayores detalles.

Hay quienes sostienen que los miembros del grupo que lideraba el Gitano llegaron a fraguar cifras millonarias de billetes falsos de cien dólares, en una imprenta de Rosario, aunque el nombre y el lugar nunca se supieron. Otros, con testigos presenciales, no dudan en reconocer que era en la misma Imprenta Oficial donde se confeccionaban los billetes falsos, con papel que se traía desde Buenos Aires a Paraná. Un elevado monto -según tales fuentes- fue cambiado por un empresario paranaense, cuya firma, en poco tiempo, tuvo un repentino crecimiento económico.

Romero, con el tiempo, fue armando un esquema de poder que únicamente podía funcionar en un marco de impunidad. Es decir: casi quince años después, comenzó a repetir idénticos movimientos a los que hacía en 1973, durante el gobierno de Enrique Tomás Cresto, cuando fundó el Comando Paraná. En poco tiempo el Gitano recuperó poder político y económico y volvió a desarrollar su veta gremialista, algo que en la década del '70 llevó adelante con la Cooperativa de Cirujas. El 4 de septiembre de 1989 asumió como secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), seccional Entre Ríos. El nombramiento consta en el acta número 19, foja 74, del gremio.

Romero tomó la conducción de ATSA junto a algunos conocidos. Jorge Fadil quedó como secretario de Acción Social, mientras que Luis Lenzi lo hizo como secretario de Cultura y Deportes. Los tres integraban la plantilla de personal de Salud de la provincia. El cuadro de situación indicaba que la sede del gremio estaba a punto de ser rematada y existían varios juicios laborales en trámite. Además, la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) había bloqueado los aportes que el gobierno provincial tenía que hacer a la cuenta corriente número 6876/5 del Banco de Entre Ríos (BER). Posteriormente se supo que el gobierno aportó a la cuenta un poco más de un millón de dólares, cuyo destino es incierto. Es más: hay quienes señalan que en verdad se depositaron dos millones. Un aporte ingresó en ATSA y otro fue por otro carril, no determinado.

En ese entonces el titular de FATSA era Carlos West Ocampo, y el anterior titular de ATSA Entre Ríos, José Cambursano, asumió en un cargo de importancia en la entidad. Mientras tanto, Omar Ulises Duerto -según una resolución de FATSA- quedó al frente de la obra social del gremio.

Los cruces entre uno y otro sector fueron fuertes y constantes. En una oportunidad, la FATSA, con Duerto a la cabeza, quiso intervenir ATSA, pero Romero resistió y no dejó que se instalara.

El 24 de marzo de 1990 se hizo la reunión que quedó reflejada en el acta número 28 de ATSA. Por primera vez, por lo menos oficialmente en el gremio, se reunieron Eduardo Emilio Romero, José Cambursano y Omar Ulises Duerto, junto a otros dirigentes allegados al Gitano. El diálogo consta en actas y es demostrativo del irregular manejo que había:

-Duerto: Quiero que lleguemos a un acuerdo. No me banco más el tratamiento de traidor que hoy tengo en la calle. Por eso quiero realizar un pacto de caballeros.
-Raúl Espinosa: Cómo querés que te tratemos bien si vos y West Ocampo, en la guerra contra Cambursano, se olvidaron de la filial. Y es el afiliado el dueño de todo el patrimonio. Nos están por rematar la casa y ustedes se hacen los indiferentes, pero se llevan la plata para Buenos Aires y no pagan las cuentas. Retiraron de los aportes estatales una suma como de cuatro millones de australes que bien podrían haber entregado al Juzgado para parar el remate y no lo hicieron. Pero lo que más bronca nos da es que todo lo han realizado con trampas. Estamos hace más de un año pleiteando en la Justicia y todavía no se vislumbra solución. Yo quisiera preguntarte, Duerto, cómo hizo West Ocampo, a dos días del Congreso de Córdoba, donde piden la intervención en forma arbitraria y mal hecha, ya que nuestro estatuto no contempla tal figura. Y ustedes, en dos días, logran el reconocimiento para nombrar el interventor por intermedio del Ministerio de Trabajo. Esa velocidad judicial no se la traga nadie.
-Duerto: Esos arreglos fueron de West Ocampo. Yo nada tuve que ver.
-Luis Lenzi: Así que no tuviste nada que ver. ¿Tampoco leíste el estatuto?
-Duerto: Sí, por supuesto que lo he leído.
-Lenzi: Y si leíste el estatuto, sabés muy bien que no podés ser secretario general ni directivo.

Después de una serie de discusiones en torno a los votos logrados por una y otra lista, tomó la palabra Jorge Fadil.
-Fadil: Cambursano, quisiera que me explique por qué tanto mal manejo y tanta inmoralidad en todo esto.
-Cambursano: Porque yo, desde que fui miembro de la FATSA, como directivo, siempre estuve enfrentado a West Ocampo. Era un elemento disociador y perturbador. Entonces, toma venganza conmigo y comienza a hacerme una guerra de desgaste. No me perdona que yo haya apoyado a compañeros del sindicato de Capital. Por eso me interviene la obra social y lo pone a Duerto.
-Fadil: Lo que yo no entiendo es que todos nosotros paguemos como giles nuestra cuota sindical y hagan con el gremio lo que les dé la gana. ¡A mí qué carajo me importa West Ocampo, Duerto, Cambursano, Romero o las pelotas de Magallanes! A mí, lo que me interesa son los intereses de los trabajadores de la Sanidad que se cagan de hambre, mientras los dirigentes se roban todo... Vos, Duerto, paseás en el Falcon que es de los trabajadores y con la nafta de los trabajadores, mientras nosotros no les podemos brindar ningún servicio. Los delincuentes, hijos de puta, se roban la plata y los afiliados se joden.
-Romero: Señores, señores, observen compostura. Si disentimos aguerridamente, no llegaremos a ninguna conclusión. Por favor, compañero Lenzi, no mueva la mesa (sic).
El diálogo, en ese momento, siguió siendo elevado. Varios de los allegados a Romero le cuestionaron en duros términos a Duerto su decisión de despedir a una empleada de la obra social.
-Fadil: Cambursano, decime... Pero decime la verdad. El camping que está enfrente del Seminario, ¿de quién es?.
-Cambursano: Ese terreno se compró con los aportes de los trabajadores de ATSA, allá por 1970, con la intención de construir un barrio para los afiliados. Después vino la dictadura, nos echaron a todos y el terreno quedó ahí. Quiero aclarar que estaba pago. Después, cuando volvimos en el ochenta y pico, yo se lo entregué a la FATSA y se me ordenó realizar un camping.

Según el ex secretario general del gremio se contrató a una persona, a quien luego no se le quiso reconocer la deuda. "Yo le avisé a Duerto de la situación y él me dijo que West Ocampo no quería pagar nada y estaba esperando que se rematara todo, hasta no quedar ni el polvo de Cambursano", relató éste último.
-Romero: ¿Es cierto eso Duerto?
-Duerto: Sí, Romero, es la verdad.

Después de una discusión entre Lenzi y Duerto (en la que intervino Romero, diciéndoles que si querían pelear salieran del recinto), retomó la palabra Duerto.
-Duerto: Yo ya he dado muestras con ustedes de que quiero llegar a un arreglo y entre las muestras de buena voluntad cuento el pago del teléfono. Este fin de semana estuve hablando con West Ocampo y me dijo que arreglara con ustedes.
-Fadil: ¡Y qué quiere arreglar ese hijo de puta con nosotros!
-Romero: Fadil, por última vez, pará la mano.
-Duerto: Como les decía, tengo órdenes de buscar un arreglo con ustedes. Así que son ustedes los que tienen que ponerle precio a la transacción.
-Romero: ¡Pero vos qué te crees Duerto! ¿No te das cuenta que no hay transacción? A nosotros no nos interesa la gente como ustedes. Y que te quede bien claro esto, porque ya me estás haciendo calentar a mí también. Y ésas son las diferencias ideológicas y metodológicas que nos separan. Por eso somos como el aceite y el agua. Lo nuestro es una militancia apostólica al servicio de la causa nacional y del trabajo. No estamos con la corrupción. No nos interesa tener plata en los bolsillos hecha con trampa. Y se lo digo a los dos, a vos Duerto y a Cambursano. Llevamos casi un año en el gremio de la ATSA de Entre Ríos y no hemos manejado un solo peso. Las necesidades mínimas las hemos bancado de nuestros propios bolsillos (...) Vos te confundiste Duerto, porque ante la corrupción, que más que corrupción es terrorismo, somos implacables. Si no fuera así, ya hubiéramos aceptado la coima de dinero que nos propuso (Carlos Honorio) Saccani (...).
-Fadil: Pero, escuchame Duerto, ¿vos sabías que Saccani es abogado de Cambursano?
-Duerto: No es así. El doctor Saccani es abogado de FATSA.
-Cambursano: Momentito. A Saccani lo puse yo en el gremio. El me ayudó a recuperar el gremio e hicimos las primeras elecciones después de la dictadura. Además, en la Federación lo presenté yo. Si a Saccani no lo conocía nadie en Buenos Aires.

En la reunión continuaron las críticas contra Saccani, un abogado de Paraná que se enriqueció defendiendo trabajadores de diferentes gremios, enrolado en el grupo de profesionales cercanos a Jorge Busti. A fines de la dictadura tuvo que purgar cárcel por "lesiones graves y amenazas reiteradas con arma de fuego" contra Mario Harispe y Juan Domingo Zacarías. Harispe era uno de los dueños de la empresa Los Pinos, dedicada al clearing bancario y enfrentada a firmas del ramo del fuerte empresario entrerriano Alfredo Yabrán, quien con el tiempo terminó por destruirlos. La resolución la firmó el titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Paraná, Valentín Buttazoni, juez de instrucción de la dictadura y ascendido a camarista en reconocimiento por los servicios prestados, especialmente en las investigaciones y procesamientos de ex funcionarios del gobierno constitucional de 1973. En principio, la condena era superior a los dos años, pero una contraorden de hombres del gobierno de facto hizo que Saccani -a quien se le había retirado la matrícula- saliera en libertad mucho antes, merced a sus buenos contactos con los representantes del poder militar. Afuera, el letrado tenía muchas cosas por hacer.
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