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16/03/2019 -  tiempo  4' 15" - 2402 Visitas Bajo el cumplimiento de medidas restrictivas hasta que termine la IPP Causa contratos: se dispuso la inmediata libertad de Aguilera, Almada y Cardoso
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Sergio Cardoso y su abogado Emilio Fouces, luego de escuchar la resolución de la jueza Barbagelata. (Fotos: ANÁLISIS DIGITAL)
La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso la libertad inmediata de los imputados Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso en la causa de los contratos truchos. Fue después de la audiencia pedida este jueves por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, para prorrogar las prisiones preventivas de los tres. En principio, los fiscales solicitaron que se prorroguen las prisiones preventivas por 37 días. Para eso señalaron los roles que ocuparían los imputados en la supuesta asociación ilícita y el riesgo que implicaría su libertad. Yedro y Aramberry insistieron en que la organización “está en funciones” y volvieron a reclamar información a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. “No podemos avanzar. Estamos trabajando en la elevación a juicio, pero no podemos cerrar y avanzar si Senadores no nos envía los seis años que nos debe y si Diputados no nos envía los cuatro años que nos debe. Reiteramos los pedidos y nos contestan que están colectando la documentación. Pero eso ocurre desde septiembre”, pidieron. Asimismo, llevaron a la audiencia una serie de contratos que consideran amañados y facturas de cobro de los mismos. “Llamamos a los contratados y desconocen su firma tanto de contratos como de facturas. Por eso entendemos que esta documentación que nos han mandado, por el estado de conservación que tiene, está siendo elaborada en este momento”, manifestaron. Los argumentos no fueron consideraros suficientes para prorrogar las preventivas, porque entendió la jueza que deberían alegarse hechos específicos de entorpecimiento actual en la investigación o advertir real peligro de fuga. De modo que Aguilera, Cardoso y Almada fueron dejados en libertad con varias medidas restrictivas. De ANÁLISIS DIGITAL

Pasadas las 8 comenzó la audiencia para pedir la prórroga de las prisiones preventivas de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri y ex secretario del bloque del PJ en el Senado; de Alejandro Almada, cuñado de Aguilera y funcionario de la Cámara de Diputados; y de Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de Diputados -de licencia-. Los primeros dos cumplieron la medida en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Y Cardoso cumplió la medida en el domicilio que fijó en el legajo. Los 90 días de vigencia de esas prisiones vencieron este viernes. Por eso los fiscales pidieron la prórroga.

Con la decisión de Barbagelata, todos los imputados en la causa que investiga una organización enquistada en el seno de la Legislatura para sustraer dinero público, quedaron en libertad restringida o prisión domiciliaria. Esta última medida corre para los imputados Ariel Faure y Gustavo Pérez que permanecen con tobilleras electrónicas en sus domicilios. Sin embargo, también para estos dos casos específicos se espera una resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Es que los abogados defensores interpusieron un recurso de queja, similar al que permitió la libertad de los primeros detenidos en la causa: Alfredo Bilbao, Hugo Mena Giovenni, Esteban Scialocomo, y Flavia Beckman.

El fallo

La jueza Barbagelata entendió que hay racionalidad en los pedidos de prórroga realizados por los fiscales. Marcó que la investigación ya lleva más de 90 días, plazo estipulado para darle un cierre. “Hablamos de una investigación que tiene un tiempo de desarrollo importante”, señaló y retomó “cuestiones pendientes para solicitar remisión de causa a juicio” -en referencia a la documentación que debe la Legislatura-. “Resulta criterioso señalar cuál es el lugar que se le atribuye a cada uno dentro de la estructura orgánica”, acotó.

Barbagelata refirió al fallo de la Sala Penal de STJ: “Entiendo que Entre Ríos es pionera en cuanto a la libertad de los acusados en el proceso de investigación. El tema es si la libertad es razonable cuando hay actos concretos y específicos que demostraron actitudes obstructivas en la investigación”. Y agregó que “la magnitud del injusto y la seriedad de los hechos investigados, además de la profusa evidencia son elementos que deben tenerse en cuenta”.

La jueza advirtió el pedido de los fiscales en cuanto a la documentación pendiente que aún está en poder de las autoridades legislativas de la provincia. “Eso que está pendiente no puede ser modificado ni obstruido ni debe tener interferencia por parte de los imputados”, marcó pero entendió que los imputados no tienen “la facultad de disponer la entrega”.

“No se verifican situaciones que deben tenerse en cuenta para mantener las medidas de coerción extrema como son las prisiones preventivas. Y además existe la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas menos gravosas”, adelantó y resolvió: “No voy a hacer lugar al pedido de Fiscalía y dispondré libertad de Aguilera, Almada y Cardoso”.

Luego especificó las medidas restrictivas para los tres casos:

• Deberán mantener el domicilio que denunciaron ante Fiscalía. Se les prohíbe modificar el domicilio sin previo acuerdo con Fiscalía o autorización de un juez.

• No pueden salir de Paraná sin autorización judicial.

• Se les prohibió contacto con todas las personas que están relacionadas a la investigación. Y se los inhibió de vincularse con personas relacionadas a trámites burocráticos dentro de la Legislatura, vinculadas a suscripción de contratos, pago de los mismos o remisiones de los mismos.

• Se les prohibió contacto con personas encargadas del control de los trámites administrativos. Es decir que no pueden vincularse a los auditores del Tribunal de Cuentas.

A esas restricciones impuestas por la jueza, el fiscal Aramberry agregó:

• La prohibición a los imputados del ingreso a Casa de Gobierno y dependencias administrativas descentralizadas hasta que la Legislatura remita la documentación pendiente.

• Que comparezcan lunes y viernes de cada semana a la comisaría de la jurisdicción donde fijaron domicilio.

Los defensores Marcos Rodríguez Allende -por Aguilera-; Guillermo Vartorelli -por Almada-; y Emilio Fouces -por Cardoso- estuvieron de acuerdo con la propuesta y admitieron también que las medidas restrictivas tengan vigencia hasta que la Fiscalía concluya la investigación y eleve el requerimiento de juicio oral.
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