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09/02/2019 -  tiempo  3' 53" - 408 Visitas Brindó algunas precisiones de las medidas dispuestas en la investigación El fiscal Ramírez Montrull negó presiones de la Policía en la causa por la muerte de Gabriel Gusmán
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Juan Francisco Ramírez Montrull.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, quien lleva adelante la causa donde se investiga la muerte de Gabriel Gusmán en barrio Capibá, aseguró que “para nada” existen presiones de la Policía de la provincia sobre la investigación. En el legajo, se investigan las responsabilidades de dos funcionarios policiales, el sargento Diego Sebastián Íbalo y el agente Oscar Rodrigo Molina, en el deceso del joven, muerto por un disparo en la nuca. Al respecto, dijo que “no es cierto” que “hay demoras y que el Ministerio Público Fiscal ha tomado una postura”. “El hecho de que estén siendo investigados funcionarios policiales derivó a que sea otra fuerza de seguridad, Gendarmería, la que intervino en este tema y eso llevó a otros plazos distintos de los habituales. Las pericias en su mayoría se hicieron en provincia de Buenos Aires”, aclaró.
“Para nada. Absolutamente: no hay ningún tipo de presión”, sostuvo Ramírez Montrull al ser consultado sobre la posible intromisión de la Policía en la causa donde se investiga a dos efectivos por la muerte del joven Gusmán. En ese marco, recordó que en su momento Jorge García, el jefe de los fiscales, le aclaró a la querella de la causa, llevada adelante por los abogados Lucía Tejera y José Iparraguirre, que Fiscalía “no adhiere a la doctrina ‘Chocobar’.

La llamada “doctrina Chocobar” surgió luego de que el agente bonaerense Luis Chocobar disparara y matara por la espalda al joven Pablo Kukoc, quien huía desarmado tras haber protagonizado un asalto. Luego de ello, se consolidó a través de la resolución 956 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que autorizó el uso de armas de fuego ante peligros de fuga a las fuerzas federales.

En declaraciones realizadas a APF indicó que "en los primeros 10 testimonios videofilmados a testigos del incidente" ocurrido en septiembre del año pasado en el barrio Capibá, "no se menciona que haya habido una ejecución de Gusmán por parte de los funcionarios policiales y sí se señala que habría existido una situación previa en la que el joven muerto habría disparado con arma de fuego, lo que estaría de cierta manera acreditado” por estos dichos.

En cuanto a la causa, Ramírez Montrull explicó que antes de resolver la petición de indagatoria que realizó la querella contra Íbalo y Molina, se dispuso –junto con el fiscal Gonzalo Badano que también toma parte en el legajo- una serie de medidas previas.

“Algunas de ellas son entrevistas con funcionarios policiales que arribaron al lugar al momento en que llegó el patrullero donde iban Íbalo y Molina y con testigos que aportó la querella o que surgieron de la investigación. Además, debe generarse una ubicación de los patrulleros al momento del hecho y así poder reconstruir la escena momentos previos a que se produzca la muerte de Gusmán”, puntualizó.

También precisó que “algunos testimonios que solicitaron los abogados de la familia Gusmán ya habían sido tomados por la Fiscalía y otros se harán ahora”. “Se trata de personas que aportan datos en el sentido de que el disparo que acabó con la vida de Gusmán se produjo cuando este se había entregado y levantado las manos y que tampoco había disparado con arma de fuego contra los funcionarios policiales”, explicitó.

Esto “no se condice con todo lo otro que se ha recabado hasta ahora en la investigación” donde “todos los testigos coinciden en que Gusmán había efectuado disparos contra los policías”, dijo el fiscal. “La evaluación de unos y otros se hará cuando tengamos el producido de toda la evidencia”, sentenció.

Respecto de la situación procesal de los dos policías, informó que al momento, Íbalo y Molina están “sospechados y con restricciones”.

Momentos después de que se produjo el incidente, se realizaron entrevistas “con testigos presenciales del hecho” que aportaron datos que llevaron a la Fiscalía a entender que “no era oportuno recibirles declaración porque todas ellos manifestaron que la agresión con arma de fuego había sido iniciada por Gusmán. Por eso decidimos ampliar la investigación y no teníamos elementos suficientes en ese entonces para entender que debíamos recibir declaración de imputados a estas personas”, dijo en referencia a Íbalo y Molina.

“He leído que hay demoras y que el Ministerio Público Fiscal ha tomado una postura. Eso no es cierto. El hecho de que estén siendo investigados funcionarios policiales derivó a que sea otra fuerza de seguridad, Gendarmería, la que intervino en este tema y eso llevó a otros plazos distintos de los habituales. Las pericias en su mayoría se hicieron en provincia de Buenos Aires”, aclaró el fiscal.

Además, mencionó que el dermotest, la prueba para hallar restos de pólvora en las manos de ambos funcionarios policiales y de Gusmán, aún no se hizo porque aún están en la búsqueda de otra entidad, que no sea la Policía de Entre Ríos, que puede hacerlo.

La postura del Ministerio Público Fiscal “la definiremos al momento de que podamos hacer una valoración conjunta de toda la evidencia”, concluyó.
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