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06/12/2018 -  tiempo  1' 8" - 375 Visitas Por el momento no se incluyó en el protocolo Macri retomó una vieja idea y evalúan reglamentar el uso de las pistolas eléctricas Taser
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Las pistolas electrocutan a sus víctimas.
Sigue la polémica sobre el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad y la voluntad del gobierno nacional de liberar algunas restricciones para el uso de armas de fuego para los policías. En este contexto, el gobierno retomó una vieja idea de cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno de Buenos Aires y está evaluando la reglamentación de las pistolas eléctricas Taser: "Por el momento no la vamos a reglamentar, pero lo estamos evaluando", confirmó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Las pistolas Taser están prohibidas en algunos lugares del mundo por su similitud con la picana y porque puede causar la muerte en determinados casos. La iniciativa surge del propio gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pretende reglamentar armas no letales. En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, pretenden un punto medio. Desde el entorno del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ahora a cargo de las funciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, le aclararon a este medio: "La taser no está en discusión, pero Santilli quiere reunirse con Bullrich para impulsar la reglamentación de otras armas no letales, como la pistola marcadora, gas lacrimógeno y gas pimienta".

Inconstitucional

Con el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego, los integrantes de las cuatro fuerzas -Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura-, no deberán identificarse como tal cuando dicho acto "pueda suponer un riesgo de muerte o lesiones su propia vida" ni esperar a que el sospechoso dispare primero.

De inmediato, la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, y la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, denunciaron el nuevo protocolo y el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, lo declaró inaplicable en la ciudad de Buenos Aires por inconstitucional.
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