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07/12/2018 -  tiempo  4' 2" - 4121 Visitas Será llevado a juicio por presunto Peculado junto a otras personas Elevaron a juicio la causa por las 20 cuadras de asfalto en Santa Elena, que tiene al condenado Domingo Daniel Rossi como principal imputado
La denuncia del intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, contra su antecesor Domingo Daniel Rossi por las 20 cuadras de asfalto en esa localidad, acaba de ser elevada a juicio oral. En la resolución del fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, se procesó por presunto Peculado a Rossi y otras seis personas, se informó a ANÁLISIS DIGITAL. El tema bajo la lupa judicial es la ejecución de 20 cuadras de asfalto por un monto que superó los 20 millones de pesos. La obra fue financiada por la Nación y la empresa contratada cobró la totalidad de los trabajos que, a los pocos meses de concluidos, comenzaron a mostrar importantes daños, por lo cual se apuntaron supuestos “vicios en la construcción”. Cabe señalar que esta no es la única causa de este tipo en una localidad entrerriana. Algo similar se denunció en Seguí y Larroque. Asimismo, es preciso recordar que Rossi, ex vicegobernador de la provincia, fue dos veces condenado por hechos de corrupción e inhabilitado por la Justicia entrerriana para ejercer cargos públicos. Pero años después de las condenas, consiguió que la Justicia lo releve de cumplir con la pena de inhabilitación y, bajo el amparo político del ex gobernador Sergio Urribarri, fue candidato y ganó elecciones. El 12 de diciembre de 2014 la Municipalidad de Santa Elena suscribió el Convenio de Colaboración y Transferencia con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que tenía como objeto la asistencia financiera a través del Programa “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” para la realización de 20 cuadras de pavimento, con un plazo de ejecución de seis meses y por un monto máximo de 20.035.724,85 pesos.

Con posterioridad, a través del decreto del Ejecutivo Municipal de Santa Elena, el 9 de enero de 2015 se dispuso la adjudicación de la obra a la empresa L&C Construcciones S.A., con domicilio en calle Manuela Pedraza N° 556 de Paraná.

Entre las irregularidades detectas durante la Intendencia de Moreyra, se constató “que tanto la adjudicación como el control y supervisión de ejecución de la obra, los pagos y las rendiciones de cuentas de fondos transferidos fueron efectuados en forma directa por el Departamento Ejecutivo Municipal de Santa Elena”, y además “el presupuesto oficial de la obra fue fijado en la “suma máxima” de 20.035.724,85 pesos, suma que finalmente se fijó como precio oficial de la obra, la que fuera íntegramente cancelada a la fecha 23/11/2015”.

Se expuso también en el texto de la denuncia que luego de asumir Moreyra la intendencia de Santa Elena se verificaron “daños y deficiencias de gravedad en distintos puntos de la obra ejecutada” por lo que se intimó a la empresa que “reconoció expresamente la existencia de los daños e incluso de reclamos previos por parte del municipio” y si bien en un primer momento intentó deslindar sus responsabilidad, terminó acordando el arreglo de la obra.

Además de Rossi, el fiscal elevó la causa con otras seis imputaciones: el empresario Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez; Carlos Roberto Méndez; y Adolfo Zenón Ortíz.

Certificaciones paralelas

De la acusación fiscal, se desprende que durante la ejecución de la obra hubo “certificaciones paralelas de obra”. “Cotejados con los montos de ingreso de dinero en la cuenta de la contratista, se explica lógicamente en el siguiente sentido: los funcionarios municipales falsificaban certificaciones para hacerse del dinero y entrar anticipadamente en disposición de esos fondos; luego realizaban nuevas certificaciones conducentes a respaldar las transferencias bancarias a la empresa contratista”, se precisó.

Tales certificaciones, “ni las primeras ni las segundas, se condicen con los controles fehacientes, ni la calidad ni la cantidad de los materiales, ni de los montos de ejecución de la obra, siendo que las conclusiones periciales de la misma indican por un lado la deficiente construcción de la misma; pero además la discordancia de algunos materiales con la necesidad de la obra, así como la desproporción de precios en relación incluso a los ‘altos pero razonables del mercado’”.

Un intendente con antecedentes penales

Cabe recordar que Domingo Daniel Rossi fue condenado a tres años de prisión condicional, justamente por enriquecimiento ilícito, tras una denuncia de la revista ANALISIS en 1998, cuando se le detectaron cuentas millonarias en el Uruguay, a nombre de su entonces mujer, Isolina García y su madre jubilada. También su mujer, la ex diputada provincial Patricia Díaz, tiene una causa por enriquecimiento ilícito abierta en diciembre de 2016.

Además, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, ordenó en diciembre de 2016 la apertura de una causa por enriquecimiento ilícito contra la mujer de Rossi, la ex diputada provincial Patricia Díaz (PJ-La Paz). El alto magistrado adoptó tal decisión después de la publicación de la revista ANALISIS, donde se informó de la existencia de fondos millonarios en el Uruguay de la ex legisladora, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares.

(Foto: La Sexta)
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