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05/12/2018 -  tiempo  1' 47" - 202 Visitas Lo definen como “anticonstitucional y de neto corte represivo y fascista” “Más tizas, menos balas”: la Agrupación Rojo y Negro de AGMER exige la derogación del protocolo de Bullrich
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La Agrupación Rojo y Negro de AGMER exige la derogación del protocolo de seguridad de Patricia Bullrich.
Desde la Agrupación Rojo y Negro “1° de Mayo” de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se exigió “la inmediata derogación de la Resolución 956/2018”, norma emanada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, por considerarla “totalmente anticonstitucional y de neto corte represivo y fascista”. Asimismo, desde la entidad gremial se indicó que dicho protocolo para las fuerzas de seguridad federales “alienta y legitima el gatillo fácil y el abuso de poder”. En este marco, se exige “la renuncia inmediata de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, la derogación de la Ley Antiterrorista y se repudia y exige la derogación de la Resolución 956/2018”.
La Agrupación Rojo y Negro “1° de Mayo” de AGMER señaló que la medida dispuesta por Bullrich para las fuerzas de seguridad federales “se trata de una medida que encarna un profundo retroceso democrático”. “No es un hecho aislado, sino la profundización del plan profundamente represivo del gobierno de Macri. Un plan de gobierno que en lugar de tener como eje la resolución de los problemas estructurales que generan la desigualdad social intenta frenar con mano dura todas las expresiones de resistencia y pone como blanco a los luchadores sociales”, advirtieron desde la entidad gremial.

Del mismo modo, reiteraron que “el programa de restauración oligárquica encarnado por el proyecto del gobierno de Cambiemos no cierra sin represión, lo dijimos muchas veces. Somete al hambre y la desocupación a miles de compatriotas, ostenta el triste mérito de condenar a la pobreza a la mitad de nuestros niños”.

“La doctrina Chocobar tuvo frutos inmediatos en el asesinato en manos de agentes de seguridad de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado por la espalda y el niño Qom Ismael Ramos en Sáenz Peña, Chaco. En los tres años que el macrismo lleva de gobierno, la mano dura ha ido in crescendo, con más de 700 casos de gatillo fácil denunciados. La orden de reprimir a plomo y fuego es acompañada por un elaborado aparato de propaganda apoyado en la complicidad de servicios y personeros de las clases dominantes en los medios de comunicación”, definieron los dirigentes sindicales entrerrianos.

“Con la sangre aún caliente de los compañeros de la CTEP Orellana y Soria, asesinados en represión; a pocos días del cierre de la causa por el asesinato de Santiago Maldonado; a un año del asesinato de Rafael Nahuel, alzamos nuestra voz para exigir la renuncia inmediata de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, repudiar y exigir la derogación de la Resolución 956/2018 y exigir la derogación de la Ley Antiterrorista”.
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