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11/10/2018 -  tiempo  5' 42" - 1410 Visitas Podría haber una demanda por daños y perjuicios Una empresa le reclama 55 millones de pesos al Estado provincial por el dragado del puerto de Diamante
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El puerto de Diamante es operado por Cargill.
El gobierno provincial, a través de un ente autárquico, se asoció a una multinacional para dragar el canal de acceso al puerto de Diamante. Las partes definieron los términos de un acuerdo y la obra se ejecutó el año pasado, pero hasta ahora el gobierno no pagó su parte. Se trata de un incumplimiento injustificado, ya que en dos oportunidades y mediante sendos decretos, el Poder Ejecutivo efectuó las previsiones presupuestarias necesarias. Sin embargo, en las dos ocasiones las medidas fueron anuladas de hecho, según reveló el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral). La primera asignación de fondos fue dispuesta a través del decreto 1.053/17 del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas (MEHyF), fechado el 11 de mayo del año pasado. Con las firmas del gobernador Gustavo Bordet y del ministro Hugo Ballay, se autorizó una modificación presupuestaria que le permitió al Ente Autárquico Puerto Diamante disponer de 10 millones de pesos.

Con el decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial, se respondió satisfactoriamente al pedido de ampliación presupuestaria formulado desde el Ente Autárquico Puerto Diamante. Y si bien el trámite fue autorizado, el dinero finalmente no se utilizó.

Tanto el Estado provincial como la cerealera Cargill, que administra una de las dos terminales fluviales de Diamante, coincidieron en la necesidad de llevar a 34 pies el calado del canal de acceso. La idea era volver operativo un puerto de ultramar y así favorecer el ingreso y la salida de barcos de gran porte.

Para cumplir ese objetivo, las partes firmaron un acuerdo y todo marchó sobre rieles hasta que el Ente Autárquico Puerto Diamante puso reparos. Sostuvo que no se podía avanzar con la ejecución de los trabajos si el Poder Ejecutivo no aprobaba el convenio con Cargill mediante un decreto.

Eso motivó la intervención de la Fiscalía de Estado, que el 8 de febrero del año anterior fijó su posición. A través del dictamen 0191/17 sostuvo que la obra era indispensable, que el convenio marco con Cargill era suficiente y que no se precisaba una autorización del Poder Ejecutivo a través de un decreto.

Además, el organismo de control interno señaló que en el convenio tenían que detallarse las obligaciones de cada parte y la forma en que debía compensarse a la cerealera. Y pidió que el Ente Autárquico Puerto Diamante elaborara un informe legal explicando los motivos por los cuales no podía afrontar el dragado en forma directa.

Con el paso del tiempo, se fue postergando una definición en el ámbito administrativo. Eso motivó otra intervención de la Fiscalía de Estado, que emitió el dictamen 0001/18.

El 10 de enero pasado el fiscal adjunto Sebastián Trinadori propuso unificar los dos expedientes abiertos sobre el tema y ratificó lo dicho en 2017: que no era necesaria la aprobación o ratificación del convenio por parte del gobernador Bordet.

Sin embargo, la conducción del ente siguió interpretando que el convenio no era operativo porque faltaba un aval explícito del Ejecutivo, generando una nueva intervención de la Fiscalía de Estado.

Fue a través de un memorándum emitido el 22 de enero pasado. A través de ese documento se precisó que era “verdaderamente difícil considerar no ratificar el convenio cuando el mismo se ejecutó bajo la permisión del Ente, sin que éste formulara reserva alguna”.

Desde la Fiscalía de Estado se advirtió que se estaba violando el principio de la buena fe y la lealtad negocial, al tiempo que señaló: “El Estado obtuvo un específico beneficio sin afrontar el pago de la prestación económica derivada de la actuación en su favor”.

Ajena a los tiempos de la burocracia, la multinacional decidió afrontar los costos del dragado. Contrató a una subsidiaria de Hidrovía SA, que tiene a su cargo el mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, pagó la cuenta y le reclamó su parte a la administración de Bordet.

Fue a través de una carta documento fechada el 4 de abril pasado y que firmó uno de sus apoderados, Lucas Barrade. La intimación sirvió para que la multinacional detallara los importes que había abonado: 17.358.033,97 pesos y 37.771,36 dólares.

La empresa detalló la falta de respuesta a sendas notas enviadas el 5 de julio y el 9 de agosto de 2017, mencionó las cláusulas del convenio que aluden a las obligaciones del Ente Autárquico Puerto Diamante y anticipó su decisión de promover una demanda por daños y perjuicios si no cobraba la deuda.

Una semana más tarde, el 11 de abril, el presidente del Consejo de Administración del Ente Autárquico Puerto Diamante, Luis Stello, envió una nota a la Fiscalía de Estado y puso en discusión el monto exigido por Cargill.

Según el funcionario el 50 por ciento correspondiente al dragado del río ascendía a 15.096.543,97 pesos.Y dejó la resolución del conflicto en manos de la Fiscalía de Estado, conforme lo expresó en una carta documento que le envió a Cargill.

Esa respuesta se produjo tres meses después de que el gobierno autorizara una nueva asignación de fondos para la obra. Fue a través del decreto 62/18 del MEHyF, firmado el 31 de enero pasado por Bordet y Ballay.

De esa manera se efectuó una modificación presupuestaria y se estipuló una transferencia de 20 millones de pesos al Ente Autárquico Puerto Diamante para que afrontara los gastos generados por el dragado del canal de acceso. `

El decreto 62/18 MEHyF fue publicado el 25 de septiembre último en el Boletín Oficial y eso marcó el fin del trámite administrativo. Pero fue dejado sin efecto ya que el dinero jamás se desembolsó.

Otra vez con las actuaciones en su poder, el 21 de mayo pasado la Fiscalía de Estado emitió el dictamen 0198/18. Y entre otras cosas sostuvo que “es necesario reconocer y abonar el gasto porque se trató de trabajos realizados”.

De nuevo volvió a decir que no hacía falta una autorización o aprobación del Poder Ejecutivo mediante decreto y advirtió que “no existe razón jurídica para dilatar la cancelación de la obligación del reembolso”.

Ese compromiso había sido asumido al firmarse el convenio con Cargill, que sirvió para establecer las obligaciones de las partes. Por eso la Fiscalía de Estado recordó que los fondos serían “soportados en un 50 por ciento por el Estado a través del Ente Autárquico Puerto Diamante”.

El dragado del canal de acceso al puerto de Diamante fue pensado como una obra de largo aliento y por eso las partes evaluaron un proyecto de cinco años de duración. Y si bien el Estado provincial anunció la asignación de fondos, pero no los desembolsó, está pensando en una alternativa: el llamado a una licitación pública para el próximo dragado.

Se trata de un proyecto que todavía no tiene fecha.
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