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12/06/2018 -  tiempo  3' 58" - 345 Visitas Debate La UCR rechazaría la ley de lemas y pediría posponer la vigencia de la reforma política a 2023
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La UCR rechazaría la ley de lemas.
Al debate con los partidos convocado por el Senado provincial, el radicalismo llevará una posición propia, sustentada en una serie de propuestas entre las que se destacan el rechazo “rotundo y absoluto” a la implementación del sistema de ley de lemas y el planteo de postergar la entrada en vigencia de la reforma política al 2023, según indican los borradores de trabajo de los congresos regionales que realizó el centenario partido en las últimas semanas. El financiamiento de los partidos por parte del Estado también será un eje fundamental.
Tras realizar tres congresos regionales, el radicalismo entrerriano tiene bosquejadas una serie de posiciones de cara al debate por la reforma políticca que tendrá su punto de partida el jueves 14, cuando se concretará la convocatoria a las fuerzas políticas provinciales que realizó el Senado.

En ese marco, el centenario partido se prepara para expresar un “rotundo y absoluto rechazo” a la ley de lemas, sistema que el peronismo deslizó podría ser una alternativa, dado que lo considera un “intento de distorsionar la voluntad popular”. Al respecto, dentro de los borradores de trabajo de los congresos regionales figura la preocupación acerca de aspectos en la propuesta del Poder Ejecutivo que puedan colisionar con la letra y el espíritu de las disposiciones de nuestra Constitución Provincial.

También inquieta la posibilidad de que se genere un “proceso apresurado” de reformas de las reglas de juego en materia electoral que termine “siendo funcional a los intereses circunstanciales del gobierno de turno”.

Luego de tres jornadas de trabajo, que se concretaron en Federal, Viale y Gualeguay (donde se concentró también el que estaba previsto realizar en Colón), la UCR bocetó plantear un análisis y tratamiento de las normas propuestas por el Poder Ejecutivo y de otras que deberán estudiarse de manera conjunta de modo tal de “generar innovaciones y reformas que no estén determinadas ni condicionadas por intereses particulares en el corto plazo sino por el afán de plasmar un régimen moderno”.

Este esquema nuevo deberá brindar “a todos” amplias garantías y a su vez ser legitimado por acuerdos políticos y sociales amplios surgidos de un debate minucioso “despojado de las urgencias electorales de la coyuntura” por lo que debería evaluarse la posibilidad de la implementación de un marco normativo que rija “recién a partir de las elecciones de 2023”.

El radicalismo esbozó que es necesario generar condiciones debate “amplio” que trascienda a los partidos políticos y la Legislatura en torno a una “profunda y genuina” reforma política de carácter integral, que “incluya pero no se agote” en una mera reforma electoral.

En ese marco, la UCR impulsará la discusión política con proyectos que han presentado y presentarán sus legisladores en ambas cámaras, los que estarán construidos en orden a un “sistema coherente” tendientes a reglamentar el artículo 29 de la Constitución Provincial, referido a los partidos políticos, y a la modernización y mejora del régimen electoral.

El foco está apuntado a generar una legislación que “jerarquice” el sistema de partidos políticos (estamentos exclusivos para la nominación de candidaturas a cargos electivos), garantizando la plena vigencia de la democracia interna, la adecuada y proporcional representación de las minorías, el financiamiento público y transparente de su funcionamiento y la formación y capacitación de sus afiliados.

Otras de las inquietudes están puestas en la garantía del acceso ciudadano a la información pública y la regulación de la publicidad oficial en los medios de comunicación.

Las posiciones que el radicalismo entrerriano pondrá sobre la mesa, y que surgieron de estos congresos regionales que el último Congreso partidario ordenó realizar, tienen como base el “Compromiso de Gobierno”, aprobado por el máximo órgano partidario en 2015, en particular el ítem titulado “La institucionalidad política democrática como condición para el desarrollo” donde se plasma el compromiso de impulsar una “profunda reforma política, destinada a revitalizar el sistema representativo, articularlo con instancias de democracia participativa y optimizar el funcionamiento de los partidos políticos como ámbito de formación de la voluntad popular”.

“Se procurará que en el seno de los partidos políticos se respete la democracia interna, la adecuada y proporcional representación de las minorías y la equidad de género. Se reglamentará el artículo 29 para poner en marcha el fondo partidario permanente. Se asegurará la transparencia y la adecuada rendición de fondos por parte de sus autoridades, así como la formación y capacitación de sus afiliados”, agrega el documento partidario.


Fuente. APF
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