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13/03/2018 -  tiempo  6' 31" - 1408 Visitas Paso previo a que falle el máximo cuerpo judicial Caso Amarras: la procuradora ante la Corte se pronunció por revocar la sentencia y dictar otra “ajustada a derecho”
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El trámite judicial por el emprendimiento privado está a debate en la Corte.
A comienzos de marzo del año pasado ingresó en la Corte Suprema de Justicia el expediente que tiene que ver con el caso Amarras de Gualeguaychú, en el marco de un recurso de queja promovido a partir de fallos adversos del Superior Tribunal de Justicia a la acción de amparo ambiental iniciada por el abogado Julio Majul, y que obtuvo la adhesión de dos mil vecinos, para frenar la construcción del barrio náutico. En febrero de este año, la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti, emitió su dictamen donde se pronunció por “declarar admisible” el recurso de queja, “procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que se dicte una nueva ajustada a derecho”, supo ANALISIS DIGITAL. Citó precedentes de la Corte para fundar su postura, y enfatizó: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. Como se recordará, el STJ había provocado que el expediente volviera a Gualeguaychú y que se anulara todo lo que se había hecho, desde que el juez actuante comenzó el proceso aplicando una Ley derogada.

Tras esa decisión, el Juez en lo Civil y Comercial N° 3 “hizo lugar a la acción de amparo colectivo y ordenó el cese de las obras que se encuentra realizando Al tos de Unzué S .A. en el predio de su propiedad denominado "Amarras del Gualeguaychú" . Condenó solidariamente a Altos de Unzué S.A., a la Provincia de Entre Ríos y a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano a recomponer el daño ambiental producido, en el término de 90 días, con costas, bajo apercibimiento de transformar dicha obligación en una indemnizatoria. Designó a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú para controlar la tarea. Declaró la inconstitucionalidad del art. 11 del decreto 7547/99 y la nulidad de la resolución 340 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, y también resolvió otras cuestiones. Contra dicho pronunciamiento, la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, Altos de Unzué S.A. y la. Provincia de Entre Ríos interpusieron recursos de apelación ante el Superior , Tribunal de Justicia provincial (fs ~ 682, 683 y 685 respectivamente)”, reseña el dictamen de la procuradora. Y añade que el Superior Tribunal hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por los demandados, revocó la sentencia y, en consecuencia, rechazó la acción de amparo.

En ese orden, la parte actora presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por el STJ, y sobrevino el recurso de queja, que es sobre el que se debe expedirse la Corte.

Al fundar el recurso, los letrados sostuvieron que el fallo del STJ “es equiparable a una sentencia definitiva pues ocasiona un perjuicio de tardía o muy dificultosa reparación ulterior, afectando, derechos humanos básicos a la salud y al agua potable”. Asimismo, indican que “el tribunal desconoce los hechos, la prueba y los daños ocurridos y alegados, que fueron denunciados también por la Municipalidad de Gualeguaychú (...), desatendiendo la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado, a la preservación de la cuenca, del rio Gualeguaychú y del valle de inundación”.

Además, adujeron que “la sentencia es arbitraria”, se “omitió ejercer el control de razonabilidad y legalidad en la actuación de los otros poderes del estado”, y reiteraron que “se hayan producido daños irreversibles, casi imposibles de recompone”. Igualmente, señalaron que “el caso tiene gravedad institucional puesto que lo que aquí se resuelva servirá de modelo para fijar las pautas de otros proyectos en la zona”.

Postura de Monti

En su dictamen firmado el 1 de febrero de este año, la procuradora fiscal ante la Corte dijo: “Opino que corresponde declarar admisible la queja, procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que se dicte una nueva ajustada a derecho”.

La funcionaria judicial, recordó que “para que proceda el recurso extraordinario la resolución apelada debe ser definitiva o equiparable a esa categoría”. Y consideró que ese es el caso presente en la demanda. Para Monti, “de las constancias de la causa, en especial, de la resolución 340/15 de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, que otorga el certificado de aptitud ambiental condicionado a la empresa, y del decreto 258 que la suspende, surge que las demandadas estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio ambiente, a la salud y al acceso al agua potable que, debido a su magnitud y a las circunstancias de hecho, sea irreversible”.

Asimismo, sostuvo que “corresponde habilitar el remedio federal pues se verifica una excepción a la regla dispuesta por la doctrina de la Corte Suprema, según la cual los pronunciamientos por los que los superiores tribunales provinciales deciden acerca de los recursos de orden local no son, en principio, susceptibles de revisión por medio de la apelación federal por revestir carácter netamente procesal. En tal sentido, procede la excepción cuando lo resuelto por los órganos de justicia locales no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa (Fallos: 330: 4930 y 333: 1273), o se realiza un examen de los requisitos que debe reunir la apelación con inusitado rigor formal que lesiona garantías constitucionales (Fallos: 322: 702; 329:5556; 330:2836), como se verifica” en este caso.

“Así lo creo, toda vez que el Superior Tribunal provincial, al rechazar el remedio federal por ausencia de sentencia definitiva, no consideró los agravios vertidos por el apelante en su recurso. En, especial, el recurrente sostuvo que los magistrados del Superior Tribunal habían omitido valorar los hechos y los distintos elementos probatorios obrantes en la causa, que podrían haber sido conducentes para su solución”, añadió.

Sobre la acción de amparo señaló que si bien “no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la citada institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”.

Y, en el caso particular, “en el que las cuestiones en debate involucran los derechos humanos de todos los habitantes a la salud, al acceso al agua potable y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras (art. 41 Constitución Nacional), era exigible el máximo prudencia en la verificación de los recaudos para la admisibilidad de la vía de amparo, a fin de garantizar el acceso a la justicia de los afectados”.

“Tampoco puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, y que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador”, agregó.

Y cerró: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro (Fallos: 329: 2316). En ese sentido, la realización de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades no significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en cuestión sino, antes bien, una instancia de análisis reflexivo, realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana”.
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