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12/02/2018 -  tiempo  6' 16" - 4121 Visitas Columna de opinión La ineludible esclavitud ante la ley
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En apenas un puñado de días, ganaron la opinión pública en desacostumbrada coincidencia cuestiones urticantes que involucran a la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía de Estado, el pensamiento del flamante presidente del STJ, el pedido de juicio a ex funcionarios del anterior gobierno y una columna en este sitio donde el abogado penalista Rubén Pagliotto arremete con artillería dialéctica muy pesada contra dos altos funcionarios. En este caso, analizando lo que considera vulneraciones a la Constitución Provincial en lo que se vincula con la transparencia exigible en la selección de jueces y fiscales, con especificaciones claras, precisas y contundentes contenidas en el Capítulo IV, artículos 180º y subsiguientes que crean el Consejo de la Magistratura. Suena contradictorio para un profano pero más aún para la mirada de un jurista, que dentro del Poder donde se revisa y controla la legitimidad de las leyes, se interprete sesgadamente una imposición del estatuto mayor entrerriano, acomodando su praxis a necesidades sectoriales que instalan desigualdad y fijan un pésimo precedente. Al orden jurídico y al propio fuero íntimo de los favorecidos, no le resultará grato exhibir “méritos” que no hayan sido debidamente confrontados y convalidados en una puja transparente. Una fea situación que el convencional jamás debe haber imaginado y una mácula que el Poder Judicial, como integrante del republicanismo, no se merece. Siempre esclavos de la ley para ser libres. Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS Digital)


No resultan agradables ante la percepción del colectivo social, ciertos choques donde se enfrentan situaciones que comprometen a poderes públicos y que, por naturaleza y sentido común, deberían dirimirse con mayor prudencia, respeto y apego por las buenas formas.

En la lista de noticias relacionadas con la administración de justicia, se encolumna la nueva citación a indagatoria -dentro de diversas causas que los involucran- a ex funcionarios del gobierno provincial desde su propia cabeza- en la causa por “direccionamiento durante 2010 a 2015, de un monto de $ 24.204.918,69” referido a contrataciones publicitarias en la vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, al ex gobernador Sergio Urribarri y a su ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Angel Báez. Aguilera es familiar del ex mandatario y actual titular de la Cámara de Diputados provincial. Se los acusa de no haber respetado reglas de contratación y negociaciones incompatibles con la función pública.

Son más los expedientes abiertos, pero al menos se constata que ha ocurrido una lubricación destinada a que el engranaje tribunalicio responda a las demandas del ciudadano con mayor celeridad.

Las declaraciones de la defensa de los imputados han chocado con las del penalista y catedrático universitario Rubén Pagliotto, planteándose dos posturas contrapuestas pero lo cierto es que las pruebas acumuladas por los fiscales mostrarían maniobras claramente reñidas con las leyes. No se puede ser indiferente frente a estas cuestiones, soslayando que la lentitud demostrada por los juzgados ante el cúmulo de denuncias que han recalado en sus despachos, exasperan al ciudadano que, por lógica, reacciona en tanto parte de sus aportes al erario público se desviaron hacia la “cajita felíz” de la corrupción.

Fuertes han sido los términos empleados por el doctor Pagliotto descalificando al Procurador General, Jorge Amilcar García y al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a partir de la Acción de Inconstitucionalidad del art. 50º de la Ley Provincial Nº 10.407 que el 13 de noviembre de 2017 promoviera ante el Superior Tribunal de Justicia el abogado, ex legislador y ex Convencional Constituyente, Juan Carlos Arralde, representando a la abogada Delfina Valeria Heist, quien vio afectada con ello su posibilidad de ser postulante al cargo de Fiscal Auxiliar en el Departamento Federación. Dicho sea de paso, Arralde puso en jaque al Poder Judicial cuando pretendiendo concursar para presidir el Tribunal de Cuentas mediante el mecanismo ordenado por la Constitución, se le pusieron chicanas hasta que el titular designado a dedo optó por renunciar. La presidencia del STJ no hizo las cosas como debía.

La decisión de la Procuración soslayó lo preceptuado por el artículo 180º y desde la Fiscalía de Estado se compartieron sus criterios haciendo causa común en un acto de clara violación del estatuto entrerriano. Calificarse como “inadmisible” una acción que se respalda en la Constitución, es alzarse contra ella. Defender los intereses del Estado y la majestad de la justicia son obligaciones que no toleran excusas. Por el contrario, se viola un presupuesto sagrado como lo es la igualdad ante la ley.

Resultan importantes los nuevos dichos del presidente del Superior Tribunal, doctor Emilio Castrillón, quien –en su línea de mejorar el desempeño del máximo órgano de justicia entrerriano-, afirmó que el juicio político a Carlos Chiara Díaz –que terminó con el alejamiento del cargo- “sirvió para demostrar que el Poder Judicial no es intocable”.

A partir de esta aseveración, por contraposición podría decirse que en el caso de las acusaciones contra la anterior presidente, doctora Claudia Mizawak, resultó a la inversa en tanto se habría tejido un provechoso entente con el bloque kirchnerista en el Poder Legislativo, que terminó absolviéndola de los cargos acusatorios. Es decir, fue el Poder Judicial el que resultó intocable. La oposición nunca lo admitió.

En otro orden, sería interesante que alguna vez se divulgue la nómina completa de los miembros del Poder Judicial que en clara violación del estatuto entrerriano y asumiendo facultades legislativas no conferidas, modificaron por una Acordada la ley de creación del Iosper al disponer que no se le efectúe al personal que así lo tramite los descuentos mensuales obligatorios que rigen para activos y pasivos. El tiempo transcurrido y quizás un sentimiento de repentina reflexión, hicieron que los fugados del descuento regresaran al cumplimiento de claras normas. En esa ocasión muchos integrantes del Poder Judicial (incluyendo el STJ) fueron intocables. ¿El doctor Castrillón no?

Pagliotto habla de la “decadencia entrerriana” y descarga conceptos contundentes como estos: “No existen, definitivamente y mal que les pese a algunos, argumentos sólidos, reales y con volumen jurídico como para exceptuar su paso por el Consejo de la Magistratura a ciertos postulantes a cargos judiciales de Jueces, Fiscales y Defensores (incluídos los auxiliares), puesto que la manda constitucional no deja ningún resquicio de duda al respecto. Debieran tener especialmente en cuenta sendos Fiscales (el Procurador General y el de Estado), el viejo adagio ”.

El pasado jueves en un parte de prensa, el STJ recordó haber fijado su posición sobre las normas aplicables a la designación y remoción de fiscales auxiliares y defensores auxiliares. Explica que por ello ocho integrantes del alto cuerpo que se pronunciaron al respecto, solicitaron su apartamiento en el expediente originado por la doctora Delfina Valeria Heist.

Varios siglos antes de Cristo, el filósofo y científico de la Antigua Grecia, Aristóteles, enunciaba que “el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Claro que no se concibe una igualdad en la que se permita a todos violarla: eso no sería justicia sino barbarie.

Mucho más acá en la historia, Marco Tulio Cicerón (jurista, político y orador romano), sostenía que “para ser libres hay que ser esclavos de la ley”.

Y cuando Abraham Lincoln, el asesinado presidente de los Estados Unidos, dijo que “Todos los hombres nacen iguales pero es la última vez que lo son”, estaba vaticinando cómo las virtudes, sueños y sacrificios de las generaciones futuras tropezarían y sufrirían frente a los poderosos y las discriminaciones de quienes sostienen que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley pero hay algunos más iguales que otros”.

Peligroso es que ciertos custodios de las leyes, sean proclives a vulnerarla.
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