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07/12/2017 -  tiempo  3' 46" - 708 Visitas El STJ suspendió la designación de fiscales Arralde: “El procurador está violando la Constitución que juró defender”
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Juan Carlos Arralde.
El abogado Juan Carlos Arralde manifestó su “satisfacción” por la decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia que dispuso “la prohibición de innovar” así como “la suspensión en el ámbito del Senado provincial y del Poder Ejecutivo del procedimiento tendiente a la eventual designación de los fiscales auxiliares” tramitado bajo 15 expedientes. Remarcó que se trata de una medida “muy excepcional” ya que “no es común que se paralicen procedimientos propios de otro poder del Estado por orden judicial” y apuntó que se debe “una desprolijidad muy marcada que no puede menos que imputarse a la Procuración General de la Provincia”. Al respecto, aseguró que “no quedan dudas que el procurador General (Jorge García) –que es el titular del Ministerio Público Fiscal y que tiene la misión constitucional de velar por la legalidad y por el interés público por encima de cualquier otra cosa- está violando la Constitución que juró defender”. No obstante, aclaró que “el Poder Ejecutivo debió instruir al Consejo de la Magistratura para que convoque a la cobertura de estos cargos con lo cual acá hay una responsabilidad compartida”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Arralde manifestó su satisfacción por la decisión judicial a la calificó como “muy excepcional” porque “el Superior Tribunal en pocas ocasiones ha suspendido procedimientos de designación de magistrados o funcionarios judiciales echando mano a medidas de no innovar pese a que está facultado por la Constitución provincial”.

“No es común que se paralicen procedimientos propios de otro poder del Estado por orden judicial, y estos mecanismos excepcionales se utilizan cuando verdaderamente está en peligro un derecho subjetivo constitucional, como es el de esta doctora que represento de pujar por los cargos que están a punto de ser perfeccionados con nombramientos”, destacó. Recalcó además que fue “una decisión unánime y nueve jueces coincidieron para tomar una resolución de este calibre”.

Afirmó que “en esto se advierte una desprolijidad muy marcada que no puede menos que imputarse a la Procuración General de la Provincia, y no quedan dudas que el procurador General (Jorge García) –que es el titular del Ministerio Público Fiscal y que tiene la misión constitucional de velar por la legalidad y por el interés público por encima de cualquier otra cosa- está violando la Constitución que juró defender”.

“Es claro que todos los funcionarios y magistrados judicial deben superar la instancia concursal que únicamente puede convocar y realizar el organismo constitucional específico y competente para esto, que se llama Consejo de la Magistratura; y no hay excepción constitucional válida –y menos legal- que pueda exceptuar a algunos en perjuicio de otros, porque si no se estaría utilizando la vara del doble estándar midiendo en forma diferente a algunos funcionarios que a otros”, explicitó Arralde.

Consideró que esta situación “es un atropello a la situación particular de mi defendida y de las instituciones mismas y no es una tarea agradable la que me toca porque soy consciente que entre los 15 postulantes hay hombres y mujeres muy preparados para la función, que se ha preparado y que honra el cargo que ocupa, pero el procurador los somete a una situación irregular innecesaria porque debían pasar por el Consejo de la Magistratura”.

No obstante, aclaró que “el Poder Ejecutivo debió instruir al Consejo de la Magistratura para que convoque a la cobertura de estos cargos con lo cual acá hay una responsabilidad compartida”.

Indicó asimismo que el concurso en el Consejo de la Magistratura “los dota de una legitimidad de origen indiscutible porque cualquiera de estas personas que fuera designada inconstitucionalmente puede ser sometida el día de mañana a una nulidad de las actuaciones porque no tiene competencia para actuar porque su origen es ilegitimo, inconstitucional”.

“Cualquier abogado defensor podría invocar este vicio genético, de origen, que tendrían estas designaciones para voltear una investigación en defensa de un imputado; es muy grave lo que estamos planteando. Y más grave aún es el precedente judicial que se puede sentar porque una vez que se establece una excepción se tiene una válvula abierta para que cualquier ley pueda excepcionar el paso por la Magistratura”, analizó.

En ese marco, destacó que “después de la reforma del Código Procesal Penal quien monopoliza las investigaciones y es titular de la acción penal pública es el fiscal, es decir que estamos en manos de fiscales que tienen que demostrar su preparación porque el poder enorme que le ha otorgado el sistema acusatorio exige un nivel de responsabilidad, preparación e idoneidad muy alto”.

Asimismo, se refirió a la gran cantidad de fiscales que ocupan cargos como interinos y suplentes y sostuvo que “esa inestabilidad de estos funcionarios judiciales conspira contra la independencia en el ejercicio de sus funciones”. "Esto da cuenta de las desprolijidades y los desmanes que se observan desde 2009 en adelante, cuando se puso en marcha el nuevo sistema procesal penal", afirmó.
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