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13/11/2017 -  tiempo  8' 6" - 611 Visitas Alertan sobre el financiamiento de la política El concejal de Colonia Elía sigue denunciando a Montañana por presunto amedrentamiento y persecución
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Luis Alejandro Aguilar apunta a Fabio Montañana por sus vínculos con el narcotráfico.
En soledad, el concejal de Colonia Elía Luis Alejandro Aguilar, sigue denunciando al condenado Fabio Montañana por amedrentamiento y persecución. Según se informó a ANÁLISIS DIGITAL, el edil presentó una denuncia en Prefectura el 6 de noviembre porque Montañana “se dedica a perseguirme para amedrentarme, ya que estoy llevando a cabo una investigación relacionada a una presunta asociación ilícita para lavar dinero del narcotráfico”. Cabe recordar que Fabio Montañana fue condenado en 2015 por lavado de activos en una causa vinculada al narcotraficante y miembro de las FARC, Jairo Saldarriaga, alias Mojarro, que fue asesinado a balazos en el shopping de Olivos. De ANÁLISIS DIGITAL

Luis Alejandro Aguilar es concejal de Cambiemos en Colonia Elía, departamento Uruguay. Desde que asumió en su banca, en diciembre de 2015, viene denunciando a Fabio Montañana por sus vinculaciones con el narcotráfico y porque según Aguilar, Montañana sería “el verdadero intendente de Colonia Elía”.

El concejal cuenta que está desarrollando una investigación que probaría el nexo entre Montañana y las autoridades políticas de la comuna. “La Municipalidad contrata a las cooperativas de Montañana para devolver el dinero proveniente del narcotráfico que aportó a la campaña del intendente. De esa forma lavan el dinero”, aseguró Aguilar.

En la denuncia presentada en Prefectura, Aguilar relata tres situaciones amenazantes. Sostiene que en una oportunidad, Montañana le hizo un gesto como si estuviera apuntándolo con un arma de fuego, le disparara y le hiciera “chau”. El denunciante afirmó que tiene un video que probaría el hecho.

Por otro lado, Aguilar indicó que cuando se realizaron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales para legisladores nacionales, Montañana lo empujó en público. “En la mesa dijo cosas como ‘qué olor a mierda que hay acá’ y me miró de forma desafiante”, aseveró.

“La última situación fue el viernes 3 de noviembre aproximadamente a las 11, cuando estaba hablando con el presidente de la cooperativa de agua, Raúl Muller. De repente se paró detrás de mí Montañana, como a unos cinco metros, y comenzó a hacerle señas a Muller que dejó de hablarme inmediatamente”, relató Aguilar.

El concejal teme por su integridad y la de su familia y en la denuncia manifiesta que desea “volver a tener custodia”. “Hay testigos que pueden aportar más datos y tengo pruebas fotográficas y videos”, acotó Aguilar.

“Supuestamente el narcotráfico puso plata durante las elecciones para repartir ayuda social, con el compromiso de que si el Frente para la Victoria (FpV) ganaba, le aseguraba darle trabajo a sus cooperativas y de esa forma, los narcos recibirían un retorno en blanco, del dinero invertido en la campaña. ¿Sería por esto que el señor Fabio Montañana recibió todas las obras del municipio?”, preguntó Aguilar. Luego el concejal agregó: “El señor Fabio Montañana estaría recibiendo aproximadamente entre 70 u 80 mil pesos por mes, como pago de los servicios prestados por la cooperativa ‘Manos a la obra’, en la cual figura como dueño Alejandro Prosper, alias jalandro. También existe una obra de ampliación de la Municipalidad, que está a cargo la cooperativa de trabajo SG Ltda, que sería propiedad del señor Gustavo Stegman. Fabio Montañana va todos los días a controlar la obra y de esta forma, no cabría duda que el verdadero dueño de esta cooperativa es el señor Montañana. Además, la camioneta Chevrolet S10 gris que usa la Cooperativa SG Ltda, es la misma que estaba usando la cooperativa ‘Manos a la obra’”.

Con condena

Una causa que se tramitó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, desbarató el intento de exportación de 114 kilos de droga desde el puerto de Buenos Aires. En la investigación se determinó que una pieza clave para la operación era César Oscar Pérez, un fletero de Federal, que entonces trabajaba como supervisor de buques en la empresa Terminales Río de la Plata. Pero Pérez no era el único eslabón. Antes habían juzgado y condenado a otros tres hombres: Fabio Montañana, Ariel Lértora y Gerardo Ruidíaz.

El origen de la pesquisa se remonta a abril de 2012, cuando asesinaron en Buenos Aires al colombiano Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, alias El Mojarro, con pasado en las FARC y quien había sido jefe de sicarios del narcotraficante Daniel El Loco Barrera Barrera. Saldarriaga se identificaba con el nombre falso de Carlos Brausin García, y había comprado campos en el Uruguay y una propiedad de 18 hectáreas en Arrollo Molino, cerca de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El Mojarro se había peleado con Barrera y huyendo de sus intentos de asesinato fijó residencia en Argentina, donde organizó una banda delictiva con el fin de transportar estupefacientes a Europa.

El juez federal de Concepción, Pablo Seró, tuvo a su cargo la causa en la que se determinó que el campo de Arroyo Molino estaba a nombre de Gerardo Ruidíaz, mano derecha de Saldarriaga, organizador de distintas células que trabajaban para el contrabando de la droga. Uno de los grupos a su cargo estaba liderado por Pérez.

Todo esto se fue estableciendo a partir de las escuchas telefónicas que comenzaron con Ruidíaz, un fabricante de productos químicos que vivía en Buenos Aires donde tenía un galpón. Siguieron con Fabio Montañana, un profesor de órgano porteño que se domicilió en Colonia Elía y fue el nexo para la compra del campo de Arroyo Molino. Hablaban siempre de asados y partidos de fútbol, para encriptar sus conversaciones, hasta que se refirieron a remolcadores, por lo que concluyeron que algunos de los partícipes trabajaban en el puerto.

Ruidíaz respondía al colombiano Javier Duque Salazar, y se comunicaba con el entrerriano César Pérez. Este se vinculaba a un compañero de trabajo en la empresa Terminales Río de la Plata en el puerto de Buenos Aires, Ariel Lértora. Entre ambos tenían un conocimiento fino de los movimientos en el lugar de embarque de contenedores, los horarios, las vigilancias y los puntos ciegos de las cámaras.

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ordenó el 25 de junio de 2013 el allanamiento en la Terminal Portuaria con efectivos de Prefectura Naval Argentina. Hallaron 114,7 kilogramos de cocaína acondicionados en 120 panes distribuidos en seis bolsos, que estaban ocultos en un contenedor que figuraba declarado como vacío por el organismo aduanero, a bordo de un buque de bandera liberiana, próximo a partir.

En ese procedimiento detuvieron a los mencionados Ruidíaz, Lértora, Montañana y a otro empleado de Terminales Ríos de la Plata, Florencio Bogarin. Pero no fue ubicado Pérez y estuvo prófugo más de tres años.

Los primeros cuatro fueron juzgados y condenados en agosto de 2015 a penas de hasta 12 años de prisión por contrabando de estupefacientes y lavado de activos. En noviembre de ese mismo año, luego de extensas tareas de inteligencia, hallaron a Pérez en la casa de su madre en Federal. Según declaró, estaba trabajando de fletero y tramitando la jubilación en Anses. De este modo, lo llevaron solo a un juicio que se desarrolló en agosto ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico.

Pérez nunca renegó de haber participado en la operación, pero dio a entender que tuvo un rol menor, y además dijo que nunca eludió la Justicia sino que no sabía que lo buscaban.

El fiscal Marcelo Agüero Vera afirmó: “Pérez no es un intermediario, era quien coordinaba y unía a las partes. Fue organizador principal, nexo entre ambas facciones, logró el ingreso a la Terminal, no todos los integrantes se comunicaban entre sí, sino que era Pérez quien se encargaba de coordinar. Era supervisor de buques, pudo realizar toda la maniobra gracias a su rol dentro de la Terminal. Definitivamente las intervenciones telefónicas demuestran que Pérez fue indispensable, fue un conector entre las partes involucradas”.

Los jueces Jorge Pisarenco, Karina Perilli y Luis Imas coincidieron con la acusación en que “Pérez fue organizador principal” de la operación de contrabando y por esto lo condenaron a ocho años de prisión.

Lavaban la plata sucia en campos de Entre Ríos

Gerardo Ruidíaz fue condenado por la compra y la administración de un campo de 18 hectáreas en el paraje Arroyo Molino, cerca de Concepción del Uruguay, con dinero que provino de un grupo de colombianos vinculados al exjefe de las FARC, Jairo Saldarriaga Perdomo, fruto del comercio de cocaína.

Fabio Montañana, porteño domiciliado en Colonia Elía, departamento Uruguay, fue el nexo entre los colombianos para realizar la adquisición del campo y darle una apariencia lícita.

Al campo entrerriano la Justicia llegó luego del asesinato de Saldarriaga, más conocido como Mojarro, quien había huido de Colombia tras un intento de homicidio. Es que hacía poco que se había separado de su ex patrón, el poderoso traficante Daniel Barrera Barrera, considerado un sucesor de Pablo Escobar, para el cual había actuado como jefe de sicarios. Acompañado de su mujer, vivió en Argentina bajo el pseudónimo de Carlos Brausín García.

La zona entrerriana de la costa del río Uruguay le pareció apropiada para descansar, alejarse un poco de las balas con su nombre, mientras organizaba su banda para el contrabando de droga a Europa.
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